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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 12 de diciembre de 2016

La admiración del mundo mundial

  Atrás quedó el puente de una Constitución que seguiría inmaculada desde 1978 si no fuera porque en los estertores del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el PSOE y el PP perpetraron aquella reforma exprés que modificó el artículo 135 para anteponer los intereses del mercado financiero a las necesidades de los ciudadanos. Salvo para eso, el bipartidismo forjado en la transición fue incapaz de abordar la necesaria  puesta al día de una Carta Magna que, por mera cuestión de edad, no tuvo ocasión de votar el 64 por ciento de los españoles que hoy tienen derecho a voto. Y ahora, venido a menos ese bipartidismo, el problema es que la fragmentación del mapa político impide el consenso necesario para afrontar   una reforma cada vez más imprescindible. De modo que la asignatura puede seguir estando pendiente durante lustros.



Juan Vicente Herrera, en el centro, durante su visita a ACOR
Hablando de asignaturas pendientes, desde su ignoto paradero que le impidió asistir a la conmemoración oficial del aniversario de la Constitución, Juan Vicente Herrera ha corrido serio riesgo de reventar las costuras de sus cuidadas camisas al conocer los resultados del informe PISA, que ha colocado al sistema educativo de la comunidad entre los mejores, no ya de España, sino del mundo mundial. En ausencia del presidente, se ha ocupado el actual consejero de Educación, Fernando Rey, de subrayar eso, que “somos una potencia mundial en educación”.

  El hecho resulta ciertamente prodigioso teniendo en cuenta los drásticos recortes aplicados por la Junta al presupuesto en Educación, que en el año 2.010 disponía de 2.224 millones de euros y en 2.013 había caído hasta los 1.802; sin ir más lejos, en el presente ejercicio de 2.016, la consejería ha dispuesto de 1.901 millones, 323 menos que hace seis años. A la vista de estos datos, habría que concluir que Castilla y León ha mantenido e incrementado la calidad de su sistema educativo no gracias a la Junta, sino precisamente a pesar a ella. El gran esfuerzo ha sido y es el de los docentes, que han tenido que suplir con una dedicación extra la falta de recursos humanos y materiales, sobre todo en el medio urbano (el ratio de un profesor por cada 4 alumnos en la escuela rural es precisamente uno de los factores que elevan el nivel de calidad educativa en el informe).

 Pero si existe un mérito político por los resultados de PISA en Castilla y León, habrá que atribuírselo, no al actual consejero, que apenas lleva algo más de un curso académico en el puesto, sino a sus antecesores en el cargo. Sucede que dichos resultados son óptimos desde el primer informe (año 2.003), en el que la comunidad ya se situó por encima de la media de la OCDE y de España. Resultados que no han dejado de progresar desde entonces, mejorando en 23 puntos en comprensión lectora y  en 17 en ciencias.  Y hace al caso recordar que en 2.003 accedió a la consejería Javier Álvarez Guisasola, sustituido en 2.007 por Juan José Mateos, quien permaneció en el cargo hasta las elecciones autonómicas de 2.015.

Juan José Mateos y Javier Álvarez Guisasola
Ambos compartieron buena parte de un mismo equipo, en el que sobresalió Fernando Sánchez-Pascuala, director general de Coordinación, Inspección y Programas Educativos con el primero y viceconsejero de Educación Escolar con el segundo. Para muchos, Sánchez-Pascuala fue el verdadero estratega de la consejería durante el periodo 2.003-2.015 y en gran medida responsable por tanto de los resultados del informe PISA en Castilla y León. 
¿Y qué sucedió con Sánchez-Pascuala? Pues ocurrió que, sometido a una especie de prueba a la llegada del actual consejero, seis meses fue cesado de mala manera y con peor estilo, siendo sometido además a una suerte de linchamiento mediático por “L´Osservatore herreriano”, el mismo que ahora echa en cara a la oposición que no salga loando las excelencias de la gestión educativa de la Junta

 Mientras tanto, el gobierno Herrera sigue vendiéndonos la averiada moto de que defiende los intereses de Castilla y León por encima de los del gobierno de Mariano Rajoy..Y después de amagar y no dar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que redistribuía el déficit para 2017, sale la Junta poniendo el grito en el cielo con el nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas, poco menos como si el mismo -y no el precio internacional del azúcar- pusiera en riesgo la supervivencia del sector remolachero. Toda una sobreactuación que comenzó el propio Herrera durante una visita a la cooperativa ACOR en la que se pasó doblemente de frenada.

Alberto Núñez Feijóo
Primero, al calificar de “disparate” un impuesto recomendado por la Organización Mundial de la Salud en su estrategia contra la obesidad. Y segundo, al referirse exclusivamente a ACOR como “garante de la producción de azúcar y del cultivo de la remolacha en Castilla y León”, ninguneando a Azucarera Española, empresa privada con 900 puestos de trabajo directos en la comunidad y que mantiene un acuerdo marco interprofesional con las organizaciones agrarias con capacidad para soportar una producción de entre 600.000 y 800.000 toneladas de azúcar. “Juan Vicente Herrera debería informarse bien cuando hace declaraciones que sólo sirven para enturbiar la situación”, le contestaba el presidente del comité de empresa de Azucarera, Javier Fernández.

 A todo esto, mientras otras comunidades van haciendo los deberes presupuestarios, la consejería de Hacienda sigue a estas alturas sin presentar el techo de gasto de la Junta para 2.017. Pese a salir de un proceso electoral, la Xunta de Galicia, que preside el admirado Núñez Feijóo, ya ha remitido al Parlamento su anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año próximo, que por cierto contempla un incremento del 2.9 por ciento. Un porcentaje sin duda muy estimable, aunque no tanto como el que revalorizará las nóminas del propio Feijóo y sus consejeros, que se han subido sus sueldos en más de un 7 por ciento. Veremos si en esto el presidente gallego también es un referente para su entrañable compañero de aquestos lares.