La indolencia de la Junta ante el desplome demográfico

Mientras Mariano Rajoy y su gobierno ya no se conforman con presumir de la incipiente recuperación macroeconómica y han decretado directamente el fín la crisis, hemos conocido en los últimos días el último padrón de población, que, en el caso de Castilla y León certifica el desplome demográfico de esta comunidad autónoma.

 A 1 de enero de 2014 la población censada en Castilla y León ha quedado fijada en 2.494.790 personas, que son 25.085 menos que un año antes. No es un dato coyuntural. Cinco años antes, el 1 de enero de 2009, éramos en esta comunidad 2.563.521. De una simple resta se deduce que en el último lustro Castilla y León ha perdido 68.731 habitantes, que vienen a ser más que los que residen en la ciudad de Zamora. Y por segundo año consecutivo han perdido población las nueve provincias de la comunidad, devolviendo el censo autónómico a los niveles de 2004.

Santa Clara, céntrica arteria de la ciudad de Zamora

 Esta sangría demográfica constituye sin lugar a dudas el mayor exponente del fracaso político, económico y social de esta comunidad autónoma. Desde luego fracaso sin paliativos en lo que se refiere al gobierno de Juan Vicente Herrera y un fracaso colectivo de toda la comunidad, que está asumiendo con pasmosa resignación esta debacle. Y la cosa no pinta a mejor, ya que según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, entre 2013 y 2023 Castilla y León está abocada a perder 195.227 habitantes.

 Unas sombrías previsiones que, a tenor de los datos avanzados por el propio INE sobre el primer semestre de 2.014, llevan camino de cumplirse inexorablemente. En la primera mitad del presente año hemos sido la segunda comunidad autónoma con peor saldo vegetativo: 14.532 defunciones frente 8.951 nacimientos. Este saldo negativo, de carácter endémico debido al alto envejecimiento de la población, no es sin embargo el factor más preocupante. 
El problema es que el desplome demográfico va mucho más allá del simple déficit vegetativo, que el pasado 2013 se concretó en un saldo negativo de 9.680 personas. Si a lo largo del pasado año perdimos 25.085 habitantes, quiere decir que hubo 15.405 que abandonaron la comunidad buscando un porvenir fuera de la misma. Buena parte de esa diaspora la protagonizan los miles de jóvenes que, concluida su formación universitaria, abandonan cada año la comunidad en busca de las oportunidades que aquí no encuentran.

De hecho, esos mismos datos avanzado del INE señalan que, con indepedencia del saldo vegetativo, durante el primer semestre del año han abandonado Castilla y León otros 5.176 habitantes (4.198 con destino a otras comunidades españolas y 978 emigrando al extranjero). Con ello el número de residentes de Castilla y León se situaría a 1 de julio en 2.484.932, con lo cual ya serían 78.589 los habitantes perdidos por la comunidad en los últimos cinco años y medio.

De Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia

 Salvo el caso extremo de la provincia de Zamora, hasta el año 2009 el problema demográfico global de la comunidad no era de crecimiento -el censo seguía creciendo ininterrumpidamente desde el año 2000- sino de despoblación rural y de desequilibrio territorial. Y en ese sentido se orientó la Estrategia Regional contra la Despoblación aprobada por las Cortes Regionales en 2006. Cuatro años después, en 2010, la consejería de la Presidencia decidió prescindir unilateralmente de esa Estrategia y sustituirla por la llamada Agenda de la Población, anunciada a bombo y platillo por el consejero José Antonio de Santiago-Juárez.

  Paradójicamente, dicha Agenda comenzaba negando el riesgo del desplome demográfico que se nos venía encima. De hecho, partía de la base de que la despoblación era una idea “cargada de pesimismo” e instalada en el imaginario colectivo a base de “falsos tópicos” como el envejecimiento colectivo, el abandono del medio rural y la fuga de jóvenes. Se trataba siemplemente de replantear la estrategia poblacional desde un “enfoque positivo” plasmado en un conjunto de 118 medidas a impulsar desde el gobierno autonómico.

Cuatro años después el invento ha constituido un estrepitoso fracaso. La sangría demográfica ya es tan urbana como rural, el éxodo juvenil es imparable y el envejecimiento de la población lleva camino de convertirnos en el mayor geriátrico de Europa. ¿Y que ha hecho la Junta? Diluir su responsabilidad, aliándose con otras comunidades autónomas para reclamar del gobierno central una “Estrategia nacional para el cambio demográfico” que ni está si se le espera. A partir de ahí la Junta ha dejado de considerar la despoblación como un problema endógeno de esta comunidad. Ahora es un “problema de Estado” que debe afrontar como suyo el gobierno central, en todo caso con la colaboración de la Unión Europea.

 Mientras tanto, Castilla y León representa ahora el 5,33 por ciento de la población española, cuota que en el año 2.008 se situaba en el 5,48 por ciento. Y ello supondrá que afrontaremos aún en peores condiciones la próxima revisión del nuevo modelo de financiación autonómica, ya que -índices correctores al margen- la cuota de población es el dato de partida a la hora de asignar los recursos estatales a cada comunidad autónoma.

Como no podía ser de otra forma, el Observatorio Económico de Castilla y León, dependiente del Colegio de Economistas, ha advertido sobre el problema, reclamando en su último informe políticas demográficas y activas de empleo que contengan el éxodo juvenil y frenen el progresivo envejecimiento de la población. Pero, lejos de asumir la gravedad del desplome demográfico y de ponerse de una vez manos a la obra, la Junta ha decidido desentenderse con absoluta indolencia del mayor problema estructural de esta comunidad autónoma.

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