Justamente hoy, 21 de junio, se cumplen dos años desde que PP y Ciudadanos firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad que franqueó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como nuevo presidente de la Junta al frente de un gobierno de coalición integrado por ambos partidos. Un acuerdo bautizado por los socialistas como “pacto de la rapiña”, ya que se extendió a Ayuntamientos y Diputaciones, dando lugar a que la alcaldía de Palencia cayera en manos de Ciudadanos, que solo había obtenido tres de los 25 concejales, o, más insólito aun, que su único diputado provincial en Zamora acabara presidiendo la Diputación.
A punto de alcanzar el ecuador de la Legislatura, sería el momento indicado para realizar un balance global sobre estos dos años de gobierno en Castilla y León.
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| Mañueco y Casado celebrando el fracaso de la moción de censura |
La primera expresión de indolencia del gobierno Mañueco consistió en prorrogar durante todo el año 2020 unos Presupuestos de la Comunidad que databan de 2018, sin mostrar ninguna prisa por dotarse de unas cuentas propias y aptas para dar respuesta a los retos de la comunidad autónoma. De ese programa pactado entre PP y C´s, la gran prioridad resultó ser la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, un “regalo fiscal” básicamente en beneficio de los grandes patrimonios familiares y en detrimento de las arcas de la Junta, que desde la crisis de 2008 registran un endeudamiento exponencial.
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| Romería de los "viriatos" en Zamora |
Absolutamente nada -y nada es nada- ha hecho
el gobierno Mañueco por intentar atajar el problema de la despoblación. El
pasado 6 de mayo las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la
Ley de Medidas frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural,
fruto del trabajo previamente impulsado por el Comisionado regional para el
Reto Demográfico creado a comienzos de la actual Legislatura. En Castilla y
León, a fecha de hoy ni siquiera se ha constituido el grupo de trabajo de
expertos independientes que, según el pacto PP-Cs (punto 78), debían nombrar
las Cortes “con el fin de que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un
informe de propuestas de actuación”.
Entretanto, la hemorragia demográfica, lejos
de contenerse, sigue desangrando a Castilla y León. Desde 2010 la comunidad
autónoma ha perdido 177.000 habitantes, más de los que tiene toda la provincia
de Zamora (por cierto, la más afectada, junto a la de León, por esta sangría). Y
acabamos de saber que el saldo vegetativo durante 2020 ha sido de -22.543
personas, diferencia entre los 14.323 nacimientos y las 36.866 defunciones,
cerca de 8.000 de estas últimas causadas por la pandemia.
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| Verónica Casado y Francisco Igea |
Del Plan Aliste al Plan Segovia.- Antes de que el Covid-19
irrumpiera en escena, el gobierno Mañueco se había sacado de la manga el llamado
Plan Aliste, un programa-piloto para concentrar la atención primaria en el
medio rural a costa del cierre por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600
consistorios locales existentes en la comunidad.
El plan levantó un clamor en contra en el
medio rural, pero la consejería ha encontrado en la pandemia la coartada perfecta
para imponerlo por la puerta de atrás mediante la implantación de la atención
telefónica en detrimento de la presencial. Paralelamente, la consejera Verónica Casado y su mentor, el
vicepresidente Francisco Igea, han
cambiado de táctica, que no de estrategia, y han sustituido el ámbito comarcal
por el provincial. Y así hemos pasado al Plan Segovia, que, a modo de nuevo programa
piloto, plantea una “reorganización de la atención primaria rural” basada en la
reducción de efectivos médicos y la ampliación de las plazas de enfermería.
La propuesta contempla
la supresión de 17 médicos en el rural segoviano a base de no cubrir
jubilaciones, denegar las solicitudes de prolongar la actividad y bloquear los
traslados. El plan ha levantado ampollas en el estamento médico y a ello ha
sido sensible el secretario autonómico del PP y procurador segoviano, Francisco Vázquez, quien de momento ha
conseguido frenarlo, ya veremos por cuanto tiempo.
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| Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo |
Otro de los flagrantes incumplimientos del
gobierno Mañueco es el referente a la reducción del llamado “sector público de
la comunidad”, esa Administración B de la que forman parte lo que Igea
consideraba “chiringuitos” asociados al clientelismo político y el despilfarro.
Un compromiso que ha quedado en nada, absolutamente nada. Y no solo eso, sino
que además la Junta lo viene acompañando de una creciente “externalización” de
trabajos que siempre han estado a cargo de su plantilla de funcionarios.
Si no tenía un pase que la consejería de
Empleo adjudicara a una consultora la gestión de las Ayudas al Empleo del Plan
de Choque contra la pandemia, clama al cielo que la Junta haya hecho lo mismo con el
Plan Director Industrial 2021-2027, con el V Plan de Internacionalización
Empresarial, con la Estrategia de Emprendimiento e Innovación o con el nuevo
Plan Regional de Carreteras. Cientos de miles de euros dilapidados en planes
que siempre se habían elaborado por los técnicos de la Junta.
Todo lo anterior, ni mucho menos exhaustivo,
revela que, lejos de erradicar los abusos y vicios de una política salpicada
por sonoros casos de corrupción -algunos vivos y coleando en los Juzgados-, hay
cosas que no han cambiado, como no sea a peor, durante este bienio de gobierno
PP-C´s en la Junta.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)