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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Ciudadanos, un chollo para Juan Vicente Herrera

   Superada esa pataleta infantil que le llevó a amagar con la espantada al perder la mayoría absoluta el pasado 24 de mayo -¿cómo ha podido ocurrirme esto a mí?, se preguntó antes de culpar de ello al gobierno de Mariano Rajoy-, en realidad ha sido inmensa la suerte que ha tenido Juan Vicente Herrera al encontrar en las teóricas filas de la oposición un partido tan obsequioso con el gobierno de la comunidad como lo viene siendo Ciudadanos.


 Frente a las duras exigencias del partido de Albert Rivera para dejar gobernar a Susana Díaz en Andalucía o a Cristina Cifuentes en Madrid, aquí bastó la firma de un acuerdo plagado de omisiones y compromisos etéreos (algunos de los cuales desbordan incluso el ámbito autonómico) para facilitar la quinta investidura del mismo presidente de la Junta. Entre esas clamorosas omisiones estaba la de permitir -al contrario que en Andalucía y Madrid- que pudieran ser nombrado altos cargos personas imputadas judicialmente en casos de presunta corrupción. Y ahí están en los mismos cargos u otros similares los seis imputados en el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa de ADE Parques y Gesturcal, las arruinadas empresas públicas dependientes de la antigua consejería de Economía.

Carlos Sánchez Reyes
 En 1987, el sobrevenido candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Junta, un tal José María Aznar -el mismo que ha pasado olímpicamente de la invitación cursada por las Cortes de Castilla y León para que se adhiriera al manifiesto contra la “desconexión” de Cataluña- pagó un alto precio para poder ser investido presidente de la Junta. De entrada, para garantizarse el voto de Tomás Cortés, procurador electo de “Solución Independiente” -el partido burgalés encabezado por el ex alcalde José María Peña, condenado e inhabilitado después por el “caso de la construcción-, comprometió el apoyo de AP a la reelección del mismo como presidente de la Diputación de Burgos (cuestión distinta fue que dicho compromiso se incumpliera al rebelarse contra el mismo dos diputados provinciales aliancistas, uno de los cuales, José Luis Montes, se encaramó a la presidencia con el apoyo del PSOE y el CDS). Pero la concesión fundamental fue otra. A cambio de que los procuradores del CDS se abstuvieran y facilitaran su investidura en la segunda votación, Aznar cedió al partido de Adolfo Suárez la presidencia de las Cortes, a la que accedió Carlos Sánchez Reyes, hoy recuperado para la política activa por Podemos, formación por la que concurre como número uno al Congreso por la provincia de Palencia.

 Pese a tamaña concesión, el CDS mantuvo una actitud de colaboración crítica con el primer gobierno nombrado por Aznar. Tan crítica que el Proyecto de Presupuestos de 1988 fue tumbado en las Cortes al prosperar una enmienda a la totalidad apoyada conjuntamente por centristas y socialistas. A causa de ello, el entonces consejero de Economía y Hacienda, Miguel Pérez Villar, con el tiempo condenado por el “caso de la minería”, se vio obligado a presentar un nuevo proyecto presupuestario que salió adelante ya en el siguiente periodo de sesiones. 
 Fuentes, delegado de C´s en CyL, y Albert Rivera
Nada que ver, por supuesto, con lo que han hecho ahora los procuradores de Ciudadanos, que ni han presentado enmienda a la totalidad ni han apoyado las presentadas por PSOE, Podemos e IU. Lo más probable es que el partido de Rivera, que tanto reivindica ahora el legado político de Adolfo Suárez, desconozca ese antecedente, como seguramente ignorará quien fue el jefe de servicio que informó favorablemente las ayudas a la minería que dieron lugar a la posterior condena de Pérez Villar por un delito de prevaricación continuada.

 Y así tenemos que los abnegados procuradores naranjas se conforman con que el PP les acepte un puñado de enmiendas parciales (han presentado un total de 76 frente a las 974 de IU, las 565 del PSOE y las 539 de Podemos) para dar su visto bueno a los nuevos Presupuestos de la Junta. En el caso de que el grupo popular aceptara todas, habrán conseguido la proeza de cambiar de destino algo más de 21 millones de euros de un Presupuesto de 9.843, lo que viene a significar un 0,21 por ciento del total. Y todavía pretenden hacernos creer que están siendo exigentes con el gobierno Herrera, que ha encontrado en la inconsistencia/complacencia de Luis Fuentes y compañía un auténtico chollo.

 La retórica política está cargada de afirmaciones completamente hueras que no soportan la prueba consistente en confrontarlas con las que serían sus contrarias. En este apartado habrá que inscribir la declaración de Albert Rivera según la cual está muy satisfecho de la labor que está realizando Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. ¿Se imaginan que afirmara lo contrario? 
Aunque para nota, su afirmación de que “hay que aclarar si ha habido mordidas en la concesión de parques eólicos o en los sobrecostes del hospital de Burgos”, poco menos que atribuyéndose las dos comisiones parlamentarias de investigación constituidas al respecto, sobre las que Ciudadanos se ha limitado a no oponerse a su creación. Es más: según desveló en su momento “El topillo”, los procuradores naranjas estaban dispuestos a hacer el papelón de vetar la comisión sobre el hospital burgalés, idea de la que tuvieron que recular al no obtener el visto bueno de la dirección del partido en Barcelona.

Antonio Sáez, consejero de Sanidad
No obstante, pese al chollo encontrado en Fuentes y cía, el gobierno de Juan Vicente Herrera se basta por sí solo para brengarla, que dirían en gacería los antiguos trilleros de Cantalejo. Ahí está en el ojo del huracán el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, máximo responsable del monumental fiasco que ha supuesto la suspensión de las pruebas de la oposición convocada para cubrir 554 plazas de Enfermería en el Sacyl. Su displicente reacción ante el fiasco -producto de esa suficiencia dimanante de la superioridad que creen tener sobre el resto de los mortales algunos psiquiatras trasmutados en profesionales de la política- le ha jugado una mala pasada, consiguiendo indignar al mismo tiempo a la totalidad de los sindicatos y al conjunto de la oposición parlamentaria (excepción hecha, para variar, de Ciudadanos).

Apenas cuatro meses después de haber sido renovado en el cargo, en el que se reestrenó premiando con la gerencia del Sacyl al gestor que había puesto patas arriba el complejo hospitalario salmantino, Sáez está más quemado que el cenicero de un bingo antes de la ley anti tabaco.