El expolio de las Cajas (XXXI): De aquellos polvos vienen estos lodos

Cuando menos cabía esperar, en plena precampaña electoral, el Juzgado que instruye el caso de los multimillonarios créditos y avales concedidos al que fuera presidente de Caja España, el empresario leonés Santos Llamas, ha citado como imputados a 14 de los 17 miembros que integraban el Consejo de Administración de la entidad en 2.009. Los ex consejeros, en su mayor parte políticos y ex políticos vinculados al PP y al PSOE, deberán comparecer a finales de mayo ante la juez Rocío González Boñar, quien, a raíz de la denuncia formulada en su día por la fiscalía de León, instruye la causa por un presunto delito de administración desleal.

Consejeros de Caja España en 2009

 Excepto al propio ex presidente y a la fallecida Isabel Carrasco, la juez  ha imputado al resto de los asistentes a la reunión celebrada por el Consejo de Administración el 8 de enero de 2008, en la que se acordó refinanciar la deuda contraída con la entidad por el grupo empresarial de Llamas, cifrada en 67,9 millones de euros. Fuera de la imputación ha quedado el ex consejero de la Caja y procurador socialista José Francisco Martín, quien no estuvo presente en dicha reunión. (Aunque hubiera asistido, Martín, no hubiera podido ser imputado, ya que, al ser procurador miembro de la Diputación Permanente de las Cortes, mantiene su condición de aforado únicamente justiciable por el Tribunal Superior de Justicia).

 La imputación del antiguo Consejo de Caja España había sido solicitada por IU y Ecologistas en Acción -personados en la causa como acusación particular- tras la concluyente declaración realizada el pasado mes de enero por los peritos del Banco de España. Dichos peritos, citados en calidad de testigos, ratificaron en el Juzgado los diversos informes emitidos por el organismo emisor, que ya advertía en el año 2006 sobre la excesiva concentración de riesgo en los préstamos y avales concedidos a las empresas de Llamas, quien había accedido ese mismo año a la presidencia de la entidad mediante un pacto concertado entre PP, PSOE, UPL y UGT  y bendecido por el gobierno de Juan Vicente Herrera.

Begoña Nuñez

 A través de esos informes periciales ha quedado plenamente contado que se refinanciaron préstamos y avales sin exigir nuevas garantías, que no se había reclamado los intereses ordinarios pendientes de pago y que no se había observado el límite del 60 por ciento en las tasaciones del suelo ni el plazo máximo de dos años. Además, la no calificación de dichos créditos como morosos permitió que, en contra de lo legalmente establecido, Llamas siguiera presidiendo la entidad hasta octubre de 2010.

Entre los ex consejeros imputados figuran cinco políticos en activo incluidos en las listas electorales para el próximo 24 de mayo. De ellos únicamente la socialista Begoña Núnez, concejala del ayuntamiento de Palencia, ha anunciado su próxima renuncia. No así los cuatro que pertenecen al PP: Fernando Martínez Maillo, presidente de la Diputación de Zamora y numero dos de la lista municipal por la capital; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y candidato a la reelección; Javier García Prieto, procurador durante la legislatura saliente y ahora candidato a concejal del ayuntamiento de León; y Juan Elicio Fierro, concejal de Ponferrada.
 El ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, y el ex procurador Zenón Jiménez Ridruejo son otros de los citados a declarar como imputados, al igual que el secretario autonómico de Asaja, José Antonio Turrado, y los sindicalistas Alfredo Fernández Salvadores (CSICA) y Miguel Ángel Álvarez (UGT). Este último, entonces secretario del Consejo de Administración, fue posteriormente consejero del banco CEISS hasta su absorción por Unicaja. Y no falta en la relación el catedrático Alejandro Menéndez, precisamente el único ex consejero de aquella etapa de Caja España que forma parte del actual Consejo del CEISS.

  Y ya veremos cuanto tarda en extenderse la misma imputación a la antigua cúpula de Caja Duero, que, según los informes del Banco de España, a partir de 2009 concedió refinanciación a las empresas de Santos Llamas por importe de otros 8,8 millones de euros, ello a pesar de su manifiesta insolvencia y contra el criterio del analista de riesgos de la entidad que entonces presidía Julio Fermoso. De hecho, esta refinanciación de Caja Duero forma parte de la denuncia que trasladó a los Juzgados el fiscal-jefe de León en mayo de 2013, tras concluir las diligencias previas instruidas por encargo de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, ante la que Izquierda Unida denunció en noviembre de 2011 esa y otras presuntas irregularidades perpetradas en distintas cajas de Castilla y León.

Santos Llamas y Tomás Villanueva

 Mientras todo esto ocurre, la Junta, y en particular el todavía consejero de Economía, Tomás Villanueva, siguen echando balones fuera, eludiendo cualquier responsabilidad sobre el desaguisado. Y si bien es cierto que correspondía al Banco de España la función supervisora de las Cajas, no lo es menos que la Ley de Cajas de Castilla y León contemplaba ya desde 2005 la autorización expresa de la Junta en aquellas operaciones de crédito en las que anduvieran por medio, a titulo personal o a través de empresas en las que tuvieran mas de un 10 por ciento de participación, los consejeros de las propias entidades.

 “La Consejería competente en materia de Cajas de Ahorros -decía literalmente el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley-  controlará el cumplimiento de las disposiciones vigentes relativas a estas operaciones en el trámite de autorización administrativa previa, que se denegará si la operación incumple algunas de las referidas disposiciones o las condiciones de la operación no resultan equiparables a las del resto de operaciones de la misma naturaleza que se realicen con otros particulares no vinculados a la Caja de Ahorros”.

Así pues, la Junta, y menos el “competente” consejero que hizo y deshizo a su antojo en las antiguas Cajas, y particularmente en Caja España, no pueden llamarse andana ni en este ni en el resto de los desaguisados que condujeron al expolio y liquidación en almoneda de las extintas entidades de ahorro de Castilla y León.

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