miércoles, 27 de enero de 2021

Covid-19: Un falaz relato con el que taparse las vergüenzas

 El invierno ha venido y nadie sabe como ha sido. Tal es la científica conclusión del relato que han improvisado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y su consejera-delegada de Sanidad, Verónica Casado (el presidente Fernández Mañueco ha estado la última semana sumido en un absoluto mutismo y se comprende) para explicar (?) la virulencia que está alcanzando en Castilla y León la tercera ola de la pandemia.

Los datos son aterradores: Cerca de 18.000 nuevos contagios durante la pasada semana, más de 2.200 hospitalizados (277 de ellos en las UCI) que sitúan al borde del colapso -en alguna provincia más allá del borde- la red hospitalaria del Sacyl, y entre 30 y 40 muertos diarios desde el pasado 16 de enero. Ocho de las 9 provincias presentan una Incidencia Acumulada superior a los mil casos en los últimos 14 días -Segovia y Palencia sobrepasan los 2.000- con una media regional de 1.400 que coloca a esta comunidad autónoma en segundo lugar, solo superada por Valencia, en un ranking estatal de contagiosidad que arroja a fecha de hoy un promedio de 900 casos.

Verónica Casado
A decir de la consejera, todo marchaba sobre ruedas hasta el pasado 31 de diciembre. El día anterior Casado y su mentor habían compartido una rueda de prensa en la que ambos no mostraron mayor preocupación. Los datos de esa fecha, 515 nuevos contagiados y alrededor de 550 hospitalizados, eran considerados dentro de los parámetros normales y, aunque la tasa de IA registrada por el ministerio llevaba dos días subiendo en Castilla y León, la de la Junta continuaba bajando y descendía hasta los 144 casos. Todo iba tan estupendamente que el vicepresidente se felicitó del acierto que había sido en su día encomendar la consejería de Sanidad a una profesional de la Medicina tan acreditada como Casado, lo cual equivalía a felicitarse a sí mismo sin ningún rubor.

Pero sigamos con el relato de la consejera. Parece ser que 2020 quiso despedirse conforme a su siniestra trayectoria y el día de Nochevieja dejó algún dato que indicaba un cambio de tendencia en la evolución epidemiológica de la comunidad. No fue el de la tasa de IA registrado por la Junta, que en esa fecha volvió a bajar (142). Puede que fuera el del ministerio, que por cuarto día consecutivo volvía a subir en Castilla y León, elevándose ya a 155. Fuera lo que fuera, según Casado ese día se encendió la alarma en la consejería sobre la fatal irrupción de la tercera ola de la pandemia.

UCI de un hospital de Castilla y León

 En al menos en una provincia, Segovia, la expansión del virus había comenzado a desbocarse, a tal extremo que el día de Año Nuevo la Junta celebró un Consejo de Gobierno extraordinario para decretar en ella el nivel de alerta 4. El siguiente movimiento se producía el jueves 7, cuando al final del Consejo de Gobierno ordinario comparecería en rueda de prensa el presidente Mañueco para anunciar nuevas medidas restrictivas limitadas a Segovia, Ávila y Palencia, dejando las cosas como estaban en las seis provincias restantes. Una respuesta muy tibia habida cuenta de que la Junta había activado esa mañana el guadiana del comité de los sedicentes expertos, al que se dio audiencia en la propia sesión de gobierno.

Cinco días después, el martes 12, con el virus circulando ya sin control por toda la comunidad, Mañueco no tuvo más remedio que apearse del burro -ese día se notifican 1.752 casos nuevos y la tasa de IA anda ya en 469- y convocar otro Consejo de Gobierno en el que se acuerda extender las mismas restricciones a las nueve provincias. Y de ahí se salta al jueves 14, día en el que la Junta reúne telemáticamente a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y los presidentes de las nueve Diputaciones, encuentro tras el cual Igea anuncia por sorpresa la controvertida decisión presidencial de adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda en Castilla y León, medida recurrida por el gobierno central ante el Tribunal Supremo por no ajustarse a las franjas horarias contempladas en la declaración del estado de alarma.

Mañueco e Igea
El objetivo era "salvar las Navidades".- Naturalmente, el relato oficial no se remonta más atrás, omitiendo la estrategia seguida para "salvar las Navidades" que marcó su actuación desde noviembre. A primeros de ese mes, viendo como arreciaba la segunda ola de la pandemia, la Junta decretó entre otras medidas el cierre total de la hostelería. "Son medidas duras, difíciles y complicadas, pero se adoptan para reducir la incidencia del virus y poder salvar las Navidades", declaró el presidente Mañueco urbi et orbe el día 9 de noviembre.

Consecuentemente con ese objetivo, el hecho de que Castilla y León liderara en ese momento el índice de contagiosidad en toda España no fue óbice ni cortapisa para que el gobierno Mañueco iniciara a partir del 26 de noviembre un proceso de "desescalada" absolutamente temerario. En esa fecha se suavizaron las restricciones en Ávila y Segovia, que fueron perimetradas para preservar su situación epidemiológica del influjo madrileño y que a la postre han sido, junto a la de Palencia, las provincias más golpeadas por la tercera ola de la pandemia. Sobre la base de una IA que no superara los 400 casos, antes del puente de la Constitución se abría la mano para extender la apertura a León y Salamanca. E inmediatamente después del puente se incorporaban a esa "desescalada" las otras cinco provincias. Todo lo anterior se completaba con las medidas especiales establecidas para el periodo navideño, en las que Castilla y León se distinguió por ser una de las comunidades autónomas con criterios más laxos. 

Manifestación de la hostelería en Burgos
Mañueco e Igea (Casado traga siempre con todo lo que decida el vicepresidente) estaban jugando con fuego, y además eran plenamente conscientes de ello. En la reveladora entrevista publicada el 3 de enero en "El Norte de Castilla", realizada antes de que se desatara la tercera ola, Igea reconocía a Susana Escribano la relación causa-efecto entre las restricciones y la evolución epidemiológica: "La estrategia restrictiva ha funcionado, lo han visto todos los ciudadanos. Toque de alarma, toque de queda, cierre de los establecimientos y bajada de incidencia han sido todo uno", afirmaba literalmente. Lo que a sensu contrario suponía reconocer que la relajación de las restricciones conduce a la subida de la incidencia, que es lo que ha terminado propiciando la estrategia de "salvar las Navidades".

Pero para confesión de parte, la de la consejera-delegada de Sanidad al reconocer que la Junta no había sido más restrictiva en las Navidades para no irritar aún más al sector de la Hostelería: "Si no hubiéramos relajado las medidas en Navidad, los hosteleros nos matan", declaró Casado el pasado 12 de enero en Castilla y León TV, la cadena autonómica de titularidad privada sostenida gracias a una multimillonaria subvención de la Junta. Más claro, imposible. Y a lo anterior ha de añadirse la reciente información de elDiario.es según la cual los análisis periódicos de las aguas residuales revelaron ya en el puente de la Constiución un repunte del Covid-19 en Valladolid y Soria, dos de las tres estaciones de la comunidad incluidas en el sistema de alerta temprana para la detección del virus.

¿Significa esto que Mañueco, Igea y Casado son los principales responsables de la dramática situación sanitaria en la que se encuentra en estos momentos Castilla y León? Es evidente, que, por muy restrictivas que hubieran sido las medidas adoptadas a lo largo del mes de diciembre, esta comunidad no habría sido inmune a una tercera oleada de virulencia inusitada. Pero es muy probable que la incidencia no sería tan extrema.

Lo de consolarse con el mal de muchos, además de estúpido, es a veces bastante tramposo. Ocurre con el desplome demográfico, cuya gravedad viene relativizando la Junta con el argumento de que es un mal extendido a otras muchas comunidades autónomas. Cierto. Pero ninguna ha perdido 168.000 habitantes en los últimos once años, saldo que no computa aún la sangría de 2020, que será mayúscula habida cuenta de los 8.041 muertos que se ha cobrado la pandemia a fecha 31 de diciembre (a día de hoy ya son 8.853).

Alberto Núñez Feijóo

 El contraste de Feijóo en Galicia.- Y un último apunte que pone en evidencia el falaz discurso de la Junta tratando de encubrir su manifiesta responsabilidad con el mantra de que el gobierno central se niega a proporcionar las herramientas necesarias para combatir la pandemia. En Galicia, con una tasa de IA de 726, el gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acaba de clausurar completamente la hostelería durante tres semanas, al tiempo que se establece las seis de la tarde como hora de cierre de todo el comercio no esencial y se mantendrán perimetrados la totalidad de los municipios.

A diferencia de Castilla y León, en la comunidad gallega la estrategia a seguir frente a la pandemia viene marcada por un Comité Clínico que se reúne una o dos veces a la semana y cuyas decisiones son en la práctica vinculantes para la Xunta (nada que ver con la filfa del comité de sedicentes expertos que aquí manosean a su antojo Mañueco, Igea y Casado).

Ejemplo claro el de Feijóo de determinación política para combatir la pandemia con los instrumentos vigentes, que ni de lejos ha agotado aquí la Junta con una contagiosidad muchísimo mayor. Y siendo partidario de adelantar el toque de queda, al presidente gallego no se le ha pasado por la cabeza desafiar la legalidad de la forma que aquí lo ha hecho Mañueco. La diferencia es que, después de haber revalidado por segunda vez la mayoría absoluta en su comunidad, Feijóo no tiene las urgencias partidistas que condicionan y atenazan a su homólogo castellano-leonés.

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miércoles, 20 de enero de 2021

El órdago del toque de queda, una huida hacia adelante en clave PP

Aunque resulta de una obviedad manifiesta que la "ayusada" de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar por las bravas el horario del toque de queda ha constituido una descarada cortina de humo extendida con el inequívoco propósito de desviar la atención de su grave responsabilidad política en la virulenta irrupción de la tercera ola de la pandemia en Castilla y León, no es menos cierto que una maniobra de tal alcance, que ha conllevado todo un pulso político con el gobierno de la Nación, no sería explicable sin la conflictiva relación que mantiene el presidente de la Junta con la cúpula nacional del PP. 

Mañueco e Illa el pasado 23 de octubre en Valladolid
Fernández Mañueco no se ha caracterizado jamás por su arrojo político. Todo lo contrario, es un político que siempre ha pecado de prudente, de pacato e incluso de pusilánime. Todo lo contrario que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, cuya debilidad por meterse en todos los charcos y embarrar el terreno con continuas broncas políticas solo es comparable con su patológico afán de protagonismo. Como reza el refrán que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, habrá quien piense que Mañueco se ha contagiado del estilo Igea, pero personalmente creo que la clave de esta huida hacia adelante responde a su complicada situación dentro del PP.

Casualmente, el órdago de la Junta al gobierno Sánchez se activaba justo un día después de conocerse que la dirección nacional del PP había incoado un expediente a los máximos responsables del grupo  popular de las Cortes -que no son otros que el propio Mañueco, que lo preside, y el portavoz, Raúl de la Hoz- a causa de la contratación del ex gerente regional del partido, Pedro Viñarás, como "asesor en estrategia política". Dicho contrato, una sinecura de 73.211 euros brutos anuales con cargo a la subvención de110.000 mensuales que ingresa el grupo de la institución parlamentaria- había causado estupor e indignación en Génova, toda vez que el susodicho había sido relevado de su puesto el pasado mes de agosto por iniciativa de la dirección nacional, que, pese a fundamentar el relevo en el cumplimiento de la edad de jubilación, acabó pactando un despido saldado con una indemnización próxima a los 70.000 euros.

Pedro Viñarás
De ahí que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, máximo responsable de la estructura interna del partido, se tomara casi como una afrenta la repesca "laboral" de Viñarás y haya instado -ni que decir tiene que con el visto bueno de Pablo Casado- la apertura de un expediente por si dicha contratación constituyera "una desobediencia a los órganos de gobierno y representación del partido". Y a tal efecto el instructor designado por el Comité Nacional de Derechos y Garantías (lo que toda la vida se ha conocido como Comité de Disciplina) ha requerido tanto de Mañueco como de De la Hoz las correspondientes explicaciones

Sin duda, dicho expediente constituye un salto cualitativo en la conflictiva relación entre la cúpula nacional del partido y el presidente del mismo en Castilla y León, cuyos roces han sido continuos desde que Casado se hizo con la presidencia nacional del PP en unas primarias en las que Fernández Mañueco, arrastrado por su compadre Fernando Martínez Maillo, entonces coordinador general y responsable nacional de Organización, se decantó a favor de Soraya Saéz de Santamaría. Lejos de ir cerrándose, la herida abierta entonces se ha ido gangrenando a causa de sucesivas fricciones (entre otras, el nombramiento del todavía presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como consejero de Agricultura, y la contratación de la ex senadora por León Esther Muñoz como asesora del presidente de la Junta), la última de las cuales ha girado en torno a Viñarás, quien viene a ser como un hermano del alma para Mañueco.

Teodoro García Egea y Pablo Casadp
Casado y Egea se han propuesto desalojar a Mañueco de la presidencia regional del partido y para ello se disponen a lanzar toda una ofensiva en los próximos congresos provinciales del PP, claves para poder ganar las posteriores primarias autonómicas que dirimirán el liderazgo del partido en la comunidad. Y la batalla va se presenta encarnizada. Hay quien ha vinculado la repesca de Viñarás con este escenario, atribuyendo al ex gerente una importante capacidad de influencia entre los cuadros provinciales del PP. En absoluto. Dicha influencia ha sido muy limitada cuando era gerente y ha pasado a ser prácticamente nula cuando ha dejado de serlo. Su poder interno no radicaba tanto en el desempeño de la gerencia como en su condición de tesorero, puesto que conserva, que le convertía y le mantiene como cooperador necesario de los tejemamanejes con las cuentas del partido y en especial con la subvención al grupo parlamentario que sufraga su actual sinecura que tantas ampollas ha levantado en Génova.

La fortaleza interna de Mañueco se sustenta en primer lugar en el respaldo abrumador de que goza en tres de las nueve provincias: Salamanca, Zamora y Segovia. La primera es su cuna y constituye un feudo inexpugnable. La segunda sigue siendo el coto del compadre Maillo y la tercera permanece bajo el control del secretario regional del PP, Francisco Vázquez, si bien Casado introdujo una cuña a través de Pablo Pérez Coronado, actual senador y enésimo candidato del PP fracasado en el intento de arrebatar al PSOE la alcaldía de Segovia.

Borja García Carvajal
 En las otras seis provincias el partido está dividido entre los fieles a Mañueco y los alineados con Casado, quien aprovechó las pasadas elecciones generales para colocar afines en el Congreso y el Senado. Caso muy especial es el de Valladolid, donde se intenta una candidatura de consenso encabezada por el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, antigua mano derecha del antes mencionado Carnero, obligado en su día a ceder la presidencia de la institución provincial tras una enfrentamiento a cara de perro con Génova. El nuevo gerente regional, Borja García Carvajal, lidera al sector casadista, en el que se alinean los cuatro parlamentarios nacionales del PP vallisoletano, los diputados José Ángel Alonso y Eduardo Carazo y los senadores Alberto Plaza y Mercedes Cantalapiedra.

En este contexto, el órdago del toque de queda le ha servido a Mañueco para reafirmar su autoridad frente a Casado, quien además se ha visto colocado en una incómoda situación, tanto por ponerse de relieve la disparidad de criterios entre las comunidades gobernadas por el PP, como por sus reticencias a apoyar en el Congreso de los Diputados la modificación del estado de alarma a la que va a terminar conduciendo la iniciativa de la Junta.

Harina de otro costal es el caso del desquiciado y desquiciante Igea, que se sabe absolutamente deshauciado dentro de Ciudadanos y es consciente de que, más pronto que tarde, seguramente nada más celebrarse las elecciones catalanas, Inés Arrimadas le va a apear de la "sillita". 

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miércoles, 13 de enero de 2021

Covid-19 en CyL: En manos de pirómanos que se disfrazan de bomberos

Hace falta desfachatez y desprecio hacia el intelecto ajeno para presentar como "apuesta por la prevención y la anticipación" las nuevas medidas restrictivas que la Junta se ha visto forzada a imponer desde hoy completamente a la rastra de los acontecimientos, a causa de una expansión de la pandemia que la propia Junta de Castilla y León no ha dudado en calificar de "vertiginosa". Una ampliación de las restricciones adoptada a instancias de un inédito "comité de crisis" del que no se tenía noticia -en un momento tan crítico se ha dejado en segundo plano al manoseado comité de sedicentes expertos- y aprobada el mismo día en el que Castilla y León registraba 1.752 nuevos contagios y la tasa de Incidencia Acumulada en la comunidad se disparaba a 469, el triple de la registrada quince días antes, el pasado 29 de diciembre.

Alfonso Fernández Mañueco
 Hace falta ser desahogado y desdeñar la inteligencia del administrado para presumir de "anticipación" cuando tan solo un día antes, ese mismo endurecimiento de las medidas había entrado en vigor tan solo para las provincias de Segovia, Ávila y Palencia, sin que por cierto se acompañaran las nuevas restricciones con el aconsejable cierre perimetral de sus respectivos territorios, de forma que los palentinos podían acudir el pasado lunes tranquilamente a las rebajas de enero en las grandes superficies comerciales de Valladolid. Todo un compendio de chapuza, improvisación e ineptitud.

"El topillo" calificó de "mascarada" lo ocurrido el pasado jueves, fecha en la que, tras una agitada sesión del Consejo de Gobierno de la Junta, la comparecencia informativa que iban a compartir el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y la teórica consejera de Sanidad, Verónica Casado, se sustituyó a última hora por la del presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien además apareció una hora y media más tarde de lo anunciado. El retraso no se debió a que el Consejo hubiera escuchado esa misma mañana al comité de los sedicentes expertos, sino a la discrepancia interna entre la postura del presidente y la del dúo médico que tiene a su cargo la consejería de Sanidad (en realidad Casado se pliega dócilmente a cuanto decida Igea, que para eso apadrinó su nombramiento).

Francisco Igea y Verónica Casado

El dilema Economía-Salud ha estado presente en el seno del gobierno autonómico desde que se declaró la pandemia. El presidente Mañueco no ha dudado nunca en anteponer los intereses políticos a los sanitarios, tratando siempre de salvar la Economía, entendiendo que con ello se ahorra el coste político de la impopularidad de las restricciones. Frente a esa posición, Igea y Casado, aunque solo sea porque son médicos del Sacyl y conocen la tensión a la que se han visto sometidos el Sistema Público de Salud y sus admirables profesionales, han mantenido una postura más equilibrada.

Sin embargo, ese pulso al final se ha decantado siempre del lado de Mañueco (y así le ha lucido el pelo a esta comunidad autónoma, que contabiliza, según datos de la propia Junta, 8.356 fallecimientos por Covid-19 desde que comenzó la pandemia, 3.770 de ellos usuarios de las residencias de ancianos, en su mayoría abandonadas completamente a su suerte durante la primera oleada). El propósito del que tanto presumieron Igea y Casado de atenerse estrictamente a los criterios epidemiológicos sucumbió con estrépito a partir de la desescalada de primavera.

Fue cuando Mañueco decidió por su cuenta -se supone que con el beneplácito de Igea, que no de la consejera, ninguneada sin miramientos en esa decisión- que las nueve provincias de la comunidad pasaran de la fase 1 a la fase 2, poniéndose por montera (muy salmantino él, aunque sus conocimientos en materia de tauromaquia sean muy escasitos) los pretendidos criterios epidemiológicos. También se la tragó doblada el comité de los sedicentes expertos, cuyo secretario había declarado un día antes que la mayor parte de las capitales de provincia no reunían los requisitos para saltar de fase.

Protesta de hosteleros ante el Colegio de la Asunción

Desde entonces, el tira y afloja se ha repetido, siempre con el mismo resultado: Mañueco ha impuesto su posición y el dúo médico, más o menos a regañadientes pero sin expresar jamás en público su discrepancia, se ha doblegado a los designios del presidente. Y así volvió a ocurrir a finales de noviembre, cuando Mañueco optó por dar superada una segunda oleada que había situado a Castilla y León como la comunidad autónoma con mayor tasa de Incidencia Acumulada (726 el día 26 de ese mes) y decidió lanzar una temeraria desescalada con el declarado objetivo de "salvar las Navidades". De aquellos polvos, que incluían las laxas medidas adoptadas para las pasadas fiestas navideñas, han venido estos lodos. Así de claro.

 Y en el Consejo de Gobierno del pasado jueves Mañueco volvía a imponer su criterio, reduciendo a la mínima expresión y a tres provincias (Segovia, Ávila y Palencia) un endurecimiento de las medidas reclamado a gritos por la creciente tasa de contagios, tan acusada que la consejera, apoyándose en los manoseados "sedicentes", se venía mostrando partidaria de un nuevo confinamiento domiciliario. Además de mentir groseramente al afirmar que Castilla y León había sido una de las comunidades que había mantenido medidas más restrictivas en las pasadas Navidades, la comparecencia informativa del presidente producía vergüenza ajena: Llegó a decir que el problema radicaba en que en esas fechas habían coincidido las frías temperaturas con una movilidad y contacto social mayores de los habituales, circunstancias todas ellas al parecer inusuales en época navideña...

Hospital General de Segovia

Un cinismo conducente a una miopía que cinco días después ha obligado al presidente a rectificar con brocha gorda, acuciado por el crecimiento exponencial del ritmo de contagios y la preocupante situación de los hospitales del Sacyl, donde se ha disparado por encima de los 800 (660 en planta y 156 en UCI) el número de ingresados a causa del Covid-19. Eso sí, cuando se trataba de comunicar las nuevas restricciones vigentes desde hoy, Mañueco e Igea se quitaban de en medio y dejaban enteramente el marrón a la teórica consejera, que, para variar, volvía a cubrirse de gloria, asegurando, como si nos estuviéramos cayendo del guindo, que "hasta el 30-31 de diciembre teníamos unos datos magníficos..."

 Unas nuevas restricciones que por lo demás vuelven a castigar a la Hostelería, a los gimnasios y a las grandes superficies comerciales, cuando parece bastante constatado que el actual agravamiento de la situación epidemiológica ha tenido su principal caldo de cultivo en las reuniones sociales y familiares favorecidas por la laxa regulación aplicada al respecto por la Junta durante las pasadas Navidades. Y siguen sin adoptarse cierres perimetrales provinciales o municipales que eviten el contacto de la áreas más penetradas por el virus -este mediodía se han notificado nada menos que 2.186 nuevos casos y la tasa de IA se sitúa ya en 538- con aquellas otras que registran menor incidencia.

En fin, la teórica y patética consejera de Sanidad nos conmina a que adoptemos un confinamiento voluntario, que es lo mismo que Mañueco denominó semanas atrás "un confinamiento inteligente". Lo inteligente, pienso yo, no es a estas alturas tanto protegerse del siniestro virus como de la impostura, negligencia, temeridad y desfachatez de unos redomados pirómanos que se disfrazan de abnegados bomberos.

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martes, 5 de enero de 2021

Covid-19: La temeridad del nefando tándem Mañueco-Igea desemboca en la tercera oleada de la pandemia

Con la experiencia acumulada desde la irrupción de la pandemia -y sobre todo conocidas las nefastas consecuencias de la primera desescalada y la relajación veraniega- se veía venir a distancia que la Junta, al rebajar en diciembre como ninguna otra comunidad las restricciones contra el Covid-19, había decidido jugar con fuego. Estaba cantado que apostando por el objetivo de "salvar las Navidades" -tal como se había propuesto un mes antes el presidente Fernández Mañueco- se estaban adquiriendo todas las papeletas para que esta comunidad autónoma sufriera más pronto que tarde una tercera oleada, o, si se prefiere, tanto da, una reactivación de la iniciada el pasado otoño, que en el pasado trimestre se ha cobrado otras 3.000 víctimas mortales a añadir a las más de 5.000 que Castilla y León contabilizaba en la primera oleada.

El nefando tándem constituido por el presidente Mañueco y el iluminado vicepresidente Francisco Igea (la consejera de Sanidad, Verónica Casado, hace tiempo que es un absoluto cero a la izquierda) ha vuelto a desafiar la más elemental prudencia, impulsando desde finales de noviembre una temeraria "desescalada" a costa de poner en riesgo la salud de castellanos y leoneses. Puede parecer tremendo, pero los hechos confirman tamaña irresponsabilidad política.

Mañueco e Igea, el nefando tándem que nos desgobierna

Tal como ocurriera con la primera desescalada, en la que la Junta se pasó por el forro los criterios epidemiológicos -máximo ejemplo de lo cual fue cuando las 9 provincias saltaron de la fase 1 a la fase 2 por decisión personal del presidente ni siquiera consultada a la consejera Casado, que se la tragó doblada- Mañueco ha vuelto a anteponer sus espurios intereses políticos a la lucha contra el Covid-19, fechoría perpetrada con la resuelta cooperación de Igea, el mismo que en su día se permitió invocar el juramento hipocrático en respuesta a las razonadas críticas del presidente de la organización médica colegial de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, a la errática actuación de la Junta ante el desafío sanitario del Covid-19.

Cabe pensar que el nefando tándem había dado por descontadas las siniestras consecuencias que acarrearía su apuesta por "salvar las Navidades". Pero en esto el dúo ha errado el cálculo: contaba que los efectos no se apreciarían hasta después de Reyes y no que se manifestaran antes incluso de Nochevieja, que es lo que ha sucedido por más que la Junta lo haya tratado de ocultar.

Mientras en vísperas navideñas otros gobiernos autonómicos anduvieron con pies de plomo y, conscientes del riesgo que entrañaban las fechas, endurecieron las restricciones, Castilla y León llegó a Nochebuena siendo una de las cuatro comunidades con medidas mas laxas, más aún que las fijadas en Madrid por la desaforada Isabel Díaz Ayuso.

Aspecto de la vallisoletana calle Santiago estas Navidades

El tándem ha mantenido sin inmutarse el plan iniciado a finales de noviembre, plasmado en la reapertura de la hostelería y las grandes superficies comerciales en las nueve provincias, incluida Palencia, que "desescaló" manteniendo una tasa de Incidencia Acumulada (IA) por encima de los 400 casos en los últimos 14 días. Ante la sorpresa general, la tasa autonómica, que nunca han medido igual la Junta y el Ministerio de Sanidad, venía reduciéndose espectacularmente, cayendo desde los 730 casos registrados el 26 de noviembre a los 169 reportados en la mañana de Nochebuena. Hasta que se ha producido el esperable punto de inflexión.

Un misterio digno de Iker Jiménez.- Y el punto de inflexión se produce en plena Navidad, resultando tan insólita como sospechosa la disparidad de los datos sobre IA aportados por la Junta y el Ministerio en los últimos días de 2.020. 

Atención a la secuencia. Paradójicamente, la tasa del Ministerio siempre ha sido más baja que la de la Junta, y así el lunes 28 de diciembre el primero la fijaba en 140,57 y la segunda en 168,91. Pero a partir de esa fecha comienzan a invertirse los datos y mientras los ofrecidos por el gobierno autonómico continúan a la baja (157,15 el martes 29, 144,78 el miércoles 30 y 142,86 el jueves 31), los del Ministerio comienzan a subir (142,86 el martes, 146,65 el miércoles y 155,36 el jueves).

De forma y manera que en los tres últimos días del año la tasa de la Junta descendía un 26,1, en tanto que la del Ministerio subía un 14,79. Un misterio aparentemente digno de estudiar por Iker Jiménez, pero fácilmente explicable conociendo las mañas propias de trileros de la sevillana calle Sierpes que se gasta el tándem que desgobierna esta desdichada comunidad autónoma.


Lo más indignante es que el miércoles 30 de diciembre el vicepresidente Igea y la consejera Casado comparecían juntos en una rueda de prensa en la que el primero presumió, sin asomo de rubor, de la óptima situación sanitaria  de Castilla y León en relación con otras comunidades, obviando que ese mismo día la Junta había reportado la aparición de 515 nuevos casos (157 más que en la fecha anterior) y que los hospitalizados por Covid-19 se cifraban en 555 (414 en planta y 141 en UCI). Ni una sola mención ese día a la posibilidad de endurecer las medidas ante la inminente Nochevieja.

Y hete aquí que, cuando para Igea y Casado oficialmente todo marchaba sobre ruedas, la Junta se ve obligada a celebrar ¡el día de Año Nuevo! un Consejo de Gobierno extraordinario para declarar el nivel de alerta 4 en la provincia de Segovia, que había sido, junto a la de Ávila, la primera en iniciar el temerario proceso de desescalada impulsado por el nefando tándem desde finales de noviembre.

A partir del pasado sábado, 2 de enero, la tasa de IA de la Junta invertía su tendencia y comenzaba a subir, situándose a fecha de hoy en 163, 60 puntos por debajo de la del Ministerio, que la eleva ya a 223, a la vez que el número de hospitalizados por Covid ronda los 600 (454 en planta y 140 en UCI). Y mientras otras comunidades se apresuran a endurecer las medidas restrictivas, sale Mañueco y, pese a admitir que hemos entrado en la tercera oleada, se limita anunciar que el cierre perimetral de la comunidad se prolongará más allá del 10 de enero, fecha hasta la que ya estaba acordado.

Cama UCI en un hospital del Sacyl
"La estrategia restrictiva ha funcionado, lo han visto todos los ciudadanos", decía ufanamente Igea el pasado domingo. La pregunta es: ¿Y si ha funcionado, ¿por qué se decidió abandonarla cuatro semanas antes de la Navidad? Respuesta: para "salvar las Navidades", conforme al propósito declarado por Mañueco y hecho suyo por el inefable vicepresidente. 

 Resulta obvio que, con tal de poner paños calientes al malestar del sector hostelero y complacer a las grandes superficies comerciales, la Junta nos ha abocado a una tercera oleada que agravará aún más -hoy mismo se han comunicado nada menos que 835 nuevos casos- el siniestro balance del Covid-19 en Castilla y León, amén de poner de nuevo a prueba la capacidad de resistencia del personal sanitario, valiéndose para esto último del infame decretazo firmado por Mañueco el pasado 12 de noviembre.

Según los datos oficiales de la propia Junta, desde la irrupción de la pandemia han perecido en los hospitales del Sacyl 4.212 ingresados por Covid (2130 hasta el 1 de septiembre y 2.082 desde esa fecha) y los fallecidos en las residencias de ancianos se cifran en 2.083 (1.728 y 355, respectivamente). Y a los 6.295 anteriores se suman otros 1.852 decesos producidos en domicilios particulares, con lo que el total de víctimas mortales causadas por la pandemia en Castilla y León se eleva a 8.147. Estremecedoras cifras que no son obstáculo para que Igea considere que la Junta ha gestionado la pandemia de forma "aceptable". No existen palabras. A fuer de ser sincero, existen, pero, por elemental respeto al lector, uno prefiere abstenerse de verbalizarlas.

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