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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 31 de marzo de 2014

Apenas la punta de un iceberg

 La nómina de altos cargos de la Junta de Castilla y León imputados judicialmente por actuaciones presuntamente delictivas sigue creciendo. Al director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, y al director general de Carreteras, Luis Alberto Solís, se acaba de sumar el director general de Economía Social y Autónomos, Carlos Teresa Heredia.



Carlos Teresa Heredia
Teresa, junto a otros dos antiguos directores generales de la consejería de Economía, Victor Valverde y Miguel Ángel Díez Mediavilla, y otros seis altos funcionarios, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid como presuntos responsables de un delito de “prevaricación administrativa”. La imputación judicial trae causa de las irregularidades observadas por el Consejo de Cuentas, que en una muestra aleatoria de 57 contratos “menores” adjudicados en el año 2.010 por la consejería de Economía, detectó que 22 de ellos habían sido objeto de “fraccionamiento prohibido”.

Según la denuncia de la fiscalía, mediante la técnica de trocear la cuantía de dichos contratos la consejería eludió el procedimiento de licitación publica a la que obliga la Ley de Contratos del Estado, adjudicando “a dedo” servicios por importe de 404.405 euros. Estas contrataciones presuntamente irregulares se corresponden con eventos como la Pasarela de la Moda de Burgos, el pabellón de la Junta en la 76 Feria de Muestras de Valladolid, el 12 Congreso de Economía de Castilla y León, los Premios de Comercio Tradicional, los Premios escolares de prevención de riesgos laborales y una campaña de información sobre las elecciones en las Cámaras de Comercio. Curiosamente, entre los contratos irregularmente fraccionados aparecen los suscritos por la consejería de Economía con la consultora que ese año asesoró a la Junta sobre el proceso de fusión de las cajas, asesoría por la que se embolsó 35.849 euros.

 La verdad es que la Junta se ha visto muy sorprendida por esta imputación judicial. Y no es para menos, ya que el fraccionamiento de los contratos para eludir su adjudicación por concurso en una práctica muy generalizada desde hace muchos años en casi todas las consejerías, no digamos ya en el tinglado de empresas, sociedades, entes y demás inventos que constituyen la llamada Administración B. 
El juez Gil Margareto
¿Qué ha ocurrido para que por primera vez el asunto haya ido a parar a manos de un juez? Pues que, a la vista del informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas estatal dio traslado de los presuntos indicios delictivos a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Esta a su vez trasladó el asunto a la fiscalía de Valladolid, desde la que la investigación ha pasado al Juzgado de Instrucción.

  Pese su repercusión mediática -que tendrá continuidad el próximo 24 de abril, fecha en la que el juez José María Crespo ha citado a declarar los nueve imputados- el caso del “fraccionamiento prohibido” no es, ni de lejos, el que mas preocupa a la Junta. Por su cuantía y naturaleza, es un caso “menor”, una minúscula punta de un gigantesco iceberg, al lado sin ir mas lejos de las dos investigaciones que tiene a su cargo el Juzgado de Instrucción numero dos de Valladolid. Su titular, César Gil Margareto -el mismo que ha instruido el caso de los áticos que va a sentar en el banquillo al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva- investiga dos denuncias de la fiscalía de mucha ,mayor dimensión y gravedad, en las que todavía no hay imputados.

 La primera de ellas es el “caso Portillo”, el presunto pelotazo urbanístico estimado en mas de 22 millones de euros perpetrado a costa de los terrenos adquiridos por la extinta empresa pública ADE Parques con destino a un parque empresarial en dicha localidad vallisoletana. ADE Parques, trasvasada el pasado 1 de enero a la Agencia de Innovación con una deuda de 350 millones de euros, desembolsó 28,6 por dichos terrenos, 145,7 hectáreas adquiridas previamente a precio de suelo rústico por determinadas sociedades aproximadamente por unos 6 millones de euros.

Tras una investigación preliminar de la fiscalía anticorrupción, el juez investiga los indicios de prevaricación y tráfico de influencias en dicha operación, en la que aparecen conexiones entre los administradores y socios de las empresas beneficiadas y antiguos cargos de la consejería de Economía. 
La viceconsejera Hernández y el consejero Villanueva
A su vez, alguno de los que se han lucrado con la compraventa de los terrenos de Portillo tuvo relación con la sociedad inmobiliaria que promovió el polémico edificio de Arroyo de la Encomienda en el que tiene su sede la actual ADE (Agencia de Innovación) y otros servicios de la consejería. Dicho edificio, inicialmente objeto de un astronómico contrato de arrendamiento valorado en 100 millones de euros, finalmente fue adquirido en 2009 por Gesturcal por algo más de 52 millones de euros. Ambas adquisiciones, la del edificio de Arroyo y la de los terrenos de Portillo, fueron gestionadas por la actual viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, presidenta en su día de Gesturcal y luego de ADE Parques hasta su reciente disolución.

Y la otra investigación en manos del juez Gíl Margareto es la abierta a raíz de la denuncia presentada por el Partido Castellano (PCAS) a partir de los informes de fiscalización realizados por el Consejo de Cuentas sobre la gestión llevada a cabo en 2010 y 2011 por la propia ADE Parques, su prima hermana ADE Financiación, Provilsa y Somacyl, estas dos últimas adscritas a la consejería de Fomento. Posteriormente, el PCAS ha ampliado su denuncia  incorporando a la misma el procedimiento seguido, a su juicio irregular, mediante el que la empresa Excal, en situación de quiebra técnica, ha sido integrada en la consejería de Economía.

Una peculiar integración que garantiza un puesto fijo en la Administración Autonómica a los 42 contratados laborales supervivientes del ERE aplicado en 2012, entre ellos tres actuales altos cargos de la consejería de Economía: la propia directora general de la Agencia de Innovación, Mar Sancho, y los directores generales de Comercio, Rosa Méndez, e Industria, Carlos Martín Tobalina, todos ellos en situación de excedencia forzosa con reserva de plaza.