Una consejería reñida con la legalidad

 La antigua consejería de Medio Ambiente, desde 2011 fusionada con la de Fomento, sigue un día tras otro sufriendo reveses judiciales. Su afán por sortear la legalidad, a menudo forzándola hasta extremos temerarios, se traduce en un historial de varapalos de los tribunales que lleva camino de batir todos los registros (en apretada competencia, si acaso, con el ayuntamiento de Valladolid).

 No había concluido la vista oral que ha llevado al banquillo al actual director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, a su antecesor, Mariano Torre, y a otros tres altos funcionarios de la consejería por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asestaba un golpe casi letal a otro de los proyectos apadrinados por la consejería: la promoción de una estación de invierno en San Glorio, en la confluencia de la montaña leonesa y la montaña palentina, antesala misma de los Picos de Europa.

Monumento al oso en San Glorio

 El proyecto arrastraba un problema legal de origen, cual es que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, asociado a la Ley de Declaración del Parque Natural del mismo espacio, prohibía expresamente la construcción de estaciones de esquí. Una pequeña contrariedad que la consejería pretende salvar en el año 2006 promulgando un decreto que levantaba dicha prohibición. Y aquí paz y después la gloria de San Glorio, pensó el entonces consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, actual portavoz del grupo parlamentario popular en el “mausoleo”. Pero varias asociaciones ecologistas impugnaron dicho decreto y éste fue declarado nulo en 2008 por el TSJ (sentencia confirmada en 2012 por el Tribunal Supremo).

 Visto que el decreto no había colado, en 2010, con María Jesús de Ruíz de nuevo en la consejería, la Junta intenta desatascar el problema mediante una reforma exprés y “ad hoc” de la Ley de Declaración del Espacio Natural. Y es esta Ley la que ahora el TSJ ha decidido someter a una cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que vulnera el derecho de los ciudadanos a la ejecución de las sentencias judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Si el primer atajo legislativo no había colado, el segundo tampoco.

Carlos F. Carriedo, Juan Vicente Herrera y Mª Jesús Ruíz

En consecuencia, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie -y puede tardar años-, el proyecto de estación de esquí en San Glorio seguirá durmiendo el sueño de los justos. Para gran cabreo de “Tres provincias”, su empresa promotora, que tiene como accionista de referencia al veterano empresario David Álvarez,  propietario del grupo Eulen. La empresa no duda de la voluntad de la Junta en apoyar el proyecto, pero sí de su manifiesta ineptitud para remover los obstáculos legales que presenta. Hasta el presente su estrategia jurídico-legislativa ha sido completamente fallida.

De nada han servido tampoco las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central, aprobadas por procedimiento de urgencia en el último pleno de las Cortes de la anterior legislatura. Se trata, para mayor inri, de aquellas Directrices motivo de escándalo cuando se descubrió que la empresa adjudicataria de su redacción había recurrido al “corta-pega” utilizando como propios contenidos extraídos de “El Rincón del Vago”.

  Lo peor para la Junta es que se expone a un nuevo revolcón del Tribunal Constitucional, que, tras haber tumbado en 2013 las leyes que amparaban al vertedero de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga y a la Ciudad del Medio Ambiente, tiene pendiente de fallar otros tres recursos relacionados con el medio ambiente. Los tres impugnan leyes “ad hoc” que, al igual que las dos ya desautorizadas, sorteaban la legislación ordinaria y medioambiental mediante el subterfugio de declarar las actuaciones correspondientes como “proyectos de interés regional”.

Pistas de Meseta Sky en Villavieja del Cerro (Tordesillas) 

Se trata de los vertederos de Gomecello (Salamanca) y Fresno de la Ribera (Zamora), así como el proyecto “Meseta Sky” de Tordesillas, éste último con el agravante de que se trataba de legalizarlo a posteriori, una vez ejecutado por la Diputación de Valladolid contra el viento y marea de 13 resoluciones judiciales en contra. Así pues, tras los dos varapalos del pasado año, la Espada de Dámocles del Tribunal Constitucional pende sobre otras cuatro actuaciones mediombientales de la Junta, dos de ellas -todo sea dicho- respaldadas por el PSOE, que ha apoyado tanto la legalización de “Meseta Sky” como el proyecto de estación de esquí en San Glorio.

 Mientras tanto, otro alto funcionario de la consejería que se va a sentar en el banquillo es el jefe del servicio de control de al gestión de residuos, Agustín Barahona, acusado por un por un Juzgado de Valladolid de un presunto delito de “prevaricación por omisión”. Según ha informado “último Cero”, la imputación se produce por la pasividad mantenida durante años para descontaminar los terrenos de la antigua fábrica “Nicas”, donde se acumulan siete balsas con productos tóxicos y peligrosos con riesgo para la salud de las personas y los ecosistemas. Todo ello muy propio de una consejería que desde su creación ha constituido un auténtico peligro para el medio ambiente.

elblogdepedrovidente@gmail.com    10-3-2014