lunes, 30 de mayo de 2016

Aliados y a la vez peleados por el voto

  La precampaña electoral del 26-J ha coincidido con el primer aniversario de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, que, tras el conjunto de pactos suscritos entonces entre PSOE, IU, Podemos y sus confluencias dieron en vuelco al poder territorial en España. Además de los llamados ayuntamientos del cambio, encabezados por Manuela Carmena y Ada Colau, cinco comunidades autónomas  (Valencia, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura) pasaron de manos del PP a estar gobernadas coaliciones lideradas por los socialistas.


Pedro Sánchez y Óscar Puente
 Tras el desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que ha obligado a repetir las elecciones generales y la coalición formada por Podemos e IU, la armonía de aquellos pactos municipales y autonómicos contrasta con la situación de abierta hostilidad con el que los dos bloques se disputan el 26-J la hegemonía de la izquierda.

 De entrada, esa hostilidad ha frustrado la iniciativa planteada por las tres fuerzas que sostienen el gobierno de la Comunidad Valenciana (PSOE, Compromis y Podemos) de concurrir juntos al Senado en una misma candidatura. Ello hubiera dado un vuelco a la distribución de los senadores en dicha comunidad, donde el PP acaparó el pasado 20-N nueve de los doce escaños a elegir, quedando dos para el PSOE y uno para Compromis.

Una fórmula que, de haberse extendido a otras comunidades autónomas, habría acabado de un plumazo con la cómoda mayoría absoluta de que volverá a gozar el PP en el Senado, donde el 20-N por el mero hecho de ser la minoría mas votada en la mayor parte de las circunscripciones acaparó 124 de los 208 senadores electos.

Los pactos municipales y autonómicos del pasado año -también los de Ciudadanos- obligan ahora todos los partidos a adaptar sus estrategias de campaña a casuísticas muy diversas, en las que con el discurso nacional de uno u otro partido colisiona con la realidad de aquellas alianzas. 

Fco. Guarido, alcalde de Zamora
Una de esas situaciones a contrapié es la que se ha encontrado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de IU, tras la coalición de su partido con Podemos. ¿Va a respaldar activamente Guarido a “Unidos Podemos” en su pugna con el PSOE zamorano, partido éste con el que comparte el gobierno municipal? No parece fácil, y menos después de haberse manifestado públicamente contra la coalición con el partido de Pablo Iglesias. El resultado previsible es que el principal activo electoral de IU en Castilla y León se abstenga de jugar un papel relevante en la campaña.

  El caso contrario es el del alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, quien gobernando en coalición con IU-Equo y con el apoyo de una franquicia municipal de Podemos, va a participar activamente en una campaña electoral en la que el PSOE descalifica día sí día también a “Unidos Podemos” en general y a Pablo Iglesias en particular.

Puente ha aceptado la invitación a hacer campaña en otras provincias de la comunidad a modo de “referente del cambio político municipal”, apresurándose a desligar la política local de la nacional. De hecho considera que sus socios en el gobierno municipal tienen poco parecido con la operación tejida a través de “Unidos Podemos”. “Entre el teniente de alcalde, Manuel Saravia y Alberto Garzón hay pocas similitudes, y menos aún entre Charo Chávez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.   Pese a esta particular visión, es de suponer que Puente procurará no arremeter -ya habrá otros que se ocupen de ello en cada mitin- contra Garzón o Iglesias, se quiera o no hoy por hoy máximos referentes políticos de Saravia y Chávez.

 Problema similar tiene el PP en Castilla y León para presentar a Ciudadanos como el compañero de viaje preferido del PSOE cuando Juan Vicente Herrera logró el año pasado su quinta investidura consecutiva como presidente de la Junta gracias a la abstención del partido de Albert Rivera. Y no solo eso, también cuando ese mismo apoyo de C´s ha permitido a los populares seguir gobernando en minoría ayuntamientos como los de León, Burgos, Salamanca, Zamora y Ávila, y la Diputación de Valladolid. 

J.V. Herrera y A. Fdez. Mañueco
¿Se imagina alguien al secretario autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, despotricando contra el mismo partido gracias al que gobierna en la ciudad de Salamanca? ¿O a Antonio Silván haciendo lo mismo en León? ¿O a Jesús Julio Carnero en Valladolid, donde es el secretario provincial del PP?

Por la cuenta que le trae, a Herrera y compañía no les queda otro remedio aquí que evitar la crispación con Ciudadanos, formación que, aunque de entrada está empleándose a fondo contra Podemos, tendrá que ser especialmente beligerante con el PP si quiere conservar el caudal de votos que recibió en diciembre procedente del partido de Mariano Rajoy.

 Por lo demás, el PP afronta la presente campaña en Castilla y León bajo la creciente sombra de la corrupción que proyectan las investigaciones judiciales sobre la trama eólica y el doble pelotazo inmobiliario perpetrado en torno a la Perla Negra y los terrenos de Portillo.

 Valiéndose de su mayoría parlamentaria de facto, el grupo popular ha mantenido bloqueada desde febrero la comisión de investigación sobre tan turbios asuntos, posponiendo ahora su trabajo hasta después del verano para que no interfiera en la campaña electoral. Por el contrario, no ha dudado en instrumentar electoralmente la comparecencia de Juan Vicente Herrera ante la comisión del Hospital de Burgos, programada para el próximo viernes en un formato “ad hoc” sin precedentes parlamentarios que le permitirá al presidente de la Junta justificar lo injustificable -un sobrecoste de 657 millones de euros- sin posibilidad de ser repreguntado por la oposición.

Una nueva impostura del PP con la que Herrera pretende en vísperas electorales lavarse la cara de su laxitud y pasividad en materia de lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que, a medida que avanzan las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid en torno a los escándalos que rodean a la anterior consejería de Economía, su responsabilidad política “in eligendo” e “in vigilando” es cada día mas clamorosa.