Una legimidad democrática en entredicho

Comentábamos hace una semana que, pese al conchabamiento existente entre el Partido Popular y Ciudadanos, las Cortes de Castilla y León estaban dejando de ser el “mausoleo” que han sido en los 24 años anteriores, dejando atrás ese penoso papel subalterno para convertirse, tras la pérdida de la mayoría absoluta de los populares, en el centro del debate político en esta comunidad.

 Pese a que el PP sigue sin perder ninguna votación, el paripé que se ve obligado a hacer Ciudadanos simulando que hace oposición -máxime en la actual coyuntural electoral- ya es suficiente para que el partido que sustenta al gobierno de Juan Vicente Herrera se vea en continuos y crecientes apuros. Sin ir más lejos, la pasada semana Herrera se vio obligado a confirmar en el puesto al consejero de Sanidad, Antonio Sáez, una vez que todos los grupos parlamentarios hubieran pedido su dimisión tras la comparecencia parlamentaria en la que intentó justificar el fiasco de las oposiciones a Enfermería.

Luis Fuentes, portavoz de C´s

Y no menos significativo ha sido el desesperado intento protagonizado conjuntamente por C´s y PP durante el pasado pleno de las Cortes, en el que trataron de forzar una votación antirreglamentaria para intentar sacar  adelante in extremis la proposición presentada por los primeros sobre el “whistleblowing”, a la que los populares se habían opuesto minutos antes con argumentos que nada tenían que ver con su frustrado intento de rectificación. El paripé antes referido tendrá continuidad en el pleno de esta semana, donde el PP apoyará la iniciativa, tomándose nada menos que un año para regularla, periodo en el que los empleados públicos y funcionarios de la Junta seguirán desprotegidos ante las represalias a que se enfrentan si osan denunciar las irregularidades y/o corruptelas detectadas en el ejercicio de sus funciones.

 En el pleno de esta semana Juan Vicente Herrera deberá responder a una interesante pregunta: ¿Qué valoración realiza el presidente de la Comunidad acerca del hecho de que un partido que representa a 510.951 votantes tenga la capacidad de frenar iniciativas parlamentarias aún cuando éstas cuentan con el apoyo unánime de una oposición parlamentaria que representa a 720.820 votantes?

La pregunta, formulada por José Sarrión, el procurador de IU, es especialmente oportuna, ya que pone de manifiesto la distorsión que produce la vigente Ley Electoral entre el número de votos y el número de escaños de cada fuerza política. Y esto es lo que viene sucediendo cada vez que se produce un empate en las Cortes Regionales: Que el grupo popular, que obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas 514.301 votos, consigue tumbar iniciativas avaladas por 734.696 votos, que son los que sumaron PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL en dichos comicios (La diferencia entre los datos contenidos en la pregunta y los que acabo de reseñar tiene su origen en que los de la primera correponden al escrutinio provisional y no a los resultados definitivos proclamados tras escrutar los votos de los residentes en el extranjero).

José Sarrión, procurador de IU

 En contra de lo que a veces afirma algún “analista” de medio pelo, dicha distorsión no es en absoluto culpa de Victor D´Hondt, el jurista belga que dio nombre al sistema de reparto electoral adoptado por España y otros países.

Su origen radica en que los 84 escaños que configuran las Cortes de Castilla y León se eligen en nueve circunscripciones provinciales, hecho que otorga al voto valor distinto en cada una de ellas. Si la elección se produjera en una circunscripción única, tal como ocurre en los comicios europeos, la aplicación del propio sistema D´Hont daría lugar a un hemiciclo con una correlación muy diferente. En concreto, con esos 514.301 votos obtenidos el pasado 24-M, el PP dispondría tan solo de 35 de los 84 escaños; el PSOE tendría 24 (uno menos que ahora), Podemos 11 (uno más), Ciudadanos 9 (cuatro más), IU 3 (dos más), UPL seguiría con uno y UPyD dispondría de un procurador.

Por completar los datos, y haciendo la media, resulta que mientras al PP le ha salido cada uno de sus 42 procuradores por 12.245 votos, los 56.516 votos de IU solo le han servido para conseguir uno. Al PSOE (24 escaños) le ha salido cada procurador por 14.143 votos, a Podemos (10) por 16.547, a Ciudadanos (5) por 27.990 y el de la UPL ha costado 19.176 votos (que son menos que los 19.597 sumados infructuosamente por UPyD).

Veremos como responde el presidente de la Junta a esa pregunta, que, más allá del hecho de que el proceso soberanista catalán vulnere la legalidad vigente, pone en evidencia el argumento de la falta de legitimidad democrática que el bloque constitucionalista achaca al Parlamento de Cataluña, en el que la mayoría independentista de los escaños no se corresponde con la mayoría de votos ciudadanos que no lo son. 

Herrera con Feijóo el pasado viernes en Burgos

Aunque, conocida la capacidad sofismática de Herrera, cualquier cosa puede esperarse para salir del paso. Véase, si no, la apelación que realizó el pasado viernes en Burgos al compromiso con Castilla y León de los candidatos que presenta el PP al Congreso y al Senado en las elecciones generales del 20 de diciembre. No han pasado ni dos meses y ya se ha olvidado del caso omiso que hicieron los 29 senadores que integraban el grupo territorial del PP en el Senado -incluidos los dos elegidos directamente por las Cortes de Castilla y León- a la iniciativa de la Junta para incentivar la producción de carbón mediante la implantación del llamado “céntimo verde”.

Y esa distorsión derivada de las circunscripciones provinciales se produce igualmente en las elecciones generales. En 2011 el PP y el PSOE se repartieron los 32 escaños del Congreso que se eligen en Castilla y León, a razón de 21 el primero y de 11 el segundo. En una circunscripción única para toda la comunidad autónoma los populares habrían obtenido 19, los socialistas 10, UPyD 2 e IU uno. Aun así, todo indica que el bipartidismo imperante por estos lares desde las generales de 1993 tiene las semanas contadas.

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