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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 13 de marzo de 2014

La crisis y otras estafas políticas

La escala en Valladolid de la Marcha de la Dignidad, que partió el pasado 28 de febrero desde distintos puntos de la cornisa cantábrica, ha coincidido esta semana con la celebración de un pleno ordinario de las Cortes Regionales. Y ello ha permitido observar el contraste entre la cruda realidad de la calle y el complacido mundo virtual en el que está instalado el partido gobernante.



La Marcha por la Dignidad, en las calles de Valladolid
Frente al desánimo y a la resignación que cunde en un cuerpo social con graves síntomas de fatalismo pasivo, la citada marcha reivindica la dignidad personal y colectiva ante el drama social de los millones de españoles en paro y al borde o en la exclusión social. Algo tan elemental como el derecho constitucional al trabajo, a un salario digno y a unas prestaciones sociales cada día más degradadas por los recortes presupuestarios y la privatización -directa o encubierta- de los servicios públicos. Una situación de emergencia social que no se está afrontando de raíz desde un gobierno que ha encontrado en la crisis la coartada perfecta para socavar el Estado de Bienestar e imponer un modelo social desigual e insolidario. “Es una crisis-estafa que está generando un gran negocio a una minoría a costa de agravar un gigantesco drama humano”, decía en Valladolid uno de los portavoces de la marcha.

 Mientras tanto, en el “mausoleo” de Villa del Prado, donde ya no se molesta en perder el tiempo ningún manifestante, el PP seguía ajeno al mundanal ruido, eludiendo su responsabilidad ante dicha situación y, por supuesto, aplicando el rodillo parlamentario sin ningún miramiento. Para la Junta, los 250.000 parados existentes en Castilla y León, siguen siendo responsabilidad exclusiva de Zapatero, incluidos los cerca de 50.000 que han perdido su empleo desde que gobierna Mariano Rajoy. Y también tiene bemoles que el PSOE se dé por satisfecho con algo tan manifiestamente insuficiente para afrontar el problema como ese plan de empleo de la señorita Pepis presupuestado en 30 millones de euros (que en realidad ni siquiera llega a esa cifra, ya que 11,5 millones se detraen para contratar a perceptores de la Renta Básica de Ciudadanía).

Sesión plenaria de las Cortes
 La avalancha de solicitantes de dicha Renta Básica, que en 2013 aumentó en más de un 42 por ciento, refleja perfectamente el drama social antes mencionado. La mayor parte de ellos son desempleados con cargas familiares que han agotado todas sus prestaciones y no disponen de ningún otro ingreso para sobrevivir.

 Pero la atención social de la Junta tiene un límite y no evita que las personas o familias que no pueden hacer frente a las facturas de agua, gas o electricidad se vean privadas del suministro de dichos servicios básicos. La proposición planteada al efecto por el grupo socialista sucumbía ante el rodillo del grupo popular, según el cual, poco menos que debemos de felicitarnos de que el riesgo de pobreza en Castilla y León sea del 21,7 por ciento frente al 28,2 de media nacional.

 El mismo rodillo tumbaba la proposición socialista de establecer por ley el derecho a las becas y a las ayudas de estudio todas las enseñanzas, universitarias y no universitarias, que se cursan en Castilla y León. El informe PISA avalará la calidad de la Educación que se imparte en la comunidad, pero lo cierto es que el pasado curso cerca de 1.200 alumnos que reunían los requisitos se quedaron sin beca por falta de fondos en la consejería. Y por la misma razón se denegaron las ayudas a los libros de texto a 37.000 familias.

 Un día antes, el PSOE había denunciado en el propio hemiciclo del “mausoleo” el descarado trato de favor a la enseñanza privada en detrimento de la pública. Según el procurador José F. Martín, la Junta ha trasvasado en los últimos años 253,7 millones de euros a la privada, al mismo tiempo que recortaba las asignaciones presupuestarias de la pública. Algo que Martín ha calificado de una “estafa política”.

Pilar del Olmo
 Aunque hablando de estafas, ninguna como la de los 86,8 millones de euros recaudados por la Junta en 2.012 aplicando el “centímazo” declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los socialistas proponían en este mismo pleno su inmediata supresión, solicitud obviamente desestimada por los procuradores del PP.

Previamente, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, lejos de pedir excusas por los estragos ocasionados por tan perniciosa medida, echaba leña al fuego, responsabilizando a los distribuidores de que en Castilla y León los precios de las gasolinas sean de los mas caros de España. Para ello esgrimió el dato de que en nueve comunidades que aplican el mismo recargo (4,8 céntimos por litro) resulta mas barato repostar.
Y digo yo que aunque sea cierto que los distribuidores se permiten en esta comunidad un margen de beneficio mayor que en otras, ello no exime a la Junta -y particularmente a la consejera Del Olmo- de su responsabilidad ante las nefastas consecuencias de todo tipo que ha tenido y seguirá teniendo el doblemente mal llamado “céntimo sanitario”, que ni es un céntimo ni está probado que se dedique a la Sanidad.

 Y para rematar la ración de “rodillo”, en la misma sesión parlamentaria el PP vetaba la creación de una comisión de investigación sobre la “Ciudad del Medio Ambiente”. Desde que Juan Vicente Herrera preside la Junta -y de eso van a cumplirse 13 años- la mayoría popular se ha opuesto, una tras otra, a todas las comisiones de investigación solicitadas por la oposición. No era cosa de hacer ahora una excepción…

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