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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 3 de noviembre de 2014

La impostura de pretender hacer de la necesidad virtud

“¿Qué he hecho yo, que no hayan hecho otros, para merecer esto?”. Esta es la pregunta que, en la soledad de su celda de la cárcel de Navalcarnero, probablemente se esté haciendo Marcos Martínez Barazón una semana después de que agentes de la Guardia Civíl irrumpieran en la Diputación de León proceder a su detención y posterior puesta a disposición judicial.


Marcos Martínez Barazón
  A juzgar por el escueto auto con el que el juez Eloy Velasco  ha dictado su promisión incondicional, se diría que Martínez Barazón tuvo la fatalidad de establecer relaciones poco recomendables en el momento más inoportuno. “Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación -dice el auto- vinculados a la estación de esquí San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas a empresas vinculadas a Alejandro de Pedro a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente de la Diputación”.  “Además -añade el juez- tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”.

 Desde que su antecesora y madrina política, Isabel Carrasco, le nombrara vicepresidente, Martínez Barazón venía controlando de manera muy directa las contrataciones de obras y servicios, usando y abusando de ese sistema de “procedimiento negociado”, que en la práctica permite adjudicar contratos con absoluta discrecionalidad. Sobre todo si se cuenta con la connivencia, como sería el caso, del interventor de la institución, Manuel Jesús López Sánchez, asimismo imputado por el juez Velasco. (Luego se ha sabido que López Sánchez, conocido como “Suso”, lleva meses imputado en otra causa abierta en un juzgado leonés por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa o fraude relacionados casualmente con la estación de de San Isidro).

  La alarma que ha desatado en el seno del PP la ola de indignación ciudadana contra la corrupción convertía automáticamente a Martínez Barazón  en un personaje repudiado por sus compañeros de partido, incluso por los mismos que en vísperas de su detención estaban dispuestos a auparle a la presidencia del PP de León, vacante desde el asesinato de Isabel Carrasco.
José Antonio de Santiago-Juárez
 En un santiamén, el PP ha pasado de invocar la consabida presunción de inocencia a decretar expulsiones sumarísimas dadas por descontadas antes de abrir los correspondientes expedientes. La habitual laxitud con el corrupto propio ha dejado paso a una sobrevenida “tolerancia cero” y a un rasgado de vestiduras que tiene exactamente la misma credibilidad que el perdón pedido por Rajoy. Un intento de hacer de la necesidad virtud con una impostura que ya no se traga ni el más incauto.

 Y aquí tenemos a la Junta, temerosa de que la porquería destapada en León le salpique, intentando desmarcarse a toda velocidad del entramado de la “operación Púnica”. A nosotros no hace falta que nadie nos investigue, ya nos investigamos nosotros solos y, sin que nadie nos lo pida, enviamos a la Audiencia Nacional los contratos realizados con Cofely, la principal empresa implicada en la trama. Contratos, faltaría más, calificados de “absolutamente limpios” por el Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, paladín de la transparencia donde los haya.

 Asegura la Junta que desde 2002 la Administración Autonómica ha contratado con Cofely trabajos por importe de 13,3 millones de euros, de los cuales 7,57 corresponden al proyecto adjudicado por la empresa pública Somacyl para abastecer de calor a 31 edificios públicos situados en el campus universitario de Valladolid. Del resto de los contratos, cifrados en 5,72 millones, destaca por su cuantía el suscrito para instalar equipos de climatización en el hospital de Medina del Campo.

Hospital de Burgos
Cofely y el Hospital de Burgos.- Pero no es el de Medina del Campo el único hospital en el que Cofely se ha encargado de ese cometido. La empresa se ocupó de instalar la climatización del nuevo Hospital de Burgos, calificándolo en su propia página “web” como “uno de los seis proyectos más destacados que ha realizado en España”. Un contrato que se disparado hasta los 25 millones de euros que naturalmente la Junta no computa como pago propio, ya que se trata de una más de las subcontrataciones realizadas por la sociedad concesionaria del hospital, Eficanza, con cargo al canon anual de 71 millones de euros que recibe de las arcas autonómicas.

 En cuanto al contrato de Somacyl, concedido a una UTE en la que Cofely solo participa con un 30 por ciento, su adjudicación se produjo mediante el excepcional procedimiento del “diálogo competitivo”. Somacyl, dependiente de la consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una de las empresas públicas cuyos procedimientos de contratación salían peor parados en los informes de fiscalización realizados por el Consejo de Cuentas en los ejercicios 2010 y 2011. Su consejero-delegado es José Manuel Jiménez Blázquez, el director general de Calidad y Sostenibilidad ambiental, máximo responsable a la sazón de gestionar el engendro de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

José Manuel Jiménez Blázquez
En todo caso, Cofely es tan solo una de las 124 empresas que aparecen relacionadas con la trama. Además de solicitar la comparencia parlamentaria de la consejera de Hacienda para que informe sobre los pagos realizados por la Junta a todo ese conjunto de empresas, el PSOE se ha interesado en particular por los realizados a Districlima S.A. (participada en un 50.8 por ciento por Confely), Eico (la empresa de Alejandro de Pedro, el “conseguidor” embaucador del presidente de la Diputación de León) y a las UTES formadas por Cofely con Rebi (la empresa soriana que participa con el 70 por ciento en el proyecto adjudicado por Somacyl) y Cenit Solar, empresa esta última ubicada en el parque tecnológico Boecillo. Por su parte, el grupo mixto (IU y UPL),  ha solicitado la relación completa de empresas de la trama que han tenido relación contractual o comercial de la Junta, así como la comparecencia parlamentaria, uno por uno, de los nueve consejeros.

 La oposición no se cree que la relación de la Junta con el conjunto de empresas vinculadas a la “operación Púnica” se limite a esos contratos de Cofely con los que el gobierno de Juan Vicente Herrera ha pretendido desmarcarse con tanta prisa de este nuevo gran escándalo de corrupción.