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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 8 de junio de 2015

La sospechosa laxitud de Ciudadanos

Dos semanas después de las pasadas elecciones autonómicas, las expectativas generadas por la pérdida de la mayoría absoluta del PP han comenzado a desvanecerse. Y eso que esas expectativas en ningún caso pasaban por una alternancia de gobierno en la comunidad, algo aritméticamente imposible una vez que los populares disponen justo de la mitad de los 84 escaños que integran las Cortes. Con ese resultado no hay otra opción que no pase por la continuidad del PP en la Junta, ya sea con Juan Vicente Herrera al frente o sin él, si es que decide finalmente consumar su amenaza de espantada.


Juan Vicente Herrera
 Las expectativas pasaban por devolver la soberanía al Parlamento de la Comunidad, reducido a un penoso papel subalterno durante los 24 años de mayoría absoluta del PP. O lo que es lo mismo, poner fin a ese ominoso rodillo parlamentario y someter al nuevo gobierno autonómico al control democrático del que en la práctica se ha sustraído durante tan dilatado periodo. La nueva composición del hemiciclo permite esta posibilidad, siempre y cuando todos los demás grupos políticos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL) compartan esa voluntad de regeneración democrática y hagan de ella causa común.

 Con sus 42 escaños, la oposición está en condiciones de bloquear la investidura del candidato del PP, que necesita al menos la abstención de un procurador de otro grupo para poder ser elegido. Esa sería la gran baza a jugar para plantear un pacto por la regeneración absolutamente razonable: La oposición facilita la investidura y a cambio de ello el PP se aviene a quedar en minoría en la Mesa de las Cortes a fin de que la oposición pueda ejercer por fin la labor de control de gobierno que corresponde a la institución parlamentaria. Si el PP conserva la mayoría en la Mesa de la Cámara- la pretendida regeneración democrática se irá al traste.

 Sin embargo, no parece que el PP vaya a ser puesto en ese trance. Ciudadanos, la cuarta fuerza política en la comunidad, esta dispuesto a evitárselo con la simple adhesión a un decálogo sobre la regeneración democrática, que, salvo en lo que se refiere a las imputaciones por corrupción, remite a asuntos de índole nacional. Un documento que, entre otras muchas omisiones, no contiene la palabra transparencia, no obliga a limitar mandatos y aforamientos ni garantiza la constitución de comisiones parlamentarias de investigación. En suma, prácticamente un cheque en blanco que naturalmente el PP está encantado en firmar. De hecho ya lo ha rubricado en La Rioja y se ha apresurado a hacerlo en Soria, donde, habiendo obtenido un diputado menos que el PSOE, pretende que Ciudadanos le preste su apoyo activo para mantener la Diputación provincial.
Figar y Victoria, dos dimisiones para empezar a hablar

  En materia de imputaciones por corrupción, contrasta la intransigencia mantenida por el partido de Albert Rivera en Andalucía o en la Comunidad de Madrid con la laxitud mostrada en Castilla y León. En Andalucía, mantiene bloqueada la investidura de Susana Díaz mientras no renuncien a sus escaños en las Cortes Generales los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y en Madrid, nada mas conocerse su imputación en la “operación Púnica”,  ha exigido el cese de los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar como condición previa para negociar su posible apoyo a la investidura de Cristina Cifuentes.

En efecto: El punto número uno del decálogo de Ciudadanos dice literalmente lo siguiente: “Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. Y ese es el caso, sin duda, Chaves, Griñán, Victoria y Figar. Pero también el de los seis altos cargos de la Junta de Castilla y León citados a declarar como imputados en el caso Arroyo-Portillo, en el que, a partir de una denuncia de la fiscalía anticorrupción, el Juzgado investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos.

Para nada han exigido sus ceses Luis Fuentes, Miguel Ángel González y Pablo Yáñez, el terceto dirigente de Ciudadanos que negocia un “pacto de estabilidad en las instituciones” con el cuarteto integrado por Juan Vicente Herrera, Alfonso Fernández Mañueco, Antonio Silván y Rosa Valdeón. Una negociación en la que también llama la atención que al autotítulado "Partido de la Ciudadanía" le resulta indiferente quien sea el candidato a la investidura. 
González, Fuentes y Yáñez, en la sede del PP
“Es una cuestión interna de ellos, que han ganado las elecciones y deberán decidir a quien presentan”, ha dicho Fuentes, quien pasa así por alto que pueda ser investido presidente alguien distinto al que se ha presentado a las elecciones como candidato a la presidencia de la Junta. Una postura inaudita cuando, incluso dentro del PP, ha  habido voces como la presidente provincial de Ávila, Antolín Sanz,  afirmando que “cuando uno se presenta ante los ciudadanos y depositan la confianza que depositan en ti, medio millón de votos, hay que cumplir con eso sagrado que son las urnas” ¿Qué concepción de la democracia tiene el máximo dirigente de Ciudadanos en Castilla y León para que le resulte igual que el nuevo presidente de la Junta, en lugar de Herrera, sea por ejemplo José Manuel Fernández Santiago?

 Disponiendo además nada menos que de la llave de los ayuntamientos de León, Burgos, Salamanca, Palencia y Ávila y de la Diputaciones de Valladolid y Soria, Ciudadanos está en condiciones de prestar un gran servicio a esta comunidad, exigiendo al PP una verdadera “regeneración democrática”, que pasa inexcusablemente por restablecer un principio tan elemental como el de la que la Junta emana de las Cortes y debe someterse inexcusablemente a su control. Pero lamentablemente no parece que la reducida camarilla que controla Ciudadanos en Castilla y León tenga ni la altura de miras ni las suficientes convicciones democráticas para reivindicar a Montesquieu.
 Me da que si la imprescindible “regeneración democrática” que necesita Castilla y León depende de personajes como Fuentes, González y Yáñez, podemos ir abandonando cualquier esperanza…