martes, 29 de junio de 2021

Fin de curso sin los deberes hechos

 El curso político toca a su fin y a él llega el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco congratulándose por el resultado de algunos sondeos, pero sin haber hecho todos los deberes ni haber aprobado determinadas asignaturas que arrastra desde el comienzo de la Legislatura.

 Mañueco se irá de vacaciones sin resolver el problema de haberse visto privado de la mayoría absoluta con la que gobernaba desde su investidura. PP y Ciudadanos la perdieron el pasado 19 de marzo, día en el que la procuradora María Montero abandonó la formación naranja, y tres meses después no han conseguido recuperarla. Ninguna de las dos alternativas que han manejado han llegado a buen puerto.

Pascual (izq,) y Pinacho (dcha.). En el centro, Fernández (Podemos)
  Cuando se daba por hecho un acuerdo con el “Partido por Ávila” para que su único procurador, Pedro J. Pascual, apuntalara esa mayoría perdida, en el último momento Mañueco decidió dar marcha atrás. Por razones puramente partidistas. De un lado, en Génova levantaba ronchas una alianza con la formación liderada por un político, el actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que respondió con un insolente corte de mangas al “dedazo” con el que Pablo Casado designó en su día al candidato del partido a la Alcaldía. De otro, el acuerdo con un partido escindido suponía dejar al PP abulense a los pies de los caballos.

 Tampoco cuajó el posterior intento de llegar a un pacto con Vox para que su única procuradora, Fátima Pinacho, aportara al gobierno Mañueco la estabilidad parlamentaria de la que carece. El partido ultraderechista no ha querido atarse de manos, máxime cuando aboga por la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Castilla y León que, según los sondeos, le proporcionarían no menos de 7 escaños en las Cortes. Vox está dispuesta a dejarse querer por el bloque PP-C´s -de hecho, Pinacho le ha salvado ya de varias derrotas parlamentarias- pero se reserva su derecho a castigarle cuando lo tiene por oportuno, sumando su voto sin ningún complejo al del resto de la oposición a la Junta.

 La pérdida de la mayoría absoluta ha tenido algunos efectos nada benéficos para el gobierno Mañueco. Ha perdido la presidencia, que es tanto como decir el control, de dos de las tres comisiones parlamentarias de investigación que estaban abiertas, y ha tenido que tragar con una cuarta, la creada para investigar la tragedia vivida en las residencias de ancianos tras la irrupción de la pandemia, que habían conseguido abortar el pasado diciembre.

La bandera como arma política arrojadiza
 Después, en un último intento de neutralizarla se sacaban de la manga la petición de una comisión paralela con la que han conseguido, valiéndose de su mayoría en la Mesa de las Cortes, aplazar hasta el mes de septiembre la puesta en marcha de la comisión ya aprobada.

Otro consenso de comunidad dinamitado.-  Antes de finalizar el curso, el gobierno Mañueco se ha puesto como tarea para el otoño desatascar los mapas rurales de la Ordenación del Territorio, una asignatura arrastrada desde la Legislatura anterior que pretende aprobar de la peor forma posible: Dinamitando el consenso alcanzado en su día entre PP y PSOE. Dicho consenso, plasmado en la Ley en vigor, requería mayoría parlamentaria cualificada de dos tercios para aprobar los mapas de la Ordenación. Un requisito que PP y C´s se han propuesto eliminar mediante una reforma legislativa unilateral que aboca a un enfrentamiento frontal en un asunto de comunidad. Una vez más, el vicepresidente Igea, titular de la consejería competente en la materia, impone a Mañueco su política de tierra quemada.

Vagancia ante la Despoblación.- Pero si hay un deber que, por muy lamentable que resulte, ha sido incapaz de realizar el gobierno Mañueco ese es el aprovechar la oportunidad histórica que suponen los Fondos Next Generation de la Unión Europea, que a diferencia de los de la PAC, no vienen de oficio, sino que hay que captarlos mediante la presentación de los correspondientes proyectos. 

Ordenación, otro consenso de comunidad dinamitado
Acostumbrado a “externalizar” su propio trabajo, la Junta no ha hincado el codo para aprobar la asignatura de los Next Generation. Y la mejor prueba de ello es que solo ha presentado 6 proyectos (por importe global de 90 millones) al fondo de 10.000 millones de euros asignado a España para financiar el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. 

La comunidad autónoma más castigada por la despoblación -otros 14.000 habitantes perdidos en 2020- apenas se moviliza ante esta gran oportunidad. Se pasan la vida reclamando fondos –vaya brasa que han dado con los 182 millones del IVA de 2017 no cobrados en su día por decisión de uno de los suyos, el ministro Cristóbal Montoro- y cuando los tienen a su disposición son incapaces de hacer los deberes para aprovecharlos.

 Con este panorama volveremos a encontrarnos en septiembre. Y en las mismas seguiremos, con un gobierno compartido por un partido en alza, el PP, y otro completamente zombi, Ciudadanos, que perdurará mientras Pablo Casado no decida, en función de su estrategia para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, activar un adelanto electoral en Castilla y León.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 21 de junio de 2021

Un bienio para olvidar (y no solo por la pandemia)

  Justamente hoy, 21 de junio, se cumplen dos años desde que PP y Ciudadanos firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad que franqueó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como nuevo presidente de la Junta al frente de un gobierno de coalición integrado por ambos partidos. Un acuerdo bautizado por los socialistas como “pacto de la rapiña”, ya que se extendió a Ayuntamientos y Diputaciones, dando lugar a que la alcaldía de Palencia cayera en manos de Ciudadanos, que solo había obtenido tres de los 25 concejales, o, más insólito aun, que su único diputado provincial en Zamora acabara presidiendo la Diputación.

 A punto de alcanzar el ecuador de la Legislatura, sería el momento indicado para realizar un balance global sobre estos dos años de gobierno en Castilla y León. 

Mañueco y Casado celebrando el fracaso de la moción de censura
Lógicamente, la irrupción del Covid-19 y la emergencia sanitaria sobrevenida a partir de marzo de 2020 impiden aplicar los parámetros al uso en este tipo de balances, ya que es obvio que el grave quebranto económico, laboral y social ocasionado por la pandemia ha condicionado la gestión de todas las Administraciones Públicas y, en especial, la de las comunidades autónomas. Pero ello no justifica el flagrante incumplimiento de compromisos que figuraban en el programa de gobierno, la aplicación de políticas que no constaban en el mismo y la pasividad en torno a los problemas estructurales de la comunidad autónoma, tales como la sangría demográfica y los alarmantes desequilibrios territoriales internos.

 La primera expresión de indolencia del gobierno Mañueco consistió en prorrogar durante todo el año 2020 unos Presupuestos de la Comunidad que databan de 2018, sin mostrar ninguna prisa por dotarse de unas cuentas propias y aptas para dar respuesta a los retos de la comunidad autónoma. De ese programa pactado entre PP y C´s, la gran prioridad resultó ser la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, un “regalo fiscal” básicamente en beneficio de los grandes patrimonios familiares y en detrimento de las arcas de la Junta, que desde la crisis de 2008 registran un endeudamiento exponencial. 

Romería de los "viriatos" en Zamora
Ese año se cerró el ejercicio con una deuda pública de 2.608 millones de euros que representaba el 4,60 por ciento del Producto Interior Bruto de la comunidad; al final de 2020 esa cifra se ha disparado hasta los 12.932 millones, el 24 por ciento del PIB, y la consejería de Hacienda acaba de colocar en el mercado otros 500 millones para hacer frente a la financiación necesaria hasta concluir 2021.

 Absolutamente nada -y nada es nada- ha hecho el gobierno Mañueco por intentar atajar el problema de la despoblación. El pasado 6 de mayo las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la Ley de Medidas frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, fruto del trabajo previamente impulsado por el Comisionado regional para el Reto Demográfico creado a comienzos de la actual Legislatura. En Castilla y León, a fecha de hoy ni siquiera se ha constituido el grupo de trabajo de expertos independientes que, según el pacto PP-Cs (punto 78), debían nombrar las Cortes “con el fin de que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación”.

 Entretanto, la hemorragia demográfica, lejos de contenerse, sigue desangrando a Castilla y León. Desde 2010 la comunidad autónoma ha perdido 177.000 habitantes, más de los que tiene toda la provincia de Zamora (por cierto, la más afectada, junto a la de León, por esta sangría). Y acabamos de saber que el saldo vegetativo durante 2020 ha sido de -22.543 personas, diferencia entre los 14.323 nacimientos y las 36.866 defunciones, cerca de 8.000 de estas últimas causadas por la pandemia.

Verónica Casado y Francisco Igea

Del Plan Aliste al Plan Segovia.-  Antes de que el Covid-19 irrumpiera en escena, el gobierno Mañueco se había sacado de la manga el llamado Plan Aliste, un programa-piloto para concentrar la atención primaria en el medio rural a costa del cierre por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consistorios locales existentes en la comunidad.

  El plan levantó un clamor en contra en el medio rural, pero la consejería ha encontrado en la pandemia la coartada perfecta para imponerlo por la puerta de atrás mediante la implantación de la atención telefónica en detrimento de la presencial. Paralelamente, la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, han cambiado de táctica, que no de estrategia, y han sustituido el ámbito comarcal por el provincial. Y así hemos pasado al Plan Segovia, que, a modo de nuevo programa piloto, plantea una “reorganización de la atención primaria rural” basada en la reducción de efectivos médicos y la ampliación de las plazas de enfermería.

 La propuesta contempla la supresión de 17 médicos en el rural segoviano a base de no cubrir jubilaciones, denegar las solicitudes de prolongar la actividad y bloquear los traslados. El plan ha levantado ampollas en el estamento médico y a ello ha sido sensible el secretario autonómico del PP y procurador segoviano, Francisco Vázquez, quien de momento ha conseguido frenarlo, ya veremos por cuanto tiempo.

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo

 Otro de los flagrantes incumplimientos del gobierno Mañueco es el referente a la reducción del llamado “sector público de la comunidad”, esa Administración B de la que forman parte lo que Igea consideraba “chiringuitos” asociados al clientelismo político y el despilfarro. Un compromiso que ha quedado en nada, absolutamente nada. Y no solo eso, sino que además la Junta lo viene acompañando de una creciente “externalización” de trabajos que siempre han estado a cargo de su plantilla de funcionarios.

 Si no tenía un pase que la consejería de Empleo adjudicara a una consultora la gestión de las Ayudas al Empleo del Plan de Choque contra la pandemia, clama al cielo que la Junta haya hecho lo mismo con el Plan Director Industrial 2021-2027, con el V Plan de Internacionalización Empresarial, con la Estrategia de Emprendimiento e Innovación o con el nuevo Plan Regional de Carreteras. Cientos de miles de euros dilapidados en planes que siempre se habían elaborado por los técnicos de la Junta.

  Todo lo anterior, ni mucho menos exhaustivo, revela que, lejos de erradicar los abusos y vicios de una política salpicada por sonoros casos de corrupción -algunos vivos y coleando en los Juzgados-, hay cosas que no han cambiado, como no sea a peor, durante este bienio de gobierno PP-C´s en la Junta.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 14 de junio de 2021

Focos de resistencia a la unidad interna del PP

  Despejado el camino hacia su reelección como presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco no ha conseguido todavía encauzar tres de los siete congresos provinciales del partido pendientes de celebrar, dos de los cuales, los de Salamanca y Soria, ni siquiera han sido convocados. El tercero es el de León, donde dos candidatos, uno de cuerda de Pablo Casado y otro en la órbita del presidente autonómico, se disputan la presidencia.

 El armisticio alcanzado entre Génova y María de Molina (sede regional del PP) ha llegado tarde para León, donde el PP carece de un liderazgo sólido desde el asesinato de Isabel Carrasco, hace de ello ya más de 7 años. El senador y alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, casadista de pro, y el alcalde de Villaquilambre y ex procurador Manuel García son los candidatos en liza.

Vélez y Silván: Ayer a la greña. hoy de la mano
 El primero propone como secretario provincial a David Fernández, ex presidente de NN.GG. de León y hombre muy próximo a Antonio Silván. (Santiago Vélez y Silván las tuvieron tiesas cuando en 2019 compartieron lista al Senado, pero ahora, en una de las habituales fintas dentro del PP leonés, son aliados de conveniencia). El segundo cuenta con el respaldo del presidente comarcal del Bierzo, Raúl Valcarce, lo que no ha impedido que su contrincante le haya superado en la recogida de avales entre los afiliados bercianos.

 La comisión organizadora del congreso ha proclamado a ambos candidatos. Santiago ha acompañado su candidatura con 2053 avales y García con 383, ambos muy por encima de los 75 requeridos. Sin embargo, lo de los avales puede resultar equívoco si se repasa lo ocurrido en los últimos procesos congresuales. 

En 2017, cuando se convocaron las primarias autonómicas disputadas por Mañueco y Silván, el PP de León afirmaba tener 13.350 afiliados. Sin embargo, tan solo 719 estuvieron al corriente del pago de las cuotas exigido para participar en la votación, cifra que se elevó 896 en el congreso provincial celebrado unos meses después. Por lo tanto, es de prever que gran parte de los avalistas de ahora, probablemente dos de cada tres, no se pondrán al corriente de pago para poder votar. Y ello sin contar que el candidato alfonsista ha denunciado 400 nuevas afiliaciones de aluvión presuntamente irregulares.  Dicho todo lo cual, tampoco habría que descartar un posible apaño de última hora que evite la confrontación de ambas candidaturas en las urnas.

Chabela de la Torre y Javier Iglesias
 El armisticio también ha llegado tarde a Salamanca, donde Génova había lanzado hace meses una candidatura afín contraria a la dirección que desde 2008 encabeza Javier Iglesias, a la sazón presidente de la Diputación Provincial. Los llamados “díscolos” (para “La Gaceta Regional” lisa y llanamente los “desleales”) no se apean del burro, como tampoco lo hace Iglesias, quien solo por ser el responsable directo de la presunta financiación irregular del PP salmantino investigada judicialmente merecería un largo y placentero descanso en Ciudad Rodrigo. Ni Pepe Gotera y Otilio habrían sido capaces de superar semejante chapuza.

 Los vetos cruzados entre ambas facciones han impedido hasta ahora el acuerdo. Además de vetar a Iglesias, los “díscolos” tampoco aceptan como presidente al actual secretario provincial y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, a quien no perdonan que les haya afeado la incongruencia de descalificar a una dirección provincial de la que forman parte. Por su parte, a los de Mañueco y a Mañueco mismo les produce urticaria la ex vicepresidenta de la Diputación, Chabela Torres, que despierta demasiados fantasmas familiares. Tampoco les gusta el senador Bienvenido de Arriba, cónyuge la gerente provincial, y el otro notable, Salvador Cruz, portavoz adjunto del grupo popular de las Cortes, malamente puede personificar la renovación habiendo sido secretario provincial ya en la etapa de Julián Lanzarote

En primer plano, Borja Suárez. Detrás, Ángel Ibáñez

Todo ello hace que la situación se haya enquistado y el congreso siga pendiente de convocar. Tampoco se ha convocado el de Soria, donde la actual presidenta, Yolanda de Gregorio, nombrada a dedo por la actual dirección autonómica, aspira a ser refrendada por los afiliados. Ya veremos si con la aquiescencia del sector casadista, cuya principal cabeza visible es Tomás Cabezón, diputado del Congreso.

 El cese de las hostilidades internas entre Génova y María de Molina ha propiciado el continuismo en Zamora (otrora feudo de Fernando Martínez Maillo), Palencia y Segovia, donde la renuencia del presidente de la Diputación y secretario provincial del partido, Miguel Ángel de Vicente, a dar un paso adelante ha propiciado la reelección de Paloma Sanz, la presidenta vicaria del secretario regional, Francisco Vázquez. Por último, en Burgos, tras un fallido intento de postularse por parte del consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, se ha impuesto la lógica y el portavoz del PP en la Diputación, Borja Suárez, relevará en la presidencia del partido al amortizado César Rico. Suárez lleva como secretario provincial al procurador Alejandro Vázquez, opción que apacigua al PP comarcal de Aranda de Duero, que se ha venido sintiendo ninguneado por la dirección saliente.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 7 de junio de 2021

Un sondeo para restregarse los ojos

  Hace un par de meses, a comienzos de abril, comentábamos aquí el insólito apagón demoscópico registrado en Castilla y León, donde desde diciembre pasado no se conocía ningún sondeo de opinión con intención de voto y valoración de los principales políticos de la comunidad.

 Aquel sondeo de diciembre, realizado por encargo de Castilla y León Televisión, la concesionaria de la única licencia televisiva adjudicada (en régimen de monopolio) por la Junta, que contribuye a su mantenimiento con una multimillonaria subvención anual. El resultado era altamente satisfactorio para el presidente Alfonso Fernández Mañueco y su partido. Mañueco era el único político que conseguía aprobar (5,29) y su partido volvía a ser el más votado, con un 37,1 por ciento, porcentaje que le reportaría entre 34 y 38 escaños de los 81 que integran el actual hemiciclo de las Cortes. Por su parte, Ciudadanos había iniciado su desplome, perdiendo más de la mitad de sus votos y 9 de los 12 procuradores que obtuvo en 2019, no obstante lo cual su máxima cabeza visible, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, era el segundo político mejor valorado, con una nota del 4,69.

Verónica Casado y Alfonso Fernández Mañueco
Seis meses después, con todo lo que ha caído desde entonces, “El Norte de Castilla” publicaba este fin de semana los resultados de un sondeo encargado al Instituto GAD3 que rompe todos los esquemas. Todo el mundo sabe que a partir del resonante triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas el viento sopla fuertemente de cola a favor del PP de Pablo Casado. También que Ciudadanos ha emprendido sin retorno el mismo camino que recorrió la UPyD de Rosa Díez hacia su irremisible desaparición. Pero de eso a que el PP se dispare en Castilla y León hasta el 43,6 por ciento de los votos, casi 12 puntos más del 31,9 obtenido hace dos años en las urnas, media un abismo. El que existe desde sus 29 procuradores actuales a los 43 que le otorga el sondeo, dos por encima de la mayoría absoluta, algo que no logró Díaz Ayuso en su paseo triunfal del pasado 4-M.

 El primero que se andará pellizcando tras conocer este sondeo es el propio Mañueco, quien se preguntará qué habrá hecho él para merecer semejante favor del potencial cuerpo electoral. Creíamos que a medida que transcurría la pandemia, Mañueco se estaba haciendo acreedor de un creciente rechazo social ganado a pulso por su caótica, errática y temeraria gestión de la misma, ya fuera por acción o por omisión. (Su última incongruencia consiste en no acatar unas medidas a las que no se opuso en el foro en el que se debatieron y aprobaron).

Quiñones y Carriedo, los consejeros del PP peor valorados

 Pero resulta que no. Los ciudadanos de Castilla y León aprueban mayoritariamente la gestión de la Junta (55,9) y específicamente la de la consejería de Sanidad (57,7), Para remate, Verónica Casado, una calamidad de consejera, resulta ser ahora la política mejor valorada en Castilla y León, con una nota del 6,1, notablemente superior a la del presidente de la Junta, que aprueba con un 5,4, la misma puntuación que obtiene la consejera de Familia, Isabel Blanco, responsable de la gestión de las residencias de ancianos (4.063 muertos durante la pandemia). Y por si ello fuera poco, Igea, que suspendía en diciembre, aprueba ahora con un 5,1.

 Ya me dirán ustedes si el sondeo no es sorprendente. Si lo hubiera realizado otra empresa, tal que Sigma Dos o NC Report, habituadas a complacer al cliente de turno, no tendría ninguna credibilidad. Pero GAD3, la compañía que pilota Narciso Michavila, ha acreditado últimamente un alto grado de fiabilidad. Bien es verdad que el trabajo de campo, un millar de encuestas telefónicas, se ha realizado entre el 22 y el 31 de mayo, periodo en el que la opinión pública se ha visto muy agitada por los sucesos de Ceuta y la polémica sobre los posibles indultos a los condenados del procés.

 Aún así, con todos los respetos que merece GAD3, hay más cosas que no cuadran. Una de ellas es que el PP crezca en intención de voto 2,2 puntos más de todo lo que pierde Ciudadanos (11,7 frente a 9,5) y ello a la vez que Vox pasa del 5,5 al 9,7. En conjunto, los tres partidos de la plaza de Colón sumarían ahora un 59 por ciento de los votos, porcentaje que en 2019 fue de un 52. Excesivo escoramiento a estribor.

Francisco Igea y Ana Carlota Amigo

Sorprende que tres de los cuatro consejeros de Ciudadanos vean aprobada su gestión -solo suspende Ana Carlota Amigo, la peor valorada de todo el gobierno Mañueco-, al mismo tiempo que su partido se desploma con estrépito. Sorprende que Vox, que dispone de sendos diputados del Congreso por Zamora y por Segovia, circunscripciones con tres escaños en la Cámara Baja, no obtenga representación por las Cortes en estas dos provincias, que eligen 7 y 6 procuradores, respectivamente. Y sorprende que su única procuradora, Fátima Pinacho, que lleva 4 meses en las Cortes, sea más conocida (54,1 por ciento) que la mayor parte de los miembros del gobierno Mañueco, incluido Carlos Fernández Carriedo, quien lleva encadenando altos cargos desde el siglo pasado. 

 Con unas expectativas así, lo lógico sería que el presidente de la Junta pulsara el botón del adelanto electoral y se sacudiera de encima a los zombis de Ciudadanos, máxime después de los problemas que le está ocasionando la pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes. Pero la nueva entente alcanzada con Génova, que ya no cuestiona su liderazgo en Castilla y León, conlleva la cesión de esa prerrogativa. La decisión de adelantar o no las elecciones autonómicas se tomará básicamente en función de las prioridades electorales de Pablo Casado. Ello forma parte del armisticio interno alcanzado en el PP.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)