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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 25 de marzo de 2013

Con Montoro seguimos topando


Mientras en el PSOE perdura aún la cadena de explosiones generada por la bomba de racimo de Ponferrada, en el PP de Castilla y León siguen lejos de remitir determinados frentes internos que mantiene abiertos en distintas direcciones. Lo que sucede es que la colocación del foco mediático sobre el adversario socialista ha dejado en un segundo plano los conflictos domésticos en el partido del gobierno, que no son pequeños ni de corto recorrido.

 
Esta pasada semana la Junta ha vuelvo a tropezar con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convertido, junto a su colega de Industria, José Manuel Soria, en las dos grandes bestias negras del gobierno de Juan Vicente Herrera.

Pilar del Olmo y Cristobal Montoro
Ante la expectativa de que Europa abra la mano y rebaje el objetivo de déficit fijado para España, la Junta aspira a que dicha rebaja se traslade a la comunidad autónoma. Ello le concedería margen para compensar sus políticas de recorte (340 millones menos de gasto social en 2013) con otras que permitan estimular el crecimiento y el empleo. Si en lugar del 0,7 fijado en principio, el techo de déficit volviera ser del 1,5, la Junta se encontraría con cerca de 450 millones de euros más a su disposición.

 Con esa expectativa acudió la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se encontró que Montoro no está en la idea de repercutír esa eventual rebaja de forma líneal, sino aplicando una fórmula asimétrica que primaría a comunidades que en 2012 no han conseguido reducir el déficit al 1,5 por ciento establecido, principalmente Cataluña y Valencia. 
De adoptarse esa nueva distribución, se esfumaría en buena parte ese respiro presupuestario al que aspira Castilla y León, que presume de haber cumplido con holgura (1,38) el objetivo del pasado año. Esto último, que políticamente se considera un éxito, fue a costa de reducir el gasto social entre 250 y 300 millones de euros, perder un 1,8 por ciento de PIB -que ha pasado de 23.146  a 22.289 euros por habitante-, aumentar la deuda publica hasta los 7.586 millones y cerrar el año con 28.784 parados mas. 

José A. de Santiago y Juan Vicente Herrera
 Ante la eventualidad de ese déficit asimétrico, el gobierno Herrera ha decidido hacer frente común con otras comunidades a favor de que se mantenga el mismo tope para todas. En resumen, otro encontronazo con Montoro, con el que la Junta mantiene una tormentosa relación precisamente a raíz de que Castilla y León expresara con una sonada abstención su desacuerdo con el 0,7 por ciento fijado para 2013.  

 Sucede además que el mismo Montoro está en el centro de otro manifiesto desencuentro entre la Junta y el gobierno Rajoy, cual es el proyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración  Local. Aunque el gobierno Herrera discrepe de otros aspectos de esa reforma, lo que le ha producido verdadera urticaria es el hecho de que la Administración autonómica se vea obligada a asumir los gastos de limpieza y mantenimiento de centros educativos, sanitarios y sociales que actualmente costean los ayuntamientos. Y es de pura lógica que, siguiendo el principio de “una competencia, una Administración”, sea la comunidad autónoma titular de esas competencias la que corra con todo su coste, liberando a las haciendas locales de esa carga.

 Pero la Junta, que valora ese gasto entre 700 y 1.000 millones de euros, se opone frontalmente a dicha "transferencia" y solo está dispuesta a aceptarla si el Estado compensa ese coste a través del sistema de financiación autonómica, algo que en las actuales circunstancias resulta poco menos que quimérico. Y es aquí donde el problema deriva en un conflicto interno entre la Junta y la Administración Local de Castilla y León. Los ayuntamientos discrepan de otros aspectos de la reforma planteada por Montoro, pero tienen muy claro que no quieren seguir corriendo con los gastos de limpieza y mantenimiento de edificios en los que se prestan servicios públicos de titularidad autonómica.

García Nieto, presidente de la FRMP
 Y lógicamente así se hace constar en las alegaciones formuladas por la Federación Regional de Municipios y Provincias, que plantean que las comunidades autónomas ejerzan y financien “íntegramente" en el plazo de un año todas las competencias en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.  Así las cosas, la colisión de intereses es frontal. Al punto que el consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, no ha dudado en arremeter contra los  “municipalistas de cartón piedra” que se quieren desprender de esas competencias subalternas, que dicho sea de paso son todos los alcaldes que las soportan.

 Por si no estuviera suficientemente enmarañada la situación, sin esperar a que se despeje y concrete la reforma estatal, que será legislación básica de obligado cumplimiento, la Junta se obstina en tramitar su propio proyecto de Ordenación Territorial, lo cual, además de desafiar la lógica y el sentido común, tiene mucho de desafío al gobierno Rajoy.

Para mayor inri, ha saltado por los aires el consenso de mínimos alcanzado con el PSOE sobre esa controvertida “reforma territorial”. Ante la presión interna de sus propios alcaldes y concejales, Julio Villarrubia se ha visto obligado a dar marcha atrás y ha aceptado que el grupo socialista presente en las Cortes una enmienda a la totalidad de dicho proyecto. Un rechazo que en su fuero interno comparten no pocos munícipes del PP, quienes, precisamente forzados por ese consenso ahora roto, aceptaron a regañadientes un invento que nunca han visto claro. Ni ellos ni prácticamente nadie.

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