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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 24 de marzo de 2014

Manto de opacidad sobre la Administración B

 Desde el primer momento se vió venir que el verdadero objetivo de la Ley que el pasado año reformó el status y la estructura del Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social (CES) y el Procurador del Común no era otro que el socavar la independencia y autonomía de dichos organismos en su labor de control y fiscalización de la Junta de Castilla y León.


José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo
La austeridad era una mera coartada para atar en corto y cercenar el funcionamiento de unas instituciones cuyo verdadero pecado no estaba siendo otro que cumplir con eficacia y rigor los cometidos que tenían encomendados. El problema era que al cumplir sus obligaciones estaban  poniendo de manifiesto el uso abusivo de una mayoría parlamentaria para imponer prácticas de gobierno que frecuentemente bordean la legalidad, si es que no la vulneran directamente, como después se comprueba a través de los incesantes varapalos judiciales que recibe la Junta.

  Desde el concepto patrimonial que tiene de las instituciones, acostumbrado a ejercer el poder a sus anchas ante una oposición maniatada, el PP no podía consentir que los razonados informes CES cuestionaran -casi siempre por unanimidad de los agentes sociales y económicos- la política económica y social de la Junta. Y menos aun que la fiscalización llevada a cabo por el Consejo de Cuentas destapara año tras año los ingenios y artificios contables de la Consejería de Hacienda o, lo que es peor, dejara con las vergüenzas al aire la gestión perpetrada en la Administración B constituida por el conglomerado de sociedades, entes, fundaciones y demás chiringuitos que han conformado y conforman el llamado “sector público de la comunidad”.

 La primera consecuencia de esa torticera reforma -urdida por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez- fue el relevo del presidente del CES, José Luis Díez Hoces, a quien la Junta no le perdonó la independencia con la que actuó el organismo bajo su mandato. Pese a tener el respaldo unánime del pleno para resultar reelegido, se introdujo una limitación de mandatos con efectos retroactivos con el fin de evitar su continuidad.

Carlos Fernández Carriedo
 Faltaba parar los pies al Consejo de Cuentas y de ello se ha ocupado estos días el PP, modificando unilateralmente el plan anual de trabajo presentado a las Cortes para el presente año. Desde la constitución del Consejo, en el año 2003, nunca la institución parlamentaria había cuestionado el contenido de dicho plan, como no fuera para añadir al mismo algún informe especial. Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido algo muy diferente: Valiéndose de su mayoría absoluta, el grupo popular ha suprimido del plan de trabajo los informes propuestos sobre la situación y actividad económico-financiera de empresas y fundaciones públicas de la comunidad.

 El argumento utilizado para ello no puede ser más peregrino y falaz. Según el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, se trata de descargar al Consejo de ese trabajo para dar prioridad a la rendición de cuentas a que vienen obligadas las entidades locales menores tras la aprobación de la reforma local de Montoro. Una excusa absolutamente pueril que se ha ocupado de desmontar el propio Consejo, al alegar que dicha rendición de cuentas no es competencia suya y que la fiscalización inherente a ella no es óbice para realizar los informes sobre las empresas y fundaciones publicas propuestos en su plan de trabajo.

¿A que viene entonces este desaforado ataque a la independencia del Consejo de Cuentas? Sin duda, la respuesta se encuentra en los juzgados, concretamente en el de Instrucción número dos de Valladolid, que investiga presuntas conductas delictivas en la gestión de las sociedades públicas ADE Parques, ADE Financiación, Provilsa y Somacyl. Dicha investigación judicial trae causa de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el Partido Castellano (PCAS) ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por presuntos delitos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos de prevaricación. La base de dicha denuncia no era otra que los demoledores informes de fiscalización emitidos por el Consejo de Cuentas sobre la gestión de esas cuatro sociedades durante los años 2010 y 2011, donde quedó negro sobre blanco su reiterado incumplimiento de la Ley de Contratos del Estado.

Sede de la ADE en Arroyo de la Encomienda
 Lejos de archivar dicha denuncia, la  fiscalía del TSJ dio traslado de la misma a la fiscalía de Valladolid, de donde ha pasado a a dicho Juzgado de Instrucción, el mismo que instruye en pieza aparte presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la compra por ADE Parques de los terrenos supuestamente destinados a un Parque Empresarial en Portillo (Valladolid). Además de lo anterior, a raíz de otro informe del Consejo de Cuentas la fiscalía investiga el presunto “fraccionamiento prohibido” detectado en 22 contratos adjudicados por la consejería de Economía en el año 2010.

 A raíz de estas investigaciones judiciales, y en evitación de posibles percances penales, se comprende que el PP haya decidido que a partir de ahora el Consejo de Cuentas no meta las narices más allá de donde resulte estrictamente imprescindible. Se pretende que la llamada Administración B, tradicional nido de enchufismo, despilfarro y déficit, pueda seguir perpetrando sus chanchullos con la máxima impunidad posible.

Naturalmente, Fernández Carriedo no ha sido más que el bienmandado ejecutor de la orden emanada del Colegio de la Asunción, cuyo “ala oeste”, sede de la consejería de la Presidencia, visita personalmente de vez en cuando para recibir las instrucciones pertinentes. El paladín del “gobierno abierto” y de la transparencia ha decidido tender un manto de opacidad y oscurantismo que no hace otra cosa que confirmar el pestilente olor que desprende esa Administración paralela superpuesta a la de la propia Junta. Ello con el consentimiento de su teórico jefe, el presidente de la Junta y del grupo parlamentario popular, Juan Vicente Herrera.