Salvo los casos judiciales de corrupción que
están constituyendo su purgatorio político, al gobierno de Juan Vicente Herrera no se le pone
nada por delante. Aunque aritméticamente no dispone de mayoría absoluta, el
entreguismo de Ciudadanos le permite seguir haciendo y deshaciendo a su
completo antojo exactamente igual que antes. Ello con absoluto desprecio a la
verdadera oposición, por otra parte incapaz de plantar cara a tan humillante
abuso de poder.
Acabamos
de asistir con pasmosa naturalidad a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2017, que
van a entrar en vigor a principios de julio, es decir, con seis meses de
retraso sobre su calendario natural. Semejante anomalía no ha ocurrido en
ninguna otra comunidad autónoma.
Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera |
Esa
mayor dotación presupuestaria -en el supuesto caso que se ejecute, algo más en
duda que nunca- no revierte más que en una mínima parte el recorte en el gasto
social acumulado durante los años de plomo de la crisis. Ni siquiera ha dado
para reducir las tasas de las universidades públicas de Castilla y León, que
seguirán manteniéndose entre las mas caras de España. Por contra, entre los
incentivos fiscales se ha incluido, a propuesta de Ciudadanos, uno de tan
dudoso beneficio social como el de elevar de 250.000 a 300.000 euros
el mínimo exento en la base imponible del Impuesto de Sucesiones, medida que no
beneficia precisamente a las familias mas desfavorecidas.
Procuradores de Ciudadanos en el hemiciclo de las Cortes |
Por
segundo año consecutivo, los Presupuestos de la Comunidad incumplen de
manera flagrante el mandato legal de restablecer el Plan plurianual de
Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios territoriales
internos de la comunidad autónoma. La restitución de dicho Plan, suprimido en
2012, se incluyó en la Ley
de Ordenación del Territorio aprobada en septiembre de 2013 (disposición
adicional tercera), sin otro condicionante que el del que el PIB autonómico
creciera por encima del 2 por ciento, requisito que se ha cumplido sobradamente
en 2015 y 2016.
Aparte
de constituir un instrumento absolutamente prioritario para cohesionar el
territorio, el Plan de Convergencia habría tenido la virtud de paliar el drástico recorte de la inversión pública en los nuevos Presupuestos Generales del
Estado, que ha reducido a 979 millones de euros los 1.451 consignados en 2016.
Descontadas las obligadas obras del AVE hacia las comunidades limítrofes, el
ministerio de Fomento ha despachado a Castilla y León con poco más que migajas,
dejando colgados, entre otros compromisos, el de impulsar las dos autovías
prioritarias que acumulan décadas de retraso, como son la A-11 (Autovía del Duero) y la A-60
(León-Valladolid). Todo lo cual lo cual no ha impedido al ministro Iñigo de la Serna vender
humo al por mayor durante una reciente visita a Valladolid.
Iñigo de la Serna, ministro de Fomento |
Y
todo ello cuando el Instituto Nacional de Estadística sigue certificando el
desplome demográfico de Castilla y León. El último dato difundido ha sido el
saldo vegetativo correspondiente a 2016, año en el que esta comunidad registró
28.334 defunciones por tan solo 16.636 nacimientos, lo que en sí mismo ha
mermado el censo en 11.698 personas, retroceso únicamente superado por Galicia
(12.683). Un dato que, sumado a la tendencia negativa del flujo migratorio, sitúa a Castilla y León ante un horizonte demográfico desolador.
Durante
el purgatorio que le espera en el inminente el Debate sobre el Estado de la Comunidad oiremos a Juan
Vicente Herrera alardear de las estadísticas que avalan el crecimiento
económico y el descenso del paro en Castilla y León. Pero a la vista está que
ese tipo de crecimiento, basado en una insoportable precariedad laboral y
salarial, no está consiguiendo evitar un desplome demográfico que a la postre
constituye el mejor parámetro para medir el balance social de la gestión
pública. Con el agravante de que la
Junta , en lugar de intentar corregir su estrepitoso fracaso,
se ha desentendido por completo del problema más lacerante de la comunidad autónoma..
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