El expolio de las Cajas (XXVII): En manos de la Justicia

 Ya veníamos advirtiendo aquí que las antiguas Cajas de Ahorros eran en general unos cadáveres mal enterrados y que, a poco que la Justicia se tomara la molestia de escarbar, acabarían asomando en pleno estado de putrefacción. Y conste que ni de lejos podíamos sospechar que el expolio hubiera llegado a niveles de saqueo y rapiña como los descubiertos en esa cueva de Ali Babá que ha resultado ser Caja Madrid.

 Por suerte para sus antiguos responsables, ningún juez ha escrutado a fondo los comportamientos perpetrados en las extintas cajas de Castilla y León, que tan solo están siendo investigadas -y no todas- en casos puntuales que seguramente no son mas que la punta de un gigantesco iceberg. Aun así, permanecen en distinta fase de instrucción seis procedimientos judiciales relacionados con actuaciones presuntamente delictivas en las antiguas Caja España, Caja Duero, Caja Segovia y Caja Burgos. Y poco a poco va creciendo el número de imputados.

Edificio de Marqués de Villamagna, hoy sede del banco CEISS

 Hace poco hemos visto que el “caso Nozar” no es ni de lejos la única operación bajo sospecha de las muchas de dudosa rentabilidad que realizó Caja Duero en los años previos a su fusión con Caja España. Recientemente el diario “El País” daba cuenta de determinados informes jurídicos encargados por el banco CEISS que cifran en 24 millones de euros el daño patrimonial infligido a la entidad por tres operaciones inmobiliarias realizadas en 2007 y 2008. Se trata de las adquisiciones del edificio madrileño de la calle Marqués de Villamagna, del inmueble destinado a albergar la sede de la caja en Valencia y de la Casa de María la Brava, en Salamanca, por los que la entidad pago precios por encima de las correspondientes tasaciones (en el primero de los casos ni siguiera existió tasación independiente). En el capitulo V de este serial ya dimos cuenta de la fiebre inmobiliaria que sufrió Caja Duero en aquella etapa, en la que también llamaron mucho la atención determinadas inversiones en un complejo turístico de la República Dominicana.

 Dichos informes jurídicos aprecian indicios de “administración desleal” en la adquisición de esos tres inmuebles, la misma figura penal que dio origen al caso “Nozar”, denunciado en su día por el propio banco CEISS antes de su absorción por Unicaja. De resultas de esta denuncia permanecen imputados en el juzgado numero 52 de Madrid el antiguo presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, el ex director general, Lucas Hernández, y otros cuantos directivos de esa etapa (entre ellos el posterior director general del propio CEISS, José María de la Vega), a los que con posterioridad se han sumado cuatro de los otros cinco consejeros miembros de la comisión ejecutiva que aprobaron  tan ruinosa operación (el quinto fue el ex alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, al que el juez, debido a su actual condición de senador, ha mantenido por el momento al margen).

Santos Llamas y Julio Fermoso

 En contraste con la diligente actuación de dicho juzgado madrileño, han pasado 15 meses sin la menor noticia sobre la denuncia presentada por la fiscalía ante los Juzgados de León en relación con los créditos multimillonarios concedidos a antiguos consejeros de Caja España y Caja Duero. Tras la denuncia presentada por IU ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal-jefe de León apreció indicios de un “delito de administración desleal” en la concesión de 29 operaciones de crédito, de las que resultaron máximos beneficiarios el ex presidente de Caja España, Santos Llamas, y el ex consejero de Caja Duero Francisco Rubio Garcés. 
Pese a la denuncia del fiscal, ni ellos ni ninguno de los antiguos consejeros o directivos de ambas cajas han sido todavía llamados a declarar por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, que se hizo cargo de un caso que, según sus denunciantes, habría originado un quebranto económico superior a los 65 millones de euros.

IU y Ecologistas en Acción, que están personados como acusación particular, ampliaron el pasado mes de junio su denuncia solicitando al mismo juzgado que investigara la existencia de determinadas pólizas de seguros (modalidad prima única) mediante las que antiguos directivos de Caja España -entre ellos el que fuera director general, Javier Agenjo-  y del propio banco CEISS –con su anterior presidente, Evaristo del Canto a la cabeza-, se aseguraban una sustanciosa indemnización en caso de cese o jubilación. Del asunto tampoco se ha vuelto a saber nada.

 Paralelamente, Llamas y  Fermoso, los ex directores directores generales de Caja España y Caja Duero (los citados Agenjo y Hernández) y los antiguos directores financieros y comerciales de ambas cajas tienen abierto otro frente judicial en la Audiencia Nacional. Se trata de la querella presentada por la Unión de Consumidores (UCE) de Castilla y León por un rosario de presuntos delitos penales (estafa agravada, publicidad engañosa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas) en relación con las comercialización de la deuda subordinada y las participaciones preferentes emitidas por Caja España y Caja Duero en los años 2009 y 2010. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional revocaba el auto de archivo dictado por el juez Eloy Velasco y ordenaba proseguir la investigación judicial de los presuntos delitos denunciados.

José María Arribas y Atilano Soto

 Mientras tanto, siguen su curso las dos causas abiertas en relación con Caja Segovia. De un lado, a las millonarias indemnizaciones con las que abandonaron la entidad el que fuera su director general, Manuel Escribano, y otros 7 directivos; de otro, el llamado “caso Navicoas”, de resultas del cual terminaron hipotecados el Torreón de Lozoya, sede de la actual Fundación, y otra serie de inmuebles de la antigua caja. En este segundo caso están imputados por un presunto delito societario los 15 miembros del Consejo de Administración que aprobaron solicitar a Bankia  el crédito de 6,8 millones de euros poniendo como garantía dichos inmuebles. En el primer caso, abierto tras la persistente denuncia mantenida por UPyD, de momento solo están imputados el ex presidente, Atilano Soto, y los miembros del comité de retribuciones. Por si fuera poco, Soto está imputado a su vez, junto al ex presidente de Caja Ávila, Agustín González, en el  “caso Bankia”.

 El que sorprendentemente todavía no ha sido llamado a declarar es el ex presidente de Caja Burgos, José María Arribas, máximo responsable, y a la vez beneficiario, de las presuntas irregularidades, denunciadas asimismo por UPyD, en la entidad burgalesa. Pese a que el fiscal encontró indicios de delito y dio traslado de la denuncia a un juzgado de instrucción, han pasado mas de nueve meses sin que se tenga noticia alguna de la investigación abierta al respecto. Ni de ella ni de los 34 millones prestados a las empresas de Arribas, a quien Caixabank mantiene como presidente de Eficanza, la sociedad adjudicataria del astronómico contrato del Hospital de Burgos.

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