El
calendario marcado a partir de la fallida investidura de Pedro Sánchez ha
situado la convocatoria formal de las nuevas elecciones generales del 26 de
junio justo después de la celebración del 1º de Mayo. Y basta ver el Manifiesto
conjunto suscrito por UGT y Comisiones Obreras, titulado “Contra la pobreza
salarial, trabajo y derechos”, para constatar la frustración que ha producido la incapacidad de las fuerzas de izquierda y
progresistas para articular un gobierno de cambio que devolviera a los
asalariados los derechos económicos y sociales expoliados por las reformas y
recortes aplicados desde aquel fatídico mayo de 2.010.
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| Manifestación del 1 de mayo en Valladolid |
“El
peor de los escenarios era ir a nuevas elecciones”, ha dicho el secretario
autonómico de Comisiones Obreras, Ángel
Hernández, quién, al igual que su nueva pareja de hecho en UGT, Faustino Temprano, piensa que se ha
dejado la puerta abierta a otros cuatro años de gobierno de la derecha “que
serían más de lo mismo”.
Se ha
tocado con la mano la posibilidad de derogar unas políticas que han
devaluado los salarios hasta el extremo de crear la figura del “trabajador
pobre”, que han disparado la precariedad, que han reducido la desprotección
social, que han puesto en quiebra la sostenibilidad del sistema público de
pensiones y que amenazan con seguir deteriorando las prestaciones y servicios
del Estado de Bienestar Social. Y en definitiva que han convertido a España en el país
europeo con mayor desigualdad social y con mayor número de familias en
situación o en riesgo de exclusión.
Pero
las dos principales fuerzas políticas (léase PSOE y Podemos) llamadas a impulsar el cambio
político demandado por los sindicatos y, lo que es más significaativo, por la
inmensa mayoría de sus propios votantes, no han querido ver más allá de sus orejeras partidistas, frustrando una oportunidad histórica que no es seguro que vaya
a repetirse después del 26 de junio.
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| Oficina del Ecyl en Ponferrada |
Entretanto, la Encuesta de Población Activa
del primer trimestre del año ha dejado al descubierto que el espejismo de la
recuperación económica ni siquiera garantiza la creación de ese empleo precario
y de ínfima calidad que venía produciéndose. En un contexto económico de
crecimiento sostenido en torno al 3 por ciento del PIB, dicha EPA ha resultado
demoledora, en especial para Castilla y León, que ha acaparado por sí sola
8.000 de los 11.900 nuevos parados registrados en España.
Con
estos 8.000 nuevos desempleados -para mayor inri generados en un trimestre que incluyó
la Semana Santa- el número de parados en la comunidad se dispara hasta los 209.400,
situando la tasa de paro en el 18.33 por ciento. El dato es mucho peor si se atiende
a la evolución del número de ocupados, que ha disminuido en 11.100, cayendo a 932.800. Y definitivamente pésimo si se considera que en el mismo trimestre la
población activa de la comunidad se ha reducido en 3.200, bajando a 1.142.000,
con una tasa del 54,82 por ciento, casi cinco puntos por debajo de la estatal.
Es decir, que el paro aumenta en el mismo periodo que se pierde población
activa.
De
los 209.400 parados en Castilla y León, 117.850
no reciben ningún tipo de prestación y se cifran en 97.000 el número de
familias con todos sus miembros en desempleo. Y otro dato más: aunque la tasa regional
de desempleo es del 18,33 por ciento, tres provincias de la comunidad superan
la media del 21 por ciento nacional: Zamora (21,09), León (21,45) y Ávila
(26,67).
La
población, en caída libre.- Casualmente, el mismo día en que se conocía
esta demoledora EPA, el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer el
avance del Padrón continuo de población, de resultas del cual Castilla y León
ha perdido en 2.015 otros 26.221 habitantes (el 1,1 por ciento de su
población). El dato confirma y agrava el desplome demográfico iniciado a partir
de 2.009, año a partir del cual está
comunidad autónoma ha perdido 117.730 habitantes, casi el 5 por ciento de su población.
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| Rosa Valdeón y José A. de Santiago |
A fecha 1 de enero de 2016 el padrón de 2.563.521 contabilizados ese año 2.009 ha pasado a ser 2.445.791, que es el censo más reducido en lo
que va de siglo, habiendo que remontarse casi cincuenta años atrás otro mas reducido que el actual.
Al igual que se ha visto con el empleo, el
dato demuestra que ese crecimiento del PIB con el que se avala la cacareada
recuperación económica no contiene la sangría poblacional. El incremento del
2,9 por ciento del PIB en la comunidad no ha evitado un nuevo retroceso
demográfico en las nueve provincias. Algunas de ellas están poco menos que en
caída libre, como León, que desde 2009 se ha quedado sin 27.000 habitantes,
circunstancia que le ha hecho perder uno de los cinco escaños de diputados con
los que ha estado representada en el Congreso de los Diputados desde 1977.
Cerca de 19.000 habitantes ha perdido en estos siete años Salamanca y más de 15.000
Zamora, porcentualmente la provincia más castigada por la despoblación (y al
mismo tiempo, como la de León, por el paro).
Todo esto solo dos días después de que la Junta
constituyera el llamado Consejo de Políticas Demográficas, el enésimo órgano
consultivo creado para enmascarar el rotundo fracaso de la Agenda de Población
puesta en marcha en 2010 por la consejería de la Presidencia, cuyo titular,
José Antonio de Santiago-Juárez, aprovechó la nueva estructura de gobierno
creada en la Junta para endosar la patata caliente de la despoblación a la
vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón. Si aplicando los mismos
métodos no pueden esperarse distintos resultados, menos aún cabe esperarse soluciones de meros ejercicios de simulación. Siete
años llevamos comprobándolo.