A raíz de las elecciones
europeas del pasado mayo, el Partido Popular vio en peligro su mayoría absoluta
en gran parte de los ayuntamientos que gobierna y anunció, sin contar con
nadie, una reforma del sistema electoral que garantizara las Alcaldías al
candidato de la lista mas votada. Se trataba de cambiar en el último cuarto de
hora del partido unas reglas de juego vigentes desde 1979, ello con el
exclusivo y descarado propósito de conservar a toda costa su actual cuota de poder municipal
ante eventuales y legítimos pactos de otras fuerzas políticas.
Esa proyectada maniobra tan descaradamente partidista fue defendida por el PP como una medida de “regeneración
democrática”. Los demás partidos la denunciaron como un intento
de “pucherazo electoral” que combatirían por todos los medios a su alcance.
Pasó el tiempo, el PP sopesó las consecuencias y se olvidó -se supone que
definitivamente- de una propuesta que, por abusiva que resultara, podía sacar
adelante aplicando su mayoría absoluta.
 |
| Juan Vicente Herrera y Dolores de Cospedal |
Aparte de contradecir la posición mantenida al respecto por el propio Juan Vicente Herrera, lo más desconcertante es que dicha medida
forma parte de una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de todo punto
imposible de sacar adelante. Primero porque, a seis meses de unas elecciones
autonómicas y a un año de las siguientes generales, no hay tiempo material para
desarrollar el largo proceso legislativo que conlleva una reforma estatutaria,
que comienza en el Parlamento autonómico y acaba en el Senado pasando antes por el
Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar porque la reforma del Estatuto
requiere su aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes de
Castilla y León, algo solo posible previo acuerdo de los dos grupos
mayoritarios. Y el PP conocía de antemano que el PSOE de Luis Tudanca iba mostrar su frontal oposición.
¿A cuento de qué viene entonces el PP
proponiendo una reforma del Estatuto a sabiendas de que es absolutamente
inviable? No se me ocurre otra respuesta que al propósito de tender una cortina
de humo para aparentar una voluntad de “regeneración democrática” y después
escurrir el bulto. Al igual que con su vacía Ley de Transparencia, urgido por
el hartazgo ciudadano contra la corrupción, el PP de Castilla y León pretende
lavarse la cara anunciando medidas que no puede cumplir. Y no tiene ahora empacho
de incluir en esa misma reforma del Estatuto la limitación del aforamiento de
los procuradores o la limitación de los mandatos del presidente de la Junta , medidas ignoradas por
Juan Vicente Herrera y rechazadas
por el grupo popular durante el debate sobre el estado de la comunidad celebrado el pasado mes de junio.
 |
| Luis Tudanca presentando el "Portal de Transparencia" |
Impelido asimismo por sus propias urgencias, lo acaba de demostrar el PSOE CyL con la apertura del “Portal de Transparencia” colgado en su página “web”, gracias al cual hemos podido enterarnos de las cuentas generales del partido en la comunidad y de las rentas, bienes e intereses de sus dirigentes y procuradores autonómicos.
Conocer los ingresos globales que por todos
los conceptos perciben los altos cargos de la Junta y los 84 procuradores de las Cortes es algo
que nunca ha estado al alcance de los ciudadanos de esta comunidad. De nada
sirve que aporten sus declaraciones de Renta y Patrimonio si éstas luego se guardan
bajo siete llaves en el Colegio de la Asunción o en el “mausoleo” de Villa del Prado. A
expensas de poner al día algunos datos, los socialistas han dado un paso adelante.
Y no hace falta esperar a ninguna Ley
de Transparencia para que la Junta y las Cortes hicieran
lo propio.
En concreto, las Cortes siguen a estas alturas
sin haberse homologado al nivel de transparencia del Congreso de los Diputados
y el Senado, en cuyas páginas “web” constan las declaraciones de actividades,
bienes y rentas de todos sus miembros a la fecha de su ingreso en la
institución. Dicha información se reduce aquí a una declaración sobre bienes
patrimoniales colgada a toda prisa en febrero de 2013. Pero ni un solo dato
sobre las actividades y rentas de los procuradores, dos apartados del registro
de intereses que, según el propio Reglamento de las Cortes, tienen carácter
público.
 |
| Sesión plenaria en el hemiciclo de las Cortes |
A través del “Portal de Transparencia” del PSOE hoy sabemos que el grupo socialista recibió el pasado año 1.235.811 euros, cuantía incorporada directamente a las cuentas generales de la estructura autonómica del partido, dentro de las que supone más del 80 de sus ingresos globales. Y también que con cargo a esa subvención los 21 procuradores socialistas no liberados por cuenta de las Cortes reciben una asignación fija de 810 o 645 euros mensuales según sean portavoces o no de alguna comisión.
¿A cuánto asciende la subvención del grupo
popular con cargo a la cual ingresa un “sobresueldo” de 1.500 euros
mensuales a todos y cada uno de sus 53 procuradores, incluidos el presidente de
la Junta y los
seis consejeros con escaño en el “mausoleo”? ¿Qué impide por otro lado dar a
conocer las cantidades percibidas por cada procurador en concepto de dietas y kilometrajes, capítulo para el que las Cortes disponen de cerca de 1,5 millones de euros ?
Si no empieza por levantar el velo de la
opacidad sobre asuntos tan elementales, comprenderán que resulte poco creíble
la sobrevenida voluntad de transparencia y regeneración democrática del
PP.