martes, 29 de septiembre de 2020

Parapetados tras el desaguisado madrileño

 Centrado el foco informativo en la Comunidad de Madrid, donde el precario gobierno que preside la patética Isabel Díaz Ayuso no se apea del burro ante el gravísimo repunte de la pandemia, la gestión de la crisis en el resto de España está quedando en un segundo plano. Y una cosa es que la crisis sanitaria y política desatada sobre Madrid sea un caso extremo y otra que en otras cuantas comunidades autónomas no sea preocupante, que lo es y mucho, singularmente en aquellas que, simplemente por ser limítrofes, mantienen un alto intercambio diario de viajeros con la metrópoli madrileña.

Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso
Hemos visto en días pasados al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, terciando en el pulso mantenido entre su homóloga y correligionaria madrileña y el gobierno socialista, pidiendo la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial de Salud, el foro común entre el ministerio de Sanidad y las 17 consejerías, con el fín de fijar criterios objetivos de actuación. Está muy bien que dicho Consejo, que ya se reune periódicamente, actualice su puesta en común ante una situación muy dinámica y cambiante, pero Mañueco sabe perfectamente que hay criterios básicos que no admiten discusión, sin ir más lejos los que han llevado a la Junta a confinar diversos municipios, entre ellos algunos tan importantes como Aranda de Duero, Miranda de Ebro y ahora Medina del Campo, o a adoptar medidas restrictivas en capitales como Valladolid, Salamanca y Palencia.

Una desescalada supeditada a criterios políticos.- Desde que, allá a finales de junio se levantó el estado de alarma y con él se dió por culminada la desescalada, la cifra de muertos por Covid en Castilla y León se ha incrementado en más de 300, aproximándose en estos momentos a los 5.800: cerca de 2.300 fallecidos en los hospitales, otros 1.760 en residencias de ancianos y otra cifra similar a esta última en domicilios particulares. El número de brotes activos en la comunidad se cifraba a fecha de ayer en 368 y se contabilizaban 169 aulas escolares puestas en cuarentena. De lo que se desprende que la incidencia de esta segunda oleada de la pandemia no está siendo cosa menor en Castilla y León.

Aunque no sea la única causa los expertos coinciden en que uno de factores que ha propiciado este fuerte rearme del virus radica en la precipitación con que se abordó en toda España el llamado proceso de desescalada. Y en ese punto procede recordar lo ocurrido en Castilla y León.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y su tutor y valedor, el vicepresidente Francisco Igea, proclamaron hasta la saciedad que el proceso se atendría a criterios estrictamente epidemiológicos. Y así fué en un principio, justo hasta que, viendo que eramos la comunidad más retrasada y sensible a las presiones de los agentes económicos, el presidente Mañueco se pasó por el forro cualquier otro criterio y anunció unilateralmente el salto de todo el territorio de la comunidad a la fase 1. Tan unilateralmente que tomó dicha decisión a espaldas de la consejera, quien públicamente expresó su “incomodidad” ante dicha imposición presidencial.

Un día antes de que Mañueco se pusiera por montera los requisitos defendidos por Igea y Casado, el secretario del comité de expertos constituido para asesorar a la Junta sobre el Covid-19, Ignacio Rosell, afirmaba que ninguna de las nueve capitales de provincia estaba cerca de cumplir los criterios. De hecho, de haberse mantenido los mismos, ninguna de ellas habría accedido en ese momento la fase 1. Y no fué el único episodio de la desescalada en el que la Junta actuó con criterios descaradamente políticos.

Verónica Casado y Francisco Igea
Con ocasión del salto de la fase 2 la fase 3, la consejería partió en dos el territorio de la comunidad y lo hizo sin contar con la anuencia del ministerio de Sanidad. La Junta pretendió saltar a la fase 3 tras permanecer solo una semana en la 2 y tan forzado era el acelerón que acabó dividiendo el mapa de Castilla y León en dos bloques, con cinco provincias por un lado y cuatro por otro, sin que ello se atuviera tampoco a criterios estrictamente epidemiológicos (recuérdese que utilizó como argumento el de “la proximidad a Madrid” para demorar el proceso en Ávila, Soria, Segovia y Salamanca).

Visto lo cual, no parece Mañueco el presidente autonómico con mayor autoridad para poner en cuestión la actuación del ministerio de Sanidad. Entretanto, venimos asistiendo al desmoronamiento del cacareado pacto para la “reconstrucción”, que el vicepresidente de la Junta da por cumplido o en vías de cumplir en un 94,1 por ciento, en tanto que PSOE y Podemos lo consideran manifiestamente incumplido en sus aspectos más fundamentales.

Tres meses después, cuando sigue sin saberse nada acerca del grupo de expertos constituido para abordar una reforma integral del sistema sanitario de la comunidad, se confirma que Igea y Casado persisten en imponer el Plan Aliste, esto es, en su propósito de dejar morir por inanición la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales de Castilla y León. Y encima pretenden que las Diputaciones provinciales les ayuden en ese desmantelamiento de la sanidad rural.

Nada se sabe tampoco acerca del nuevo modelo de atención residencial imprescindible tras constatar la manifiesta precariedad asistencial de las resdencias de ancianos, donde la pandemia se ha cobrado ya cerca de 2.700 vidas, y ni siquiera se ha dado a conocer aún el informe oficial de la Junta acerca de tamaño desastre, un pretendido sucedáneo de la investigación que debieran haber emprendido las Cortes si el PSOE de Luis Tudanca no hubiera decidido ponerse de perfil ante semejante tragedia.

Villarroel, la apuesta de Arrimadas.- Entretanto, con la complacencia de Mañueco, el atribulado Igea insiste en torpedear el Diálogo Social, utilizando como ariete a la inefable consejera de Empleo, la amiga Ana Carlota, fielmente autorretratada como "la dama de las orquideas"

Gemma Villarroel e Inés Arrimadas
Yo de Igea, Ana Carlota y demás altos cargos de la Junta que disfrutan de sus puestos por su adscripción original a Ciudadanos, estaría seriamente preocupado ante la composición de la nueva dirección autonómica designada por la cúpula estatal del partido. Ni Igea ni ningún otro cargo de la Junta figuran entre los 20 miembros que integran el nuevo Comité Autonómico naranja, al frente del cual se sitúa la leonesa Gemma Villarroel, quien no por casualidad entró en el comité ejecutivo nacional presidido por Inés Arrimadas. Con su designación como máxima responsable del partido en Castilla y León, Villarroel se constituye claramente en la apuesta de Arrimadas para encabezar el cartel electoral de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas. Y aquí me remito a lo escrito en este mismo espacio a pasada semana.

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martes, 22 de septiembre de 2020

Mañueco-Igea, un idilio amenazado por Arrimadas

No le falta un punto de razón al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, cuando afirma que el gobierno de esta comunidad autónoma ha dejado de responder a la coalición entre PP y Ciudadanos que originalmente determinó su composición y ha pasado a obedecer al mero pacto entre dos “naúfragos políticos”, el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea, abrazados en busca de su supervivencia política.

Igea y Mañueco en un pandémico saludo
Sin embargo, la situación de uno y de otro respecto a sus respectivos partidos no es equiparable. Aunque el reciente relevo en la gerencia regional del PP ha desvelado que el primero sigue sin gozar de la confianza del aparato de la calle Génova (o dicho de otra forma: Pablo Casado sigue sin perdonarle su apuesta por Soraya Sáez de Santamaria en las convulsas primarias convocadas para suceder a Mariano Rajoy), lo cierto es que Mañueco es el presidente autonómico del partido, y lo es tras imponerse al hoy casadista Antonio Silván en las no menos convulsas primarias autonómicas para relevar a Juan Vicente Herrera.

 Por el contrario, a Igea sí puede aplicarsele con toda propiedad el calificativo de “naúfrago” dentro de Ciudadanos. En esa condición quedó desde el punto y hora que naufragó en toda regla en la pugna librada con Inés Arrimadas tras el abandono del barco por parte del que había sido su patrón, el veleidoso Albert Rivera (que políticamente en paz descanse). Desde entonces, Igea permanece completamente desconectado de la dirección nacional y autonómica del partido, lo que no fué óbice para que haya mantenido intacto el control de la representación de Ciudadanos en la Junta, que pasó a ser absoluto tras la dimisión del anterior consejero de Empleo, Germán Barrios, y su sustitución por Ana Carlota Amigo.

En ese trance el vicepresidente de la Junta se deshizo del único consejero de Ciudadanos que no se prestaba a sus manejos, el mencionado Barrios, pero ello fue a costa de perder en la operación la bala de oro de la que hasta entonces disponía. Dicha bala no era otra que el control de cinco de los doce escaños con que cuenta el partido naranja en las Cortes, justo el número suficiente para poder agitar el fantasma de una eventual ruptura de la coalición con el PP y conformar, moción de censura mediante, una mayoría alternativa con los socialistas que mandara a Mañueco y los suyos a los duros bancos de la oposición.

Igea, en manos de Arrimadas.- La nueva dirección nacional de Ciudadanos jugó ahí sus cartas con gran habilidad y, al obligar a la amiga Ana Carlota a dejar el escaño (a lo que se sumó el abandono del suyo por parte del palentino Juan Pablo Izquierdo, nombrado director general dentro de la limpieza étnica emprendida en la consejería de Empleo), dejó a Igea en ínfima minoría dentro del grupo parlamentario naranja, donde únicamente la abulense Inmaculada Gómez y la segoviana Marta Sanz, le guardan relativa fidelidad, la primera por su proximidad al viceconsejero de Empleo, David Martín, del que heredó el escaño, y la segunda porque le debe el puesto (en la vida se verá en otra) de secretaria tercera de la Mesa de las Cortes.

Arrimadas, flanqueada por sus fieles Fuentes y González
Perdida esa bala de oro y por mucho que controle férreamente las cuatro consejerías en manos de Ciudadanos, la posición de Igea en realidad pende de un hilo. Bastaría con que Inés Arrimadas se dirigiera a Fernández Mañueco solicitándole el relevo del vicepresidente de la Junta y de todos o alguno de los demás consejeros para que el presidente de la Junta se viera obligado a prescindir del actual número dos del Colegio de la Asunción. Eso o hacer uso de la prerrogativa presidencial de disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas, una decisión que Mañueco no se atrevería nunca a adoptar sin el visto bueno de Pablo Casado, quien tampoco puede contrariar a Arrimadas, la lideresa del partido con el que el PP sigue gobernando las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia, amén de numerosos ayuntamientos empezando por el madrileño.

Hoy por hoy no está en los planes de Arrimadas provocar ese terremoto político en Castilla y León. Pero si a medida que avanza la legislatura constata que Igea y los afines que acaparan con él la representación de Ciudadanos en la Junta se están trabajando desde sus puestos una futura salida política al margen del partido naranja, la reacción lógica sería instar su desalojo y sustituirlos por elementos fieles a la dirección nacional de la formación. Y la sospecha de que el vicepresidente de la Junta se puede estar buscando un futuro lugar al sol en el PP de Mañueco flota cada vez más en el ambiente.

El trampantojo presupuestario.- Entretanto, la alta incidencia de la segunda oleada de la pandemia -373 brotes, se dice pronto, localizados a lo largo y ancho del territorio de Castilla y León- está dejando en un segundo plano los problemas estructurales que siguen lastrando a esta maltrecha comunidad autónoma. Esta es la fecha, y a tres semanas del plazo establecido en el Estatuto de Autonomía, nada sabemos sobre los que habrían de ser los primeros Presupuestos de la Comunidad elaborados por el actual gobierno autonómico.

Puente y Tudanca con Sánchez por medio
Un gobierno que desde que se constituyó viene trampeando la ruinosa situación de sus arcas valiéndose malamente de las últimas cuentas aprobadas durante la etapa de Juan Vicente Herrera, y que, diseñadas para 2018, han venido siendo prorrogadas sucesivamente desde entonces. Disponiendo, al menos por el momento, de la mayoría parlamentaria suficiente para elaborar y sacar adelante esos nuevos Presupuestos del todo imprescindibles para afrontar la crisis de la Covid, el gobierno Mañueco sigue perdiendo el tiempo mareando la perdíz con el trampantojo de un hipotético pacto presupuestario con la oposición en realidad absolutamente quimérico.

Tras salir lo escaldado que ha salido del llamado “pacto para la reconstrucción”, lo último que se le ocurriría a Luis Tudanca sería prestarse a un acuerdo presupuestario que terminaría por difuminar su ya muy desdibujada imagen como alternativa de gobierno, más debilitada aún después de la demoledora crítica del alcalde de Valladolid -a decir de él, “el señor Puente” (sic), a la sazón portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE- a labor socialista de oposición de la Junta. Por mucha pereza que le dé, Mañueco sabe que no habrá otro pacto presupuestario que el que él mismo tiene que lograr entre “las dos facciones” (Ana Carlota dixit) de Ciudadanos, una engorrosa negociación que lógicamente se ahorraría si la oposición socialista hubiera entrado al trapo de pactar las nuevas cuentas.

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