El parto de los montes

 Se ha comentado sobradamente la influencia que viene teniendo en el Gobierno Rajoy el clan de abogados del Estado que, bajo el madrinazgo de Soraya Sáez de Santamaría, ocupa puestos clave tanto en la Administración como en el tinglado de empresas, sociedades y demás entes públicos adyacentes, eso que en Castilla y León los de PLADEPU denominan Administración B.

 

Soraya Sáez de Santamaría y Cristobal Montoro

Sesgo ideológico aparte, las reformas impulsadas por el PP tienen otra seña de identidad en su acusado carácter tecnocrático, que en ocasiones conduce a presentar proyectos legislativos diseñados desde despachos sin el menor contacto con la realidad. 
Como además tampoco se toman la molestia de pulsar la opinión de los sectores y agentes afectados -tampoco de las otras administraciones, aunque estén directamente concernidas- salen del Consejo de Ministros proyectos legislativos que en ocasiones rozan lo aberrante. Ha sido el caso del anteproyecto de Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, la “reforma local” promovida por el ministro Montoro, ampliamente rechazada tanto por ayuntamientos y comunidades autónomas (no tanto por las Diputaciones provinciales, las únicas beneficiadas por el invento).

 Pese a que las alegaciones de las comunidades autónomas y entidades locales habían corregido en parte el estropicio de la Ley Montoro, el dictamen emitido por el Consejo de Estado sigue cuestionando no pocos de sus fundamentos, entre otros ese afán de potenciar las Diputaciones. (A propósito, me ha llamado la atención la ligereza con la que el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado de “voces residuales y con sordina” las que cuestionan las instituciones provinciales. Sobre todo porque lo dice alguien que es concejal del ayuntamiento que preside el alcalde Javier León de la Riva, acérrimo partidario de suprimir las Diputaciones).

Jesús Julio Carnero y Javier León de la Riva

 El hecho es que sin esperar a que la reforma de Montoro -a fin de cuentas una Ley de Bases de ámbito estatal- establezca el nuevo marco jurídico de la Administración Local, la Junta (para ser mas exactos el consejero De Santiago-Juárez, la mano que mece el diván presidencial) se ha empecinado en impulsar la llamada “ordenación territorial” de Castilla y León, lo que viene a ser poner el carro antes de los bueyes.

 Para ello, y como es conocido, ha tenido que pagar el elevado peaje -tanto interno como externo- que ha supuesto el consenso restablecido con el PSOE en el pasado debate parlamentario sobre el estado de la comunidad. Y tanta prisa tiene el susodicho consejero en sacar adelante el cansino Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Ordenación del Territorio que, a fin de ganar tiempo en su tramitación parlamentaria, las Cortes han habilitado como periodo extraordinario de sesiones los meses de julio y agosto.

 355 enmiendas a una Ley de 65 artículos.- Tanta prisa para lo que en realidad va a ser algo así como el “parto de los montes”, un ratón y además bastante mal parido. Si la reforma Montoro era, o es, un auténtico bodrio, del Proyecto de Ley de la Junta basta decir que, constando de 65 artículos y 20 disposiciones, ha sido objeto en las Cortes nada menos que de 355 enmiendas parciales, un record difícil de superar. Y de ellas solo154, son del grupo mixto (118 de IU y 36 UPL), el único que ha presentado una a la totalidad del texto. 166 son del grupo socialista y 35 del propio grupo popular, que se ha visto obligado a ello para encajar el acuerdo alcanzado con el PSOE.

José Antonio de Santiago-Juárez

Todo ello para aprobar una Ley que en lo fundamental remite después a otra, ya que como consecuencia del pacto PP-PSOE, el mapa definitivo de las Unidades Básicas de Ordenación del Territorio deberá ser respaldado en su día mediante otra Ley autonómica aprobada con mayoría cualificada de dos tercios. Después, una vez aprobado ese mapa definitivo, se abrirá un plazo no inferior a tres años para adaptar al mismo los servicios de la Administración Autonómica.

  Al ritmo de pérdida de población que lleva Castilla y León, cuando la “ordenación territorial” quiera ponerse en marcha, en muchos núcleos rurales no quedará ni el sepulturero, que se habrá trasladado por falta de trabajo. Y más cuando paralelamente se establece que el Plan de Convergencia Interior contemplado en el Estatuto de Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales internos, suprimido este año de un plumazo sin ninguna explicación, no se recuperará hasta que el PIB regional no crezca en un 2 por ciento, lo cual ya es fiarlo para largo..

 Teniendo en cuenta que al plan especial de empleo acordado para 2014 volverá a contar con la raquítica dotación de 30 millones de euros, la misma consignada este año producto de la famosa amnistía fiscal encubierta, la pregunta sería a qué piensa dedicar la Junta los 300 millones de que dispondrá como mínimo una vez se revise, este mismo mes, el techo de déficit fijado inicialmente a las comunidades autónomas. O mucho me equivoco, o la mayor parte de ese dinero será destinado a tapar alguno de los muchos agujeros presupuestarios de ese queso de Gruyère que es la Hacienda de esta comunidad autónoma.

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