Cuatro
semanas, cuatro, se cumplen este martes desde que el presidente en funciones de
la Junta , Juan Vicente Herrera, se
autocuestionó como candidato a una nueva investidura. Y hace una desde que el pasado lunes, tras
designar a los tres representantes del PP en la Mesa de las Cortes, anunciara que en 48 o 72 horas
despejaría su futuro. No ha sido así.
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| Rajoy, Maillo y Cospedal en una imagen de archivo |
Probablemente,
Herrera había calculado que en ese plazo Mariano
Rajoy tendría cerrado el reajuste en el gobierno y los cambios anunciados
en la cúpula del PP. Sin embargo, del reajuste ministerial sigue sin haber rastro.
Lo que se producía, justo en ese limite de las 72 horas, era el comité
ejecutivo nacional del PP en el que Rajoy incorporaba a la segunda línea de mando
de Génova a cuatro nuevos vicesecretarios. Y entre ellos dos notables del PP de
Castilla y León: el diputado por Ávila Pablo
Casado y el presidente provincial del partido y de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, sucesor de Carlos Floriano en la vicesecretaría de
Organización. Sobre el ascenso de Maillo me remito a lo que comentaba el pasado
viernes “El topillo”.
Tras su sonada rajada en “Onda Cero” y la
posterior petición de dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria, Herrera se vio forzado a tomar la palabra en ese
comité ejecutivo para reclamar una solución al problema de la minería. Lo hizo con un
planteamiento ciertamente impúdico que subordina el drama social de los mineros
y sus familias a la factura electoral que el conflicto ha tenido para el PP. El
problema no es el de los mineros, el problema es que por no resolver el
conflicto hemos perdido la mayoría absoluta.
Ya lo
apuntó en un lúcido análisis (“La dignidad de Herrera”) el prestigioso periodista leones Valentín Carrera. Y le daba la razón el
propio Herrera en su intervención en Génova, en la que utilizó el castigo electoral como razón última para convencer a
Rajoy, alertándole del riesgo de que en las próximas generales el PP pierda un
escaño de diputado en León que quien sabe si no puede llegar a ser decisivo.
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| Silvia Clemente y Juan Vicente Herrera |
Con la coartada del carbón, el presidente en
funciones de la Junta
y candidato del PP ha estado encubriendo las verdaderas razones que le inducen
a irse, expuestas aquí bajo el titulo “Por qué quiere irse Juan Vicente Herrera”. Coartada utilizada igualmente como cortina de humo para
encubrir las otras muchas causas por las que el PP de Castilla y León ha
perdido 228.500 votos y 11 escaños en las pasadas elecciones autonómicas. Si en
la provincia de León el PP ha perdido 42.157 votos y 3 escaños. ¿por donde se
han esfumado los 186.343 votos y los otros 8 escaños?
¿Nada han
tenido que ver los dos escaños perdidos en Burgos con la perplejidad ciudadana
ante el multimillonario negocio privado en que la Junta ha convertido su nuevo
Hospital? ¿Acaso no ha pasado factura en Salamanca la marea ciudadana ante la
cerrazón de la consejería de Sanidad sobre las plantillas del complejo
hospitalario? ¿Es ajeno el despilfarro de la Ciudad del Medio Ambiente a que los sorianos
hayan decidido desalojar al PP de la Diputación de Soria? ¿Cree Herrera que el paisano
que se le encaró en su visita electoral al centro de día de Laguna de Duero es
el único pensionista indignado con el copago farmacéutico? ¿Piensa que por
haber reducido a última hora el mal llamado “céntimo sanitario” los transportistas
y gasolineros han ido todos a votar en masa al PP suspirando por que continué
en el cargo la consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo? ¿Cree que un caso como
el de la “trama eólica”, conectado con otro que ya esta judicializado, el caso
Arroyo-Portillo”, no ha podido espantar a algún elector que se había creído eso
de que Castilla y León no estaba en el mapa de la corrupción?
Pase lo que pase con la minería y el ministro
Soria, Herrera tiene hasta este jueves para decidir que quiere ser de mayor. El
plazo ya no lo ha fijado él, sino la flamante presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que ese día cierra la
ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer al candidato a
la investidura. El portavoz del grupo popular, Carlos Fernández Carriedo,
tendrá que desvelar el nombre del candidato, que será elegido en primera votación gracias a Ciudadanos o a la
Unión del Pueblo Leonés, con los que el PP viene negociando
en paralelo no tanto que no se opongan a la investidura como su complicidad
para desactivar las futuras comisiones de investigación que se aprestan a
solicitar PSOE y Podemos.
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| Rosa Valdeón y Carlos Fernández Carriedo |
Tras el “maillazo” de Rajoy, el único factor que puede retener a Herrera es
la negativa de Rajoy y Génova a aceptar a Rosa
Valdeón como sucesora, ante lo cual puede optar por quedarse
provisionalmente a la espera de lo que deparen las próximas elecciones
generales y el posterior congreso nacional del PP. Si se fuera ahora, el
sucesor se decidirá en Madrid y no será precisamente Valdeón.
Aunque se
quede, Herrera será ya un político prácticamente amortizado al frente de un nuevo
gobierno condenado a ser de transición y del que ya están excluidos la mitad de
los consejeros con los que inició la anterior legislatura. Recolocados -bien es
verdad que no con la misma fortuna- Antonio
Silván y Silvia Clemente, también se da por hecha la salida del consejero
de la Presidencia ,
José Antonio de Santiago Juárez, no en vano el gran lastre que ha impedido a Herrera hacer a su tiempo los deberes
de la sucesión.
Carriedo y
Valdeón -ex consejeros ambos- serían los dos puntales de ese nuevo gobierno
Herrera, en el que sobrevivirían Pilar del Olmo (12 años ya en el cargo) y los
tres consejeros que lo son desde 2011: Antonio
Sáez, Milagros Marcos y Alicia García. Si se tiene en cuenta
que piensa compensar con una consejería a la ex presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac, resultaría que las caras nuevas van a ser mínimas. Por
aquello de las cuotas provinciales, una de ellas procederá de la provincia de
León y otra de la de Burgos. Todo esto siempre que Herrera no decida finalmente
tomar las de Villadiego, aunque el escenario apenas variaría si el sucesor
fuera Fernández Carriedo.