La sombra de un gobierno PP-Vox planea sobre el 13-F

 Convocado con casi dos meses de antelación, el XIV Congreso del PP de Castilla y León estaba llamado a ser un paseo triunfal para Alfonso Fernández Mañueco, quién, después de haber limado asperezas con Pablo Casado, gozaba del plácet de Génova para asentarse en la presidencia autonómica del partido y volver a encabezar el cartel en las siguientes elecciones autonómicas.

Casado y Mañueco el pasado domingo en León

Pero la convocatoria anticipada del 13-F ha precipitado los acontecimientos y el cónclave, celebrado a cuatro semanas de la cita con las urnas, se ha convertido en el primer gran acto electoral del PP, que ha realizado en León toda una exhibición de músculo, con la plana mayor del partido y todos los demás barones autonómicos arropando a Fernández Mañueco. Ni la sexta ola de la pandemia, que obligaba a limitar el aforo, ha empañado el abrumador respaldo recibido (98,26 por ciento de los votos) por el candidato a repetir como presidente de la Junta, que por otra parte ha mantenido a su núcleo de confianza en los puestos claves de la dirección autonómica.

 Mucho ha cambiado la relación, en otro tiempo tormentosa, de Mañueco con la cúpula de Génova, y mucho ha cambiado el propio presidente de la Junta desde que la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso marcó un claro punto de inflexión en la política española. A partir de ella Mañueco decide adoptar el “ayusismo” como referente y modelo éxito electoral basado en la confrontación sistemática con el gobierno de Pedro Sánchez, autoproclamándose “un muro de contención contra el sanchismo”.

Díaz Ayuso en el Congreso del PPCyL 

Mañueco, un barón sin discurso propio.- La fascinación hacia la figura de Ayuso ha ido in crescendo hasta el punto de asumir el conjunto de todas sus políticas neoliberales, incluidas las de carácter tributario que otras comunidades autónomas no dudan en calificar de “dumping fiscal”, que perjudican claramente a los territorios limítrofes lastrados por la despoblación. Una deriva que ha conducido asimismo a la irresponsable estrategia mantenida frente a la sexta ola de la pandemia.

 Con esta conversión hacia el “ayusismo”, Mañueco se ha convertido en un barón del PP sin discurso propio, desmarcado de otros, como Núñez Feijóo y Moreno Bonilla, con los que hasta ahora compartía una línea de moderación alejada de las estridencias propias de la presidenta madrileña. De esas estridencias y de sus fluidas relaciones para alcanzar acuerdos con Vox cuando la ocasión lo ha requerido.

 A diferencia de Moreno Bonilla, al que no le seduce la perspectiva de tener que compartir gobierno con la ultraderecha, Fernández Mañueco tiene plenamente asumido ese escenario si los resultados lo requieren. Ya hemos visto el caso omiso a la sugerencia del secretario autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, de establecer un cordón sanitario similar al aplicado en Francia y Alemania para excluir a la ultraderecha de los gobiernos democráticos.

Abascal el pasado domingo en Valladolid

  Y a la vista está la tibia repuesta del PP hacia las gruesas descalificaciones que recibe de Vox, partido con el que los populares rehúyen el cuerpo a cuerpo, limitándose a apelar al manido “voto útil”. Muy lejos quedan aquellas rotundas descalificaciones que Pablo Casado dedicó a Santiago Abascal y a su partido con ocasión de aquella moción de censura presentada por Vox contra Sánchez en octubre de 2020. Los puentes volados en aquella sesión parlamentaria se han ido recomponiendo después de que Casado cayera en la cuenta de que nunca llegará a La Moncloa sin el apoyo de Vox.

Banco de pruebas del primer gobierno PP-Vox.- Descartada la mayoría absoluta del PP, imposible precisamente a causa del fuerte crecimiento de Vox, la aritmética parlamentaria resultante del 13-F lleva camino de desembocar en un gobierno de coalición de ambas fuerzas políticas. Máxime cuando los de Abascal están dejando muy claro que a partir de ahora no piensan apoyar gratis a gobiernos del PP en minoría, sino que van a exigir su participación directa en los mismos. 

Juan García-Gallardo

 La polvareda mediática levantada por los tuits de su candidato, Juan García-Gallardo, no preocupa lo más mínimo a la formación ultraderechista, ya que son fiel reflejo del ideario del partido (lo preocupante para ellos es que le hubieran encontrado mensajes de corte feminista, a favor de los derechos LGTBI o de los “menas”). Aunque la dirección nacional ha tenido buen cuidado de centralizar el proceso de elaboración de las listas y su presentación ante las juntas electorales, Vox sabe que su fortaleza no radica en el tirón (en este caso inexistente) de sus candidatos, sino en la tendencia de voto nacional.

Abascal y los suyos están convencidos de que el 13-F cosecharán el mismo porcentaje de voto que si se tratara de unas elecciones generales. Y ha de recordarse que en las últimas celebradas, las de noviembre de 2019, ese porcentaje fue en Castilla y León del 16,8 por ciento. De confirmarse estas previsiones, estaríamos ante el banco de pruebas de la primera comunidad autónoma española gobernada en coalición por PP y Vox.

 Lógicamente, tanto el PSOE de Luis Tudanca como Unidas Podemos ya están haciendo sonar la alarma ante la posibilidad de que la ultraderecha acceda, de la mano de Mañueco, al Consejo de Gobierno de la Junta, con la involución democrática que ello comportaría.

Luis Tudanca

 Una alarma a la que se ha apuntado el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, quien ha emplazado a PP y PSOE “a firmar su compromiso de que no van a dejar entrar al populismo extremista en el gobierno de Castilla y León”.

Macrogranjas y desarrollo rural, un oximorón.-  Entretanto, el PP ha encontrado en unas inoportunas declaraciones del ministro Alberto Garzón acerca de la calidad de la carne producida en macrogranjas una percha “fake” para montar la mundial, presentando al gobierno Sánchez como enemigo de toda la ganadería, ya sea ésta extensiva o estabulada en explotaciones perfectamente sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 

 Una torticera tergiversación engordada hasta la náusea que, a la postre, está teniendo la virtud de poner en evidencia el apoyo del PP a un tipo de ganadería industrial absolutamente incompatible con el modelo de desarrollo rural viable para sostener la población y revertir el desplome demográfico.

 El problema no es la calidad de la carne que producen, sino el insoportable impacto de un modelo absolutamente aberrante desde el punto de vista medioambiental, y que, lejos de crear empleo, provoca la desaparición de la explotación familiar agraria. Y ya para rizar del todo el rizo hemos oído al presidente-candidato asegurar “que el concepto macrogranja no existe, es una cortina de humo”, olvidándose que la propia consejería de Medio Ambiente reconoce la existencia de 541 de ellas y que el ministerio para la Transición Ecológica tiene detectado un centenar de acuíferos contaminados por nitratos procedentes del ingente volumen de purines y demás porquería que vierten al campo unas explotaciones que en la última década se han duplicado en Castila y León 

Protesta ciudadana en Segovia contra las macrogranjas

 Los 22 movimientos vecinales agrupados en la plataforma Stop Ganadería Industrial han pedido a los partidos que concurren a estas elecciones que se posicionen ante las macrogranjas. Veremos por donde sale el PP, que desde la Junta las pone alfombra verde, lo mismo que hizo en su día con los proyectos del “fracking”, afortunadamente abandonados por falta de rentabilidad.

 Será sin duda el de las macrogranjas uno de los asuntos calientes en los dos debates a tres -Mañueco, Tudanca e Igea- organizados en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Electoral de Castilla y León. Unos debates a celebrar los días 31 de enero y 9 de febrero realizados por la televisión autonómica privada que subvenciona generosamente la Junta. La comisión profesional encargada de regularlos, en la que no tienen presencia los medios digitales, ha declinado la oferta de RTVE de realizar uno de los debates y emitirlo por TVE-1, el Canal 24 horas y Radio 5, frustrando así la oportunidad de pudiera ser seguido en toda España.

 Entretanto, libre de cualquier medida restrictiva, la sexta ola ha superado en Castilla y León los 223.000 contagios desde el pasado 1 de diciembre. La incidencia acumulada se ha disparado hasta los 4.606 casos, la atención primaria sigue colapsada, el número de hospitalizados ronda los mil y el de fallecidos supera los 400. Un completo fiasco del que nadie se hace responsable.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)