Después de más
de 14 años gobernando con una plácida mayoría absoluta, Juan Vicente Herrera afrontó la actual legislatura con el infundado
temor de que la pérdida de dicha mayoría
iba a suponerle un suplicio político. Le daba tanta pereza cambiar el “chip”
que amenazó con dar la espantada y no presentarse a la investidura, algo de lo
que dio marcha atrás al no acceder Mariano
Rajoy al “dedazo” con el que pretendía resolver su huida.
Resignado a
quedarse, pronto comprobó que el temor era infundado. El escaño que le faltaba
en las Cortes no representaba ningún obstáculo para seguir gobernado como si
dispusiera de esa mayoría.
A diferencia de Susana
Díaz en Andalucía y Cristina
Cifuentes en Madrid, a cuyas investiduras Ciudadanos impuso duras condiciones,
aquí el partido de Albert Ribera
abarató al máximo su apoyo, permitiéndole incluso que mantuviera en sus
puestos a seis altos cargos imputados por el Juzgado que instruye el caso de
los multimillonarios sobrecostes pagados por el edificio de la Perla Negra y los terrenos de
Portillo. Y a cambio de un módico puñado de enmiendas, facilitó la aprobación
del Presupuesto de 2016 y ha garantizado su apoyo al del 17 consintiendo
además que este último se apruebe con seis meses de retraso por mero capricho
de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar
del Olmo.
Juan Vicente Herrera |
Lo que en mayo de 2015 no podía imaginar Juan
Vicente Herrera es que la sombra de la corrupción acabaría convirtiendo en una
pesadilla la última etapa de su mandato, coincidente además con su relevo en la
presidencia del partido (y no precisamente por el candidato por el que él
apostaba). Poco antes de aquellas
elecciones, en abril de 2015, cometió la frivolidad de jactarse ante el pleno de las Cortes de que
Castilla y León “no figuraba en el mapa de la corrupción española”. Una
aseveración tan temeraria como falsa, ya que, además del caso Perla
Negra-Portillo, instruido a instancias de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ,
en esas fechas se acaba de conocer el informe de la Agencia Tributaria
que destapaba la llamada “trama eólica”.
La respuesta de Juan Vicente Herrera ante tan
flagrantes casos de corrupción -entroncados ambos en la antigua consejería de Economía dirigida por Tomás Villanueva- fue siempre la de escurrir el bulto y meter la
cabeza bajo el ala. A tal fin el PP bloqueó con toda la desfachatez del mundo la
comisión parlamentaria de investigación sobre esa doble trama tan pronto como
la oposición solicitó conjuntamente la comparecencia del presidente de la Junta. Y tan solo cuando
el delegado territorial de la
Junta en Valladolid y ex consejero de Gesturcal, Pablo Trillo, desveló en sede judicial que él mismo había informado
personalmente al presidente de lo que se estaba urdiendo en torno a la compra
de la Perla Negra ,
Herrera se vio obligado a dar explicaciones en una precipitada rueda de prensa
en la que, para mayor inri, reconoció que había dado su visto bueno al
desorbitado precio pagado por el edificio.
Tomás Villanueva |
A nadie se le pide que se haga el “harakiri”
político, pero dicha comparecencia fue de principio a fin un insulto a la inteligencia. Visto que ya no podía negar la hipótesis de la corrupción,
Herrera se descolgó asegurando que, de existir, sería una “corrupción depersonas, no de instituciones ni de la Administración”, ya
que según él los procedimientos administrativos se han atenido a la estricta
legalidad. Afirmación esta última rotundamente falsa, ya que la Fiscalía Anticorrupción
ha apreciado arbitrariedades en los expedientes administrativos de 35 parques y la Intervención General
del Estado ha encontrado ilegal la figura de la avocación de competencias, cuyo
uso fraudulento es el que permitió que una serie de empresarios amigos de la casa
-con el ex consejero de Excal, Alberto
Esgueva a la cabeza- mordieran del negocio en forzada alianza con las eléctricas. Sin olvidar que Delgado no pudo perpetrar los delitos que se le atribuyen sin haber contado con la connivencia de otros altos cargos y responsables de la Administración ,
alguno de ellos además de distinta consejería.
Rafael Delgado, a su llegada al Juzgado |
En su declaración ante el Juzgado el pasado viernes, el propio Delgado aseguró que él se limitaba a
ejecutar la estrategia diseñada por el consejero y que fue éste el muñidor de
los acuerdos mediante los cuales los empresarios amigos se repartieron con las
eléctricas el negocio de los parques eólicos. Se dirá que lo de apuntar hacia
Villanueva obedece a una estrategia de defensa, pero resulta que exactamente eso mismo hicieron casi todos los altos cargos de la Junta cuando declararon ante
el Juzgado que instruye el caso de la Perla
Negra.
El perdón en condicional y por adelantado
pedido por Juan Vicente Herrera constituye una tramposa maniobra para ganar
tiempo y aparentar lo mucho que le afligen unos casos de corrupción por los que
en realidad nunca ha estado dispuesto a asumir ninguna responsabilidad
política. Su problema es que, a estas alturas, dicha responsabilidad es de
imposible escapatoria. Y a medida que avance la instrucción en los dos Juzgados
que investigan este pestilente entramado de corrupción, la situación del presidente
de la Junta va
a ser cada vez más insostenible. Simple cuestión de tiempo.