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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Cortina de humo para escurrir el bulto

 A raíz de las elecciones europeas del pasado mayo, el Partido Popular vio en peligro su mayoría absoluta en gran parte de los ayuntamientos que gobierna y anunció, sin contar con nadie, una reforma del sistema electoral que garantizara las Alcaldías al candidato de la lista mas votada. Se trataba de cambiar en el último cuarto de hora del partido unas reglas de juego vigentes desde 1979, ello con el exclusivo y descarado propósito de conservar a toda costa su actual cuota de poder municipal ante eventuales y legítimos pactos de otras fuerzas políticas.


 Esa proyectada maniobra tan descaradamente partidista fue defendida por el PP como una medida de “regeneración democrática”. Los demás partidos la denunciaron como un intento de “pucherazo electoral” que combatirían por todos los medios a su alcance. Pasó el tiempo, el PP sopesó las consecuencias y se olvidó -se supone que definitivamente- de una propuesta que, por abusiva que resultara, podía sacar adelante aplicando su mayoría absoluta.

Juan Vicente Herrera y Dolores de Cospedal
 Saco a colación lo anterior a propósito de la propuesta que acaba de lanzar aquí el PP de reducir el actual número de procuradores de las Cortes de Castilla y León, medida igualmente disfrazada de “regeneración democrática” que no perseguiría otro objetivo que el de blindar su mayoría absoluta, excluyendo del Parlamento a minorías y fuerzas emergentes. Nada nuevo que no fuera conocido: El mismo ataque al pluralismo y a la representación ciudadana perpetrado por María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha.

 Aparte de contradecir la posición mantenida al respecto por el propio Juan Vicente Herrera, lo más desconcertante es que dicha medida forma parte de una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de todo punto imposible de sacar adelante. Primero porque, a seis meses de unas elecciones autonómicas y a un año de las siguientes generales, no hay tiempo material para desarrollar el largo proceso legislativo que conlleva una reforma estatutaria, que comienza en el Parlamento autonómico y acaba en el Senado pasando antes por el Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar porque la reforma del Estatuto requiere su aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes de Castilla y León, algo solo posible previo acuerdo de los dos grupos mayoritarios. Y el PP conocía de antemano que el PSOE de Luis Tudanca iba mostrar su frontal oposición.

 ¿A cuento de qué viene entonces el PP proponiendo una reforma del Estatuto a sabiendas de que es absolutamente inviable? No se me ocurre otra respuesta que al propósito de tender una cortina de humo para aparentar una voluntad de “regeneración democrática” y después escurrir el bulto. Al igual que con su vacía Ley de Transparencia, urgido por el hartazgo ciudadano contra la corrupción, el PP de Castilla y León pretende lavarse la cara anunciando medidas que no puede cumplir. Y no tiene ahora empacho de incluir en esa misma reforma del Estatuto la limitación del aforamiento de los procuradores o la limitación de los mandatos del presidente de la Junta, medidas ignoradas por Juan Vicente Herrera y rechazadas por el grupo popular durante el debate sobre el estado de la comunidad celebrado el pasado mes de junio.

Luis Tudanca presentando el "Portal de Transparencia"
 Asociar la “regeneración democrática” de las instituciones de Castilla y León a una imposible reforma del Estatuto es la excusa perfecta para no hacer nada. Esa parece la estrategia. Cuando lo cierto es que no hace falta  ninguna reforma estatutaria para avanzar en regeneración y transparencia.
 Impelido asimismo por sus propias urgencias, lo acaba de demostrar el PSOE CyL con la apertura del “Portal de Transparencia” colgado en su página “web”, gracias al cual hemos podido enterarnos de las cuentas generales del partido en la comunidad y de las rentas, bienes e intereses de sus dirigentes y procuradores autonómicos.

 Conocer los ingresos globales que por todos los conceptos perciben los altos cargos de la Junta y los 84 procuradores de las Cortes es algo que nunca ha estado al alcance de los ciudadanos de esta comunidad. De nada sirve que aporten sus declaraciones de Renta y Patrimonio si éstas luego se guardan bajo siete llaves en el Colegio de la Asunción o en el “mausoleo” de Villa del Prado. A expensas de poner al día algunos datos, los socialistas han dado un  paso adelante. Y no hace falta esperar a ninguna Ley de Transparencia para que la Junta y las Cortes hicieran lo propio.

 En concreto, las Cortes siguen a estas alturas sin haberse homologado al nivel de transparencia del Congreso de los Diputados y el Senado, en cuyas páginas “web” constan las declaraciones de actividades, bienes y rentas de todos sus miembros a la fecha de su ingreso en la institución. Dicha información se reduce aquí a una declaración sobre bienes patrimoniales colgada a toda prisa en febrero de 2013. Pero ni un solo dato sobre las actividades y rentas de los procuradores, dos apartados del registro de intereses que, según el propio Reglamento de las Cortes, tienen carácter público.

Sesión plenaria en el hemiciclo de las Cortes
 Al contrario que el Congreso  y el Senado, tampoco contiene la “web” de las Cortes información alguna sobre las subvenciones asignadas a los diferentes grupos parlamentarios, capitulo al que se destina una partida presupuestaria de mas de 3.5 millones de euros. 
A través del  “Portal de Transparencia” del PSOE hoy sabemos que el grupo socialista recibió el pasado año 1.235.811 euros, cuantía incorporada  directamente a las cuentas generales de la estructura autonómica del partido, dentro de las que supone más del 80 de sus ingresos globales. Y también que con cargo a esa subvención los 21 procuradores socialistas no liberados por cuenta de las Cortes reciben una asignación fija de 810 o 645 euros mensuales según sean portavoces o no de alguna comisión.
 ¿A cuánto asciende la subvención del grupo popular con cargo a la cual ingresa un “sobresueldo” de 1.500 euros mensuales a todos y cada uno de sus 53 procuradores, incluidos el presidente de la Junta y los seis consejeros con escaño en el “mausoleo”? ¿Qué impide por otro lado dar a conocer las cantidades percibidas por cada procurador en concepto de dietas y kilometrajes, capítulo para el que las Cortes disponen de cerca de 1,5 millones de euros ?

 Si no empieza por levantar el velo de la opacidad sobre asuntos tan elementales, comprenderán que resulte poco creíble la sobrevenida voluntad de transparencia y regeneración democrática del PP.