A propósito
de la encarnizada batalla librada en el seno de la familia socialista,
advertíamos aquí hace algunas semanas que en el PP de Castilla y León las aguas
no bajaban precisamente tranquilas. Apuntábamos que la diferencia era que
mientras en el PSOE los cuchillos volaban a la vista de todos, en el PP las
luchas intestinas se producían de forma soterrada, sin que apenas trascendieran
a la opinión pública.
Y
comentábamos que con el “caso Valdeón” había aflorado tan solo la punta del
iceberg de esa guerra soterrada, que tiene como telón de fondo el eventual relevo
del titular del Colegio de la
Asunción antes de que concluya la presente legislatura. Una
hipotética sucesión que cobra nuevos visos ante la proximidad del próximo
congreso autonómico del PP, en que Juan Vicente Herrera está abocado a ceder la
presidencia del partido en la comunidad, con lo que, de mantenerse en la de la Junta , estaríamos ante una
bicefalia muy delicada habida cuenta de la enconada relación entre los dos
bloques enfrentados entre los populares de la comunidad. Lo relatado la pasada
semana “El topillo” acerca de la visita del consejero de Empleo y presidente
provincial del PP, Carlos Fernández
Carriedo, a la capital zamorana resulta harto significativo del estado del
patio entre la dirigencia popular.
 |
| Silvia Clemente y Juan Vicente Herrera |
En los últimos días hemos asistido a la
tormenta desatada en torno a la
Ley que regula el Estatuto de los Altos Cargos de la Junta , cuyo debate y
aprobación, prevista inicialmente en el pleno de las Cortes celebrado la pasada
semana, finalmente ha quedado pospuesta hasta otra próxima sesión plenaria. Dicho
aplazamiento, motivado por un informe de los servicios jurídicos de la Cámara constatando todo un
cúmulo de dislates jurídicos en el texto legislativo, se ha presentado, de
forma muy simplista, como un nuevo capítulo en el supuesto pulso mantenido
entre el ahora vicepresidente de la
Junta , José Antonio de
Santiago-Juárez, y la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.
Y es cierto que ambos habían protagonizado con
anterioridad más de un encontronazo en lo que va de Legislatura, siendo
públicas y notorias las llamadas al orden que, en aplicación del Reglamento, ha
realizado Clemente a De Santiago-Juárez
ante las pendencieras salidas de tono de éste último en determinadas sesiones
plenarias. Pero, más allá de de lo que no deja de ser el momentáneo
aplazamiento de una chapucera Ley que no tardará en aprobarse -se supone que
pulida en sus más graves vicios jurídicos- ha pasado casi inadvertida una
artera maniobra política urdida por el vicepresidente. Y no contra Silvia
Clemente, que no está en esa carrera, sino contra los eventuales aspirantes a
suceder a Juan Vicente Herrera en la presidencia de la Junta.
Aunque el Proyecto de Ley en cuestión tendría que tener como único objeto el de regular el status de los Altos Cargos de la Junta y del sector público
de la comunidad -la conocida Administración B-, la consejería de la Presidencia había
aprovechado el viaje para incluir otro de los puntos previsto en el “acuerdo de
investidura y por la gobernabilidad” firmado en su día entre PP y Ciudadanos:
la incompatibilidad para ser al mismo tiempo procurador de las Cortes y alcalde
de un municipio de más de 20.000 habitantes.
Pese a que
en dicho acuerdo esa incompatibilidad, lo mismo que la limitación de mandatos
de los presidentes de la Junta
y de las demás instituciones autonómicas, se enmarcaban dentro de una reforma
del Estatuto de Autonomía, el afán de Ciudadanos por erigirse en "campeones de
la regeneración democrática” ha provocado que dichas incompatibilidades y limitaciones se metieran
con forceps en el Estatuto de los Altos Cargos de la Junta a través de meras
disposiciones finales.
 |
| José A.de Santiago-Juarez y Juan José Sanz Vitorio |
Y precisamente esto es lo que ha dado lugar a buena
parte de los disparates jurídicos contenidos en el proyecto de Ley, entre otros
la propia limitación de mandatos del presidente de la Junta , que, tal como observa
tanto el referido informe de los servicios jurídicos de las Cortes como el
dictamen del Consejo Consultivo, es obvio que debería regularse mediante la reforma del Estatuto.
El rosario de despropósitos jurídicos de semejante engendro legislativo es mucho más amplio y se pone por montera no solo el Estatuto sino
también la Constitución ,
pero sería muy prolijo entrar en detalles. Por citar solo un asunto, se
contempla una sedicente Comisión de Ética Pública, en la práctica plenamente
controlada por el actual vicepresidente, a la que se atribuye la capacidad de
sancionar “con el cese o despido del cargo”incluso al mismo presidente de la Junta. Con eso está dicho casi todo.
Pero vayamos a lo de la incompatibilidad entre
el escaño de procurador y las alcaldías de los ayuntamientos de más de 20.000
habitantes, norma que se había extendido a los concejales de esos mismos
consistorios, así como a los presidentes de las Diputaciones provinciales y a los
eurodiputados. Eso sí, una disposición transitoria aplazaba la vigencia de
dicha incompatibilidad hasta la siguiente legislatura, con lo cual creían estar
tranquilos los cuatro procuradores afectados: los alcaldes de León y Salamanca,
Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco, el concejal
del PP en Aranda de Duero Máximo López
y el concejal soriano del PSOE Ángel Martínez, los dos primeros los mejor colocados para suceder al presidente de la Junta.
Y he dicho
creían porque ha trascendido que el grupo parlamentario popular, a través de su
nuevo portavoz, Juan José Sanz Vitorio,
había pactado de tapadillo una enmienda transaccional con Ciudadanos que
hubiera dejado en papel mojado el aplazamiento de la citada incompatibilidad.
 |
| Antonio Silván y Alfonso Fdez. Mañueco |
Dicha enmienda, que se pensaba presentar en el transcurso del propio debate
plenario de la Ley ,
declaraba expresamente inelegibles como procuradores a los alcaldes y concejales
de dichos municipios; y lo hacía sin modificar los términos de la disposición
transitoria, que se refería únicamente a la incompatibilidad y para nada a la
inelegibilidad. Una argucia legislativa que hubiera obligado automáticamente a
Fernández Mañueco, Silván y a los dos concejales afectados a tener que optar
entre el escaño y sus respectivos cargos municipales tan pronto como la Ley entrara en vigor.
La operación, pactada entre Sanz Vitorio, el
fiel vasallo de De Santiago Juárez, con el viceportavoz de Ciudadanos,el salmantino David Castaño, perseguía sin duda dejar fuera de las Cortes -y por ende, de la posible sucesión de Herrera antes
de las elecciones de 2019- a Mañueco, quien, no se olvide, es el secretario autonómico
del PP. Y por el mismo precio se llevaba asimismo por delante a Silván, el otro eventual candidato a ocupar el
Colegio de la Asunción. Ambos
Toda una taimada
maniobra urdida en exclusivo beneficio propio de la mano que mece la cuna-diván
presidencial, se ignora -esa es otra- si con conocimiento o a espaldas del
propio Juan Vicente Herrera. De ahí la reacción desaforada de Sanz Vitorio
contra los letrados de las Cortes y la pataleta de “L´Osservatore herrreriano”,
plasmada en un titular del siguiente jaez: “La Mesa de las Cortes intenta frenar la regeneración
política”.
Lo que el inmarcesible De Santiago-Juárez y
sus adláteres no perdonan a Silvia Clemente es que, al propiciar (que no
imponer, ya que la Junta
podía haber forzado su inclusión en el orden del día del pasado pleno) el
simple aplazamiento momentáneo de una Ley legislativamente infumable, ha dado
al traste con una maniobra que pretendía cambiar el curso de la historia. Nada
más y nada menos. ¿Qué será lo siguiente que intente perpetrar el incontrolado
vicepresidente de la Junta ?