¿Y si el PP perdiera su mayoría absoluta en Castilla y León?

 Nadie dijo que fuera a ser el paseo triunfal de otras ocasiones, pero en Castilla y León todo el mundo había dado por descontada una nueva victoria electoral del PP en las próximas elecciones autonómicas. Antes de que Juan Vicente Herrera decidiera volver a encabezar el cartel electoral, los sondeos internos manejados en la calle Génova indicaban que ésta era una de las pocas comunidades en las que disponía de margen para mantener la mayoría absoluta. Naturalmente, la victoria no iba a ser tan aplastante como en 2011 (53 de los 84 procuradores), pero el mínimo de 43 escaños que marca esa frontera parecía garantizado. Personalmente esa era también mi impresión y así la manifesté aquí.

Juan Vicente Herrera y Tomás Villanueva

 Semanas después, en el mes de abril, se publicaron los dos únicos sondeos de ámbito autonómico difundidos hasta la fecha, el encargado a Sigma Dos por la agencia Ical y el elaborado por NC Report  para “La Razón". En lo que respecta al PP, ambos dejaban en duda su posible mayoría absoluta. El primero le atribuía entre 39 y 43 escaños y el segundo situaba esa horquilla  entre 38 y 43. En todo caso, nunca estaría en peligro la continuidad del PP en la Junta. El espantajo de una “coalición de perdedores” o frente anti-PP que el propio Herrera venía agitando para movilizar a los suyos es una amenaza sin ningún fundamento. La heterogeneidad del resto de las fuerzas hace inviable de antemano ese acuerdo. Pero si alguien podía tener algún temor o esperanza, Ciudadanos se ha encargado de disiparlo al dejar meridianamente claro que piensa dejar gobernar al partido más votado. Ese globo ha quedado pinchado.

Sin embargo, desde el pasado 20 de abril permanecen disparadas las alarmas en el PP de Castilla y León. Ese día el diario “El País” soltaba la primera entrega de la trama urdida en torno a los parques eólicos, un escándalo de gran dimensión que ha puesto, y de qué manera, a Castilla y León en ese mapa de la corrupción del que pretendía escaquearse la Junta. Y esta vez la típica “operación cortafuegos” diseñada por la temblorosa/tenebrosa mano que mece la cuna-diván no ha surtido efecto. La forzada comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Tomás Villanueva, no ha sofocado el incendio. Tras ella han seguido aflorando nuevas evidencias que no han hecho otra cosa que constatar la urdimbre de dicha trama y el pingüe negocio realizado, entre otros, por el tándem de ex altos cargos formado por Rafael Delgado y Alberto Esgueva.

Aerogeneradores para dar y, sobre todo, para tomar

 La implicación colateral de Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte ha amplificado la repercusión mediática de un caso que ya de por sí constituía un escándalo nacional. Con el factor añadido que aquí llovía sobre mojado, ya que el citado tándem aparece asimismo en el centro de la trama de la “Perla Negra” y los terrenos de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa de las antiguas empresas públicas Gesturcal y ADE Parques, caso por el que, además de los susodichos, están imputados seis actuales altos cargos de la Junta.

 No entraba en lo previsto que el factor corrupción fuera a irrumpir en la relajada precampaña electoral que vivía el PP de Castilla y León hasta ese agitado 20 de abríl. Y mientras no se conozca algún sondeo realizado en fechas posteriores no se sabrá en qué medida el escándalo de los parques eólicos y todo lo que lleva asociado ha podido afectar a la intención de voto que recogían las encuestas publicadas por Ical y “La Razón”. Pero el temor, por no decir pánico, del PP es que le penalice justo lo suficiente para que se le escape una mayoría absoluta que venía dando por hecha.

 Tan seguro de ello y sobrado andaba Herrera que afrontó el presente proceso electoral sin la menor concesión a la “regeneración democrática”. Todo lo contrario. Se ha pasado olímpicamente por el forro todas y cada una de las propuestas que el propio PP aprobó en las Cortes en esa materia. Además de utilizar sin ningún complejo el “dedazo” puro y duro para poner y quitar candidatos autonómicos y municipales, ha consentido la presencia de imputados -entre ellos, tres ex consejeros de Caja España- en las listas del PP y, en cuanto a la pretendida limitación de mandatos, no ha puesto la menor objeción a que alcaldes que llevan 16, 20 y hasta 24 años en el cargo se presenten de nuevo a la reelección (él mismo lo hace después de 14 años como presidente de la Junta).

Y por supuesto, por si algún ingenuo lo dudaba, no piensa participar en ningún debate electoral con ningún otro candidato. No lo ha hecho en ninguna de las tres ocasiones anteriores (2003, 2007 y 2011) y no lo iba a hacer ahora, en que se presenta con la mochila más cargada que nunca y con su gobierno salpicado por la corrupción política.

 La aritmética es la que es y Herrera será reelegido sin remedio para un nuevo mandato. Pero no es lo mismo, ni mucho menos, que siga gobernando con mayoría absoluta o que se vea obligado a hacerlo sin ella. Lo primero ya sabemos en que consiste: aplicación del “rodillo parlamentario” para legislar a su antojo -si es preciso, imponiendo leyes que vulneran la Constitución- e impedir el control de la oposición. Lo segundo obligaría al PP a pactar cada iniciativa legislativa y permitiría a la oposición ejercer un verdadero control parlamentario, aprobando por ejemplo comisiones de investigación tan imprescindibles como la que exige la trama eólica. 

A Herrera, que ha vetado, una tras otra, las veintitantas comisiones de investigación solicitadas desde que preside la Junta, le entran escalofríos solo de pensar que puede perder el blindaje que le proporciona la mayoría absoluta. No digamos ya si la oposición se animara y diera un paso más: llegar a un “pacto por la regeneración democrática” que liberara a las Cortes de Castilla y León del penoso papel subalterno al que se han resignado en estos últimos 24 años.

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