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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 27 de octubre de 2014

El expolio de las Cajas (XXVIII): ¡A buenas horas mangas verdes!

   La indignación social causada por la rapiña de los antiguos responsables y dirigentes de Caja Madrid ha extendido la sombra de la sospecha al conjunto de las antiguas cajas de ahorro víctimas de la apropiación política indebida que las condujo a la quiebra. En Castilla y León, como en toda España, se ha puesto la lupa sobre la posible existencia de “tarjetas black” como las de Caja Madrid, convertidas en símbolo de el expolio sufrido por las antiguas entidades de ahorro.


Julio Fermoso saliendo de declarar
 Que se sepa, no existen indicios acerca de tarjetas de naturaleza opaca utilizadas por consejeros o ejecutivos de las antiguas cajas de esta comunidad. Otra cosa es el posible uso abusivo que se haya hecho de las tarjetas de empresa asignadas a los directivos de dichas entidades, que en el caso de Caja Duero se extendieron a su presidente ejecutivo, Julio Fermoso, y en el caso de Caja España a cuatro miembros de su antiguo Consejo de Administración (el presidente, Santos Llamas, los dos vicepresidentes y el secretario) para cubrir gastos de representación. El secretario, Miguel Ángel Álvarez, dirigente de UGT que accedió al Consejo dentro del cupo de representación de los trabajadores, ha admitido públicamente que dispuso de dicha tarjeta.

 Pero aunque en el caso de Caja Madrid hayan sido la guinda del pestilente pastel, lo de las tarjetas no debe hacernos perder la perspectiva. No sería más que una de las muchas prebendas de las que han gozado durante años los mismos consejeros y directivos que han conducido a las cajas al desastre. Desde las altas retribuciones, los blindajes y las prejubilaciones millonarias de los ejecutivos al abusivo cobro de dietas, remuneraciones en especie y obtención de créditos a interés preferencial por parte de determinados presidentes y consejeros. Y por encima de todo ello las ruinosas y sospechosas operaciones crediticias e inmobiliarias, que acabaron hundiendo las cajas de Castilla y León, todas ellas hoy fagocitadas por entidades bancarias controladas desde otras comunidades.

 En estas estábamos cuando a estas alturas de la película el PSOE de Luis Tudanca se nos descuelga con una proposición en las Cortes instando a la Junta a que solicite y haga publica toda la información relativa a las percepciones, dietas, créditos, avales, prejubilaciones, indemnizaciones, etc. y por supuesto los gastos realizados con cargo a tarjetas de consejeros y directivos. ¡A buenas horas, mangas verdes! Cuando la Junta -que mientras tuvo atribuida la tutela de las cajas consintió todo tipo de excesos-  carece ya de competencias por la sencilla razón de que las cajas han desaparecido. Un brindis al sol con el Tudanca pretende desmarcarse de todo un cenagal del que su partido ha sido tan responsable como el PP, con el que desde 2003 compartió el asalto político de las cajas, la toma y reparto de sus órganos rectores y la designación de sus presidentes.

Santos Llamas en la Audiencia Nacional
 Esa corresponsabilidad de los dos principales partidos ha sido la que ha permitido que las cajas de Castilla y León se fueran al garete sin que nadie asumiera ninguna responsabilidad política, sin que siquiera se constituyera la comisión de investigación parlamentaria reclamada en su momento por Izquierda Unida. Por fortuna queda abierta la vía de las responsabilidades penales, de momento acotada a los casos que se mantienen vivos gracias al FROB -que obligó al banco CEISS a denunciar el “caso Nozar- y a las iniciativas judiciales promovidas por IU, UPyD y la Unión de Consumidores (UCE).

Desfile por la Audiencia Nacional.-  La querella de la UCE por la presunta comercialización fraudulenta de las participaciones preferentes de Caja España y Caja Duero hizo desfilar la pasada semana por la Audiencia Nacional a los dos conspicuos ex presidentes de ambas entidades, Santos Llamas y Julio Fermoso, así como a sus antiguos directores generales, financieros y comerciales. Naturalmente, declararon que la emisión de dichos productos en 2009 y 2010 se hizo de manera impecable, sin que el fín de la operación fuera enmascarar el deterioro financiero de las cajas a base de transformar los depósitos de los ahorradores en capital de las propias entidades. Y por supuesto, tal como dijo Blesa respecto a Caja Madrid, los preferentistas de España y Duero sabían perfectamente lo que compraban. “Eran ellos los que pedían preferentes”, cuentan que dijo Llamas al juez.

 El hecho de que, con carácter previo a su absorción por Unicaja, Caja España-Caja Duero y el banco resultante de su fusión, el CEISS, necesitaran ayudas públicas valoradas en más de 4.300 millones (1.129 aportados por el FROB y 3.173 millones en activos tóxicos endosados al “banco malo”) permiten hacerse idea del lamentable estado financiero que presentaban ambas cajas en el momento en que emitieron sus últimas participaciones preferentes.
 Y sobre las artes con las que se comercializó el producto resulta muy reveladora la conclusión a la que llegó la fiscalía de Valladolid en las diligencias previas que instruyó antes de la UCE trasladara su querella a la Audiencia Nacional: “No se les puso debidamente al corriente (a los ahorradores) de los riesgos del producto que adquirían, como es la posibilidad de pérdida del dinero y del no cobro de los intereses”. "Esta información incompleta o inveraz -añadía la fiscal- ha generado un error en el consentimiento de los adquirentes, en cuanto entendieron que era similar a un plazo fijo con mayor retribución”.

 

La caída de “El Árbol”.- Entre otras onerosas herencias dejadas por las cajas de Castilla y León está la caída “El Árbol”, grupo de supermercados del que eran sus máximos accionistas, con el 40 por ciento de su capital. Ante la incapacidad de remontar su insostenible situación financiera, “El Árbol” acordó el pasado mes de julio ceder el negocio a la cadena DIA, que se comprometió a hacerse cargo de su deuda, cercana a los 150 millones de euros. Una operación que al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, le pareció que tenía “buena pinta”, ya que garantizaba el empleo y el compromiso con el sector agroalimentario de Castilla y León.

 100 días después, justo cuando la Comisión de la Competencia ha dado el visto bueno a la operación, han saltado las alarmas al conocerse que DIA pretende enjugar parte de la deuda de “El Árbol” a costa de que sus cerca de 300 proveedores de la comunidad asuman quitas de hasta el 50 por ciento de lo que se les adeuda. No sé que suerte correrán los 2.700 trabajadores de “El Árbol en Castilla y León, pero el panorama que se les presenta a sus proveedores no tiene precisamente muy “buena pinta" que digamos...