jueves, 28 de marzo de 2024

La trastienda/ Neofranquismo puro y duro

 Apenas se habían apagado los ecos de la machada fascistoide de declarar “bien de interés cultural” ese engendro conocido como la “Pirámide de los italianos” y en plena Semana Santa el tándem PP y Vox que ocupa la Junta de Castilla y León presenta la denominada Ley de Concordia, el proyecto legislativo pactado entre la derecha extrema y la extrema derecha para cargarse el vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado por el gobierno de Juan Vicente Herrera en 2018.

De la Hoz (PP) y Menéndez (Vox) registrando el Proyecto de Ley

 Ninguna sorpresa, puesto que, aunque no figuraba en el “Acuerdo de Legislatura” suscrito inicialmente por el tándem, la aprobación de una nueva “normativa en materia de Concordia” se añadió en la ampliación del pacto acordada en vísperas de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Lo extraño es que no se haya promovido antes, ya que se anunció que se tramitaría antes del 30 de junio de aquel infausto año 2022. Se supone que el PP ha estado dando largas al asunto -como sucede igualmente con la pretendida Ley de Violencia Intrafamiliar- hasta que Vox, urgida por su absoluta inoperancia en las materias que gestiona y los continuos exabruptos del dúo García-Gallardo y Veganzones, ha forzado la situación. 

Alguno se ha escandalizado ante la desfachatez del texto presentado. En realidad, no cabía esperar otra cosa de una iniciativa de la ultraderecha a la que se ha plegado el PP de Mañueco, el mismo que acusa a Pedro Sánchez de haber vendido su alma al secesionismo catalán con tal de seguir en La Moncloa. El decreto vigente, en línea con la Ley de la Memoria Histórica, llamaba a las cosas por su nombre. El franquismo era una dictadura y se trataba de reparar a sus víctimas, en primer lugar cooperando en la exhumación de los restos e identificación de los miles de asesinados enterrados en fosas comunes. La ley omite lo de dictadura, mete en el mismo saco a la República democráticamente proclamada en 1931 con la dictadura resultante del golpe militar de 1936 y excluye a las asociaciones creadas para localizar los restos de las víctimas del franquismo, del proceso legal para su recuperación. Toda una vuelta al calcetín democrático.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
  A estas alturas de la película no vamos a sorprendernos del ultraderechismo de Vox, un partido que ha venido a ocupar el espacio político que tuvo en la transición Fuerza Nueva, la formación acaudillada por Blas Piñar. Un partido de extrema derecha, el de Santiago Abascal, aderezado con un integrismo católico recalcitrante que rebasa al de los obispos más reaccionarios, esos que comparten el deseo de que el Papa Francisco se reuna cuanto antes con San Pedro.

 En cuanto al PP, tiempo hemos tenido para estar curados de espanto. Durante décadas, justamente hasta que irrumpió en escena Vox, acogió en sus filas a los nostálgicos del franquismo, algunos con pasado militante precisamente en Fuerza Nueva. Hay casos sobradamente conocidos. El más aireado por estos lares es el del vallisoletano Alberto Gutiérrez Alberca, quien, tras sostener el guión del partido en un acto protagonizado por Blas Piñar ante el monumento a Onésimo Redondo en el cerro de San Cristóbal, lleva 37 años encadenando cargos públicos, primero con AP y luego con el PP. 

Menos conocido es el caso de Alfredo Prada, el leonés al que su pasado juvenil vinculado a Fuerza Nueva no le impidió ser vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Otra “rana” en el charco de Aguirre, un cenagal que hubiera hecho las delicias de los impenitentes furtivos que siguen haciendo de las suyas contra los anuros en la provincia de León. Prada es el principal imputado por el desaguisado de la Ciudad de Justicia de Madrid, donde se despilfarraron decenas de millones de euros de los madrileños.

Alfonso Fernández Mañueco y Esther Muñoz

 ¿Y qué decir de la presidenta del PP leonés, diputada del Congreso y por la gracia de Núñez Feijóo vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Esther Muñoz, la misma que a su paso por el Senado -entonces apadrinada por el compadre (de Mañueco), Fernando Martínez Maíllo- despotricó contra la Ley de Memoria Histórica, deplorando que el Gobierno socialista dedicara 15 millones de euros “a desenterrar unos huesos”?

 En fin, que no va a ser fácil recuperar los restos de Antonio Benaiges, el maestro de Bañuelos de Bureba, asesinado por milicianos falangistas a finales de julio de 1936, cuya figura ha sido rescatada en “El maestro que prometió del mar”, una película esclarecedora donde las haya. Sus “huesos”, que diría la ínclita Muñoz, no se corresponden con ninguno de los 135 republicanos asesinados y enterrados en fosas comunes en los alrededores del puerto de La Pedraja.

 Solo un último apunte, éste ciertamente sorprendente: la ausencia en el lanzamiento de esta iniciativa del vicepresidente Juan García-Gallardo. Parece que alguien en la madrileña calle Bambú, sede nacional de Vox, se ha dado cuenta de que cada vez que Gallardo aparece en escena, el PP de Mañueco engorda su bolsa de votos.

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