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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 23 de noviembre de 2015

La Junta, un gobierno en crecientes apuros

 Hace un par de meses, tras el primer pleno ordinario celebrado por las Cortes de Castilla y León a la vuelta del verano, comentábamos aquí, bajo el título El “mausoleo” que se resiste a dejar deserlo, la escasa repercusión que en la práctica estaba teniendo le hecho de que el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas. Además de contar con la connivencia más o menos explícita de Ciudadanos, los populares de Castilla y León habían encontrado en el obsoleto Reglamento de la Cámara un gran aliado que les permitía disponer en la Mesa de una mayoría que no tienen en escaños, así como resolver a su favor los empates a 42 votos que se producen -y ya han sido unos cuantos- en aquellas votaciones en las que los procuradores de todas las demás fuerzas con representación parlamentaria (PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y Unión del Pueblo Leonés) votan en sentido contrario al del PP.


Antonio Sáez y Juan Vicente Herrera
 Dos meses después, de hecho el grupo popular sigue sin haber perdido ninguna votación, ello gracias a esa ventaja reglamentaria que le permite resolver a su favor los empates. Sin embargo, ello no significa que su situación esté siendo nada cómoda, toda vez que dicha ventaja le sirve para desbaratar las iniciativas de la oposición, pero no para sacar adelante las suyas propias o las de la Junta, que tampoco prosperan -pongamos por caso los propios Presupuestos de la Comunidad- en caso de empate.

A ello se ha sumado la especial regulación reglamentaria de las comisiones de investigación, cuya constitución no requiere una mayoría a favor, sino simplemente que no la haya en contra, ante lo cual el PP -que había hecho valer su anterior mayoría para impedir todas las solicitadas por la oposición en los 14 años en los que Juan Vicente Herrera lleva presidiendo la Junta- ha tenido que envainársela y ver como se han constituido ya la comisión promovida por el PSOE sobre la “trama eólica” y la creada por iniciativa conjunta de Podemos e IU para investigar los sobrecostes y el cúmulo de “peculiaridades” que rodean al oneroso Hospital de Burgos, objeto de una multimillonaria concesión que lleva camino de costar al erario cerca de 2.000 millones de euros.

  Pues bien, pese a la mayoría de la que dispone el PP en la Mesa de las Cortes -que en la práctica persistirá después de su próxima ampliación, al resolverse los eventuales empates mediante el voto de calidad de la presidencia-, pese a la reseñada connivencia de Ciudadanos y pese al ímprobo esfuerzo del grupo popular por obstaculizar al máximo el trabajo de las citadas comisiones de investigación, lo cierto es que el “mausoleo” afortunadamente ya no lo es tanto. La incomodidad del actual gobierno de la comunidad -por otra parte el de perfil político más bajo que se recuerda en los 14 años y medio que llevamos de “herrerato”- con la nueva realidad parlamentaria es cada día mayor (y gracias puede dar a la sutil mano izquierda con la que la presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, está pastoreando al rebaño, minimizando los daños sin perder la compostura institucional).

Mesa de las Cortes antes de su próxima ampliación
 Evaporada la mayoría absoluta y con ella el rodillo aplicado en los últimos 28 años, el Parlamento se ha convertido por fin en el centro del debate político en Castilla y León. Buena prueba la tenemos en la agenda de hoy mismo, en que a la misma hora comparece el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, para intentar explicar el fiasco de las oposiciones de Enfermería, y se reune la comisión sobre la “trama eólica” para dar respuesta a la negativa de la Agencia Tributaria a facilitar el informe trasladado a la Fiscalía Anticorrupción que cifraba en 110 millones de euros las “mordidas” y plusvalías obtenidas a costa de la adjudicación y tráfico de licencias para la instalación de parques eólicos en esta comunidad.

 Ello en vísperas de un pleno de las Cortes en el que el propio Juan Vicente Herrera va a tener que responder directamente una pregunta sobre el fiasco de dichas oposiciones realizada por el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien previsiblemente va a reiterar su petición de cese del consejero Sáez, cuya dimisión -no la de ningún subordinado de tres al cuarto, como pretende peregrinamente algún agradecido juntaletras- reclama ya el conjunto de la oposición, lo que, dicho sea de paso, le garantiza más que nunca su continuidad en el cargo. En la misma sesión plenaria el grupo popular va a tener que lidiar con otras dos proposiciones que le van a poner en un “membrete”.

Rosa Valdeón
Una es la que ha presentado el grupo socialista instando a la Junta a que se persone en la causa que instruye el Juzgado nº 2 de Valladolid en torno al caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa de ADE Parques y Gesturcal, las arruinadas empresas públicas adscritas a la antigua consejería de Economía. Después de que la propia fiscalía haya sugerido dicha personación en defensa del quebranto causado a las arcas de la Administración Autonómica, el gobierno Herrera lleva semanas mareando la perdíz, en tanto que a la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón, no se le ocurrió el jueves pasado otra cosa que lamentarse de que la Junta se esté viendo “damnificada” (sic) por el daño que el caso está ocasionando a la imagen del Ejecutivo autonómico. Todo un papelón el que tiene Herrera al tener que decidir si se persona en una causa judicial en la que están imputados nada menos que seis altos cargos, seis, del gobierno que preside.

 La otra proposición a sortear por la Junta en este pleno es la planteada por Ciudadanos, que, a falta de iniciativas propias (se cuentan con los dedos de una mano y sobran las que ha formulado en lo que llevamos de legislatura), ha hecho suya la planteada por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sobre el whistleblowing, una figura legal establecida en algunos países para proteger de posibles represalias a los empleados públicos que denuncien o pongan en conocimiento de quien corresponda cualquier hecho o práctica presuntamente ilegal, irregular o corrupta que detecten en el ejercicio de sus funciones. Veremos como sale del paso el grupo popular para evitar que los empleados públicos de la comunidad puedan “tocar el silbato”.