martes, 28 de septiembre de 2021

La inoportunidad social y económica de unas elecciones anticipadas

 Abocados al parecer sin remedio a unas elecciones autonómicas anticipadas en Castilla y León, plazos en mano el calendario ofrece dos hipótesis alternativas. La primera que sean convocadas en el inminente mes de octubre para su celebración como muy tarde a mediados de diciembre. La segunda, que la disolución de las Cortes se demore hasta después de Navidades (en todo caso antes del 11 de marzo, fecha a partir de la cual el PSOE está facultado para presentar una segunda moción de censura), en cuyo caso acudiríamos a las urnas a lo más tardar el primer domingo de mayo.

 La primera de las hipótesis sigue estando muy supeditada a un eventual adelanto electoral en Andalucía a cuyo rebufo se engancharía el presidente Fernández Mañueco, que, careciendo de mayoría absoluta y con la que tiene liada en el seno de su gobierno con el dúo Igea-Casado, siempre podrá aducir la carencia de esa estabilidad de gobierno que invoca para agotar la Legislatura. La segunda opción no tiene vuelta de hoja, ya que ofrece la coartada perfecta para que el PP se desprenda de unos socios desahuciados electoralmente y obtenga a costa de su fagocitación en las urnas una amplia mayoría parlamentaria, como mínimo similar a la obtenida por Isabel Díaz Ayuso.

 Con todos los focos puestos en ese adelanto electoral y el vuelco político que augura, apenas se repara en sus repercusiones sociales y económicas para una comunidad autónoma que lleva décadas sumida en un creciente declive.

Casado, Mañueco y Ayuso
Cuatro meses de interinidad.- De entrada, un proceso electoral conlleva una situación de interinidad política y administrativa aproximadamente de cuatro meses, los que transcurren desde la convocatoria hasta la toma de posesión del nuevo gobierno resultante. Y si hay un momento especialmente inoportuno para abrir ese paréntesis, ese es el actual, justo, cuando superado lo peor de la pandemia y restablecida a toda marcha la normalidad, es la hora de concentrar todos los esfuerzos en la recuperación social y económica y en la gestión con criterio y eficacia del maná de los fondos caído del cielo europeo.

 Para empezar, no habría lugar a presentar y tramitar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, los cuales deben adaptarse al nuevo escenario macroeconómico e incorporar esos nuevos recursos de la Unión Europea. Perdida la mayoría absoluta, PP y C´s tan solo necesitan sumar un voto ajeno para sacar adelante unas nuevas cuentas, lo que no parece muy difícil dada la disposición negociadora del “Partido por Ávila”, cuyo único procurador, Pedro J. Pascual, ya aprobó los Presupuestos vigentes, a cambio, claro está, de determinadas inversiones en su provincia. A diferencia de Andalucía, donde Vox tiene capacidad para bloquear su aprobación, dotarse de unos nuevos Presupuestos no parece a priori un problema insalvable para el gobierno Mañueco.

 Si se disuelven las Cortes en octubre se irá al garete el compromiso contraído por la Junta con ocasión de la Conferencia de Presidentes de Salamanca de establecer un consenso sobre los criterios de aplicación y distribución de los nuevos fondos europeos. A tal efecto, la consejería de Economía mantiene abierto un grupo de trabajo con los partidos políticos, en el que los socialistas han planteado la necesidad de convocar a Alcaldes y Presidentes de Diputación, a fin de que ayuntamientos y Diputaciones participen activamente en este proceso. El consejero, Carlos Fernández Carriedo, aspira a que lleguen a Castilla y León 5.000 millones, 1.500 de los cuales ya están plenamente confirmados.

Manifestación ayer en Segovia contra la reforma Casado
 Compromisos al limbo.- Otro compromiso que una convocatoria electoral dejaría en la estacada es el Plan Social de Inversiones Prioritarias 2021-2025, contemplado en el “pacto para la reconstrucción” firmado en junio con una dotación de 728 millones de euros. Dicho Plan, que a esta fecha sigue inédito, quedaría en el limbo por falta de consignación presupuestaria.

 En el limbo quedaría obviamente el compromiso de devolver la atención presencial médica y de enfermería a todos los centros de Salud y consultorios locales de Castilla y León, algo a lo que se resiste la consejera Casado por más que el presidente le reitere dicho mandato.

Lejos de afrontar un debate de comunidad sobre el modelo sanitario en Castilla y León, ni que decir tiene que si se disuelven las Cortes la Sanidad se convertirá en el gran arma arrojadiza dentro del pandemónium propio de cada campaña electoral.

  Con la disolución de las Cortes decaerían per se todas las iniciativas legislativas en tramitación y las cuatro comisiones de investigación actualmente abiertas. A las creadas sobre los fondos de la minería y la distribución de la chequera mediática de la Junta nadie las echaría en falta, dada su absoluta inutilidad. La que intenta esclarecer lo ocurrido sobre la trama eólica y otros asuntos turbios (Perla Negra, no Polígono de Portillo, etc) asociados a gobiernos de Juan Vicente Herrera sufriría su segundo coitus interruptus, ya que se creó por primera vez hace dos legislaturas, y la que se acaba de crear para investigar los letales efectos de la pandemia en las residencias de ancianos (4.174 fallecidos a esta fecha) quedaría prácticamente inédita.

Residencias: A la espera de una nueva Ley
 En el limbo quedaría también esa pretendida nueva Ley de Atención Residencial en Castilla y León tan necesaria a la vista de las deficiencias y carencias que ha destapado la pandemia, una iniciativa en fase de consulta que todavía no ha entrado en las Cortes. Y decaería esa conflictiva reforma de la Ley de Ordenación Territorial que elimina la mayoría cualificada para la aprobación de los mapas rurales, cuya delimitación se pretende endosar a las Diputaciones provinciales.

 La Junta seguiría gobernando con unos Presupuestos prorrogados que tienen su gran Talón de Aquiles en el coste de la Deuda Pública, que entre amortizaciones e intereses se come el 11,58 por ciento de los ingresos, 1.423 millones, gasto solo superado por el de las Consejerías de Sanidad y Educación. Los 13,000 millones de deuda que arrastramos equivalen ya al 24 por ciento del PIB.

Eternos retos pendientes.- La Legislatura se interrumpiría sin haber abordado ninguna estrategia contra la Despoblación y, lo que es peor, sin haber hecho los deberes para aprovechar los 10.000 millones de euros asignados a España para un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. Por si fuera menor la sangría poblacional sufría desde 2.010 (177.000 habitantes menos), la pandemia se ha cobrado más de 11.500 vidas.

Y qué decir de la pasividad ante los desequilibrios territoriales internos, de la que buena idea la renta per cápita provincial, toda una escalera que va del 112 por ciento sobre la media estatal que registra Burgos al 74,8 por ciento de Zamora, con todas las demás provincias del Oeste (León, Salamanca y Zamora) compartiendo la cola.

Pasadas las Navidades, los estragos de unas elecciones anticipadas se verían bastante atenuados. Habría habido tiempo para aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, encauzar con racionalidad los nuevos Fondos Europeos y afrontar la senda de la recuperación económica sin la convulsión política de una campaña electoral. Pero nada de esto importa. La fecha de las elecciones se atendrá exclusivamente a lo que convenga a Pablo Casado en su estrategia por conquistar La Moncloa. Caiga en noviembre o caiga en abril.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 27 de septiembre de 2021

El topillo

La salida de Cosidó, un problema que se sacude Mañueco

 Prácticamente dos años después de su nombramiento, el Boletín  Oficial de Castilla y León ha publicado esta mañana una Orden del Presidente de la Junta formalizando el cese, a petición propia, de Ignacio Cosidó, el político del PP que durante este periodo ha sido el asesor presidencial mejor retribuido. (55.616 euros anuales).

 El fichaje de Cosidó, el “amigo Nacho”, se convirtió en una “patata caliente” para Alfonso Fernández Mañueco a partir de que la investigación del “caso Kitchen” acreditara la existencia en su día de una suerte de “policía patriótica” que, con el inefable ex comisario Villarejo por medio, había montado un operativo ilegal para arrebatar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, las pruebas que éste tenía sobre la financiación irregular del PP. Los hechos judicializados, que han dado lugar a la imputación del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, y del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se produjeron mientras Cosidó estaba al frente de la dirección general de la Policía, cargo que ocupó entre enero de 2012 y noviembre de 2016.

 A su salida del ministerio del Interior, el salmantino Cosidó fue nombrado senador autonómico por Castilla y León y portavoz del grupo popular en el Senado, cargos en los que se mantuvo hasta que tras las elecciones autonómicas de 2017, fue relevado de ambas responsabilidades por el vasco Javier Maroto, que había fracaso en su intento de conseguir un escaño de diputado por Álava.

Apeado por Pablo Casado de sus cargos públicos, el “amigo Nacho” fue acogido por Fernández Mañueco, quien el 25 de septiembre de 2019 lo incorporó a su nómina de asesores, de la que siguen formando otros tres ex senadores del PP.

 La “patata” le empezó a quemar a Mañueco a raíz de que el ex director operativo de la Policía, Eugenio del Pino, declarara ante el juez instructor que Cosidó estuvo en todo momento al corriente del “caso Kitchen”, lo mismo que el Secretario de Estado y el ministro. Sin embargo, contra toda lógica y pronóstico, el juez García Castellón concluía la fase de instrucción imputando a los superiores e inferiores jerárquicos del ex director general de la Policía, pero no a él, que ni siquiera se ha molestado en llamar a declarar. La imputación formal era la condición que se había impuesto Mañueco para cesar a su polémico asesor

 Puesto que dicha imputación no se ha producido y el cese se produce a petición propia, cabe pensar que Cosidó, residente en Madrid, ha encontrado otro acomodo laboral y ya no necesita la sinecura proporcionada por su amigo y paisano Alfonso. Con ello Mañueco con ello se quita de encima el problema de que la situación de que la situación de Cosidó volviera a complicarse si prospera el recurso de la Fiscalía solicitando la reapertura de la instrucción del caso y la imputación, entre otros, del hasta hoy asesor del presidente de la Junta.

27-Septiembre-2021

lunes, 20 de septiembre de 2021

Patada a seguir hasta que Génova mueva ficha electoral

 Sentado el principio de que el adelanto electoral en Castilla y León o en Andalucía ha de contar con el placet de Génova, que instrumentará dichas convocatorias para impulsar la carrera de Pablo Casado hacia La Moncloa, de momento el presidente Fernández Mañueco parece resignado a convivir con la crisis interna abierta en el seno de su gobierno a raíz del golpe de mano con el decidió truncar la reforma de la atención primaria promovida por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea.

 Vista la resaca posterior a la tormenta, queda nítidamente claro que en ningún momento ha entrado en crisis el pacto de gobierno PP-Ciudadanos vigente desde el inicio de la Legislatura. En absoluto. El conflicto se ciñe a la relación del presidente con el vicepresidente y la citada consejera, quiénes habiendo accedido a la Junta a través de Ciudadanos, han venido y vienen actuando por su cuenta y al margen de su partido de origen, incapaz de marcar las políticas de sus teóricos representantes.

Castaño y Fuentes, en una imagen de la anterior Legislatura
 Por la cuenta que les trae, el aparato orgánico de Ciudadanos y su grupo parlamentario en las Cortes son los últimos interesados en romper el pacto de gobierno en Castilla y León. Ello proporcionaría al PP el argumento que necesita para justificar un adelanto electoral de consecuencias letales para la formación naranja. Equivaldría a un suicidio colectivo impensable en quienes siguen detentando importantes parcelas de poder en las instituciones autonómicas.

 La prueba de que los Fuentes, Castaño y demás afines a Inés Arrimadas no quieren ni oír hablar de una ruptura que les apearía de sus cargos es que se han apresurado a pactar con el grupo popular una Proposición no de Ley en la que PP y C´s ponen en común sus posiciones sobre la reforma sanitaria, dando así por superada la divergencia de voto de ambas formaciones con respecto a la PNL socialista que desencadenó la tormenta. Como no puede ser de otra forma, el texto suscrito entre ambos partidos ofrece “garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales”, así como “compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano”.  Es decir, todo lo contrario de lo que perseguía el Plan Aliste, que dejaba sin dotación al 80 por ciento de los 3.666 consultorios, o de lo que proponía el Plan Segovia, que contemplaba la amortización de plazas médicas en el medio rural. Todo un estímulo a abandonar el medio rural en pleno desplome demográfico.

 

De “malentendido”, nada.- Pero mientras los dos partidos coaligados restablecen su armonía parlamentaria, la relación entre el PP y el dúo Igea-Casado sigue siendo tormentosa.
Mañueco en su escaño de las Cortes. Detrás, Raúl de la Hoz
 Después de haber desafiado la autoridad del presidente, acusarle entre líneas de “deslealtad” y “traición” e incluso agitar el grotesco espantajo de una delirante moción de censura, Igea ha insistido en zanjar el problema atribuyéndolo a un simple “malentendido” (y no por parte suya, sino por la del presidente). Y se ha encontrado con la respuesta del portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, aclarándole, por si quedaba duda, que de malentendido, nada, que el PP apoyó la iniciativa socialista simplemente porque compartía los términos de su resolución. Una resolución, no olvidemos, que insta a la Junta “a retirar el plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural y garantizar de una vez por todas la consulta médica y de enfermería presencial en todos los consultorios y centros de salud”.

 Mañueco ha dado instrucciones a Casado para que proceda en consecuencia, pero no se fía de que, en lugar de hacerlo, siga embrollando la situación, como lo hace desde el momento en que niega que haya existido nunca ningún plan. Tal es la desconfianza del presidente que, lejos de conceder ningún cheque en blanco, ha puntualizado que su “aval” no es a ninguna actuación de la consejera, sino al cumplimiento del mandato de reponer la atención presencial y mantener la actividad en todos los centros y consultorios.

 Con el golpe de timón ordenado en política sanitaria, Mañueco ha buscado simultáneamente un doble objetivo: Ahorrarse el fuerte desgaste que el desmantelamiento de la Sanidad rural estaba suponiendo para el PP y neutralizar una gran baza electoral del PSOE, que se opuso desde el minuto uno a esa reforma y de hecho condicionó y condiciona cualquier negociación en la materia a la retirada de los planes negados por la consejera.

 El oportunismo electoral con el que ha actuado el presidente de la Junta admite pocas dudas. Mientras Ciudadanos era un compañero de viaje imprescindible, se despreocupó de las políticas incendiarias de Igea, Casado y Amigo, como si la cosa no fuera con él. Hasta que llegados a este punto, en el que el PP ha fagocitado al electorado naranja y C´s es un partido zombi, ha decidido parar los pies a las lesivas iniciativas del pirómano vicepresidente.

Verónica Casado
  Consejera a la contra.- Pero para que resulte creíble su “contrarreforma sanitaria”, Mañueco necesita hacerla visible a la mayor brevedad y eso no va a ser fácil con un vicepresidente y una consejera que se van a dedicar a poner en las ruedas todos los palos a su alcance, que son muchos dada la precariedad de unas plantillas que ellos mismos se han dedicado a desincentivar. Y lógicamente con el PSOE de Tudanca exigiendo cada día el cumplimiento de lo acordado en las Cortes antes de iniciar cualquier negociación sobre el modelo sanitario.

 Entretanto, se tramita en las Cortes otra de las polémicas reformas consentidas por Mañueco a Igea, la que se propuso desbloquear los mapas rurales de la Ordenación del Territorio a costa de dinamitar el anterior consenso existente entre PP y PSOE. La reforma tenía como objetivo inicial eliminar la mayoría cualificada que obligaba al consenso entre los dos principales partidos, pero además de eso se ha descolgado dejando en manos de las Diputaciones provinciales la delimitación de los polémicos mapas, a partir de los cuales se organizan todos los servicios de la Junta, incluidos los sanitarios.

 No deja de tener miga el asunto. En lugar de coger ese toro por los cuernos, el vicepresidente que concurrió a las elecciones encabezando el cartel electoral de Ciudadanos desvía esa responsabilidad hacia las Diputaciones, esas mismas que el partido naranja quería suprimir por superfluas. Al margen de ello, está por ver si el PP lleva al final esa confrontación con los socialistas, que tienen en el ámbito municipal una de sus fortalezas, o deja colgada otra de las dañinas reformas de Igea.

  Y con este mar de fondo seguiremos mientras Génova no disponga otra cosa. Por de pronto, hasta la convención nacional de primeros de octubre en Valencia la cúpula del PP no pondrá en marcha nada que interfiera ese fasto. Días antes, Pablo Casado hará una escala previa en Valladolid para escenificar su entrañable relación con Fernández Mañueco. El mismo presidente autonómico al que hace menos de un año quería moverle la silla. ¿O no?

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

lunes, 13 de septiembre de 2021

Otra opción de Mañueco: Cesar al dúo Igea-Casado y recomponer el pacto con Ciudadanos

La tormenta política desatada la pasada semana en el seno de la Junta a raíz de que el presidente Fernández Mañueco desautorizara sin ningún miramiento a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y por ende a su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, ha desencadenado la psicosis de un adelanto electoral en Castilla y León. Algunos círculos sitúan esos eventuales comicios antes de que finalice el año y algún medio ha aventurado la fecha del último domingo de noviembre. Otros piensan que Mañueco puede esperar a 2.022, anticipándose en todo caso a la moción de censura que el PSOE vuelve a tener opción de presentar a partir del 10 de marzo.

 Si antes de la pasada semana ya se daba casi por descontado que un eventual adelanto en Andalucía arrastraría otro en Castilla y León, no digamos después de este episodio, que ha puesto abrupto fin al idilio político vivido por Mañueco e Igea a partir de su inicial matrimonio de conveniencia. Pero para adelantar elecciones aquí en solitario al PP de Mañueco (y a Génova, que ha de dar el visto bueno) les falta por el momento el argumento de peso que las justifique ante la opinión pública. Y en los seis meses que faltan hasta marzo ese argumento no puede ser otro que la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, algo que hoy por hoy no se ha producido.

Mañueco y Arrimadas el pasado abril en el Colegio de la Asunción
 ¿Crisis? ¿Qué crisis?.- A mi modo de ver no ha sido el pacto de gobierno entre ambos partidos lo que ha entrado en crisis. Y así lo ha dejado muy claro Inés Arrimadas, subrayando de paso su “excelente” relación con Mañueco. Lo ocurrido es algo muy distinto: El presidente de la Junta ha puesto pie en pared ante el permanente desafío a su autoridad por parte de dos de los miembros de su gobierno nombrados en su día a instancias de Ciudadanos. Y los ha desautorizado públicamente de forma descarnada apoyando en las Cortes una proposición socialista que manda a la papelera la reforma de la atención primaria en la que se habían obstinado los susodichos. Y no solo eso: ha ordenado iniciar una negociación con el PSOE en busca de un consenso sanitario sobre la base de dicha resolución parlamentaria.

 En una democracia normalizada, la consejera y el vicepresidente, tendrían que haber dimitido irrevocablemente. Era la única salida digna ante tamaña desautorización presidencial. Pero la palabra dimisión no figura en el diccionario de Igea, un atrabiliario personaje, iluminado y ensoberbecido, que se considera providencial y con derecho a hundir el templo con todos los filisteos.

 La hipotética dimisión de Igea y Casado (quien, por prescripción del primero, mantiene la boca cerrada, como si todo esto no fuera con ella) se hubiera resuelto sin mayor problema con su sustitución por otros dos representantes nombrados por Ciudadanos. El freno y marcha atrás de Mañueco, sacudiéndose de encima una reforma de alto coste electoral para el PP, no incumple el acuerdo de gobierno suscrito en su día entre ambos partidos, en el que en ningún momento se contempla cerrar consultorios rurales. Una reforma que tampoco puede ampararse en la pandemia, ya que fue impulsada antes de que sobreviniera la crisis sanitaria.

Francisco Igea y Verrónica, dos colegas y un destino
 Desafío a la autoridad al presidente.- A falta de su dimisión, Igea se hizo acreedor de un cese fulminante en la desaforada rueda de prensa que protagonizó el pasado martes, en la que se arrogó para sí mismo y los otros tres consejeros propuestos por Ciudadanos la condición de inamovibles de sus puestos y su plena autonomía para marcar las políticas de sus consejerías. Todo un desafío a la autoridad del presidente de la Junta, quien, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía (art. 27) tiene entre sus facultades, como no puede ser de otra forma, las de “dirigir y coordinar la acción de gobierno” y la de “nombrar y separar libremente a los demás miembros de la Junta”.

 Resulta obvio que ningún acuerdo de gobierno entre partidos puede estar por encima del Estatuto, pero es que además en el firmado entre PP y C´s el único cargo de la Junta que se asigna expresamente al segundo partido es la vicepresidencia, sin que conste, claro está, que se tenga que llamar Francisco y apellidar Igea.

 Tan insolente insubordinación era causa más que suficiente para que Mañueco destituyera fulminantemente al hasta ahora vicepresidente, amén de hacer lo propio con Casado, quien hace mucho tiempo que perdió la confianza presidencial. ¿Qué ocurriría si el presidente, en ejercicio de su autoridad, decidiera cesar a ambos?

 Sobre el papel, Ciudadanos podría reaccionar dando por roto el pacto y pasar a la oposición, lo que abocaría, en este caso sí, a unas elecciones anticipadas. Pero como quiera que dichos comicios supondrían la liquidación del partido naranja y el ingreso en el paro de las decenas de cargos públicos y asesores colocados en las instituciones autonómicas, resulta impensable que asistiéramos a semejante “harakiri”.  Habida cuenta del “afecto” de que gozan el vicepresidente y sus afines entre la dirigencia nacional y autonómica, es más que previsible que Ciudadanos se aviniera a mantener el pacto, tal cual o revisado, reponiendo su cuota de representación en el Consejo de Gobierno. El único daño evaluable para PP y C´s sería que un despechado Igea se fuera con su escaño de procurador al grupo de no adscritos de las Cortes, donde compartiría la biblioteca parlamentaria con su antigua y denostada compañera María Montero.

Cartel-contador en el consultorio local de Monumenta (Zamora)
 Dejar pudrir la situación.- Pero cabe sospechar que la audacia de Mañueco no llegue a tanto y que, a la espera de lo que suceda en Andalucía, deje pudrir la situación manteniendo en su gobierno a un dúo que, a la vez que está desahuciado en su partido de origen,  constituye en sí mismo una fuente inagotable de conflictos. Quebrada la confianza del presidente, la permanencia en sus puestos de un tipo tan corrosivo y desquiciado como Igea y de una consejera-títere como Casado constituye un sindiós político.

 De momento, la consejera, que se sabe en el filo de la navaja, se la ha tragado doblada teniendo que acatar la orden del presidente de proceder a desmontar su reforma y devolver la actividad presencial a consultorios y centros de salud, tal como establece la proposición aprobada en las Cortes y le trasladan hoy los presidentes de las Diputaciones. Pero el verborreico vicepresidente es incapaz de contenerse y sigue arremetiendo compulsivamente contra todo lo que sale al paso. Su última enganchada ha sido con el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, quien ha pedido el cese del director del hospital burgalés por los continuos “desatinos” perpetrados estos dos últimos años en dicho centro. A Igea se le hace eterno el día si no puede chapotear en algún charco. Es algo patológico.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

martes, 7 de septiembre de 2021

 El topillo

Las inconmesurables tragaderas de la consejera Casado y de su mentor el vicepresidente Igea

 Desde que en la tarde del lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sorprendía a propios y extraños anunciando que el PP iba a apoyar la proposición socialista que pedía la retirada del llamado Plan Aliste, muchos daban por descontado que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, estaba abocada a dimitir. Era la única salida honrosa ante lo que conllevaba dicho anuncio: la desautorización presidencial en toda regla de la de la reforma de la atención primaria que se han obstinado en imponer la consejera y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea.

 Por su fuera poco, Ciudadanos, el socio de gobierno que en su día propuso el nombramiento de Casado, trataba de salir del trance a través de una enmienda que admitía la retirada de dicho Plan, con lo cual el grupo parlamentario naranja secundaba de facto dicha desautorización. A la consejera no le quedaba otro apoyo que el de su mentor, plenamente corresponsable, por no decir verdadero inspirador, de la nefasta gestión sanitaria de la Junta. Sobre esto último no ha podido ser más expresivo el titular colgado por “El Norte de Castilla” en su edición digital: “El PP de Mañueco vota con el PSOE para retirar la reforma sanitaria de Igea”.

Y aquí radica la explicación de las humillantes tragaderas de Verónica Casado. Como siameses que han sido desde que llegaron a sus cargos, si la consejera se iba, el vicepresidente-mentor estaba política y moralmente obligado a irse con ella. Y eso sí que no, es más fácil que el papa Francisco se declare ateo que su tocayo Igea renuncie voluntariamente a sus cargos en la Junta.

 De forma que en el hipotético supuesto de que a Casado se le hubiera pasado por la cabeza dimitir, su mentor le ha recordado su condición de siameses. Ante lo que ambos han optado por no darse por enterados de una clamorosa desautorización presidencial equivalente a mostrarles la puerta de salida. A estas alturas de Legislatura, Mañueco no está dispuesto a que la contumaz gestión sanitaria de la Junta le ocasione más desgaste al PP, y menos si proviene de una consejera y un vicepresidente políticamente amortizados que no cuentan ni siquiera con el respaldo orgánico del partido socio de gobierno. (Que nadie se engañe: aunque hayan votado diferente -Ciudadanos se abstuvo al no admitir el PSOE su enmienda- no ha habido ni hay crisis entre ambos socios, sino un insólito pulso entre el presidente y dos miembros de su gobierno).

  Buena muestra de ello es lo afirmado por Igea sobre el respaldo del PP a la proposición socialista que tumba el Plan Aliste, según él una iniciativa “llena de premisas falsas”. Mientras Mañueco se reunía al término de la sesión parlamentaria con el socialista Luis Tudanca confirmando el compromiso de negociar con el PSOE un pacto sanitario conforme a la proposición, el vicepresidente afirmaba que “es un error político pactar con el PSOE más sanchista”. Se presagian días de emociones fuertes.

7-Septiembre-2021