Cualquier cosa antes que reconocer un fracaso

 Creo recordar que fue Manuel Fraga el que en cierta ocasión espetó a Felipe González que el gobierno socialista de entonces solo acertaba cuando rectificaba. Va de suyo que la rectificación de los propios actos -no confundir con el incumplimiento de los compromisos electorales- conlleva la subsanación de un error, lo cual equivale a un acierto. Lo peor es ese orgullo político mal entendido, en realidad pura soberbia, que lleva a los gobernantes a persistir en el error, agravando sus consecuencias, con tal de no reconocer que lo han cometido.

Antonio Sáez. Sentado, Juan José Mateos

 En Castilla y León el caso del “centímazo” es de libro. Y sin embargo, no sería la primera rectificación de la Junta, que ya dio marcha atrás en la supresión de las guardias médicas nocturnas y en la de la ESO rural. Otra cosa es que el consejero de Sanidad haya vuelto a las andadas y ahora trate de parchear las carencias de los ambulatorios urbanos a costa de dejar en mantillas la atención primaria en el medio rural.

 Aun así, en esas ocasiones tampoco se reconoció explícitamente error alguno. Mientras el consejero de Educación, Juan José Mateos, fue desautorizado de forma un tanto abrupta por el presidente de la Junta, el de Sanidad, Antonio Sáez, se agarró al clavo ardiendo de que se había elevado el límite del déficit fijado a la comunidad para no reconocer que le habían enmendado la plana. 
Ahora hemos visto que el gobierno autonómico ha cerrado el ejercicio de 2013 con un déficit del 1,09 por ciento, es decir 18 centésimas por debajo del 1,27 por ciento que tenía asignado. Significa que en un año de duros recortes sociales la Junta se ha gastado 96 millones de euros menos de los que podía gastarse, cantidad que viene a ser muy similar a la que está ingresando anualmente a través del “centímazo”.

 Hace al caso recordar que hace ahora un año, cuando se planteó que se iba a revisar al alza el 0,7 por ciento de déficit fijado por igual a todas las comunidades, la Junta puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que se fijara un déficit autonómico asimétrico. “Los españoles somos iguales ante el déficit”, clamó Juan Vicente Herrera, considerando intolerable que se establecieran diferencias al respecto. Al final, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con el voto favorable de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, un abanico que oscilaba entre el 1 por ciento asignado a Extremadura y el 1,60 fijado a Valencia. Y después de toda esa brasa resulta que la Junta no ha utilizado 96 millones de euros que tenía disponibles para haber paliado los recortes sociales o para dotar presupuestariamente un verdadero plan de choque contra el empleo. O para pagar la parte de la paga extra de 2012 que adeuda a los 80.000 funcionarios y trabajadores públicos de la Administración Autonómica.

Juan Vicente Herrera

  Los que reclamaban un mayor margen de déficit para atemperar los estragos causados por el “austericidio” han desaprovechado después parte de ese margen. Y encima nos presentan el dato como una buena noticia. 
Lo mismo que presentan como un "éxito" el hecho de que la Junta esté colocando con facilidad y a bajo interés sus emisiones de deuda. Naturalmente, obviando el dato fundamental, cual es que la deuda de la comunidad se ha desbocado en los últimos cuatro años, pasando  de los 3.227 millones de finales de 2.009 (el 5,90 % del PIB) a los 8.183 millones de euros al término de 2.013 (15,20 del PIB). 
Este incremento exponencial de la deuda  es el que ha motivado que en 2.014 el gobierno Herrera tenga que dedicar nada menos que 1.360 millones de euros, el 13,66 por ciento del presupuesto de la comunidad, para hacer frente a vencimientos y amortizaciones. Y todavía presumen de que el nivel de endeudamiento de Castilla y León está por debajo de la media. Menudo consuelo…

 Mientras tanto, por más que el partido gobernante se empeñe en convencernos de que estamos en plena recuperación económica, el ciudadano sigue sin percatarse de esa buena nueva. En términos macroeconómicos, puede ser que la crisis haya tocado fondo, pero sus efectos van a perdurar por mucho tiempo. Y ya sabemos que si se va enjugando lentamente el índice de paro, va a ser a costa de la precariedad laboral y de unos salarios de miseria, tan de miseria que ya hemos asumido una nueva subcategoría social: la del trabajador con empleo y sin embargo en situación de pobreza.

 No hace mucho comentábamos aquí que el riesgo de pobreza en Castilla y León se situaba en el 21,7 por ciento, dato por el que algunos casi se felicitaban al compararlo con el 28,2 de media nacional. 

Alumnos en un comedor infantil

Hace dos días conocíamos un informe aun más lacerante sobre los estragos ocasionados por la crisis. Según UNICEF, el 24,9 por ciento de la población menor de edad de esta comunidad se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Otra vez el dato nacional (33,8 por ciento) es aún peor, pero no creo que ello consuele a los 84.000 menores en esa situación, cuyas familias tienen serias dificultades para acceder a una alimentación equilibrada.

 Y puede que ese porcentaje de “pobreza infantil” no sea mayor en Castilla y León gracias al elevado número de pensionistas, casi 600.000, muchos de los cuales están paliando las necesidades de sus hijos y sus nietos. No es que la pensión media -no llega a los 848 euros- sea como para tirar cohetes, pero sigue estando por encima de la Renta Básica de Ciudadanía establecida por la Junta para evitar la exclusión social de familias y personas sin ningún ingreso.

 Rentas aparte, si cruzamos el dato del censo de pensionistas con el de los 378.000 menores de edad con que cuenta Castilla y León tendremos a la vista la desequilibrada pirámide de población de esta comunidad autónoma. Problema éste, el de la despoblación, sobre el que la Junta, vista su manifiesta incapacidad para atajarlo, se ha sacudido la responsabiidad por elevación, endosando el muerto al gobierno de Mariano Rajoy. Cualquier cosa antes que reconocer un fracaso.

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