Datos personales

Mi foto

Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 14 de noviembre de 2016

Una artera maniobra para condicionar la sucesión de Herrera

A propósito de la encarnizada batalla librada en el seno de la familia socialista, advertíamos aquí hace algunas semanas que en el PP de Castilla y León las aguas no bajaban precisamente tranquilas. Apuntábamos que la diferencia era que mientras en el PSOE los cuchillos volaban a la vista de todos, en el PP las luchas intestinas se producían de forma soterrada, sin que apenas trascendieran a la opinión pública.


Y comentábamos que con el “caso Valdeón” había aflorado tan solo la punta del iceberg de esa guerra soterrada, que tiene como telón de fondo el eventual relevo del titular del Colegio de la Asunción antes de que concluya la presente legislatura. Una hipotética sucesión que cobra nuevos visos ante la proximidad del próximo congreso autonómico del PP, en que Juan Vicente Herrera está abocado a ceder la presidencia del partido en la comunidad, con lo que, de mantenerse en la de la Junta, estaríamos ante una bicefalia muy delicada habida cuenta de la enconada relación entre los dos bloques enfrentados entre los populares de la comunidad. Lo relatado la pasada semana “El topillo” acerca de la visita del consejero de Empleo y presidente provincial del PP, Carlos Fernández Carriedo, a la capital zamorana resulta harto significativo del estado del patio entre la dirigencia popular.

Silvia Clemente y Juan Vicente Herrera
 En los últimos días hemos asistido a la tormenta desatada en torno a la Ley que regula el Estatuto de los Altos Cargos de la Junta, cuyo debate y aprobación, prevista inicialmente en el pleno de las Cortes celebrado la pasada semana, finalmente ha quedado pospuesta hasta otra próxima sesión plenaria. Dicho aplazamiento, motivado por un informe de los servicios jurídicos de la Cámara constatando todo un cúmulo de dislates jurídicos en el texto legislativo, se ha presentado, de forma muy simplista, como un nuevo capítulo en el supuesto pulso mantenido entre el ahora vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, y la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

 Y es cierto que ambos habían protagonizado con anterioridad más de un encontronazo en lo que va de Legislatura, siendo públicas y notorias las llamadas al orden que, en aplicación del Reglamento, ha realizado Clemente a De Santiago-Juárez ante las pendencieras salidas de tono de éste último en determinadas sesiones plenarias. Pero, más allá de de lo que no deja de ser el momentáneo aplazamiento de una chapucera Ley que no tardará en aprobarse -se supone que pulida en sus más graves vicios jurídicos- ha pasado casi inadvertida una artera maniobra política urdida por el vicepresidente. Y no contra Silvia Clemente, que no está en esa carrera, sino contra los eventuales aspirantes a suceder a Juan Vicente Herrera en la presidencia de la Junta.

Aunque el Proyecto de Ley en cuestión tendría que tener como único objeto el de regular el status de los Altos Cargos de la Junta y del sector público de la comunidad -la conocida Administración B-, la consejería de la Presidencia había aprovechado el viaje para incluir otro de los puntos previsto en el “acuerdo de investidura y por la gobernabilidad” firmado en su día entre PP y Ciudadanos: la incompatibilidad para ser al mismo tiempo procurador de las Cortes y alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes.

Pese a que en dicho acuerdo esa incompatibilidad, lo mismo que la limitación de mandatos de los presidentes de la Junta y de las demás instituciones autonómicas, se enmarcaban dentro de una reforma del Estatuto de Autonomía, el afán de Ciudadanos por erigirse en "campeones de la regeneración democrática” ha provocado que dichas  incompatibilidades y limitaciones se metieran con forceps en el Estatuto de los Altos Cargos de la Junta a través de meras disposiciones finales. 
José A.de Santiago-Juarez y Juan José Sanz Vitorio
Y precisamente esto es lo que ha dado lugar a buena parte de los disparates jurídicos contenidos en el proyecto de Ley, entre otros la propia limitación de mandatos del presidente de la Junta, que, tal como observa tanto el referido informe de los servicios jurídicos de las Cortes como el dictamen del Consejo Consultivo, es obvio que debería regularse mediante la reforma del Estatuto.

 El rosario de despropósitos jurídicos de semejante engendro legislativo es mucho más amplio y se pone por montera no solo el Estatuto sino también la Constitución, pero sería muy prolijo entrar en detalles. Por citar solo un asunto, se contempla una sedicente Comisión de Ética Pública, en la práctica plenamente controlada por el actual vicepresidente, a la que se atribuye la capacidad de sancionar “con el cese o despido del cargo”incluso al mismo presidente de la Junta. Con eso está dicho casi todo.

 Pero vayamos a lo de la incompatibilidad entre el escaño de procurador y las alcaldías de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, norma que se había extendido a los concejales de esos mismos consistorios, así como a los presidentes de las Diputaciones provinciales y a los eurodiputados. Eso sí, una disposición transitoria aplazaba la vigencia de dicha incompatibilidad hasta la siguiente legislatura, con lo cual creían estar tranquilos los cuatro procuradores afectados: los alcaldes de León y Salamanca, Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco, el concejal del PP en Aranda de Duero Máximo López y el concejal soriano del PSOE  Ángel Martínez, los dos primeros los mejor colocados para suceder al presidente de la Junta.

Y he dicho creían porque ha trascendido que el grupo parlamentario popular, a través de su nuevo portavoz, Juan José Sanz Vitorio, había pactado de tapadillo una enmienda transaccional con Ciudadanos que hubiera dejado en papel mojado el aplazamiento de la citada incompatibilidad. 
Antonio Silván y Alfonso Fdez. Mañueco
Dicha enmienda, que se pensaba presentar en el transcurso del propio debate plenario de la Ley, declaraba expresamente inelegibles como procuradores a los alcaldes y concejales de dichos municipios; y lo hacía sin modificar los términos de la disposición transitoria, que se refería únicamente a la incompatibilidad y para nada a la inelegibilidad. Una argucia legislativa que hubiera obligado automáticamente a Fernández Mañueco, Silván y a los dos concejales afectados a tener que optar entre el escaño y sus respectivos cargos municipales tan pronto como la Ley entrara en vigor.

 La operación, pactada entre Sanz Vitorio, el fiel vasallo de De Santiago Juárez, con el viceportavoz de Ciudadanos,el salmantino David Castaño, perseguía sin duda dejar fuera de las Cortes -y por ende, de la posible sucesión de Herrera antes de las elecciones de 2019- a Mañueco, quien, no se olvide, es el secretario autonómico del PP. Y por el mismo precio se llevaba asimismo por delante a Silván, el otro eventual candidato a ocupar el Colegio de la Asunción. Ambos hubieran tenido muy difícil renunciar, en aras de mantener el escaño parlamentario, a unas alcaldías que ejercen sin mayoría absoluta.

Toda una taimada maniobra urdida en exclusivo beneficio propio de la mano que mece la cuna-diván presidencial, se ignora -esa es otra- si con conocimiento o a espaldas del propio Juan Vicente Herrera. De ahí la reacción desaforada de Sanz Vitorio contra los letrados de las Cortes y la pataleta de “L´Osservatore herrreriano”, plasmada en un titular del siguiente jaez: La Mesa de las Cortes intenta frenar la regeneración política”.

 Lo que el inmarcesible De Santiago-Juárez y sus adláteres no perdonan a Silvia Clemente es que, al propiciar (que no imponer, ya que la Junta podía haber forzado su inclusión en el orden del día del pasado pleno) el simple aplazamiento momentáneo de una Ley legislativamente infumable, ha dado al traste con una maniobra que pretendía cambiar el curso de la historia. Nada más y nada menos. ¿Qué será lo siguiente que intente perpetrar el incontrolado vicepresidente de la Junta?