Hace algo más de un año, en un osado
ejercicio de cinismo y desmemoria, Juan Vicente Herrera se jactaba en el
hemiciclo de las Cortes de que Castilla y León no figuraba en el mapa de la
corrupción española.“Herrera y sus
golpes de pecho contra la corrupción”
fue el título que utilizamos aquí para refrescarle la memoria al olvidadizo
presidente, recordándole todo un rosario de casos, algunos con sentencia
condenatoria del Tribunal Supremo, que jalonaban la historia de esta comunidad
autónoma.
Cierto que
algunos de ellos, como el de la minería y de la construcción, aunque los
conoció muy de cerca, fueron anteriores a su mandato. Pero otros, actualmente
en curso judicial, se han producido bajo su dilatada etapa al frente de la Junta, tales como las conexiones descritas en
el auto de apertura de juicio oral del caso Gürtel o en la instrucción del caso
Púnica, que dieron en la cárcel con el entonces presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Por ninguno de
estos casos se sentía concernido el doble presidente de la Junta y del PP de Castilla y
León.
Tomás Villanueva y Juan Vicente Herrera |
Por si fuera poco, por esas mismas fechas “El País” desvelaba el informe de la Agencia Tributaria que había detectado una trama de corrupción en torno a la concesión de las
licencias de los parques eólicos de Castilla y León. Un informe, que valora en
110 millones de euros las mordidas en metálico o en especie (participación en
el accionariado) y que da lugar a la apertura de una investigación, a fecha de
hoy todavía sin concluir, por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
En el epicentro de la trama aparecían dos antiguos altos cargos de Economía, el
ex viceconsejero, Rafael Delgado, y
el ex director de Excal, Alberto Esgueva,
imputados ambos asimismo en el doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo.
La Perla Negra, todo una truculenta "solución empresarial" |
Eso, y posteriormente dar instrucciones al
grupo parlamentario popular para que, valiéndose de un reglamento de las Cortes que le
confiere una mayoría de facto, desactivara la comisión parlamentaria
constituida para investigar dichas tramas, ante la que bajo ninguna
circunstancia está dispuesto a comparecer, ni siquiera bajo un formato tan descaradamente ventajista como el que le han cortado a medida en la comisión sobre el Hospital de Burgos. (Ver "El topillo")
Trillo se sale del redíl y pone a
Herrera en un brete.- Así las cosas, en la estrategia claramente exculpatoria/encubridora de la Junta se han cruzado las declaraciones ante el Juzgado de una primera tanda de testigos e imputados en la causa
Perla-Negra Portillo. Y en particular la declaración el actual delegado
territorial de la Junta
en Valladolid, Pablo Trillo, citado como antiguo consejero de Gesturcal, quien
renunció a la asistencia jurídica del bufete Garrigues -que entre 2011 y 2014 facturó 520.000 euros a la desaparecida ADE Parques- y acudió
asistido de una letrada particular.
Pablo Trillo a su salida del Juzgado |
Esta confesión es la que desbarata la estrategia de Herrera, que pasa de haberse estado haciéndose el orejas sobre todo este entramado, a convocar al día siguiente una precipitada rueda de prensa en la que se ve obligado a reconocer su intervención, que consistió en avalar la operación de compra fijada en 52,15 millones de euros, precio sobre el que rechaza cualquier sobrecoste. Según él fue una operación acertada a un precio ajustado a mercado, afirmación que basa en determinada tasación posterior que difiere de otras que constan en las diligencias judiciales.
En ese
supuesto ejercicio de transparencia convocado a la rastra de la declaración de
Trillo, el presidente de la Junta
omitió el informe de la Agencia Tributaria
que desveló que, con posterioridad a la firma de la escritura de compra-venta, la Junta abonó a la empresa
Urban Proyecta un conjunto de facturas suplementarias por importe de 8,4 millones de euros, en su mayor parte
correspondientes a gastos financieros inherentes a la propia construcción del
edificio. Con lo cual, lo realmente pagado no fueron los 52,15 millones
defendidos por Herrera, sino 60,55 (más de 70 con IVA), lo que ya de por sí
supone un sobrecoste de 9,75 millones de euros.
Además de
lo anterior, el presidente pasó por alto hechos tan escandalosos como la
declaración judicial en la que el estudio de arquitectura al que Urban Proyecta encargó el proyecto de edificación de la Perla
Negra reconoció que recibió el encargo meses antes de que se convocara el correspondiente concurso público en el
Bocyl. Y tampoco aludió para nada a la turbia historia de los terrenos de Portillo,
operación en la que está acreditado otro sobrecoste de no inferior a los 20 millones
de euros a costa de la arruinada ADE Parques.
Pilar del Olmo, consejera de Economía |
Pero la
atribulada rueda de prensa presidencial dio para más, ya que Herrera no tuvo otro remedio
que intentar aclarar otra información publicada tres días antes por eldiario.es referente a la carta dirigida en 2006 al presidente de la Junta por un promotor de parques eólicos, misiva en la que se denunciaban los tejemanejes que
se traía la consejería en relación con las concesiones eólicas, relatando un “modus operandi” idéntico al detectado años más tarde por la Agencia Tributaria
y que sigue investigando hoy la Fiscalía Anticorrupción.
Parque eólico |
Así pues, desde la
pasada semana consta, por confesión propia, que Herrera conocía lo que se cocía
en torno a esta sucesión de escándalos concentrados en la consejería de
Economía, por cuyos antiguos responsables -excepción hecha ya de Rafael
Delgado- sigue a fecha de hoy poniendo la mano en el fuego.
Ya no se
trata por tanto de ninguna responsabilidad política “in vigilando”, sino de que
el presidente de la Junta ,
desde conocimiento pleno de lo ocurrido, sigue negando la sarta de delitos
(tráfico de influencias, prevaricación, malversación, cohecho, etc.)
investigados por el Juzgado y la
Fiscalía y se sitúa en el filo de la navaja de unir su suerte
al devenir judicial de dichos casos y de los eventuales corruptos en ellos implicados. El sabrá por qué.