La nómina de altos cargos de la Junta de Castilla y León
imputados judicialmente por actuaciones presuntamente delictivas sigue
creciendo. Al director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, y al director general de Carreteras, Luis Alberto Solís, se acaba de
sumar el director general de Economía Social y Autónomos, Carlos Teresa Heredia.
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| Carlos Teresa Heredia |
Según la
denuncia de la fiscalía, mediante la técnica de trocear la cuantía de dichos
contratos la consejería eludió el procedimiento de licitación publica a la que
obliga la Ley de
Contratos del Estado, adjudicando “a dedo” servicios por importe de 404.405 euros. Estas contrataciones
presuntamente irregulares se corresponden con eventos como la Pasarela de la Moda de Burgos, el pabellón
de la Junta en
la 76 Feria de Muestras de Valladolid, el 12 Congreso de Economía de Castilla y
León, los Premios de Comercio Tradicional, los Premios escolares de prevención
de riesgos laborales y una campaña de información sobre las elecciones en las
Cámaras de Comercio. Curiosamente, entre los contratos irregularmente fraccionados
aparecen los suscritos por la consejería de Economía con la consultora que ese
año asesoró a la Junta
sobre el proceso de fusión de las cajas, asesoría por la que se embolsó 35.849
euros.
La verdad es que la Junta se ha visto muy
sorprendida por esta imputación judicial. Y no es para menos, ya que el
fraccionamiento de los contratos para eludir su adjudicación por concurso en
una práctica muy generalizada desde hace muchos años en casi todas las
consejerías, no digamos ya en el tinglado de empresas, sociedades, entes y
demás inventos que constituyen la llamada Administración B.
¿Qué ha ocurrido
para que por primera vez el asunto haya ido a parar a manos de un juez? Pues
que, a la vista del informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el
fiscal jefe del Tribunal de Cuentas estatal dio traslado de los presuntos
indicios delictivos a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Esta a su
vez trasladó el asunto a la fiscalía de Valladolid, desde la que la
investigación ha pasado al Juzgado de Instrucción.
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| El juez Gil Margareto |
Pese su repercusión mediática -que tendrá
continuidad el próximo 24 de abril, fecha en la que el juez José María Crespo ha citado a declarar
los nueve imputados- el caso del “fraccionamiento prohibido” no es, ni de
lejos, el que mas preocupa a la Junta. Porla Riva- investiga dos denuncias de la fiscalía de
mucha ,mayor dimensión y gravedad, en las que todavía no hay imputados.
La primera de ellas es el “caso Portillo”, el presunto pelotazo urbanístico estimado
en mas de 22 millones de euros perpetrado a costa de los terrenos adquiridos
por la extinta empresa pública ADE Parques con destino a un parque empresarial
en dicha localidad vallisoletana. ADE Parques, trasvasada el pasado 1 de enero
a la Agencia
de Innovación con una deuda de 350 millones de euros, desembolsó 28,6 por
dichos terrenos, 145,7
hectáreas adquiridas previamente a precio de suelo
rústico por determinadas sociedades aproximadamente por unos 6 millones de
euros.
Tras una
investigación preliminar de la fiscalía anticorrupción, el juez investiga los
indicios de prevaricación y tráfico de influencias en dicha operación, en la
que aparecen conexiones entre los administradores y socios de las empresas
beneficiadas y antiguos cargos de la consejería de Economía.
A su vez, alguno
de los que se han lucrado con la compraventa de los terrenos de Portillo tuvo
relación con la sociedad inmobiliaria que promovió el polémico edificio de Arroyo de la Encomienda en
el que tiene su sede la actual ADE (Agencia de Innovación) y otros servicios de la consejería. Dicho
edificio, inicialmente objeto de un astronómico contrato de arrendamiento
valorado en 100 millones de euros, finalmente fue adquirido en 2009 por Gesturcal por algo más de 52 millones de euros. Ambas
adquisiciones, la del edificio de Arroyo y la de los terrenos de Portillo,
fueron gestionadas por la actual viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, presidenta en su día de Gesturcal y luego de
ADE Parques hasta su reciente disolución.
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| La viceconsejera Hernández y el consejero Villanueva |
Y la otra
investigación en manos del juez Gíl Margareto es la abierta a raíz de la
denuncia presentada por el Partido Castellano (PCAS) a partir de los informes
de fiscalización realizados por el Consejo de Cuentas sobre la gestión llevada a cabo en 2010 y 2011 por la propia
ADE Parques, su prima hermana ADE Financiación, Provilsa y Somacyl, estas dos
últimas adscritas a la consejería de Fomento. Posteriormente, el PCAS ha
ampliado su denuncia incorporando a la misma el procedimiento seguido, a su
juicio irregular, mediante el que la empresa Excal, en situación de quiebra técnica, ha sido integrada en
la consejería de Economía.
Una peculiar
integración que garantiza un puesto fijo en la Administración
Autonómicala Agencia de Innovación, Mar Sancho, y los directores generales
de Comercio, Rosa Méndez, e Industria, Carlos
Martín Tobalina, todos ellos en situación de excedencia forzosa con reserva
de plaza.