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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 17 de noviembre de 2014

Y todavía dan lecciones de buen gobierno...

 Tras el sobresalto de la “operación Púnica”, en torno a la cual ha tratado de colocar una especie de cordón sanitario, el gobierno de Juan Vicente Herrera ha recuperado su agenda habitual, volcada en estos momentos en maquillar los demoledores efectos sociales de los recortes presupuestarios aplicados durante los cuatro últimos años. Pieza al servicio de esa estrategia son los artificiosos Presupuestos de la Comunidad presentados para 2015, unas cuentas cuadradas a martillazos que recrean una realidad virtual con la que el PP pretende minimizar el fuerte desgaste electoral de sus nefastas políticas. Un proyecto presupuestario al que la oposición ha presentado más de 1.600 enmiendas parciales, de antemano destinadas a ser pasadas por el implacable “rodillo” de la mayoría parlamentaria del grupo popular.


Manifestación en León tras la aparición de los gorgojos
Entretanto, la Junta sigue gobernando a sus anchas sin importarle una higa, no ya lo que diga o proponga la oposición, sino los propios escándalos y fiascos que rodean su propia gestión. En los últimos días hemos tenido buenos ejemplos. 
Sin cortarse un pelo, la consejería de Educación acaba de formalizar en el Boletín Oficial de Castilla y León la adjudicación del servicio de comedor de 41 centros escolares de la provincia de León a la empresa Serunión, justamente la misma que el pasado 9 de octubre sirvió sopa con larvas de gusanos en cinco colegios leoneses y otro mas de la provincia de Segovia. Tras la natural alarma social por aquel hecho, oposición, sindicatos y padres (más de 7.000 firmas) solicitaron la rescisión del contrato, medida descartada en todo momento por la consejería, que se limitaba a abrir un expediente sancionador todavía sin resolver.

En estas estábamos cuando aparece publicada en el BOCYL la adjudicación a favor de Serunión, a través de la cual nos enteramos que la misma se produjo el pasado 10 de septiembre, que abarca al presente curso y los dos siguientes y que su importe su eleva a más de cinco millones de euros. Aparte del detalle de que el contrató se adjudicó exactamente en la misma fecha en que daba comienzo el curso escolar, hace falta tener tragaderas para señalar entre las ventajas de la oferta adjudicataria “la valoración de la calidad  y variedad de los menús”, así como “la organización del servicio y el departamento dietético-nutricional”. 
Y así se afirma en la resolución firmada por la directora provincial de la consejería, Emilia Villanueva, quién, para mayor inri, compatibiliza ese cargo con un escaño de procuradora del PP en las Cortes de Castilla y León. Cualquiera día de estos la consejería cerrará el expediente incoado a la empresa con una sanción que no puede exceder los 12.120 euros, y asunto liquidado. Mientras tanto, a Serunión le han vuelto a aparecer gorgojos en el menú servido el pasado 27 de octubre en el comedor escolar de Navarrete (La Rioja).

Cúpula de la Energía: 9 millones € despilfarrados por la Junta
 Por el contrario, un contrato que la Junta decidió rescindir unilateralmente fue de de las obras de la llamada Cúpula de la Energía, ese mamotreto de hormigón proyectado como edificio institucional de la desdichada Ciudad del Medio Ambiente. De forma sospechosamente urgente, el consejo de Gobierno de fecha 25 de abril de 2013 decidió paralizar las obras y proceder a la rescisión del contrato. El acuerdo se tomó ocho días antes de que el Tribunal de Justicia de Castilla y León declarara nula la licencia municipal concedida por el ayuntamiento de Garray.

Pues bien, año y medio después, en respuesta a una información solicitada por la procuradora del PSOE por Soria, Esther Pérez, la Junta reconoce que  dicha rescisión le ha costado más de 1,3 millones de euros (548.875 por daños y perjuicios y 758.584 por lucro cesante), cantidad que sumada a los 7,6 millones gastados hasta la fecha, sitúan en torno a los 9 millones el despilfarro de dinero público solamente en esa megalómana Cúpula. Y el dato sale a la luz justo cuando la Junta acaba de recurrir la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso que obliga a demoler ese engendro. ¿Acaso después de paralizar las obras y rescindir unilateralmente el contrato, la Junta espera algún día reanudarlas, pesando sobre ellas esas dos sentencias aludidas y la del Tribunal Constitucional que tumbó la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente? Todo lo anterior sin que a fecha de hoy nadie haya asumido ninguna responsabilidad política ante semejante desaguisado.

De la larga lista de fracasos de la Junta nadie se hace nunca responsable y menos aún su presidente, quién además se considera legitimado para impartir lecciones de buenas prácticas de gobierno. Estos días le hemos visto dando apoyo moral al presidente de Cecale, Santiago Aparicio, a quién de repente le ha estallado encima un escándalo -el de la gestión de su antecesor, Jesús Terciado- sobre el que ha estado mirando para otro lado desde que llegó al cargo.

Juan Vicente Herrera y Santiago Aparicio
Un escándalo además ante el que la Junta se pone de perfil, cuando una buena parte de las presuntas corruptelas que se desprenden de la auditoría realizada por la firma KPMG se perpetraron con fondos públicos procedentes del gobierno autonómico. A esa evidencia se añade la decisión que acaba de tomar un juzgado de primera instancia trasladando a la fiscalía  indicios de un posible delito de corrupción vinculado a la gestión de cursos de formación financiados por la consejería de Economía y Empleo. 
¿Y que dice la Junta al respecto? En palabras del consejero, Tomás Villanueva “que es una cuestión de relaciones entre privados a la que es ajena la Junta”. La misma tesis mantenida sobre el negocio de las subcontrataciones (entre otras la de Serunión) de la empresa concesionaria del hospital de Burgos: La Junta desembolsa un pastón y después se llama andana sobre la posterior gestión de ese dinero público.

 Y ello en la misma semana en la que el grupo DIA ha puesto sobre la mesa su plan de despedir a 259 trabajadores de la cadena de supermercados “El Árbol”, 153 de ellos de las 21 tiendas que va a cerrar y otros 106 de la central de gestión ubicada en Valladolid. Lo mismo que piensa reducir drásticamente el volumen de compras a proveedores de Castilla y León, de los que únicamente tienen garantizada su continuidad las marcas acogidas a “Tierra de Sabor”. Otro fiasco, consecuencia directa de la desintegración de las cajas de ahorro, sobre el que la Junta elude cualquier responsabilidad. Si no reconoce los fracasos propios, no vamos a esperar que reconozca aquellos que ha inducido…