La facilidad con la que la Junta de Castilla y León
elude sus responsabilidades políticas no tiene parangón. Casi siempre encuentra
a alguien al que endosárselas. Y caso de no encontrarlo, nunca se da por concernida, como si el desaguisado se hubiera producido por causas
fortuitas y ajenas a su voluntad, verbigracia la Ciudad del Medio Ambiente
de Soria, promovida mediante una ley declarada inconstitucional. Ni siquiera en
un caso tan flagrante, el gobierno Herrera ha asumido la menor responsabilidad
ante el triple daño ocasionado por semejante desafuero: quebranto de la
legalidad constitucional, destrucción del medio natural y despilfarro de 100
millones de euros del erario público.
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| Pilar del Olmo, consejera de Hacienda |
Al fín y al cabo, se argumenta, son trece las comunidades autónomas que aplicaron ese impuesto ilegal y la nuestra fue de las últimas en hacerlo, ingresando tan solo 86,8 millones de euros del total de los 13.000 millones recaudados en toda España.
Ninguna responsabilidad, ni siquiera una disculpa, por haber aplicado un impuesto ilegal que ha tenido -y sigue teniendo después de su “legalización”- nefastas consecuencias para la economía y el propio erario.
En primer lugar, en Castilla y León el “céntimo sanitario” no ha sido nunca un céntimo, sino desde el primer momento mas de 5 (4,8 más el IVA) y tampoco es verificable que se haya dedicado a financiar
No iba a resolver el problema de la
financiación sanitaria y sin embargo iba a causar un grave quebranto a la
actividad económica de Castilla y León. De nada sirvió la oposición del sector
profesional del transporte, de la patronal de las gasolineras, de Cecale, de
los sindicatos, del Consejo Económico y Social y de la oposición.
La consejera
de Hacienda hizo oídos sordos y la Junta se empeñó en aplicar el
“centímazo”, que ha mantenido contra viento y marea aun a sabiendas de los
perjuicios ocasionados a la economía regional y, lo que es más inaudito, a sus
propias arcas.
La relación causa-efecto fue inmediata. En
2012 las ventas de combustible de automoción descendieron en Castilla y León una
media del 20 por ciento y en el primer semestre de 2013 volvieron a caer en
otro promedio del 13 por ciento, contabilizándose en mas de medio millar los
empleos destruidos en estaciones de servicios e industria hostelera asociada a
ellas. El argumento de Del Olmo de que dicho descenso de ventas se ha debido a
la recesión económica no se sostiene, ya que en el mismo periodo comunidades
como La Rioja y el País Vasco han visto crecer la venta de gasóleo A.
Pero no es esto lo peor. A la postre, la principal perjudicada por el
desplome de las ventas va a ser la propia hacienda autonómica, que, cuando reciba
las liquidaciones del Estado correspondientes al Impuesto Especial de
Hidrocarburos y al IVA, verá sustancialmente mermados los ingresos transferidos por dichos conceptos.
Según cálculos del sector, dicha merma se situará en torno a los 120 millones de euros anuales, cifra superior a lo recaudado por el “centímazo”. Quiere ello
decir que, además de los estragos causados a los sectores mas directamente
afectados, al conjunto de la economía regional y al bolsillo de todos los
automovilistas, la Junta
ha estado tirando piedras contra su propio tejado. Y lo seguirá haciendo
mientras no retire el recargo, por legal que sea desde el 1 de enero de 2013.
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| Herrera y los ex presidentes de Caja España y Caja Duero |
Y otro tanto puede aplicarse a la
recalcitrante negativa de Juan Vicente Herrera a reconocer cualquier
responsabilidad de la Junta
y del PP en el expolio, liquidación y almoneda de las seis antiguas cajas de
ahorro de la comunidad.
En el pasado pleno de las Cortes, Herrera se refirió a la desaparición de las cajas como un hecho generalizado en toda España debido al proceso de reestructuración financiera. Y se quedó tan oreado. Sin distinguir entre las cajas saneadas que han sobrevivido perfectamente a esa reestructuración y las que se han ido por el sumidero víctimas de una negligente -si es que no dolosa- gestión, consentida -si es que no inducida- por los políticos apalancados en sus Consejos de Administración. Y este último ha sido el caso de las de Castilla y León. Por mucho que pretenda ignorarlo Juan Vicente, el olvidadizo.
En el pasado pleno de las Cortes, Herrera se refirió a la desaparición de las cajas como un hecho generalizado en toda España debido al proceso de reestructuración financiera. Y se quedó tan oreado. Sin distinguir entre las cajas saneadas que han sobrevivido perfectamente a esa reestructuración y las que se han ido por el sumidero víctimas de una negligente -si es que no dolosa- gestión, consentida -si es que no inducida- por los políticos apalancados en sus Consejos de Administración. Y este último ha sido el caso de las de Castilla y León. Por mucho que pretenda ignorarlo Juan Vicente, el olvidadizo.
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