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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 26 de junio de 2017

Del limbo al purgatorio

Salvo los casos judiciales de corrupción que están constituyendo su purgatorio político, al gobierno de Juan Vicente Herrera no se le pone nada por delante. Aunque aritméticamente no dispone de mayoría absoluta, el entreguismo de Ciudadanos le permite seguir haciendo y deshaciendo a su completo antojo exactamente igual que antes. Ello con absoluto desprecio a la verdadera oposición, por otra parte incapaz de plantar cara a tan humillante abuso de poder.


Acabamos de asistir con pasmosa naturalidad a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2017, que van a entrar en vigor a principios de julio, es decir, con seis meses de retraso sobre su calendario natural. Semejante anomalía no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma. 
Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera
Es cierto que la demora del ministerio de Hacienda en presentar las nuevas cuentas del Estado retrasó la tramitación presupuestaria de los gobiernos autonómicos, pero ninguno de ellas la ha dilatado hasta el extremo con que lo ha hecho la Junta de Castilla y León. La excusa argüida por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de que Montoro no concretaba a cuantía de las entregas a cuenta ha sido la coartada para prolongar deliberadamente una prórroga presupuestaria que ha permitido a la Junta ir trampeando sin control parlamentario las maltrechas cuentas de la comunidad.

La Junta y sus socios de Ciudadanos, firmantes en marzo de un acuerdo que garantizaba su aprobación, pregonan ahora los relativos avances que contienen los Presupuestos de 2017 -sobre el papel, elevan en 375 millones de euros el gasto disponible para las consejerías-, pero pasan de largo sobre los nocivos efectos derivados del limbo presupuestario en el que vegetado la Administración Autonómica durante el primer semestre. Un limbo que ha prolongado recortes sociales preexistentes, ha agudizado la caída de la inversión pública o ha obligado a aplazar hasta 2018 convocatorias de empleo público tan perentorias como las 800 plazas de Educación Secundaria.

Esa mayor dotación presupuestaria -en el supuesto caso que se ejecute, algo más en duda que nunca- no revierte más que en una mínima parte el recorte en el gasto social acumulado durante los años de plomo de la crisis. Ni siquiera ha dado para reducir las tasas de las universidades públicas de Castilla y León, que seguirán manteniéndose entre las mas caras de España. Por contra, entre los incentivos fiscales se ha incluido, a propuesta de Ciudadanos, uno de tan dudoso beneficio social como el de elevar de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en la base imponible del Impuesto de Sucesiones, medida que no beneficia precisamente a las familias mas desfavorecidas.

Procuradores de Ciudadanos en el hemiciclo de las Cortes
Por lo demás, el PP ha seguido fiel a su costumbre de aplicar el rodillo a las 2.000 enmiendas parciales presentadas por la oposición (677 del PSOE, 660 de Podemos y 663 de IU), aceptando únicamente 27 de Ciudadanos que tan solo suman 1,9 millones de euros y 29 del procurador de la Unión del Pueblo Leonés por importe global de otros 4,4 millones.

Por segundo año consecutivo, los Presupuestos de la Comunidad incumplen de manera flagrante el mandato legal de restablecer el Plan plurianual de Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios territoriales internos de la comunidad autónoma. La restitución de dicho Plan, suprimido en 2012, se incluyó en la Ley de Ordenación del Territorio aprobada en septiembre de 2013 (disposición adicional tercera), sin otro condicionante que el del que el PIB autonómico creciera por encima del 2 por ciento, requisito que se ha cumplido sobradamente en 2015 y 2016.

Aparte de constituir un instrumento absolutamente prioritario para cohesionar el territorio, el Plan de Convergencia habría tenido la virtud de paliar el drástico recorte de la inversión pública en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que ha reducido a 979 millones de euros los 1.451 consignados en 2016. Descontadas las obligadas obras del AVE hacia las comunidades limítrofes, el ministerio de Fomento ha despachado a Castilla y León con poco más que migajas, dejando colgados, entre otros compromisos, el de impulsar las dos autovías prioritarias que acumulan décadas de retraso, como son la A-11 (Autovía del Duero) y la A-60 (León-Valladolid). Todo lo cual lo cual no ha impedido al ministro Iñigo de la Serna vender humo al por mayor durante una reciente visita a Valladolid.

Iñigo de la Serna, ministro de Fomento
La Junta y el PP de Castilla y León no solo han encajado sin mover un músculo el mazazo de estos Presupuestos Generales del Estado, sino que además han tenido que tragar con las posteriores concesiones del Gobierno de Mariano Rajoy al PNV y a los dos partidos nacionalistas canarios, peajes que de una u otra forma acabarán repercutiendo negativamente en el resto de las comunidades autónomas.
Y todo ello cuando el Instituto Nacional de Estadística sigue certificando el desplome demográfico de Castilla y León. El último dato difundido ha sido el saldo vegetativo correspondiente a 2016, año en el que esta comunidad registró 28.334 defunciones por tan solo 16.636 nacimientos, lo que en sí mismo ha mermado el censo en 11.698 personas, retroceso únicamente superado por Galicia (12.683). Un dato que, sumado a la tendencia negativa del flujo migratorio, sitúa a Castilla y León ante un horizonte demográfico desolador.

Durante el purgatorio que le espera en el inminente el Debate sobre el Estado de la Comunidad oiremos a Juan Vicente Herrera alardear de las estadísticas que avalan el crecimiento económico y el descenso del paro en Castilla y León. Pero a la vista está que ese tipo de crecimiento, basado en una insoportable precariedad laboral y salarial, no está consiguiendo evitar un desplome demográfico que a la postre constituye el mejor parámetro para medir el balance social de la gestión pública. Con el agravante de que la Junta, en lugar de intentar corregir su estrepitoso fracaso, se ha desentendido por completo del problema más lacerante de la comunidad autónoma..


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