El expolio de las Cajas (XXV): La almoneda del banco CEISS

  2.500 puestos de trabajo perdidos, alrededor de 500 sucursales cerradas, más de 30.000 preferentistas con sus ahorros atrapados y unas ayudas públicas por importe de 4.740 millones de euros constituyen el desolador balance que deja la ruinosa fusión realizada en 2010 por Caja España y Caja Duero, las dos principales cajas de Castilla y León, que, transformadas en el banco CEISS, en breve se convertirán en un apéndice financiero de la andaluza Unicaja.

 Con la absorción del CEISS por el banco andaluz culminará el desdichado proceso de liquidación y almoneda de las seis antiguas cajas de ahorro de Castilla y León, todas las cuales habrán terminado diluidas en entidades financieras controladas desde otras comunidades autónomas. 

Juan Vicente Herrera y Braulio Medel

Las primeras dilapidadas fueron Caja Segovia y Caja Ávila, que, de la mano de Rodrigo Rato, se despeñaron por el abismo de Bankia. A continuación fué Caja Burgos la que, previo paso por Banca Cívica, acabaría siendo absorbida por Caixabank, el banco de La Caixa. La alianza de la otra caja burgalesa, Caja Círculo, con las otras entidades participadas por la Iglesia fue asimismo una escala previa a su integración en Ibercaja, la potente entidad aragonesa. Y quedaba por cerrar el culebrón vivido por Caja España y Caja Duero, cuya fusión, a instancias de la Junta, el PP y el PSOE, supuso el principio del fin de ambas entidades.

 Desde el primer momento se supo que el banco CEISS nacía lastrado por el grave deterioro financiero que ya presentaban España y Duero antes de su fusión. Un deterioro que, lejos de remitir, fue agravándose con el desembarco del nuevo presidente, Evaristo del Canto, cuyo nombramiento fue consensuado sin ningún pudor entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el entonces secretario autonómico del PSOE, Óscar López.

 El préstamo inicial de 525 millones de euros concedido por el FROB para financiar la fusión solo fue un primer parche para paliar la insolvencia de un banco regional de imposible viabilidad. El cierre en esa primera fase de 200 sucursales, era el anticipo de un “redimensionamiento” que concluirá en 2016 con un banco filial que se habrá dejado en el camino más de un 40 por ciento de sus activos y de su plantilla.

 El posterior rescate europeo mediante una segunda inyección de 604 millones de euros conllevó un segundo y más amplio ajuste en términos de empleo y oficinas. Hubo que cerrar otras 263 sucursales y prescindir de otros 1.230 empleos, que, sumados a los extinguidos la fase anterior, reducían en unos 2.100 los puestos de trabajo existentes en el momento de la fusión.

Del Canto y el consejero de Economía, Tomás Villanueva

Este reajuste laboral tampoco será el definitivo, ya que las condiciones impuestas por la Unión Europea para autorizar la absorción por Unicaja obliga a otra reducción del 5 por ciento tanto en la plantilla como en las sucursales, hasta dejar la primera en 3.200 trabajadores (llegaron a ser 5.700) y el número de oficinas en 630 (llegaron a ser mas de 1.100). Al mismo tiempo se exige disminuir el balance en otro 28 por ciento, lo que dejará el tamaño del banco filial en poco más de la mitad de lo que llegaron a sumar las dos antiguas cajas. Un drástico adelgazamiento acompañado de estrictas limitaciones de ámbito territorial y operativo: la filial de Unicaja no podrá expandirse fuera de Castilla y León y de la provincia de Cáceres, se dedicará a la banca minorista y tiene expresamente prohibido financiar operaciones inmobiliarias.

 A propósito de esto último hace al caso recordar que el CEISS ha tenido que endosar al llamado “banco malo” la friolera de 3.173 millones de euros en activos tóxicos de procedencia inmobiliaria. Sumada dicha carga a los 1.129 millones de euros inyectados por el FROB, el saneamiento del frustrado banco castellano-leonés ha requerido ayudas públicas por importe de 4.300 millones de euros. Pero la contribución del erario no ha quedado ahí, ya que el FROB tiene que rascarse el bolsillo en otros 441 millones de euros para satisfacer las exigencias de Unicaja, cuyo presidente, Braulio Medel, será a partir de ahora el máximo exponente del poder financiero en Castilla y León.

Protesta de preferentistas de la antigua Caja España

Esos 441 millones constituyen el peaje del FROB por el desaguisado de las participaciones preferentes y la deuda subordinada emitidas por Caja España y Caja Duero. 200 se destinarán a compensar al 60,66 por ciento de los afectados pendientes del arbitraje oficial con el que se apoyó el canje propuesto por Unicaja y los otros 241 a hacer frente a los litigios planteados por el 39,44 por ciento de preferentistas que no han pasado por el aro y han apostado por la vía judicial.

 En resumen, las dos principales cajas de Castilla y León acaban cuatro años después convertidas en el banco filial de una entidad financiera de otra comunidad. Ello después de perder por el camino 2.500 puestos de trabajo, cerrar cerca de 500 sucursales, dejar malparados a mas de 30.000 de sus antiguos clientes (tanto los que han canjeado los bonos de Unicaja como a os que no lo han hecho) y necesitar ayudas públicas por importe de 4.740 millones. Por no hablar del desplome y la incertidumbre de su antigua obra social, abandonada a su suerte por la Junta, incapaz desde junio pasado de promover la fundación pública encargada de hacerse cargo de su patrimonio y de su gestión.

Y todavía tenemos que oír a los máximos responsables políticos de este gran fiasco presentar la fagocitación del banco CEISS como una buena noticia para Castilla y León. Hace falta echarle morro. Pero que mucho morro.

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