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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 3 de marzo de 2014

Mal de muchos, disculpa de ineptos

 La facilidad con la que la Junta de Castilla y León elude sus responsabilidades políticas no tiene parangón. Casi siempre encuentra a alguien al que endosárselas. Y caso de no encontrarlo, nunca se da por concernida, como si el desaguisado se hubiera producido por causas fortuitas y ajenas a su voluntad, verbigracia la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, promovida mediante una ley declarada inconstitucional. Ni siquiera en un caso tan flagrante, el gobierno Herrera ha asumido la menor responsabilidad ante el triple daño ocasionado por semejante desafuero: quebranto de la legalidad constitucional, destrucción del medio natural y despilfarro de 100 millones de euros del erario público.


Pilar del Olmo, consejera de Hacienda
 Después de eso, ¿que podíamos esperar ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado ilegal el mal llamado “céntimo sanitario”? Pues más o menos lo que ha ocurrido. Que la Junta una vez más no sé de por aludida, responsabilice a los gobiernos centrales (el de Áznar y el de Zapatero) que autorizaron el impuesto y reste importancia al fiasco, afirmando que en Castilla y León la sentencia afecta tan solo a un periodo de 10 meses (del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2012), ya que el 1 de enero de 2013 se cambió su naturaleza jurídica y a partir de entonces se trata de un recargo aplicado legalmente. 
Al fín y al cabo, se argumenta, son trece las comunidades autónomas que aplicaron ese impuesto ilegal y la nuestra fue de las últimas en hacerlo, ingresando tan solo 86,8 millones de euros del total de los 13.000 millones recaudados en toda España. 

Ninguna responsabilidad, ni siquiera una disculpa, por haber aplicado un impuesto ilegal que ha tenido -y sigue teniendo después de su “legalización”- nefastas consecuencias para la economía y el propio erario.
 En primer lugar, en Castilla y León el “céntimo sanitario” no ha sido nunca un céntimo, sino desde el primer momento mas de 5 (4,8 más el IVA) y tampoco es verificable que se haya dedicado a financiar la Sanidad, ya que se trata de un tributo que engrosa la caja común sin ese destino finalista. En el mejor de los casos, dado que el presupuesto de la consejería de Sanidad se sitúa en torno a los 3.200 millones de euros, su aportación no iría más allá de un 3 por ciento del conjunto del gasto sanitario. Justo este era el argumento empleado en septiembre de  2009 por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para descartar su aplicación en Castilla y León. “Ayudaría muy poquito a arreglar la situación de la Sanidad, ya que las cantidades que se recaudarían serían ridículas”, decía entonces entrevistada en “Punto Radio”.

 No iba a resolver el problema de la financiación sanitaria y sin embargo iba a causar un grave quebranto a la actividad económica de Castilla y León. De nada sirvió la oposición del sector profesional del transporte, de la patronal de las gasolineras, de Cecale, de los sindicatos, del Consejo Económico y Social y de la oposición. 
La consejera de Hacienda hizo oídos sordos y la Junta se empeñó en aplicar el “centímazo”, que ha mantenido contra viento y marea aun a sabiendas de los perjuicios ocasionados a la economía regional y, lo que es más inaudito, a sus propias arcas.

 La relación causa-efecto fue inmediata. En 2012 las ventas de combustible de automoción descendieron en Castilla y León una media del 20 por ciento y en el primer semestre de 2013 volvieron a caer en otro promedio del 13 por ciento, contabilizándose en mas de medio millar los empleos destruidos en estaciones de servicios e industria hostelera asociada a ellas. El argumento de Del Olmo de que dicho descenso de ventas se ha debido a la recesión económica no se sostiene, ya que en el mismo periodo comunidades como La Rioja y el País Vasco han visto crecer la venta de gasóleo A.

 Pero no es esto lo peor.  A la postre, la principal perjudicada por el desplome de las ventas va a ser la propia hacienda autonómica, que, cuando reciba las liquidaciones del Estado correspondientes al Impuesto Especial de Hidrocarburos y al IVA, verá sustancialmente mermados los ingresos transferidos por dichos conceptos. Según cálculos del sector, dicha merma se situará en torno a los 120 millones de euros anuales, cifra superior a lo recaudado por el “centímazo”. Quiere ello decir que, además de los estragos causados a los sectores mas directamente afectados, al conjunto de la economía regional y al bolsillo de todos los automovilistas, la Junta ha estado tirando piedras contra su propio tejado. Y lo seguirá haciendo mientras no retire el recargo, por legal que sea desde el 1 de enero de 2013.

Herrera y los ex presidentes de Caja España y Caja Duero
 Así pues, el gobierno Herrera no puede eludir con tanta ligereza la responsabilidad contraída desde el día que adoptó el nefasto “centímazo”. Y algo similar puede decirse sobre el problema de la despoblación. Está muy bien que Castilla y León se alíe con otras cinco comunidades autónomas para plantear soluciones conjunta al problema demográfico y de paso constituir un frente común de cara a la próxima revisión del modelo de financiación autonómica. Pero el hecho de que la despoblación no sea un mal exclusivo de esta comunidad no puede diluir el estrepitoso fracaso de la Agenda de la Población promovida por la Junta, desde cuya aprobación Castilla y León lidera la estadística en pérdida de habitantes. Mal de muchos, disculpa de ineptos. 

Y otro tanto puede aplicarse a la recalcitrante negativa de Juan Vicente Herrera a reconocer cualquier responsabilidad de la Junta y del PP en el expolio, liquidación y almoneda de las seis antiguas cajas de ahorro de la comunidad. 
En el pasado pleno de las Cortes, Herrera se refirió a la desaparición de las cajas como un hecho generalizado en toda España debido al proceso de reestructuración financiera. Y se quedó tan oreado. Sin distinguir entre las cajas saneadas que han sobrevivido perfectamente a esa reestructuración y las que se han ido por el sumidero víctimas de una negligente -si es que no dolosa- gestión, consentida -si es que no inducida- por los políticos apalancados en sus Consejos de Administración. Y este último ha sido el caso de las de Castilla y León. Por mucho que pretenda ignorarlo Juan Vicente, el olvidadizo.

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