jueves, 13 de marzo de 2014

La crisis y otras estafas políticas

La escala en Valladolid de la Marcha de la Dignidad, que partió el pasado 28 de febrero desde distintos puntos de la cornisa cantábrica, ha coincidido esta semana con la celebración de un pleno ordinario de las Cortes Regionales. Y ello ha permitido observar el contraste entre la cruda realidad de la calle y el complacido mundo virtual en el que está instalado el partido gobernante.

lunes, 10 de marzo de 2014

Una consejería reñida con la legalidad

 La antigua consejería de Medio Ambiente, desde 2011 fusionada con la de Fomento, sigue un día tras otro sufriendo reveses judiciales. Su afán por sortear la legalidad, a menudo forzándola hasta extremos temerarios, se traduce en un historial de varapalos de los tribunales que lleva camino de batir todos los registros (en apretada competencia, si acaso, con el ayuntamiento de Valladolid).

jueves, 6 de marzo de 2014

Soraya entra en juego en Castilla y León

 A primera vista, la pasada visita de la vicepresidenta del Gobierno al presidente de la Junta de Castilla y León ha carecido de relevancia. Así es si nos atenemos a la versión oficial ofrecida sobre el encuentro y a los parcos resultados del mismo, transmitidos además a través de portavoces interpuestos, sin que los protagonistas tuvieran a bien comparecer directamente ante los medios de comunicación. Desde ese punto de vista, no le falta razón a la oposición al calificar la visita como decepcionante y de escaso contenido.

lunes, 3 de marzo de 2014

Mal de muchos, disculpa de ineptos

 La facilidad con la que la Junta de Castilla y León elude sus responsabilidades políticas no tiene parangón. Casi siempre encuentra a alguien al que endosárselas. Y caso de no encontrarlo, nunca se da por concernida, como si el desaguisado se hubiera producido por causas fortuitas y ajenas a su voluntad, verbigracia la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, promovida mediante una ley declarada inconstitucional. Ni siquiera en un caso tan flagrante, el gobierno Herrera ha asumido la menor responsabilidad ante el triple daño ocasionado por semejante desafuero: quebranto de la legalidad constitucional, destrucción del medio natural y despilfarro de 100 millones de euros del erario público.