Covid-19: Jugando con el fuego navideño

 Entramos hoy de hoz y coz en la almendra navideña sin que la Junta haya modificado el "chip" con el que inició a finales de noviembre su particular desescalada conducente al objetivo de "salvar las Navidades", tal como se había propuesto el presidente Alfonso Fernández Mañueco. 

Mientras otras comunidades han ido endureciendo sus restricciones ante el temor -datos epidemiológicos en mano- de incubar en estas fechas la temida tercera oleada, Castilla y León ha seguido "desescalando" y llega a Nochebuena siendo unas de las cuatro comunidades con medidas más laxas, más incluso que las mantenidas en Madrid por la inefable Isabel Diaz Ayuso. Excepto el rechazo a la figura de los "allegados", que en la práctica no tiene mayor repercusión habida cuenta del coladero que suponen los "familiares", la permisibilidad de la Navidad castellano-leonesa solo encuentra parangón en Andalucía, Navarra y Catilla-La Mancha. 

Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayudo

El cierre perimetral de la comunidad se suspende durante ocho días -entre el 23 y el 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero- precisamente para que los "familiares" puedan entrar y salir sin ningún problema (en Castilla y León no se requiere la "declaración responsable" exigida en otras comunidades). Los días 24, 25, 31 y 1 las reuniones familiares podrán ser de hasta 10 personas, y en Nochebuena y Nochevieja el toque de queda se prolonga hasta la 1:30 de la madrugada. Y la hostelería y el comercio siguen abiertos en las nueve provincias con las mismas limitaciones ahora vigentes.

Creciente "manga ancha".- Como se recordará, la Junta comenzó esta segunda desescalada a finales de noviembre, cuando autorizó en Ávila y Segovia la reapertura de la hostelería, las grandes superficies comerciales y otras actividades clausuradas semanas antes. Se estableció como límite máximo para "desescalar" una tasa de incidencia acumulada que no excediera de los 400 casos en los últimos 14 días. Con ese baremo, León y Salamanca "desescalaron" justo antes del puente de la Sacrosanta Constitución y una semana después lo hacían las cinco provincias restantes, con la excepción de Burgos capital.

Dicho baremo no se respetó en la provincia de Palencia, que "desescaló" cuando todavía superaba los 400 casos, tasa que de hecho ha seguido superando, salvo un único día, desde entonces. ¿A cuento de qué se hizo esta excepción con Palencia? Dos datos por si hacen al caso. Uno: En su momento, los hosteleros palentinos llegaron a amenazar con reabrir por las bravas desafiando la prohibición de la Junta. Y dos: Palencia es la única capital de provincia gobernada por un alcalde, Mario Simón, perteneciente a Ciudadanos, partido al que de momento sigue afiliado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien, como es sabido, maneja a su antojo la consejería de Sanidad.

Toma de posesión del nuevo obispo de León

Días atrás la Junta se planteó endurecer las restricciones en Palencia prohibiendo el consumo en el interior de los establecimientos hosteleros, lo cual finalmente no ha hecho, y ello pese a que la situación epidemiológica, lejos de mejorar, amenaza con empeorar: ayer la incidencia acumulada era de 417, un punto por encima de la de anteayer. La de Palencia no es la única "manga ancha" practicada por la Junta en esta fase de la pandemia. Reciente está la deliberada omisión normativa que amparó el sonado estreno arzobispal en la catedral burgalesa en un momento en el que la hostelería de la ciudad permanecía cerrada, y más reciente aún el "bautizo" en la de León del nuevo obispo de la diócesis.

La insufrible impostura de Igea.- Lo peor no es que la Junta siga practicando la ley del embudo como le viene en gana, sino que encima tengamos que soportar la insufrible impostura de sus máximos responsables, en especial la de su demagogo vicepresidente, que se hace cruces ante los conciertos de Raphael en Madrid cuando se había tragado sin decir ni pío las congregaciones en las catedrales de Burgos y León, bendecidas para mayor inri y respectivamente por los ínclitos consejeros de Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o, lo que es lo mismo, "Rompetechos" y "Rey Sol", según les tiene motejados "El topillo".

Francisco Igea y Ángel Ibáñez

Como fuera de Castilla y León siguen sin conocer bien al personaje, ha hecho fortuna mediática ese "sean ustedes mejores que quienes los que les gobernamos", con el que Igea se daba golpes de pecho ante el desmadre territorial de las restricciones navideñas contra la pandemia. La frase evocaba aquella otra que soltó Estanislao Figueras, el primer presidente de la efímera Primera República Española: "Señores, voy a serles franco: Estoy hasta los cojones de todos nosotros". La diferencia es que Figueras obró en consecuencia y al día siguiente cogió un tren con destino a Francia sin molestarse en dimitir, mientras que Igea no se irá del cargo ni con agua caliente (y veremos si Mañueco no le hace un hueco en la próxima legislatura dentro del eventual gobierno de coalición PP-Vox que se atisba en el horizonte...)

A todo esto habrán observado que, pese a toda la que hay montada con las medidas contra la pandemia, no se ha hecho aquí ninguna referencia al comité de sedicentes expertos constituido supuestamente para asesorar a la Junta en materia sanitaria y epidemiológica. La razón es que no se han vuelto a tener noticias de tan fantasmal comité desde que a primeros de noviembre firmó una declaración dando cobertura a la alerta sanitaria de máximo nivel decretada por el presidente Mañueco que conllevó, entre otras medidas, el "cerrojazo" total de la Hostelería y de las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Ciertamente se conoce el nombre de los "sedicentes", pero poco o nada de sus dictámenes, si es que alguna vez han existido.

Carpa en el exterior de un hospital del Sacyl

A todo esto asimismo el presidente de la Junta no ha encontrado un hueco en su agenda para reunirse con los representantes sindicales de la Sanidad Pública, tal como se comprometió en su comparecencia en las Cortes del pasado 1 de diciembre. La Junta asegura que no aplicará el "decretazo" sanitario sin consenso previo con la Mesa sectorial, pero no lo retira. Y si no piensa aplicarlo unilateralmente, ¿por qué no lo retira?

Camino de los 8.000 muertos.- Y a todo esto desde el pasado 1 de septiembre han muerto en los hospitales de Castilla y León 1.962 contagiados por Covid, casi tantos como los fallecidos hasta dicha fecha (2.130). Y los fallecimientos en las residencias de ancianos se cifran desde marzo en 2.066, 338 de ellos registrados en esta segunda oleada. Según datos de la propia Junta, el Covid se ha cobrado hasta ayer un total de 7.821 víctimas mortales en esa comunidad, 3.670 de las cuales contrajeron la enfermedad en residencias de ancianos. Y no hay más preguntas, señoría...

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Unos Presupuestos anclados en el "más de lo mismo"

 El desfile parlamentario de los 10 consejeros de la Junta desgranando el contenido de las partidas presupuestarias que tendrán a su disposición en 2021 ha confirmado el alto grado de continuismo y la cortedad de miras de los primeros Presupuestos presentados por el gobierno que preside Fernández Mañueco. A poco que se descienda al detalle se desvanece por completo eso de que estamos ante "los Presupuestos más ambiciosos de la Historia", grandilocuencia mañuequista que no se compadece para nada con la realidad. 

Ya señalamos aquí que el incremento de su cuantía en un 13,2 por ciento sobre las cuentas en vigor no era nada del otro mundo, primero porque las todavía vigentes datan de 2018 ,y segundo por el inevitable aumento de gasto ocasionado por la crisis del Covid-19, capítulo este último compensado con la aportación extraordinaria de 843 millones de los 16.000 distribuidos a mayores por el Estado.

Verónica Casado y Manuel Mitadiel, gerente del Sacyl

Como no podía ser de otra forma, la consejería de Sanidad es la que registra mayor crecimiento, un 21,67 por ciento, pasando de 3.588 a 4.365 millones. Naturalmente, la consejera, Verónica Casado, se ha mostrado muy satisfecha, felicitándose de que por fin el Sistema Regional de Salud cuente con suficiente dotación presupuestaria. Y por su parte, Mañueco no se ha cansado de señalar que el gasto sanitario pasa a representar el 7,58 por ciento del PIB regional, por encima incluso del 7 por ciento que siempre han exigido los socialistas de Castilla y León.

Sanidad, unas cuentas que no cuadran.- Sin embargo, y pese al señalado incremento, puede que los recursos presupuestados sigan siendo insuficientes para hacer frente a las necesidades de la Sanidad regional. Salvo, claro está, que asistamos a nuevos recortes que sigan deteriorando la asistencia prestada por el SACYL.

 A la hemeroteca me remito: En septiembre de 2019, dos meses después de incorporarse al cargo, la consejera Casado advirtió que el Presupuesto de la consejería estaba ampliamente desfasado y rebasado por el gasto real, cifrando el desfase en 830 millones por encima de los cerca de 3.600 presupuestados en los tres últimos ejercicios. Posteriormente, en febrero de este mismo año, Casado elevó ese agujero hasta los 1.200 millones, cifrando entre 4.400 y 4.700 millones el gasto real de la Junta en Sanidad. Y estábamos todavía en un escenario anterior a la pandemia.

Isabel Blanco (Familia) y Rocío Lucas (Educación)

Si después de todo el aumento de gasto ocasionado por el Covid, el presupuesto sanitario se sitúa en 4.635 millones, es evidente que algo que no cuadra. 

De entrada, buena parte del incremento en el capítulo de personal se destina al pago de los atrasos del grado profesional reconocido judicialmente tras las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia favorables a las demandas sindicales. No faltan, eso sí, los cerca de 90 millones de canon anual que se embolsa la empresa concesionaria del Hospital de Burgos, uno de los onerosos lastres legados por el gobierno de Juan Vicente Herrera, ese presidente que, tras 18 años en el Colegio de la Asunción, disfruta de su retiro dorado en el Consejo Consultivo (78.010 euros en 2.020). 

Más reducido, un 14,6 por ciento, es el incremento en la segunda consejería de mayor Presupuesto, Educación, que pasa a disponer de 2.360 millones de euros. La cuantía tampoco es como para tirar cohetes, ya que dicha dotación supera en tan solo 136 millones el anterior techo "histórico" de la consejería, que en el año 2.010 dispuso de 2.224 millones de euros. En once años, el Presupuesto en Educación ha crecido en un 6,11 por ciento, lo que da idea de los recortes aplicados a lo largo de la década que finaliza.

Tras Sanidad y Educación, la tercera "consejería" de la Junta es la Deuda Pública de la Comunidad, que en 2.021 se va a comer el 11,58 por ciento del Presupuesto, nada menos que 1.423 millones (1.184 en amortizaciones y 239 en intereses). 

Carnero (Agricultura) y Suárez-Quiñones (Fomento y Medio Ambiente)

Un dineral que no es aún mayor gracias a que los tipos de interés están por los suelos. La deuda, por encima ya de los 13.000 millones, supera el 23 por ciento del PIB regional, y la bola seguirá engordando, ya que el nuevo Presupuesto contempla la suscripción de otros 675 millones

 La consejería de Familia mejora sus cuentas, pero es porque el ministerio aumenta su aportación en 88 millones de euros y las familias hacen lo propio por importe de otros 8. Eso y los 30 millones de euros que se ahorra la Junta de la antigua Renta Garantía de Ciudadanía (sustituida por el Ingreso Mínimo Vital implantado por el gobierno Sánchez) hace posible que la Gerencia de Servicios Sociales incremente su Presupuesto en un 11 por ciento al tiempo que la Junta reduce su aportación a la misma en 13,5 millones. 

 Inversión que brilla por su ausencia.- Todo lo anterior ya cuestiona ese pretendido alcance "histórico" de estos Presupuestos. Otro dato: La consejería inversora por excelencia, Fomento y Medio Ambiente, tan solo crece un 5,33 por ciento, pasando a gestionar 540 millones de euros, una cantidad "históricamente" ridícula si se tiene en cuenta que en la pasada década dichas áreas llegaron a superar los 1.000 millones de euros. En 2005, cuando Fomento y Medio Ambiente eran consejerías separadas, sus Presupuestos sumaban 922 millones; en 2006, dicha suma se elevaba a 955, en 2007 a 1.013, en 2008 a 1.048 y en 2009 a 1.049 (596 para Fomento y 453 para Medio Ambiente).

Javier Ortega, consejero de Cultura y Turismo

Agricultura, otra de las consejerías inversoras, gestionará el próximo año 524 millones, un 10,12 por ciento más que en 2018, 2019 y 2020. Pese a ese incremento, el Presupuesto agrario de la Junta es inferior a los que tuvo entre 2005 y 2011, periodo en el que osciló entre los 547 de 2005 y los 676,5 de 2009. El actual consejero, Jesús Julio Carnero, gestiona menos recursos de los que tuvieron a su disposición Jose Valín y Silvia Clemente.

Y qué decir de Cultura, la consejería maría por excelencia, que cuenta en 2020 con un Presupuesto de 140 millones de euros, menos de lo que gestionaba a comienzos de este siglo. Su titular, Javier Ortega -ni una mala palabra, ni una buena acción- será todo lo políglota que quiera, pero sus políticas son cada vez más irrelevantes y provincianas. 

Para mayor inri, el grueso de su actividad sigue recayendo sobre la Fundación Siglo, uno de los principales "chiringuitos" (Igea dixit) que Ciudadanos, partido que controla la consejería, anunció que iba a suprimir. Esa es otra: Todo ese conglomerado de empresas publicas, fundaciones y entes (la Administración B) que se iba a revisar, permanece tal cual en los primeros Presupuestos del gobierno Mañueco.

En resumen, unos Presupuestos continuistas y, pese a su crecimiento, insuficientes para compensar los estragos económicos y sociales ocasionados por el Covid-19, no digamos ya para afrontar los grandes problemas estructurales que ya asolaban a esta desdichada comunidad autónoma con anterioridad a la pandemia.

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"Salvar las Navidades", objetivo político cumplido

Objetivo prácticamente cumplido. En noviembre, en pleno repunte de la segunda oleada del Covid-19, la Junta de Castilla y León se apuntó decididamente al carro de "salvar las Navidades", expresión que habría que traducir como "salvar el consumo navideño". Frente a otros que no reconocían un propósito que asociaba la lucha contra la pandemia al falso dilema entre Salud y Economía, el presidente Fernández Mañueco fue sumamente explícito: "Se están tomando medidas duras precisamente para salvar las Navidades, y no solo en el aspecto comercial, sino también en el emocional".

Manifestación de hosteleros en León

Tras decretar a finales de octubre el cierre perimetral de Castilla y León y declarar a comienzos de noviembre el máximo nivel de alerta sanitaria en todo el territorio de la comunidad, la Junta decretaba el cerrojazo total de la hostelería, gimnasios y centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Castilla y León se situaba entonces, 6 de noviembre, a la cabeza del ranking estatal de incidencia acumulada y el presidente Mañueco activaba ese comité de sedicentes expertos que aparece y desaparece como el Guadiana para justificar las fuertes restricciones adoptadas.

Por aquel entonces la consejera de Sanidad, Verónica Casado, abogaba en el Consejo Interterritorial de Salud por el posible confinamiento domiciliario en la comunidad y advertía de que, si continuaba el ritmo de contagios y el nivel de ocupación de las UCI hospitalarias, Castilla y León se vería obligada a trasladar enfermos a hospitales de otras comunidades. La situación parecía límite y días después Mañueco dirigía una carta al presidente del Gobierno en la que, al tiempo que solicitaba la urgente convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes, abogaba por intensificar las medidas restrictivas para lograr contener la expansión del virus.

Toma de posesión del nuevo arzobispo de Burgos

Sin embargo, inopinadamente, en menos de una semana la Junta, se ignora si con el beneplácito de los sedicentes expertos, da un giro copernicano y decide iniciar un nuevo proceso de desecalada, sin que fuera óbice ni cortapisa que las nueve provincias continuaran en máximo nivel de alerta y la comunidad en su conjunto encabezando el ranking autonómico de incidencia acumulada.

El levantamiento parcial de las restricciones comenzó por Ávila y Segovia, siguió por León y Salamanca, y se ha extendido desde hoy al resto de las provincias, con la excepción de Burgos capital, que, o mucho me equivoco, o la próxima semana completará el mapa y con ello el objetivo de la Junta de "salvar las Navidades" en Castilla y León. (Puesto que ya lo ha hecho "El topillo", me abstengo de comentar el similitruqui, propio de los mas avezados trileros, con el que el gobierno Mañueco facilitó el pasado sábado la concentración de 250 personas en la catedral burgalesa).

¿Acierto o temeridad?.- Ese objetivo se ha visto acompañado por un espectacular descenso de la tasa de incidencia en Castilla y León, que ha pasado de los 730 casos que nos mantenían a la cabeza nacional el pasado 26 de noviembre a los 274 registrados a fecha de hoy. Una evolución sorprendentemente positiva que la Junta no duda en atribuir a su acertada estrategia. A propósito: si el gobierno autonómico se cuelga la medalla cuando la situación mejora, ¿quién ha de hacerse responsable cuando empeora?

Mañueco, Igea y Casado en fila india

 El tiempo dirá si esta estrategia de "salvar las Navidades" se salda sin consecuencias o está siendo una temeridad que acarreará la secuela de una nueva oleada del Covid que nos haga aún más insufrible la cuesta de enero. Entretanto, no cabe duda de que, amén de un respiro ciudadano, constituye un importante alivio político para el gobierno Mañueco, al que se le han abierto en este tiempo dos frentes que han perturbado su plácida trayectoria: el enorme malestar con la Junta de los sectores económicos damnificados, especialmente la Hostelería, y la indignación del personal sanitario, gratuitamente agredido con un infame "decretazo" presidencial.

En su reciente comparecencia ante el pleno de las Cortes, a Mañueco se le notó especialmente preocupado por esos dos frentes, con los que trató inútilmente de congraciarse. Con los hosteleros cometió el desliz de afirmar que el "cerrojazo" de noviembre se produjo de forma consensuada con ellos, afirmación que ha conseguido agudizar aun más su monumental cabreo. A los sanitarios les dedicó unos encendidos elogios que sonaban más falsos que un euro de madera y, aunque anunció que se reuniría con ellos para desbloquear el conflicto, en dos semanas no ha tenido tiempo de hacerlo.

Protesta ante la sede de la consejería de Sanidad

El "decretazo", un grave error de bulto.- El "decretazo" sanitario, un brusco pisotón en un callo extremadamente dolorido, es el mayor error político cometido por Mañueco en el cerca de año y medio que lleva como presidente. Y para mayor fatalidad, absolutamente prescindible, como lo prueba el hecho de que no ha sido necesaria su aplicación ni afortunadamente existen visos de que lo sea. Es evidente que fue un error inducido por la consejera de Sanidad y su padrino, el vicepresidente Francisco Igea, que en un momento dado -mediados de noviembre- entraron en pánico temiendo que el sistema regional de Salud no pudiera dar respuesta y los hospitales colapsaran en esta segunda oleada de la pandemia,

 Pero aunque conozca mejor que nadie quienes fueron los inductores, el personal sanitario atribuye la agresión a quien la rubricó en el Bocyl, y ese no fue otro que el presidente de la Junta en su condición de "autoridad competente delegada". Su dimisión pidieron desde el primer instante y siguen pidiendo en sus movilizaciones. La consejera Casado, cuya figura empieza a resultar patética, y el taimado Igea no le sirven ya de coraza a Mañueco. Ni ante los trabajadores de la Sanidad ni a ante los hosteleros y otros sectores económicos damnificados por la pandemia. El presidente, tan dado a confundirse con el paisaje, ha quedado al descubierto.

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Unos Presupuestos para capear malamente el temporal

  Casi año y medio después de que aterrizara en la Junta, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha tenido a bien presentar por fin sus primeros Presupuestos de la Comunidad (el pasado año pasó olímpicamente de hacerlo y prorrogó los que se encontró vigentes, que a su vez ya habían sido prorrogados por el Ejecutivo saliente de Juan Vicente Herrera).

Mañueco e Igea ante la "ruleta" de los Presupuestos

 Esas dos prórrogas consecutivas, junto a la inyección de fondos extraordinarios del Estado para afrontar los gastos del Covid-19, han situado los Presupuestos de 2021 en 12.291 millones de euros, cuantía que supone un incremento del 13,19 por ciento respecto a los de 2018, a fecha de hoy todavía en vigor. Teniendo en cuenta esos dos factores -que ese incremento corresponde a tres anualidades y que los recursos adicionales están destinados en su práctica totalidad a financiar el creciente gasto sanitario y los estragos económicos y sociales causados por la pandemia, no cabe hablar, como ha hecho frívolamente el presidente Mañueco, de unos Presupuestos "expansivos", sino de unos Presupuestos de emergencia sin más alcance -que no es poco- que el de paliar los demoledores efectos de la triple crisis (sanitaria, económica y social) originada por el Covid-19.

Unos Presupuestos realmente expansivos tendrían que sustentarse sobre una inversión en infraestructuras y equipamientos públicos generadores de empleo y crecimiento económico. Y de eso hay muy poquito en las primeras cuentas del gobierno Mañueco. Basta ver la dotación de la que dispone la consejería inversora por excelencia, Fomento y Medio Ambiente, que apenas crece un 5 por ciento con respecto a 2018 (ocho puntos por debajo de esa media del 13,2, que descansa en el fuerte incremento que registran Sanidad, y Educación, que crecen el 21,7 y el 14,6 por ciento respectivamente).

Carlos Fernández Carriedo

 El primer lastre de estos nuevos Presupuestos elaborados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (ya saben el eterno-chico-bien-mandado...) radica en el oneroso coste de una deuda pública que comenzó a dispararse al comienzo de la anterior crisis y no ha dejado de hacerlo desde entonces, superando ya los 13.000 millones de euros y el 23 por ciento del PIB de la comunidad.

La deuda pública de la comunidad detrae nada menos que 1.423 millones, el 11,58 del gasto presupuestado, y ello pese a que los intereses, ahora a tipos bajo mínimos, "solo" nos cuestan 239 (los 1.184 restantes corresponden a amortizaciones). Un lastre que será cada año mayor, toda vez que a lo largo de 2021se contempla la suscripción de otros 675 millones de deuda nueva.

Únicamente las Consejerías de Sanidad (4.365 millones) y Educación (2.360) cuentan con dotación superior a la que absorbe la deuda. Familia, que tiene a su cargo toda la política de Dependencia, se queda en 1.081 millones. Y las siguientes son ya Fomento y Medio Ambiente (540 millones), Agricultura (524), Economía (376), y Empleo e Industria (358). De las restantes tan solo las de Presidencia (141 millones) y Transparencia (20,2) crecen por encima de la media del conjunto del Presupuesto, un 28,4 por ciento la primera y un 18,8 la segunda.

Esther Muñoz: de senadora a asesora

Despilfarro, enchufismo y autobombo.- Naturalmente, solo faltaba, se congelan los sueldos del cerca del centenar de altos cargos de la Junta y directivos de la Administración B, aquella conformada por las empresas públicas, fundaciones y demás chiringuitos que el gobierno Mañueco, a instancias de Ciudadanos -tiempos aquellos en los que Francisco Igea proclamaba su propósito de acabar con el despilfarro y el enchufismo de todo ese entramado- iba a reducir o eliminar. No así el de los salarios del personal eventual de confianza (alguno de tanta confianza, como las merluzas que llevan una semana con el pescadero) nombrado a dedo al servicio de los altos cargos, que se beneficiarán del 0,9 por ciento de subida fijada para los funcionarios y demás empleados públicos. 

Para pagar a esa legión de eventuales (más del doble de los que tenía el gobierno de Herrera) que encabeza el ex senador Ignacio Cosidó (55.120 euros/año), la Junta ha consignado cerca de 1,6 millones de euros. Junto al "amigo Nacho" y otros caídos electorales del PP, como la también ex senadora Esther Muñoz, hasta el momento engrosan la nómina 25 periodistas o asimilados, tres de ellos al servicio directo del presidente -Herrera se apañaba con dos- y cuatro al del vicepresidente Igea, cuyos antecesores se arreglaban con uno. Si se toma como referencia este negociado, al Presupuesto no se le puede negar un carácter expansivo.

Y por supuesto, no se escatima para el autobombo: Más de 12 millones de euracos se reparten las consejerías para "campañas de promoción", con Cultura (por aquello del Turismo) a la cabeza, con más de 5. Presidencia dispone de 2,2, la amiga Carlota (Empleo) de 1,6 y Fomento de algo más de uno. Esta última reserva más de 25 millones de euros (el 5 por ciento de su escuálido Presupuesto) a "contenidos de interés general" en la Televisión Digital Terrestre, partida que nutre a la única televisión autonómica privada que emite en Castilla y León.

David Castaño, portavoz parlamentario de C´s

 Inevitablemente el gasto público extraordinario generado por el Covid-19 distorsiona las cuentas de la Junta, que, como se ha dicho antes, vienen condicionadas por la pandemia. Nos quedamos por ello sin saber cómo hubiera priorizado el gasto en situación de normalidad un gobierno como el de Mañueco, en el que el PP ha tenido que negociar paralelamente con las dos facciones en que se haya dividido su socio: el grupúsculo liderado por Igea, que acapara toda la representación del partido en la Junta, y el sector oficialista fiel a Inés Arrimadas, que controla el grupo parlamentario. Lo único que sabemos es que en situación de normalidad habrían perpetrado la práctica supresión (bonificación al 99 por ciento) del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya tramitación tuvieron que suspender al irrumpir la pandemia y se han tenido que seguir comiendo ante la drástica caída en la recaudación de los ingresos propios de a comunidad.

En fin, un Presupuesto para capear malamente el temporal, que para nada afronta los grandes problemas estructurales de esta desdichada comunidad autónoma -sangría demográfica, desequilibrios territoriales, descohesión social y política...- que, no solo persisten, sino que han seguido agravándose durante la pandemia. Verbigracia, ya veremos cuantos somos en el próximo censo de población...

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Covid-19: Enésimo y temerario bandazo del gobierno Mañueco

 Cuando todas las demás comunidades autónomas andan tentándose la ropa y ninguna se atreve a levantar sus restricciones antes del puente de la "Inmaculada Constitución" -la de Madrid ha hecho justamente lo contrario: cerrar su territorio entre el 4 y el 14 de diciembre- la Junta de Castilla y León ha decidido desafiar la razón iniciando por Ávila y Segovia una desescalada que, con los datos en la mano, resulta ciertamente temeraria.

El mundo al revés: la comunidad autónoma que lleva más de una semana encabezando el ranking estatal de incidencia acumulada (a fecha de hoy, 730 casos en los últimos 14 días) es la única que ha tenido la osadía de lanzar una desescalada en vísperas del puente de diciembre. Cierto que ha comenzado el proceso por las dos provincias que presentan mejor situación epidemiológica, pero el índice de incidencia Covid-19 en ambas -324 en Segovia y 379 en Ávila- está muy por encima de los que registran Madrid (270), Galicia (273), Valencia (281), Extremadura (294) o Cataluña (299). Con el dato añadido de que las UCI de sus respectivos hospitales provinciales están en el 140 y en el 93 por ciento, respectivamente, de su número de camas iniciales en dichas unidades. 

Alfonso Fernández Mañueco

A la luz de esos datos ¿cómo interpretar esta decisión del gobierno Mañueco, que pone en evidente peligro el avance registrado en las últimas fechas para frenar la pandemia e incluso el declarado objetivo de "salvar las Navidades"?

A primera vista puede achacarse a la presión de los sectores más afectados por el "cerrojazo" aplicado el pasado 6 de noviembre, a saber la Hostelería y los centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados de superficie. Por más que la Junta haya prometido ayudas que a saber cuando se harán efectivas (que se lo pregunten a los trabajadores en ERTES, que siguen sin haber visto un euro del ingreso complementario acordado en el Diálogo Social el pasado 25 de marzo), la Hostelería está que trina y con toda a razón, al extremo de que en Palencia amenaza con saltarse la prohibición y abrir por las bravas durante el puente. 

Pero lo cierto es que si se analiza la trayectoria seguida por el gobierno de la comunidad en la lucha contra la pandemia, y en particular la del presidente Mañueco, se comprobará que los bandazos han sido una constante. Levantado el estado de alarma y el confinamiento general de marzo y abril, en mayo la Junta inició el proceso de desescalada -aquello de las fases hasta alcanzar la "nueva normalidad"- fijando como ámbito de aplicación el de las zonas básicas y áreas de Salud. Inmediatamente se cayó en la cuenta de que en la práctica eso resultaba inaplicable, razón por la cual pasó a adoptarse como unidad territorial la provincia, saltándose, eso sí, como le vino en gano tanto sus propios criterios epidemiológicos como los plazos fijados por el ministerio de Sanidad. Eso durante la desescalada de la primera ola.

El Comité de Expertos el día de su constitución

 Llegada la segunda, se cambia de nuevo la estrategia, yendo a los cierres perimetrales por municipios, situación en la que llegaron a estar una decena, entre ellos cuatro capitales de provincia, Palencia, León, Salamanca y Burgos, y otros de la importancia de Aranda de Duero (éste durante dos etapas diferentes), Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada. Sin embargo, al decretarse el actual toque de queda -medida sin otro alcance que el de carácter horario- la Junta volvió a cambiar de criterio, dejando sin efectos esos confinamientos perimetrales -el de Ponferrada estuvo en vigor escasamente 48 horas- para sustituirlo por el cierre perimetral de todo el territorio de la comunidad vigente desde el pasado 30 de octubre.

Y ahora, al levantarse las restricciones en Ávila y Segovia, se regresa a aquel confinamiento de ámbito provincial, ello sin perjuicio, según ha advertido el vicepresidente y cerebro muñidor esta desconcertante estrategia, Francisco Igea, de su coexistencia con otros confinamientos de ámbito municipal.

El Comité de Expertos, un "guadiana" presto a lo que mande la Junta.- Este enésimo y temerario bandazo de iniciar la desescalada de su segunda ola se ha adoptado sin que se tenga noticia de que lo avala el sedicente comité de expertos nombrado por la Junta, un grupo manejado a su antojo por el gobierno Mañueco, que lo activa cuando le interesa barnizar las restricciones de un patina científica y le mantiene inactivo cada vez que decide ponerse por montera los criterios epidemiológicos. Ya lo vimos con ocasión de la anterior desescalada, cuando el presidente anunció por su cuenta el salto de la fase 1 a la fase dos dejando con el culo al aire al secretario de ese comité, Ignacio Rosell, quien un día antes había declarado que ninguna de las nueve capitales de provincia cumplía los criterios para saltar de fase. Fue cuando la consejera Verónica Casado -¡qué papelón el suyo!- confesó su "incomodidad" (sic) con esa medida.

La consejera Casado y el ministro Illa

La errática estrategia seguida por la Junta -o, por mejor decir, por el tándem Mañueco-Igea, con la citada Casado como mera comparsa- no tiene parangón. Este último capítulo de iniciar la segunda desescalada se ha producido seis días después de que el presidente de la Junta publicitara una carta dirigida al presidente del Gobierno de España en la que se urgía la convocatoria de la Conferencia de Presidentes"para hacer el seguimiento de la situación durante el estado de alarma".

En esa misiva Mañueco abogaba por intensificar las restricciones, justo lo contrario de lo ha empezado a hacer una semana después: "los datos de la evolución de esta crisis sanitaria demuestran que las medidas temporales de carácter extraordinario, que desde la Junta de Castilla y León hemos ido adoptando, deben ahora intensificarse sin demora alguna con unas nuevas e indispensables restricciones, para prevenir y contener el virus, y mitigar su impacto sanitario, social y económico", afirmaba literalmente el presidente de esta comunidad. 

Por ello instaba al gobierno de la nación a que asumiera su responsabilidad ante esta grave situación, lo cual conectaba con la postura manifestada por la consejera Casado a primeros de mes a favor de que se modificara el decreto del estado de alarma para poder aplicar un eventual confinamiento domiciliario en Castilla y León. Y de ese pretendido confinamiento frenado por el ministro Illa hemos pasado en cuestión de días a abrir de nuevo la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios en Ávila y Segovia. Que lo compre quien lo entienda.

Manifestación de hosteleros en la Plaza Mayor de Salamanca

A todo lo anterior han de añadirse las dos desautorizaciones sufridas por la Junta en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La primera por lanzarse a aplicar por su cuenta el toque de queda careciendo de facultad para ello, algo que sabe cualquier estudiante de primero de Derecho y que el presidente Mañueco, licenciado con gran esfuerzo en la materia, pretendió pasarse por el forro. La segunda por pretender cerrar las residencias de ancianos a las visitas, medida revocada por el TSJ, que ha tenido que recordar a Mañueco que "las personas que viven en centros residenciales son ciudadanos como los demás cuya vulnerabilidad frente a la enfermedad merece la adopción de cuantas medidas sean precisas para hacer efectiva su protección, no necesariamente mediante una restricción de sus derechos fundamentales mayor que la del resto de los ciudadanos". Y en consecuencia la sala competente del tribunal dictaminaba que esa restricción produciría de facto "un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la comunidad, de forma indiferenciada".

La "crónica de una caótica gestión sanitaria", como aquí titulábamos a finales de julio el compendio de actuaciones del gobierno Mañueco ante el Covid-19, no ha parado de escribir nuevos capítulos, entre los que no han de olvidarse los dos inmediatamente anteriores a esta temeraria desescalada iniciada en Ávila y Segovia: el "decretazo" con el que se ha premiado los servidores de la Sanidad Pública y el cobarde veto a que se investigue lo ocurrido en las residencias de ancianos, en las que se cifran ya en 3.770 las vidas que se ha cobrado la pandemia. Con semejante bagaje a sus espaldas, los Mañueco, Igea, Casado y sus respectivos adláteres necesitan tener cuajo para permitirse sacar pecho...

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El virrey empieza a quedarse desnudo

Me comenta un asiduo seguidor de este espacio que encuentra cierta contradicción entre las tesis sostenidas en mis dos anteriores publicaciones. Y aparentemente es así, ya que mientras en la penúltima resaltaba que a partir de la llamada "cogobernanza" entre gobierno central y las comunidades autónomas el coste político derivado de la lucha contra la pandemia iba a pasar a ser compartido entre ambas Administraciones, en la siguiente se presentaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como un político refractario al desgaste, poco menos que incombustible.

Sin embargo, no creo que ambas observaciones sean contradictorias. Lo que ocurre es que igual que existe un decalaje entre el contagio del Covid-19 y la aparición de los síntomas de la enfermedad, también hay que dar tiempo al tiempo para comprobar cual es el coste político que acarrean para el gobierno de Castilla y León las medidas que ha tenido que comenzar a tomar para intentar frenar la desbocada expansión del virus durante esta segunda oleada. (A esta fecha somos la comunidad autónoma con mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, con cerca de 800 casos, casi el doble del promedio nacional, y la propia Junta reconoce ya un total de 6.597 victimas mortales desde el inicio de la pandemia).

Mañueco, Igea y Casado, tres eran tres

Ciertamente, Mañueco apenas ha sufrido desgaste desde que sobrevino la pandemia. Antes al contrario, la crisis de racimo (sanitaria, económica y social) provocada por el Covid-19 le ha reportado innegables beneficios políticos. De un lado, ha ocultado su inhibición ante los grandes problemas estructurales que aquejan a esta comunidad autónoma, tales como la despoblación, los desequilibrios territoriales internos y la desvertebración social y política. Nada se había hecho en esos frentes antes de irrumpir el Covid y nada se ha hecho durante la pandemia, como no sea agravar los males con medidas como la suspensión de la atención primaria presencial, que en el ámbito rural está siendo aprovechada por la Junta para ir imponiendo de facto el Plan Aliste, esa reforma que se propone liquidar la inmensa mayoría de los consultorios locales de Castilla y León).

 Aparte de embarcarse unilateralmente en esa reforma de la atención primaria, con anterioridad a la pandemia el gobierno Mañueco emprendió una modificación legislativa para intentar sacar adelante los mapas rurales de la Ordenación del Territorio a costa de modificar las reglas de juego eliminando la mayoría cualificada de las Cortes hasta ahora requerida para ello. Todo ello a la vez que se incumplía el acuerdo firmado por el gobierno autonómico anterior para reponer la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios y empleados de la Administración Autonómica. Y por si fuera poco lo anterior, ya en plena pandemia y en medio del aluvión de ERTES presentados por empresas y trabajadores autónomos, el consejero de Empleo, Germán Barrios, tiraba la toalla, harto de que el vicepresidente Francisco Igea le estuviera haciendo la vida imposible.

A todo esto, el gobierno Mañueco había renunciado a presentar unos nuevos Presupuestos propios para 2020, dedicándose a trampear la crítica situación de las arcas de la Comunidad a base de una segunda prórroga de los vigentes desde 2018, sin hoja de ruta alguna que fijara prioridades presentes y directrices de futuro. Para mayor inri, en este largo paréntesis presupuestario también hacía mutis por el foro el director general de Presupuestos, Armando Baeta, disconforme con los enjuagues presupuestarios del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya saben "ese-eterno-chico-bien-mandado- que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido". (Para esta próxima semana que se anuncia por fin el Proyecto de Presupuestos para 2021, que, dada su larga tramitación parlamentaria, no estará listo para entrar en vigor el 1 de enero, lo que obligará temporalmente a prorrogar por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2018).

14.000 firmas reclamando las consultas presenciales

Pese a todo lo anterior y a su errática y caótica gestión desde el minuto uno de la pandemia, con decisiones tan temerarias como la de privar en un momento dado de hospitalización a los contagiados en las residencias de ancianos, el gobierno Mañueco -y menos aún el propio presidente- apenas se han visto erosionados a lo largo de estos últimos ocho meses. El estado de alarma decretado en marzo fue una decisión unilateral del presidente Sánchez y a partir de ahí el desgaste recayó casi en exclusiva en el gobierno central, cuya gestión ha venido siendo por otra parte no menos errática y caótica. Mañueco tuvo la habilidad de confundirse con el paisaje y si algún coste sufrió la Junta el mismo corrió a cargo de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y de la de Familia, Isabel Blanco, corresponsables ambas, tanto por acción como por omisión, de que las residencias de ancianos hayan devenido en unas ratoneras que se han cobrado más de 3.000 vidas (3.278 hasta el día de ayer) desde el inicio de la pandemia.

La inoperancia de la oposición socialista, que, en aras de una lealtad mal entendida profundamente desleal con el interés ciudadano, renunció a su obligación de fiscalizar la actuación de la Junta, ha contribuido a su vez a esa especie de patente de corso de la que ha gozado el gobierno Mañueco. El PSOE de Luis Tudanca, la primera fuerza política en las pasadas elecciones autonómicas, no sólo ha permanecido impasible ante los manejos y desmanes de la Junta, sino que incluso le proporcionó el aval de suscribir el llamado pacto para la "reconstrucción", un cheque en blanco que el gobierno Mañueco ha utilizado y sigue utilizando sesgadamente en beneficio político propio.

Añádase a todo lo apuntado el escudo protector que para Mañueco ha supuesto hasta ahora el inefable Igea, encantado con el papel de enfangarse con todos los marrones de la Junta y recibir directamente las bofetadas -por otra parte del todo merecidas- de de los sectores damnificados por las decisiones adoptadas en el Colegio de la Asunción.

Concentración ante la sede de la consejería de Sanidad

Punto de inflexión y cruce del Rubicón.-  Pero era claro que la "cogobernanza" iba a poner fin a esta especie de inmunidad política de Fernández Mañueco. Ahora no es ya el gobierno Sánchez sino el que él preside el que se ve obligado a cerrar la hostelería, las grandes superficies comerciales y otras actividades, asumiendo directamente la responsabilidad de esas y de todas las demás restricciones, cierres perimetrales y toque de queda incluidos. Y ello ya marcaba un punto de inflexión. Pero cuando Mañueco ha cruzado el Rubicón ha sido al perpetrar a traición el pasado sábado un "decretazo" con su propia y única firma que supone poco menos que la militarización de los profesionales sanitarios de la comunidad. Una agresión incalificable precisamente a quienes se han estado jugando la vida -y algunos la han perdido, mereciendo algo más que las lágrimas de cocodrilo vertidas por la consejera- para salvar las de los demás desde que empezó la pandemia. Esta es la recompensa que tenía reservada la Junta a aquellos a los que ciudadanos aplaudíamos en reconocimiento y agradecimiento por su abnegada labor. Simplemente deleznable. Y todavía tenemos que escuchar al presidente de la Junta, consciente de su enorme metedura de pata, empeñando su palabra de que no se tomará ninguna medida sin previo acuerdo con la Mesa Sectorial de la Sanidad. Si es así, ¿a cuento de qué venía el "decretazo" y por qué no lo retira?

A partir de este error, forzado o no por el pirómano que tiene por vicepresidente, ya no son solo las dimisiones de la consejera Casado, cuyas tragaderas no conocen limite, o la de su tutor, el susodicho Igea, las que se piden. Todos los sindicatos del sector sanitario han salido en tromba exigiendo la del presidente de la Junta. Hasta el pastueño Tudanca le ha invitado a presentarla si no retira el "decretazo". Y se equivocan Mañueco y su corte de asesores/aduladores si creen que el blindaje mediático heredado de su antecesor le va a seguir protegiendo del desgaste. Como tampoco la insolvencia de la inoperante oposición. Tengo la impresión de que los trampantojos no aguantan ya el vendaval y que el virrey de Castilla y León no va a tardar en quedarse completamente desnudo.

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Mañueco, un político refractario al desgaste

Si el espirítu de consenso plasmado en el cacareado pacto para la reconstrucción firmado a mediados de junio se habia volatizado ya en verano, la decisión del PSOE de Castilla y León -el partido, no se olvide, más votado en las elecciones autonómicas y con mayor número de procuradores en las Cortes- de abandonar la mesa constituida para intentar consensuar un nuevo modelo sanitario para Castilla y León ha consumado la ruptura entre el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco y el primer partido de la oposición.

Dado el absoluto ninguneo y el sistemático desprecio con los que el gobierno Mañueco y en particular el vicepresidente Francisco Igea, (a estas alturas mero perro de presa del presidente) venían obsequiando al PSOE de Luis Tudanca, la reacción de éste último no ha sorprendido a nadie. Y sin embargo no por ello resulta ser una pésima noticia para los ciudadanos de esta comunidad, ya que, si alguna cuestión de verdadero alcance futuro tenía ese chapucero pacto, era la de revisar un modelo sanitario al que le han estallado todas sus costuras y sustituirlo por un renovado sistema público de Salud que garantice una atención de calidad a todos los castellanos y leoneses con independencia del lugar donde residan. Eso y el de diseñar un nuevo modelo de atención residencial a las personas mayores, algo de asboluta prioridad después de que el Covid convirtiera las residencias en una especie de ratoneras, en las que la pandemia se ha cobrado hasta la fecha cerca de 3.100 vidas.

Tudanca a la puerta del consultorio de Macotera (Salamanca)

Aunque en el pacto de reconstrucción no figuraba la recuperación de la atención presencial en los centros de salud y consultorios, los socialistas ahn venido ahciendo de ello un verdadero caballo de batalla. Recelaban de que el semicierre de esos centros a los ciudadanos, despachados a base de consultas telefónicas, fuera aprovechado en la practica para sentar las bases de la reforma de la atención primaria "modelo Aliste", que la consejería de Sanidad se vió obligada a dejar en suspenso al irrumpir la pandemia. Recelo justificado, ya que la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Igea, en ningún momento han renunciado a aplicar esa reforma que supondría la muerte por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales existentes en Castilla y León.

La consejería se ha cerrado en banda ante la petición de recuperar la atención primaria presencial y de ahí no se mueve ni siquiera después de haberse constatado las letales consecuencias de esa atención telefónica: Sonia Sainz-Maza, la burgalesa fallecida de un cáncer no diagnósticado al no haber podido acceder en tiempo a una consulta presencial, no ha sido la única víctima mortal de ese cerrajazo de los centros de salud. Tras su caso, han ido aflorando otros con el mismo resultado fatal. Pero ni ello ni las cerca de 140.000 firmas que se han adherido en change.org a la campaña "Por teléfono no se cura" han conseguido que Casado e Igea recifiquen

La consejera Casado y el coordinador de las UCI del Sacyl

La gota que parece haber colmado el aguante de Tudanca ha sido el rechazo de PP y Ciudadanos a una moción socialista presentada en el último pleno de las Cortes proponiendo un plan de contigencia sanitario que reclamaba, además de la atención primaria presencial, una incentivación que hiciera posible la contratación de nuevos profesionales sanitarios y nuevas medidas para reducir las listas de espera.

La moción, apoyada por las cuatro formaciones que integran el grupo mixto, fue derrotada al recibir el voto en contra de los dos partidos que sustentan al gobierno Mañueco. PP y C´s tumbaron asimismo otra mocion socialista que proponía la fiscalización por el Consejo de Cuentas de todos los ingresos y gastos de la Junta relacionados con la crisis del Covid, así como una comisión de seguimiento de la gestión económica de todos los fondos participada por todos los grupos parlamentarios, los agentes del Diálogo Social, el Tercer Sector y la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Añádase a todo lo anterior el encontronazo entre el PSOE y la Junta a causa de la negativa de la consejería de Familia a informar sobre las residencias de ancianos de titularidad privada, alrededor de 200, en las que el Covid se ha cobrado víctimas mortales, conflicto que ha desencadenado la petición por parte del grupo socialista de una comisión parlamentaria de investigación sobre los fatales efectos de la pandemia en los centros residenciales.

Pedro Pascual, el procurador número 42

Con ello ha quedado meridianamente claro, si es que no lo estaba ya, que los primeros Presupuestos de la Comunidad de la presente legislatura -hasta ahora el gobierno Mañueco ha seguido manejándose con los últimos aprobados bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera- no serán fruto de ningún consenso. Pese a que PP y C´s disponen por sí mismos de la mayoría suficiente -41 procuradores- para sacarlos adelante, Fernández Mañueco tenía especial interés en que el PSOE se prestara a un consenso presupuestario. Y no tanto porque ello redujera aún más el margen de maniobra socialista para ejercer la oposición como porque de esa forma se evitaría tener que pactar con su propio socio -abiertamente dividido en dos facciones, la de Igea, atrincherada en la Junta, y la afín a Arrimadas, absolutamente mayoritaria en el grupo parlamentario- las prioridades presupuestarias.

A tenor del debate sobre el techo de gasto (10.980 millones) de que dispondrá el primer Presupuesto, se supone que el PSOE enmendará a la totalidad el Proyecto, que en principio solo contará con el apoyo de PP y C´s y del procurador de "Por Ávila", el partido provincialista escindido del PP. Pese a que no apoyó la investidura de Mañueco, Pedro José Pascual es el único procurador de la oposición que ha respaldado el techo de gasto. "Por Ávila" se está dejando querer por la Junta y Mañueco está encantado en complacer a sus antiguos correligionarios abulenses, no vaya a ser que su único voto pueda resultar decisivo en el futuro si en un momento dado Arrimadas decide descabalgar a Igea de la Junta.

Diálogo Social on line

Entretanto, el presidente de la comunidad sigue encantado de conocerse. No tanto por el sondeo de "Sigma Dos", cuyo sesgo partidista conoce él mejor que nadie, como porque la insolvente y errática gestión de la Junta sobre la pandemia no le está pasando ninguna factura política. Al contrario: en contraste con Isabel Diaz Ayuso, está pasando ante la opinión pública como ejemplo de gobernante responsable que antepone el interés general al de su partido. Castilla y León suma ya más de 7.000 muertos por la pandemia y, pese a que la Junta es la Administración responsable tanto de la Sanidad como de las residencias sanitarias, el mayor coste político de semejante desastre sigue recayendo sobre el gobierno Sánchez.

Y después de haber incumplido flagrantemente los acuerdos del Diálogo Social firmados el pasado 23 de marzo -los trabajadores incluidos en ERTEs siguen esperando aquel el complemento a que se había comprometido la Junta- este miércoles volvía a hacerse la foto con los agentes sociales para presumir de un Plan de Choque que a saber cómo y cuando se aplicará. Pese a haber sido ninguneados, si es que denostados, por la Junta, UGT, CC.OO. y Cecale han vuelto al redíl. Veremos cuanto tardan en volver a llegar las lamentaciones.

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