viernes, 1 de mayo de 2026

La trastienda/ Mañueco, el siguiente en meterse en un "lío"

 “No nos podemos meter en un lío. No podemos depender de quien quiere volver atrás o chantajearnos o meter los palos en la rueda” (sic). No ha podido ser más explícito Juan Manuel Moreno Bonilla en la apertura de la campaña electoral andaluza. Apelación directa a un respaldo en las urnas que le permita mantener la mayoría absoluta sin necesitar el respaldo de Vox. Una dependencia de la ultraderecha que para el aspirante a repetir como presidente andaluz suponerse meterse en el “lío” de verse sometido a un chantaje político que desembocaría en un retroceso en políticas y derechos sociales.

Feijóo, Moreno y Mañueco
 O, dicho de forma apócrifa, mensaje nítido al electorado andaluz: “Necesito disponer de la mayoría absoluta, so pena que tengamos que pasar en Andalucía por las mismas horcas caudinas que ha pasado el PP en Extremadura y Aragón”. Y ya sabemos hasta dónde han tragado María Guardiola y Jorgé Azcón para repetir en sus poltronas. (Las tragaderas de ambos han sido inconmesurables, pero en el caso de la presidenta extremeña su claudicación ha resultado patética).

Y ante este “lío” mismo, aderezado con el sintagma “prioridad nacional”, está “Fonsi” Fernández Mañueco, que tras el acuerdo alcanzado con Vox para controlar la Mesa de las Cortes, ha desbrozado el camino para volver a gobernar la Junta en comandita con la ultraderecha, tal como hizo tras las elecciones de 2022 hasta que Santiago Abascal ordenó a los suyos abandonar sus responsabilidades en la Junta (que no en las Cortes y en ayuntamientos como el de Valladolid).

 Hablando de tragaderas, todo apunta a que las de Mañueco van a ser casi tan superlativas como las de Guardiola. No solo se va tener que tragar sin rechistar el célebre “burruño” con las exigencias planteadas por Vox en junio de 2024, lo que ya de por sí constituye un ejemplar adulto de “Phyllobates terribilis”, el sapo mas venenoso del mundo.

Azcón y Guardiola, contentos y felices
Al “burruño” se va a sumar
 todo lo que ha ido añadiendo el partido de Abascal desde entonces, que no ha sido solo lo de la “prioridad nacional” y las imposiciones en materia de inmigración. Están el rechazo expreso al convenio con Mercosur (apoyado por el PP español en el Parlamento Europeo) y la demonización del Pacto Verde europeo y de la Agenda 2030, tal como han asumido el PP en Extremadura y Aragón (y antes en Valencia para poder relevar a Mazón sin celebrar nuevas elecciones).

 A todo lo anterior se añade que Abascal tiene pendiente pasar factura a Mañueco por lo que él consideró una afrenta a su partido: aquella afirmación de que Vox sería capaz de “tirar a los inmigrantes al mar”, que “Fonsi” deslizó en uno de los debates televisivos de la campaña electoral en Castilla y León. Abascal es de lo que no olvidan ni perdonan, como bien puede atestiguar la susodicha Guardiola, que ha pagado con su penosa humillación su enfrentamiento personal con el líder de la ultraderecha durante la campaña electoral extremeña. A Abascal le sentó muy mal esa imputación y se lo ha recordado a Mañueco en unas recientes declaraciones.

Pollán, vicepjresidenta de la Junta "in pectore", con Abascal
 Iniciada la campaña electoral andaluza, todo indica que, por ultimado que esté, el pacto de gobierno en Castilla y León no se hará público hasta después del 17 de mayo. El flamante presidente de las Cortes, a la sazón secretario autonómico del partido, ni siquiera ha convocado la ronda de consultas a los grupos parlamentarios establecida previa a proponer candidato a la investidura. Y una vez que lo haga -tiene hasta el próximo día 7- no tiene plazo para convocar la sesión de investidura, que, si no se complica la negociación, tendrá lugar como pronto en la última semana de mayo.

 Así las cosas, no habrá nuevo Gobierno PP-Vox en la Junta hasta el mes de junio, por lo que lo más probable es que la prórroga de los Presupuestos de 2024 (los pactados con el anterior gobierno de ambos partidos) se extienda durante lo queda de 2026. En el primer Proyecto presupuestario que presente el gobierno PP-Vox se constatará de forma contante y sonante el alcance del nuevo pacto pendiente de perpetrar entre ambas formaciones. Con toda lógica, los agentes sociales se han puesto este primero de mayo la venda antes de la herida. Pero no serán, ni mucho menos, los únicos damnificados.

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jueves, 23 de abril de 2026

Villalar, 50 años despúes

 

               MANIFIESTO 2026

 Hoy, 23 de abril, celebramos una vez más el día de Castilla y León, y lo hacemos conmemorando su 50 aniversario. El 23 de abril de 1976, se celebró en esta campa de Villalar de los Comuneros la primera concentración autonomista de Castilla y León. Pese a que las autoridades gubernativas la prohibieron, unas 400 personas se manifestaron convocadas por el Instituto Regional Castellano-Leonés, asociación nacida meses antes que aglutinaba a intelectuales, profesores universitarios, periodistas, ecologistas y representantes de partidos políticos.


Aquel año la Guardia Civil disolvió la concentración y las actuaciones musicales no pudieron celebrarse. Al año siguiente cerca de 20.000 personas asistieron a celebrar Villalar. En 1978 más de 200.000 personas se concentraron en la campa para reivindicar la comunidad autónoma y las libertades en pleno proceso constitucional en España.


Estos mismos valores se recuperaron y adaptaron hace 50 años en plena transición a la democracia cuando reivindicábamos las libertades políticas, los derechos civiles y la justicia social.

Aunque el Gobierno Autonómico sigue ninguneando el Día de la Comunidad en Villalar de los Comuneros la ciudadanía seguirá acudiendo a la campa, año tras año, para reafirmar la lucha democrática y por los derechos, no solo de los pueblos del mundo, sino también de esta tierra, castigada durante décadas por políticas de derechas que han favorecido la despoblación, el éxodo de los jóvenes, el empobrecimiento, la desigualdad social y territorial, el deterioro ambiental y la pérdida de esperanza.

Castilla y León vuelve a estar en la casilla de salida tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, con el agravante de que los dos partidos políticos que van a volver a constituir el Gobierno de la Comunidad se alinean con los estados que promueven guerras ilegales y suicidas en Oriente Próximo creando situaciones humanitarias terribles y con consecuencias imprevisibles en todo el mundo.

Si nada lo remedia, la ultraderecha volverá a condicionar las políticas públicas de los próximos 4 años. Vendrá, de nuevo, a sembrar el odio y a destruir lo que hemos construido con mucho esfuerzo entre todos y todas reavivando discursos de confrontación y violencia, señalando como enemigos a los sindicatos de clase, a las mujeres y al feminismo, a las personas inmigrantes y a las personas LGTBI, así como a defensores de la memoria histórica, ecologistas, partidos de izquierdas y demócratas en general.

La historia enseña que los pueblos que renuncian a la convivencia y al respeto mutuo se exponen a repetir sus peores errores. Pero también demuestra que, cuando la ciudadanía se organiza y mantiene viva la memoria de sus luchas, es capaz de abrir caminos nuevos incluso en los momentos más inciertos.

Nos preguntamos legítimamente de qué lado se van a situar la extrema derecha y la derecha extrema cuando la imposición de aranceles amenace la competitividad de las empresas locales frente a importaciones sin restricciones, mientras que el encarecimiento de los combustibles desencadene nuevas presiones sobre los precios y sobre la vida cotidiana de las familias.

Las guerras provocan, irremediablemente movimientos migratorios, desplazamientos masivos de población y exilios forzosos, refugiados y refugiadas a los que la Comunidad Internacional tendrá que dar algún tipo de apoyo, de soluciones, si queremos seguir considerándonos humanos. Castilla y León se enfrenta al dilema de mantener su tradición de acogida o ceder ante discursos que cuestionan derechos básicos de quienes huyen de la violencia, del mismo modo que en el pasado reciente mostró apoyo a la población ucraniana.

La transición ecológica, que se ha revelado más que imprescindible, ¿va a quedar en manos de quienes niegan el cambio climático? Hemos sufrido incendios de una intensidad desconocida que devastaron amplias zonas de nuestro territorio. Aquellos sucesos no pueden entenderse como accidentes fortuitos, sino como el resultado de decisiones políticas que desatendieron los compromisos alcanzados en el Diálogo Social, concebidos para reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales. El incumplimiento de esos acuerdos tuvo consecuencias visibles y costosas para la Comunidad.

El alcalde Alonso ante el monolito
 En este contexto, la gestión de los incendios se erige en un indicador decisivo de la capacidad institucional para adaptarse a un clima más extremo y a riesgos crecientes, cuya magnitud ya no admite respuestas improvisadas ni la prolongación de la inacción.

 Se resentirán nuestros servicios públicos, bastante desarmados tras casi 40 años de gobierno de derechas. La alianza de Partido Popular y Vox seguirá haciendo de nuestro sistema de salud, nuestra educación y nuestros servicios sociales un negocio para unos pocos. Nosotros y nosotras seguiremos contribuyendo a que haya un muro de contención contra estas políticas en las Cortes, con movilizaciones en la calle y denunciando privatizaciones, cierres y pérdidas de derechos. Seguiremos exigiendo sanidad y educación públicas, servicios sociales a la medida de una población envejecida y dispersa y políticas medioambientales que, entre otras cosas, impidan los devastadores incendios que asolaron nuestra tierra el pasado verano.

 Combatiremos también el odio y la falsedad con que trata de imponer sus ideas la extrema derecha porque creemos en la concordia, la participación democrática, y la solidaridad y la libertad.

La coyuntura internacional refleja una regresión que pone en riesgo principios esenciales para la convivencia democrática, la paz y la cooperación entre Estados. Pensamos que nuestro país está demostrando que se puede luchar contra la lógica de la violencia y se puede disentir de la militarización extrema a la que nos quieren llevar, comprometiendo los recursos públicos que deben orientarse al bienestar social antes que a la consolidación de dinámicas militaristas.

Desafortunadamente, esta no será la posición de un eventual Gobierno de Castilla y León, pero creemos sinceramente que la población de nuestra tierra no aprueba las matanzas de civiles, el destrozo total de las infraestructuras, el asesinato de niños y niñas inocentes, como las que fallecieron en la escuela bombardeada por Estados Unidos en Irán, o los miles de víctimas del genocidio perpetrado, sin consecuencias, por Israel en Gaza. Creemos que las personas que habitan en Castilla y León no creen que las bombas puedan liberar a ninguna mujer, que el secuestro de un presidente sea un acto legítimo, que el terrible asedio contra Cuba sea justo o que la acaparación de recursos energéticos y territorio justifique tanta violencia, tanto sufrimiento, tanto espanto. La sociedad castellana y leonesa ha demostrado, en distintos momentos de su historia, un arraigo profundo en valores que rechazan el sufrimiento causado por la guerra y que afirman la dignidad humana como principio irrenunciable.



Reivindicaciones para una Comunidad en riesgo de involución democrática

No queremos dejar pasar esta ocasión para reivindicar lo que pensamos que es justo para Castilla y León empezando por una fiscalidad progresiva que amplíe los recursos necesarios para afrontar los muchos problemas a los que nos enfrentamos:

§  Sanidad pública de calidad como pilar fundamental de nuestro Estado social con una mayor inversión en el sistema sanitario especialmente en tener más profesionales y mejores condiciones de trabajo. Que desaparezcan las listas de espera interminables, que se refuerce la salud mental y que, lejos de seguir privatizando la salud, se revierta la externalización de los servicios sanitarios.


§  La Escuela Pública no puede seguir perdiendo financiación en favor de la privada-concertada, mayoritariamente religiosa. Un ejemplo claro es la gratuidad del primer ciclo de infantil, que ha beneficiado principalmente a centros privados mientras se recortan los presupuestos de la pública. En esta misma línea, denunciamos que los centros de formación profesional privados hacen competencia directa a los centros públicos, restando alumnado y ofreciendo ciclos que desde la Junta de Castilla y León no se quieren poner en marcha, dejando un amplio espacio para el negocio en la educación. A ello se suma el incremento de alumnado de las universidades privadas, a las que no se quiso poner freno favoreciendo su crecimiento, consolidando un modelo que traslada recursos públicos hacia lo privado mientras se debilita la educación pública en todos sus niveles. El uso de fondos públicos con fines privatizadores agranda las desigualdades, por lo tanto, escuela pública, laica y gratuita.


§  Plazas públicas en residencias y centros de día de la Tercera Edad para que la atención a la dependencia sea real y no un negocio en manos privadas, un negocio que, además, mantiene plantillas escasas de profesionales. Que no se tarde una eternidad en conseguir los servicios asociados a la dependencia como la teleasistencia o la ayuda a domicilio y que se abandone la política del cheque en beneficio de los servicios profesionales.


§  Reconocimiento real de la violencia de género como un problema social prioritario y poner todas las medidas del Pacto contra la violencia de género al servicio de las mujeres. No podemos permitir que nuestro Gobierno sea ocupado por personas que niegan una realidad tan evidente y tan desgarradora como la violencia machista, que tantas vidas de mujeres destroza a diario, y que considera las políticas de igualdad de trato y contra la Lgtbifobia como algo prescindible y que, incluso, hablan sin tapujos de suprimir el derecho al aborto de la sanidad pública. Queremos que haya posibilidad real de acceder al derecho al aborto en los centros públicos de todas las provincias de Castilla y León.

 

Hacemos un llamamiento a los medios de comunicación y colectivos de periodistas de Castilla y León para que no sean cómplices de la propagación del negacionismo de la violencia de género, contextualizado estos discursos y evitando difundir datos falsos


§  El papel de la prensa como baluarte de la democracia es capital para evitar las equidistancias entre agresores y víctimas y para nombrar las violencias por su nombre, incluida la violencia institucional que, supone, por ejemplo, el peregrinaje de mujeres que se acogen a la prestación pública de interrupción voluntaria del embarazo.


§  Reconocer que tenemos un problema de vivienda y que es necesario cumplir y hacer cumplir la Ley estatal declarando zonas tensionadas e interviniendo sobre los alquileres.


§  Reconocer el desafío global del cambio climático, que afecta también a nuestra Comunidad. Urge establecer un sistema efectivo de prevención y extinción de incendios completamente público y trabajando los 12 meses al año.


§  Queremos un modelo económico más verde y responsable que emplee las energías alternativas pero con una planificación por parte del Gobierno Autonómico en la que participen todas las administraciones implicadas y los colectivos afectados y que hoy en día no existe.


§  Hay que ordenar un territorio tan amplio como el de Castilla y León para ir compensando desequilibrios territoriales, económicos y demográficos. Una ordenación justa del territorio ayudaría a distribuir servicios e infraestructuras, al impulso de empleos vinculados al territorio, a fijar población y a afrontar el futuro con garantía de éxito. La despoblación es un efecto de políticas erradas que, durante años, han expulsado de nuestra tierra a sus habitantes y han dejado un terreno abonado para actividades contaminantes que terminarán de echar a los habitantes de sus pueblos. Damos la bienvenida a las personas inmigrantes que nos aportan riqueza económica, diversidad cultural y nos ayudan a sostener nuestra población.


Villalar es la fiesta de todos y todas. Por eso seguimos rechazando las posiciones de quienes propagan el odio y la xenofobia, actitudes que no son mayoritarias en nuestra Autonomía, pero que han crecido con la llegada de la extrema derecha a las instituciones.

Hoy Villalar tiene más sentido que nunca. Generación tras generación, hemos reafirmado nuestras aspiraciones de justicia social, igualdad y dignidad. Hoy, como ayer, Villalar nos recuerda que Castilla y León no se resigna, que sigue reclamando avances, que sigue defendiendo derechos, que sigue creyendo en un futuro construido desde la cohesión social y territorial, la solidaridad y la libertad.

Todas las organizaciones que firmamos este manifiesto queremos hacer un llamamiento especial a la ciudadanía en este 50 Aniversario para que asista a la campa de Villalar donde se celebra la fiesta de todos y de todas y donde seguiremos reivindicando las mejoras que necesita nuestra sociedad.

Por la solidaridad, por los derechos de la ciudanía, por los valores democráticos.


 Firmantes de este manifiesto: CCOO, UGT, PSOE, IU, Podemos, Sumar, PC, Partido Castellano-Tierra Comunera, STACyL, STECyL, TRADE, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Fundación Triángulo, Asociación de Periodistas Feministas, CAVECAL y Ayuntamiento de Villalar.


martes, 21 de abril de 2026

La trastienda/ “¡Qué escándalo, descubren que el PP se arrastra ante Vox!”

 La impostada sorpresa expresada por afines y satélites del PP ante las concesiones arrancadas por Vox en el pacto de gobierno de Extremadura me recuerdan la célebre escena del casino en la mítica “Casablanca”. “¡Qué escándalo, que escándalo, he descubierto que aquí se juega!”, exclama el capitán Renault, al tiempo que disimuladamente recoge de manos del jefe de sala sus “ganancias” del día.

 Pues eso. Como si fuera novedoso que el PP, con tal de encaramarse al poder en comunidades autónomas o ayuntamientos, asuma sin ningún rubor los postulados ultras de la extrema derecha patria. Precisamente fue en esta comunidad, Castilla y León, donde el PP de Alfonso Fernández Mañueco sentó, ha hecho ahora cuatro años, el primer precedente. Y, previa cesión a los de Abascal de la presidencia de las Cortes, suscribió un sonrojante pacto de legislatura que, además de una vicepresidencia única y tres consejerías de la Junta, supuso que Mañueco hacía suyas las prioridades políticas de la ultraderecha.

Guardiola, Feijóo y Mañueco

 Saltó por los aires el Dialogo Social -considerado hasta entonces por el PP como una “seña de identidad” de esta comunidad autónoma-, se declaró la guerra los sindicatos y a la propia patronal, se presentó un infame Proyecto de Ley de “Concordia” destinado a cancelar el Decreto sobre Memoria Histórica, se metió en un cajón el que debía actualizar la Ley sobre Violencia de Género con intención de sustituirlo por el de “Violencia Intrafamiliar”, etc. etc. Y, por supuesto, figuraba, el compromiso de promover “una inmigración ordenada” desde “la integración cultural, económica y social”.

 En la práctica, el sesgo ultra del gobierno PP-Vox fue incluso más lejos de lo firmado, con un vicepresidente desaforado, Juan García-Gallardo, al que Fonsi” Fernández Mañueco fue incapaz de llamar al orden. Por ejemplo, desde las consejerías de Vox se declaró la guerra abierta a la Agenda 2030 y al cambio climático, sin que el PP no dijera ni palabra. Y entre esos desafueros llegó a figurar el de someter a las mujeres embarazadas a escuchar el “latido fetal”, una iniciativa que llegó a aparecer en la web de la Junta y sobre la que el PP terminó recogiendo velas, sin duda consciente de su manifiesta ilegalidad.

La “prioridad nacional”.- Cuatro años después, el pacto alcanzado en Extremadura -vaya papelón, Guardiola, no has podido caer más bajo- demuestra negro sobre blanco hasta qué punto Vox sigue doblegando ideológica y programáticamente al PP. ¡Como será lo del principio de “prioridad nacional” anunciado para discriminar a la población inmigrante que hasta  la trumpiana Isabel Díaz Ayuso se ha desmarcado de ese invento! Como lo ha hecho, de forma más discreta, Moreno Bonilla, a quien el pacto extremeño le ha complicado la campaña electoral (al contrario que el de Mañueco, el gobierno andaluz se ha escaqueado de la consigna emitida desde la calle Génova de recurrir el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes).

Cola de inmigrantes ante el ayuntaiento de León
Y no solo lo de la “prioridad nacional”. El documento adopta posiciones como el “rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur” (se supone que apoyado por el PP de Feijóo) y lamenta “las imposiciones europeas”.

Con este precedente, va “Fonsi” y nos toma a todos por tontos de baba afirmando que lo de Extremadura no tiene nada que ver con la negociación -emprendida y muy avanzada- entre ambos partidos para franquear su investidura y volver a repartirse el organigrama de altos cargos de la Junta. Que va, en Castilla y León Vox no va a plantear lo de la “prioridad nacional”. Y si lo plantea, el PP no va a tragar…

 Con los resultados electorales en la mano, Vox puede permitirse aquí un mayor grado de exigencia que en Extremadura, donde el PP obtuvo el 43,2 por ciento de los votos frente al 16,9 de la ultraderecha, un diferencial de 27,3 puntos. En Castilla y León ese diferencial se reduce a 16,6, los que median entre el 35,5 del PP y el 18,9 de Vox.

 Se da por sentado que los de Abascal contarán con la vicepresidencia única o primera -podría haber una segunda para mantener a Isabel Blanco un peldaño por encima del resto de los consejeros del PP- y tres consejerías. Las de Industria y Agricultura se dan por descontadas. Para la primera se da por hecho el nombre de Alberto Díaz Pico, ahora procurador por Valladolid y en su día secretario general de esa consejería durante el infausto mandato de Mariano Veganzones. Para la segunda se apunta el nombre de Juan Pedro Medina, que ya fue viceconsejero en el anterior gobierno de las derechas (y antes, desde 2003, director general encargado de gestionar las ayudas de la PAC en todos los gobiernos del PP).

Gallardo y Pollán antes de romper el anterior pacto PP-Vox

El desalojo y recolocación en la Mesa de las Cortes de la hasta ahora consejera Rocío Lucas, abre la posibilidad de que la de Educación sea, en lugar de la Cultura, la tercera consejería en manos de Vox. Y están por concretar las funciones con las que se adornará la vicepresidencia de la que va a ser titular Carlos Pollán, el ungido por Abascal como nueva cabeza visible del partido en Castilla y León.

 En Extremadura, donde la ultraderecha quedó fuera de la Mesa del Parlamento, Vox ha exigido y obtenido uno de los escaños autonómicos del Senado que corresponden al PP. Veremos si aquí no ocurre lo mismo, lo que podría complicar la recolocación pensada para el todavía consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Queda también por ver si Vox reclama la titularidad de alguna delegación territorial, tal como consiguió en su momento Ciudadanos. Y ojo, con la aplazada renovación de las llamadas “instituciones propias de la comunidad”, que se va a abordar casi en paralelo. Y tanto en el Consejo de Cuentas, donde sus tres integrantes suman 213 años de edad (una media de 71), como en el Consultivo, se vislumbran aterrizajes.

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lunes, 13 de abril de 2026

La trastienda/ Cuenta atrás ante la reedición del pacto PP-Vox en la Junta

 La resaca política de las elecciones del 15 de marzo toca a su fin con la constitución de las Cortes de Castilla y León resultantes de esa cita con las urnas, sesión que marca el inicio de la XII Legislatura autonómica. Solemne  sesión en el "mausoleo" de Villa del Prado que ha estado precedida de una supuesta incertidumbre acerca de la composición de la nueva Mesa de la Cámara, que, nombres al margen, parece cantada de antemano en cuanto a su distribución política.

 
Mañueco en su escaño del "mausoleo"
La gran novedad es que el Partido Popular recupera la presidencia que se vio obligada a ceder en las dos anteriores legislaturas a sus respectivos socios de gobierno; tras las elecciones de 2019 a Ciudadanos (q.e.p.d.) y en 2022 a Vox. Una cesión que en el segundo de los casos ha tenido un alto coste para el PP, que, tras la ruptura del pacto de gobierno y abandono de la Junta por parte de los de 

Abascal, quedó en minoría en la Mesa de la Cámara, no pudiendo evitar determinadas iniciativas de la oposición que dieron lugar a otras tantas derrotas en el pleno, tales como la aprobación de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, la reprobación del todavía consejero de Medio Ambiente en funciones, la devolución a los corrales del proyecto de Presupuestos para 2026 o la comparecencia forzada del propio presidente Mañueco para dar explicaciones de la calamitosa gestión de los incendios forestales del pasado verano.

 Vistos tales antecedentes, el PP se había propuesto como primera prioridad de la nueva Legislatura la recuperación a costa de lo que fuera la presidencia de las Cortes y del control de su Mesa, objetivo en el que en realidad no ha encontrado ninguna resistencia, ya que, el único partido que podía estar en condiciones de exigir para sí ese cargo, Vox, en esta ocasión ha renunciado a plantear esa batalla. 

Abascal y Pollán durante la pasada campaña electoral
No la ha dado ni en Extremadura ni en Aragón y no tenía sentido que la diera en Castilla y León, donde el hasta ahora presidente, Carlos Pollán, máxima cabeza visible de Vox en Castilla y León se perfila como nuevo vicepresidente de la Junta tras el pacto de gobierno que antes o después restablecerán ambas derechas.

El fantasma de que la inhibición de Vox pudiera propiciar un eventual pacto entre el PSOE y determinadas minorías para hacerse con la presidencia de la Cámara se disipó desde el momento en que el entorno más próximo a Abascal dejó claro que la ultraderecha en ningún caso permitiría, con su omisión, que los socialistas accedieran a dicho cargo. Asunto, pues, zanjado. El PP ocupará tres de los seis puestos de la Mesa, la presidencia, una vicepresidencia y una secretaria; el PSOE una vicepresidencia y una secretaria. Y, aunque no lo ha confirmado, lo previsible es que Vox opte a la tercera secretaría, ya que carece de toda lógica que se quede por voluntad propia fuera del órgano de gobierno de las Cortes. 

Carlos Fernández Carriedo
Hablando de nombres, el PP tampoco ha desvelado el de su nuevo portavoz en las Cortes. (El acabose sería que el puesto volviera a ser ocupado por el todavía consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, quien ya lo desempeñó entre 2007 y 2016. Nada sería de extrañar, dada su acreditada condición de “eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para un-descosido”. Carriedo, que ya fue consejero de la Junta en 1999 bajo la presidencia de Juan José Lucas, ha batido también el récord de permanencia en las Cortes: es procurador ininterrumpidamente desde el año 2.003).

  Así pues, “Fonsi” Fernández Mañueco podrá vender mañana el logro de haber recuperado la presidencia y el control político de la Mesa de las Cortes. Cierto. Y eso ya no se lo quitará nadie. Ahora bien, lo fundamental a partir de mañana es ver cómo se sustancia y articula el imprescindible pacto de gobierno PP-Vox que franquee (nunca mejor dicho) la tercera investidura de Mañueco. Esa es la madre del cordero: ¿hasta dónde llegarán las concesiones programáticas de la derecha pura y dura que es el PP a la extrema derecha incendiaria que es Vox? Y cómo quedará la cuota de poder que asuman los de Abascal en la Junta, que en el pacto de 2022 se concretó en una vicepresidencia única (sin funciones pero con estructura orgánica y organigrama de altos cargos) y tres consejerías, las de Industria y Trabajo, Agricultura y Cultura.

 No hace falta ser muy sagaz para pronosticar que no habrá nueva Ley contra la Violencia de Género -que Vox tratará de sustituirla por su engendro sobre “Violencia Intrafamiliar”- y que Castilla y León continuará siendo la única comunidad autónoma carente de una Ley que reconozca los derechos LGTBi. Igual de previsible es que Vox imponga la derogación del todavía vigente decreto sobre Memoria Histórica (promulgado por el gobierno de Juan Vicente Herrera) para sustituirlo por eso que llama “Ley de Concordia”. 

Lluis, en su toma de posesión como directora general en la Junta
Todo lo anterior ya lo asumió el PP de Mañueco durante el anterior periodo de gobierno compartido con Vox. Lo mismo que aceptó la voladura del Dialogo Social y consintió la guerra emprendida desde la Junta no solo contra los UGT y CC.OO.,  sino también contra la patronal regional.

Me malicio además que la renuncia de Vox a la presidencia de las Cortes no va a ser gratis, va a tener compensación con otras prebendas por el PP. Una de ellas puede ser la exigencia de uno de los tres escaños de senador por la comunidad autónoma que ha de designar las nuevas Cortes de Castilla y León (ojo aquí a la continuidad o no del socialista Luis Tudanca, compensado en su día con esa sinecura a cambio de no disputar a Carlos Martínez el liderazgo del PSOE de Castilla y León. Otra posible exigencia de Vox sería la de incorporar algún acólito en la nómina de los delegados territoriales, una concesión que ya logró Ciudadanos en el pacto de 2019

 Veremos en que términos programáticos y cuotas de poder concluye una negociación que se presume larga y complicada, en la que todo apunta que la comisaria política designada por Abascal no va a ser otra que Monserrat Lluis, adjunta a la secretaría general en la calle Bambú. Rebotada del grupo “Ábside” (Cadena Cope y 13-TV), Lluis ocupó una dirección general en la vicepresidencia de la Junta regentada en su día por Juan García-Gallardo (otro q.e.p.d., políticamente hablando).

A.D.- No es que haya sido una sorpresa mayúscula, dado que de trileros estamos hablando. El hecho es que este mediodía PP y Vox se han descolgado con un pacto para repartirse los cuatro puestos que podían acaparar en la Mesa de las Cortes. Y el PP ha vuelto a claudicar, cediendo uno de esos puestos -nada menos que la vicepresidencia primera- a la ultraderecha, que -¡menos mal que no quería sillones!- volverá a disponer de dos de los seis miembros que integran la Mesa, los mismos con los que contarán el PP y el PSOE. El hasta ahora vicepresidente primero y secretario autonómico del PP, Francisco  ("Paco, Paquito, Paquete") Vázquez, será el nuevo presidente, lo que confirma la fatídica ley de Murphy según la cual todo es empeorable. 

Y menos mal que Mañueco ha encontrado alternativa para la portavocía de las Cortes, de la que se encargará la hasta ahora consejera de Industria y Trabajo, Leticia García, que desocupa su actual cargo para dejar disponible una de las consejerías apetecidas de nuevo por Vox. Otra consejería disponible, y me temo que asimismo apetecida por la ultraderecha, es la de Educación, que deja vacante Rocío Lucas, convenientemente compensada con una secretaría en la Mesa de las Cortes. Podemos ir atando cabos sin olvidar que el regreso de Vox a la consejería de Agricultura se daba ya por descontado.

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