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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 10 de noviembre de 2014

¿Transparencia? Dime de qué presumes...

  El golpe de efecto de las comparecencias “exprés” de los nueve consejeros de la Junta para informar sobre los contratos adjudicados a la principal empresa implicada en la “operación Púnica” tenía un segundo objetivo. Además de tratar de desmarcar al gobierno autonómico de esa trama corrupta, ese aparatoso despliegue parlamentario intentaba rodear de verosimilitud al Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León aprobado el día siguiente por el Consejo de Gobierno. Un proyecto legislativo prácticamente vacío de contenido que no tiene otro objeto que el de disfrazar el alto grado de opacidad y oscurantismo con el que actúa el gobierno de Juan Vicente Herrera.


José Antonio de Santiago
 Una vez más, la "factoría de ficción" que dirige el consejero de la Presidencia, el psiquiatra José Antonio de Santiago-Juárez, intenta colarnos mercancía averiada, en este caso alardeando de que el gobierno autonómico se dispone a ampliar en Castilla y León las exigencias sobre transparencia contempladas en la Ley estatal que regula la materia. Y eso que, tras la nota máxima del 100 sobre 100 otorgada por “Transparencia Internacional”, ya presumían de ser un ejemplo a seguir. (Lo mismo, que cosas, que la Diputación de León, igualmente distinguida con la máxima calificación por dicha agencia, cuyo máximo impulsor en España es el presidente de un conocido bufete jurídico frecuentemente contratado por la Administración Autonómica)

Pues bien, resulta que las “exigencias adicionales” se limitan a las siguientes:  “relaciones de puestos de trabajo y plantillas; puestos de personal eventual; convocatorias de procesos de selección de personal; convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes; textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas; gasto público en campañas de publicidad institucional; volumen de endeudamiento de la Comunidad; estructura de la cartera de deuda; finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles de su propiedad y relación de los que se ceden a terceros; y número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.”

 El solo hecho de que asuntos tan elementales y básicos como los anteriores constituyan el “plus de transparencia” que aporta esta nueva ley autonómica se comenta por sí mismo. Sin que además se concrete cual va a ser la calidad y el detalle de esa información. Por poner un ejemplo, ¿se va a dar a conocer la distribución de la publicidad institucional de la Junta, esto es, lo que reciben todos y cada uno de los medios de comunicación con cargo a dicho capítulo?  Permitanme que lo dude. Y salvo que las declaraciones notariales de bienes del presidente y de los consejeros se publicarán en el BOCYL, ni siquiera se contempla que las declaraciones anuales de IRPF y Patrimonio del resto de los altos cargos de la Junta vayan a ser de acceso público. Otra vez dando gato por liebre.

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda
  Esta ley, lo mismo que las comparecencias exprés de los consejeros, confirma plenamente aquello del “dime de que presumes y te diré de qué careces”. Lejos de avanzar en transparencia, en lo que llevamos de Legislatura la Junta no ha hecho otra cosa que extender nuevos mantos de opacidad a su gestión, eludiendo, no solo ya el control parlamentario de la oposición, sino el de las propias instituciones encargadas de fiscalizar su actuación.

 Ahí está lo ocurrido el pasado mes de marzo, cuando valiéndose de su mayoría en las Cortes, el PP tuvo la impudicia de modificar el plan anual de trabajo presentado a las Cortes por el Consejo de Cuentas para suprimir del mismo los informes sobre la situación y actividad económico-financiera de las empresas y fundaciones publicas de la comunidad.
 Con ello se ha evitado que dicho Consejo siga examinando la gestión de la llamada “Administración B”, en la que el despilfarro y el enchufismo han corrido siempre parejos al fragrante y sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Estado. Tanto es así que los demoledores informes de fiscalización realizados en su momento sobre ADE Parques, ADE Financiación Provilsa y Somacyl están siendo investigados por un juzgado a raíz de la denuncia presentada por el Partido Castellano por presuntos delitos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación.

 ¿Qué credibilidad puede tener el gobierno Herrera en materia de transparencia después de que el PP se haya permitido amordazar así al Consejo de Cuentas, o fuera capaz de camuflar, como hizo en 2012, una vergonzante amnistía fiscal colada de matute dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos?  ¿Cómo se puede alardear de transparencia tras haber rechazado, una tras otra,  las 26 comisiones parlamentarias de investigación solicitadas por la oposición, o cuando hay consejeros que mantienen sin atender hasta 23 peticiones de comparecencia en las Cortes?  
Monago y Herrera el pasado sábado en Caceres
¿Dónde sitúa el propio Juan Vicente Herrera los parámetros de probidad en el ejercicio de un cargo público después de haber justificado, de la forma que lo ha hecho el otro día en Cáceres, los placenteros viajes a Canarias de José Antonio Monago, el actual presidente de Extremadura?

¿Qué pensarán de esta Ley de transparencia los representantes de los trabajadores de la Administración Autonómica, que, además de ver cada día lo que ven, han tenido que denunciar ante la fiscalía el secretismo de la Junta sobre las sustanciosas “bufandas” que el presidente y los consejeros de la Junta distribuyen discrecionalmente entre un selecto personal de su confianza?

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”, ha recordado alguien citando a Montesquieu. Y tanto. O peor aún: Si la verdadera transparencia es un antídoto contra la corrupción, simular una transparencia inexistente puede constituir la mas perversa de las coartadas para encubrirla.