La escala en Valladolid de la Marcha
de la Dignidad ,
que partió el pasado 28 de febrero desde distintos puntos de la cornisa
cantábrica, ha coincidido esta semana con la celebración de un pleno ordinario
de las Cortes Regionales. Y ello ha permitido observar el contraste entre la cruda realidad de la calle y el complacido mundo virtual en el que está instalado el partido
gobernante.
jueves, 13 de marzo de 2014
lunes, 10 de marzo de 2014
Una consejería reñida con la legalidad
La antigua consejería de Medio Ambiente, desde 2011 fusionada con la de Fomento, sigue un día tras otro sufriendo reveses judiciales. Su
afán por sortear la legalidad, a menudo forzándola hasta extremos temerarios,
se traduce en un historial de varapalos de los tribunales que lleva camino de batir
todos los registros (en apretada competencia, si acaso, con el ayuntamiento de
Valladolid).
jueves, 6 de marzo de 2014
Soraya entra en juego en Castilla y León
A primera vista, la pasada visita de la
vicepresidenta del Gobierno al presidente de la Junta de Castilla y León ha
carecido de relevancia. Así es si nos atenemos a la versión oficial ofrecida
sobre el encuentro y a los parcos resultados del mismo, transmitidos además a
través de portavoces interpuestos, sin que los protagonistas tuvieran a bien
comparecer directamente ante los medios de comunicación. Desde ese punto de
vista, no le falta razón a la oposición al calificar la visita como
decepcionante y de escaso contenido.
lunes, 3 de marzo de 2014
Mal de muchos, disculpa de ineptos
La facilidad con la que la Junta de Castilla y León
elude sus responsabilidades políticas no tiene parangón. Casi siempre encuentra
a alguien al que endosárselas. Y caso de no encontrarlo, nunca se da por concernida, como si el desaguisado se hubiera producido por causas
fortuitas y ajenas a su voluntad, verbigracia la Ciudad del Medio Ambiente
de Soria, promovida mediante una ley declarada inconstitucional. Ni siquiera en
un caso tan flagrante, el gobierno Herrera ha asumido la menor responsabilidad
ante el triple daño ocasionado por semejante desafuero: quebranto de la
legalidad constitucional, destrucción del medio natural y despilfarro de 100
millones de euros del erario público.
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