El golpe de
efecto de las comparecencias “exprés” de los nueve consejeros de la Junta para informar sobre
los contratos adjudicados a la principal empresa implicada en la “operación Púnica”
tenía un segundo objetivo. Además de tratar de desmarcar al gobierno autonómico
de esa trama corrupta, ese aparatoso despliegue parlamentario intentaba rodear
de verosimilitud al Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana
de Castilla y León aprobado el día siguiente por el Consejo de Gobierno. Un proyecto legislativo prácticamente vacío de contenido que no tiene otro objeto que el de disfrazar
el alto grado de opacidad y oscurantismo con el que actúa el gobierno de Juan Vicente Herrera.
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| José Antonio de Santiago |
Pues bien,
resulta que las “exigencias adicionales” se limitan a las siguientes: “relaciones
de puestos de trabajo y plantillas; puestos de personal eventual; convocatorias
de procesos de selección de personal; convenios colectivos y acuerdos, pactos o
planes; textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas;
gasto público en campañas de publicidad institucional; volumen de endeudamiento
de la Comunidad ;
estructura de la cartera de deuda; finalidad a la que están destinados los
bienes inmuebles de su propiedad y relación de los que se ceden a terceros; y
número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.”
El solo hecho de que asuntos tan elementales y básicos como los anteriores constituyan el “plus de transparencia” que
aporta esta nueva ley autonómica se comenta por sí mismo. Sin que además se
concrete cual va a ser la calidad y el detalle de esa información. Por poner un
ejemplo, ¿se va a dar a conocer la distribución de la publicidad institucional
de la Junta , esto es, lo
que reciben todos y cada uno de los medios de comunicación con cargo a dicho capítulo? Permitanme que lo dude. Y salvo que las
declaraciones notariales de bienes del presidente y de los consejeros se
publicarán en el BOCYL, ni siquiera se contempla que las declaraciones anuales
de IRPF y Patrimonio del resto de los altos cargos de la Junta vayan a ser de acceso
público. Otra vez dando gato por liebre.
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| Pilar del Olmo, consejera de Hacienda |
Ahí está lo ocurrido el pasado mes de marzo,
cuando valiéndose de su mayoría en las Cortes, el PP tuvo la impudicia de
modificar el plan anual de trabajo presentado a las Cortes por el Consejo de
Cuentas para suprimir del mismo los informes sobre la situación y actividad
económico-financiera de las empresas y fundaciones publicas de la comunidad.
Con ello se ha evitado que dicho Consejo siga examinando la gestión de la llamada “Administración B”, en la que el despilfarro y el enchufismo han corrido siempre parejos al fragrante y sistemático incumplimiento dela Ley de Contratos del Estado. Tanto es así que los demoledores informes de fiscalización realizados en su momento
sobre ADE Parques, ADE Financiación Provilsa y Somacyl están siendo
investigados por un juzgado a raíz de la denuncia presentada por el Partido
Castellano por presuntos delitos de administración desleal, tráfico de
influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación.
Con ello se ha evitado que dicho Consejo siga examinando la gestión de la llamada “Administración B”, en la que el despilfarro y el enchufismo han corrido siempre parejos al fragrante y sistemático incumplimiento de
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| Monago y Herrera el pasado sábado en Caceres |
¿Qué pensarán
de esta Ley de transparencia los representantes de los trabajadores de la Administración
Autonómicala Junta
distribuyen discrecionalmente entre un selecto personal de su confianza?
“Las leyes
inútiles debilitan a las necesarias”, ha recordado alguien citando a Montesquieu.
Y tanto. O peor aún: Si la verdadera transparencia es un antídoto contra
la corrupción, simular una transparencia inexistente puede constituir la mas perversa de las coartadas para
encubrirla.