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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 3 de abril de 2014

Tinta de calamar sobre el fracaso de la despoblación

  En diversas ocasiones hemos comentado aquí la habilidad, el desparpajo o la desfachatez, según los casos, de la Junta de Castilla y León para escurrir el bulto de sus responsabilidades políticas. Jamás asume ninguna. Casi siempre encuentra un chivo expiatorio al que culpar de los males de la comunidad. A menudo es el gobierno central, incluso ahora que es del mismo color político, no digamos ya cuando lo presidía Zapatero.


 En el caso de que no pueda cargar a nadie el muerto, no se dan por concernidos del fiasco y siguen a lo suyo como si la cosa no fuera con ellos, ya se trate del escandaloso sobrecoste del Hospital de Burgos o del expolio y almoneda de las Cajas de Ahorro. No se dan tampoco por aludidos ante los continuos revolcones judiciales, tantos y de tal dimensión que el gobierno de Juan Vicente Herrera los encaja ya como el que oye llover. Da igual que los varapalos provengan del mismísimo Tribunal Constitucional.

De Santiago-Juárez y Herrera en sus escaños de ls Cortes
 Una nueva modalidad de sacudirse responsabilidades es la que se está poniendo en práctica respecto al problema de la despoblación. A falta de conocer la evolución del padrón en 2013, Castilla y León es, con diferencia, la comunidad que mas población ha perdido en los cuatro años anteriores. En el año 2011 el censo descendió en 12.385 habitantes (el 0,48 por ciento), caída que se agudizó en 2012 con la pérdida de otros 26.203 (más de un 1 por ciento). Cuatro años consecutivos de retroceso demográfico en los que se han esfumado de Castilla y León 43.646 habitantes, unos cuantos miles más de los que residen en la ciudad de Soria. El padrón oficial de Castilla y León a fecha 1 de enero de 2013 se cifra en 2.519.875, censo inferior al que tenía la comunidad en 2006, año en el que aún no había asomado la crisis.

 Este desplome demográfico certifica el estrepitoso fracaso de la Agenda de la Población aprobada por la Junta en 2.010 a iniciativa de la consejería de la Presidencia. Ese año el gobierno Herrera dio carpetazo unilateral a la Estrategia de Lucha contra la Despoblación consensuada en 2.006 por las Cortes Regionales. Se consideraba preciso sustituir el carácter “reactivo” de dicha Estrategia por otro enfoque “en positivo”, ya que se partía de la base de que la despoblación era una idea “cargada de pesimismo”, instalada en el “imaginario colectivo” a base de “falsos tópicos” como el del envejecimiento, el abandono del medio rural y la fuga de jóvenes. “El reto al que nos enfrentamos no es tanto la lucha contra la despoblación como mejorar nuestra evolución demográfica”, decía la Agenda, negándose de esa forma a reconocer, no ya su alcance, sino la propia existencia del problema.

Anna Cabré, una experta desnortada
 Sobre la base de tan extravangante diagnóstico, el presidente Herrera presentó en febrero de 2010 en las Cortes las líneas maestras de la Agenda y el consejero José Antonio de Santiago-Juárez patrocinó un mes después un seminario, supuestamente promovido por el denominado “Banco de Pensadores”, en el que los expertos reunidos para la ocasión se apuntaron  al nuevo enfoque de manera entusiasta. “Ha pasado ya lo peor de la despoblación en Castilla y León, proclamó la catedrática Anna Cabré y Pla, directora del centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuentan las crónicas que Cabré “aportó una visión tremendamente vitalista y positiva de las oportunidades demográficas que tiene Castilla y León”. ¡Y tanto…!

  Y fue entrar en vigor la Agenda y empezar a agravarse el problema demográfico de Castilla y León. Y no es eso lo peor: Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística para el periodo 2013-2023 son para echarse a temblar. Según las proyecciones del INE, en estos diez años Castilla y León puede perder 195.227 habitantes, que son más de los que tiene censados ahora la provincia de Zamora, la quinta en población de las nueve de la comunidad. Ese desplome demográfico dejaría el padrón regional en niveles propios del comienzo del siglo XX.

 ¿Qué ha hecho la Junta ante semejante panorama? Lo apuntábamos hace una semana: Tratar de camuflar su clamoroso fracaso mediante la estrategia de elevar a la categoría de “problema de Estado” la crisis demográfica que aqueja a Castilla y León y, en menor medida, a otras cinco comunidades. Como el problema no es solo nuestro, lo convertimos en un problema de todos y así deja de ser nuestro problema. Un similitruqui propio de ese redomado aprendiz de brujo que es De Santiago-Juárez.


Nada que objetar a que las comunidades autónomas que comparten el  problema planteen soluciones conjuntas y demanden del gobierno central una “Estrategia nacional para el cambio demográfico”. Pero lo que no cuela es que la Junta utilice ese planteamiento conjunto a modo de tinta de calamar para camuflar su fracaso. Máxime cuando la autonómica es -y así se reivindica la Junta- la Administración de referencia en su territorio.

 Puestos a tirar por elevación, representantes de las seis comunidades promotoras del “cambio demográfico” acudieron ayer a Bruselas a contarle al comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el húngaro László Andor, el problema. Más nos vale que el comisario no lea el diagnóstico incluido en la Agenda de Población, donde la Junta, en su afán de minimizar el problema, presume de que “mas de la mitad de las regiones europeas tienen una evolución demográfica reciente mas débil que Castilla y León”. “La evolución de la población -dice- no es un problema específico de nuestra comunidad, sino algo que atañe a la mayoría de las regiones europeas”. “En muchas de ellas -insiste- tanto el saldo vegetativo como el saldo migratorio son negativos. No es el caso de nuestra comunidad”.

 Cierto. No era el caso de Castilla y León en el año 2010. Empezó a serlo justo a partir de que la Junta promoviera su desdichada Agenda para la Población.