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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 4 de marzo de 2013

Como lunas tintadas...

Como las lunas tintadas de sus coches oficiales. Más o menos ese es el nivel de transparencia con el que sigue actuando la Junta de Castilla y León. Su opacidad ante cualquier gasto de discutible justificación política -no digamos ya si es de dudosa legalidad- es manifiesta. No solo se hurta la información a los ciudadanos en general, que en aplicación de una verdadera transparencia deberíamos tener derecho a saber en qué y como se gasta hasta el último euro publico. Además de eso, obstaculizan con todos los medios a su alcance el acceso de la oposición parlamentaria a la información a la que por ley tiene derecho. Y no contentos con ello se rasgan las vestiduras si la oposición hace pública esa información.


Alicia García, consejera de Cultura
 Es lo que ha hecho  la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, acusando al grupo socialista de “saltarse a la torera las normas y romper las reglas del juego” por dar a conocer datos del contrato por el que la Junta ha inyectado entre 2004 y 2012 un montante de 17,9 millones de euros a la compañía aérea “Ryanair”. ¿Qué norma obliga a la oposición a guardar confidencialidad sobre la cuantía y contenido de ese contrato? Ni que se tratase de un secreto de Estado que pone en peligro la seguridad nacional...

 Es lo de los pájaros disparando a las escopetas y revela la férrea resistencia de la Junta a someter sus actos de gobierno al control democrático, tanto de la oposición, como de los medios de comunicación y los ciudadanos. En el caso concreto de esos contratos con las líneas aéreas, la consejera debería ser un poco mas cauta, máxime cuando estamos ante una actuación que incurre en claro fraude de ley.

 Fraude de ley puesto que la Legislación europea prohibe expresamente subvencionar a las compañías aéreas, lo que se han pasado por el forro las administraciones autonómicas mediante el subterfugio de conceder millonarios contratos de publicidad que en realidad no son otra cosa que subvenciones encubiertas. Contratos adjudicados además de aquella manera, como consta en el informe de fiscalización de la empresa pública SOTUR correspondiente a 2007 emitido por el Consejo de Cuentas, que, en relación con el contrato de 1,55 millones suscrito ese año con "Ryanair", afirma literalmente que “las razones esgrimidas en el informe técnico no justifican el modo de adjudicación del contrato".


  Ocurre además que, al disponer de cuatro aeropuertos, Castilla y León es, con gran diferencia, la comunidad autónoma que más dinero ha inyectado a las compañías aéreas utilizando ese subterfugio: nada menos que 84 millones de euros en el periodo comprendido entre 2007 y 2011. La siguiente comunidad en ese ranking es Aragón, con 34 millones.
Michael O´Leary, presidente de Ryanair
 Un solo dato del dispendio que esto ha supuesto: Dividiendo esa "inversión publicitaria" entre el número de pasajeros de los vuelos sostenidos mediante esos contratos, resultaría que cada pasajero del aeropuerto de Burgos ha costado al erario 226 euros.

Así que, llegado 2013, con la Junta recortando 340 millones de euros de gasto social, el tinglado se ha venido abajo. Si nunca ha sido de recibo que todos los contribuyentes -incluidos los que no han subido ni piensan subir a un avión en su vida- subvencionemos esos vuelos, ya me dirán ahora, mientras se aplican recortes y más recortes en Sanidad, Educación y Dependencia. La cosa ya no tiene un pase.

 Mientras tanto, en otro alarde de "transparencia", el PP ha impedido en las Cortes la comisión de investigación solicitada por el grupo socialista en torno al nuevo hospital de Burgos. Algo lógico, habida cuenta del cúmulo de oscuras circunstancias que han rodeado el contrato de mayor cuantía adjudicado por la Junta en sus 30 años de historia.

 Tras el espectacular sobrecoste y la elevación del canon anual inicial de 38 millones a cerca de 71, habíamos cuantificado aquí en 1.500 millones de euros el importe final del contrato suscrito con la sociedad concesionaria. Nos habíamos quedado muy cortos, ya que no conocíamos el compromiso de la Junta de garantizar el beneficio del 6,92 por ciento anual previsto en el plan de negocio de dicha sociedad. El dato lo reveló el socialista Óscar López durante el debate parlamentario y así aparece en los documentos que acompañan la información publicada por el periódico digital "últimoCero".

De Santiago-Juárez, un Portavoz olvidadizo


 Al margen de poder comprobar como se ha vestido ese muñeco, dichos documentos contienen nuevas muestras de la “transparencia” con la que actúa el consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, ese que con una mano mece el diván presidencial y con la otra maneja a discreción la chequera mediática. 
En el expediente aparecen al menos tres acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con los reformados del proyecto y la actualización del canon. Ni el 26 de julio ni el 23 de agosto de 2012 el Portavoz se acordó de dar cuenta de los acuerdos referentes a la actualización del canon. Y también se olvidó del Hospital de Burgos al informar de los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2010, sesión en la que la Junta revisó el equilibrio financiero del contrato de concesión, autorizando un incremento nada menos que de 157.620.313 euros. O a lo mejor no fué un olvido, sino que a De Santiago-Juárez esa cuantía de 157 millones le pareció una minucia carente de interés informativo…

 En vista de todo lo cual, se entiende que, como nos contó “El topillo”, Juan Vicente Herrera se ausentara de su escaño mientras se debatía en el “mausoleo” la comisión de investigación solicitada por el PSOE. Aunque siga protegiéndose bajo lunas tintadas, para su desgracia las sombras de ese Hospital le van a perseguir de por vida.