“¿Qué he
hecho yo, que no hayan hecho otros, para merecer esto?”. Esta es la pregunta
que, en la soledad de su celda de la cárcel de Navalcarnero, probablemente se
esté haciendo Marcos Martínez Barazón
una semana después de que agentes de la Guardia Civíl irrumpieran en la Diputación de León
proceder a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
Marcos Martínez Barazón |
Desde que su antecesora y madrina política, Isabel Carrasco, le nombrara
vicepresidente, Martínez Barazón venía controlando de manera muy directa las
contrataciones de obras y servicios, usando y abusando de ese sistema de
“procedimiento negociado”, que en la práctica permite adjudicar contratos con
absoluta discrecionalidad. Sobre todo si se cuenta con la connivencia, como
sería el caso, del interventor de la institución, Manuel Jesús López Sánchez, asimismo imputado por el juez Velasco. (Luego
se ha sabido que López Sánchez, conocido como “Suso”, lleva meses imputado en
otra causa abierta en un juzgado leonés por presuntos delitos de apropiación
indebida, estafa o fraude relacionados casualmente con la estación de de San
Isidro).
La alarma que ha desatado en el seno del PP la
ola de indignación ciudadana contra la corrupción convertía automáticamente a Martínez
Barazón en un personaje repudiado por
sus compañeros de partido, incluso por los mismos que en vísperas de su
detención estaban dispuestos a auparle a la presidencia del PP de León, vacante
desde el asesinato de Isabel Carrasco.
En un santiamén, el PP ha pasado de
invocar la consabida presunción de inocencia a decretar expulsiones sumarísimas dadas por descontadas antes de abrir los correspondientes expedientes. La habitual laxitud con el corrupto propio
ha dejado paso a una sobrevenida “tolerancia cero” y a un rasgado de vestiduras
que tiene exactamente la misma credibilidad que el perdón pedido por Rajoy. Un intento de hacer de la necesidad virtud con una impostura que ya no se traga ni el más incauto.
José Antonio de Santiago-Juárez |
Y aquí tenemos a la Junta , temerosa de que la
porquería destapada en León le salpique, intentando desmarcarse a toda
velocidad del entramado de la “operación Púnica”. A nosotros no hace falta que
nadie nos investigue, ya nos investigamos nosotros solos y, sin que nadie nos
lo pida, enviamos a la Audiencia Nacional los contratos realizados con Cofely, la principal empresa implicada en la trama. Contratos, faltaría más, calificados de “absolutamente limpios” por
el Portavoz de la Junta ,
José Antonio de Santiago-Juárez, paladín de la transparencia donde los haya.
Asegura la Junta que desde 2002 la Administración
Autonómica ha contratado con Cofely trabajos por importe de
13,3 millones de euros, de los cuales 7,57 corresponden al proyecto adjudicado
por la empresa pública Somacyl para abastecer de calor a 31 edificios públicos
situados en el campus universitario de Valladolid. Del resto de los contratos,
cifrados en 5,72 millones, destaca por su cuantía el suscrito para instalar
equipos de climatización en el hospital de Medina del Campo.
Hospital de Burgos |
En cuanto al contrato de Somacyl, concedido a
una UTE en la que Cofely solo participa con un 30 por ciento, su adjudicación se
produjo mediante el excepcional procedimiento del “diálogo competitivo”. Somacyl,
dependiente de la consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una de las
empresas públicas cuyos procedimientos de contratación salían peor parados en
los informes de fiscalización realizados por el Consejo de Cuentas en los
ejercicios 2010 y 2011. Su consejero-delegado es José Manuel Jiménez Blázquez, el director general de Calidad y Sostenibilidad ambiental, máximo responsable a la sazón de gestionar el
engendro de la Ciudad del Medio Ambiente de
Soria.
José Manuel Jiménez Blázquez |
La oposición no se cree que la relación de la Junta con el conjunto de empresas
vinculadas a la “operación Púnica” se limite a esos contratos de Cofely con los
que el gobierno de Juan Vicente Herrera
ha pretendido desmarcarse con tanta prisa de este nuevo gran escándalo de
corrupción.