Cuando todas las demás comunidades autónomas andan tentándose la ropa y ninguna se atreve a levantar sus restricciones antes del puente de la "Inmaculada Constitución" -la de Madrid ha hecho justamente lo contrario: cerrar su territorio entre el 4 y el 14 de diciembre- la Junta de Castilla y León ha decidido desafiar la razón iniciando por Ávila y Segovia una desescalada que, con los datos en la mano, resulta ciertamente temeraria.
El mundo al revés: la comunidad autónoma que lleva más de una semana encabezando el ranking estatal de incidencia acumulada (a fecha de hoy, 730 casos en los últimos 14 días) es la única que ha tenido la osadía de lanzar una desescalada en vísperas del puente de diciembre. Cierto que ha comenzado el proceso por las dos provincias que presentan mejor situación epidemiológica, pero el índice de incidencia Covid-19 en ambas -324 en Segovia y 379 en Ávila- está muy por encima de los que registran Madrid (270), Galicia (273), Valencia (281), Extremadura (294) o Cataluña (299). Con el dato añadido de que las UCI de sus respectivos hospitales provinciales están en el 140 y en el 93 por ciento, respectivamente, de su número de camas iniciales en dichas unidades.
A la luz de esos datos ¿cómo interpretar esta decisión del gobierno Mañueco, que pone en
evidente peligro el avance registrado en las últimas fechas para
frenar la pandemia e incluso el declarado objetivo de "salvar
las Navidades"?
Alfonso Fernández Mañueco
A
primera vista puede achacarse a la presión de los sectores más
afectados por el "cerrojazo" aplicado el pasado 6 de
noviembre, a saber la Hostelería y los centros comerciales de más
de 2.500 metros cuadrados de superficie. Por más que la Junta haya
prometido ayudas que a saber cuando se harán efectivas (que se lo
pregunten a los trabajadores en ERTES, que siguen sin haber visto un
euro del ingreso complementario acordado en el Diálogo Social el
pasado 25 de marzo), la Hostelería está que trina y con toda a
razón, al extremo de que en Palencia amenaza con saltarse la
prohibición y abrir por las bravas durante el puente.
Pero lo cierto es que si se analiza la trayectoria seguida por el gobierno de la comunidad en la lucha contra la pandemia, y en particular la del presidente Mañueco, se comprobará que los bandazos han sido una constante. Levantado el estado de alarma y el confinamiento general de marzo y abril, en mayo la Junta inició el proceso de desescalada -aquello de las fases hasta alcanzar la "nueva normalidad"- fijando como ámbito de aplicación el de las zonas básicas y áreas de Salud. Inmediatamente se cayó en la cuenta de que en la práctica eso resultaba inaplicable, razón por la cual pasó a adoptarse como unidad territorial la provincia, saltándose, eso sí, como le vino en gano tanto sus propios criterios epidemiológicos como los plazos fijados por el ministerio de Sanidad. Eso durante la desescalada de la primera ola.
El Comité de Expertos el día de su constitución
Llegada la segunda, se cambia de nuevo la estrategia, yendo a los cierres perimetrales por municipios, situación en la que llegaron a estar una decena, entre ellos cuatro capitales de provincia, Palencia, León, Salamanca y Burgos, y otros de la importancia de Aranda de Duero (éste durante dos etapas diferentes), Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada. Sin embargo, al decretarse el actual toque de queda -medida sin otro alcance que el de carácter horario- la Junta volvió a cambiar de criterio, dejando sin efectos esos confinamientos perimetrales -el de Ponferrada estuvo en vigor escasamente 48 horas- para sustituirlo por el cierre perimetral de todo el territorio de la comunidad vigente desde el pasado 30 de octubre.
Y ahora, al levantarse las restricciones en Ávila y Segovia, se regresa a aquel confinamiento de ámbito provincial, ello sin perjuicio, según ha advertido el vicepresidente y cerebro muñidor esta desconcertante estrategia, Francisco Igea, de su coexistencia con otros confinamientos de ámbito municipal.
El Comité de Expertos, un "guadiana" presto a lo que mande la Junta.- Este enésimo y temerario bandazo de iniciar la desescalada de su segunda ola se ha adoptado sin que se tenga noticia de que lo avala el sedicente comité de expertos nombrado por la Junta, un grupo manejado a su antojo por el gobierno Mañueco, que lo activa cuando le interesa barnizar las restricciones de un patina científica y le mantiene inactivo cada vez que decide ponerse por montera los criterios epidemiológicos. Ya lo vimos con ocasión de la anterior desescalada, cuando el presidente anunció por su cuenta el salto de la fase 1 a la fase dos dejando con el culo al aire al secretario de ese comité, Ignacio Rosell, quien un día antes había declarado que ninguna de las nueve capitales de provincia cumplía los criterios para saltar de fase. Fue cuando la consejera Verónica Casado -¡qué papelón el suyo!- confesó su "incomodidad" (sic) con esa medida.
 |
| La consejera Casado y el ministro Illa |
En esa misiva Mañueco abogaba por intensificar las restricciones, justo lo contrario de lo ha empezado a hacer una semana después: "los datos de la evolución de esta crisis sanitaria demuestran que las medidas temporales de carácter extraordinario, que desde la Junta de Castilla y León hemos ido adoptando, deben ahora intensificarse sin demora alguna con unas nuevas e indispensables restricciones, para prevenir y contener el virus, y mitigar su impacto sanitario, social y económico", afirmaba literalmente el presidente de esta comunidad.
Por ello instaba al gobierno de la nación a que asumiera su responsabilidad ante esta grave situación, lo cual conectaba con la postura manifestada por la consejera Casado a primeros de mes a favor de que se modificara el decreto del estado de alarma para poder aplicar un eventual confinamiento domiciliario en Castilla y León. Y de ese pretendido confinamiento frenado por el ministro Illa hemos pasado en cuestión de días a abrir de nuevo la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios en Ávila y Segovia. Que lo compre quien lo entienda.
 |
| Manifestación de hosteleros en la Plaza Mayor de Salamanca |
La
"crónica de una caótica gestión sanitaria", como aquí
titulábamos a finales de julio el compendio de actuaciones del
gobierno Mañueco ante el Covid-19, no ha parado de escribir nuevos
capítulos, entre los que no han de olvidarse los dos inmediatamente
anteriores a esta temeraria desescalada iniciada en Ávila y Segovia:
el "decretazo" con el que se ha premiado los servidores de
la Sanidad Pública y el cobarde veto a que se investigue lo ocurrido
en las residencias de ancianos, en las que se cifran ya en 3.770 las
vidas que se ha cobrado la pandemia. Con semejante bagaje a sus
espaldas, los Mañueco, Igea, Casado y sus respectivos adláteres
necesitan tener cuajo para permitirse sacar pecho...