lunes, 9 de enero de 2017

Con estos bueyes hay que arar...

 Habrá reparado el fiel seguidor de este blog que el término “mausoleo”, con el que durante tanto tiempo se definió aquí al Parlamento de Castilla y León, quedó en desuso al comienzo de la presente Legislatura autonómica, allá a mediados de 2015. No porque desde que el PP perdió la mayoría absoluta las Cortes se hayan convertido en el eje decisorio de la política en la comunidad, que no es así, sino porque dejaron de tener el papel bochornosamente subalterno al que habían estado relegadas nada menos que desde 1991.


 Cierto es que la falta de unidad de la oposición -que no olvidemos que suma 734.696 votos ciudadanos,  220.395 más que los 514.301 obtenidos por el PP- ha permitido al actual gobierno de Juan Vicente Herrera sustraerse en buena medida al control parlamentario.

Clemente el día de su elección como presidenta de las Cortes
 En su chapucero “acuerdo de investidura y por la gobernabilidad  de Castilla y León”, firmado el 24 de junio de 2015, Ciudadanos perdió la bala de oro que podía haber utilizado la oposición para poner coto a los abusos de poder del PP, exigiendo por ejemplo una reforma del actual Reglamento de las Cortes, instrumento clave que otorga al grupo popular mayoría en la Mesa de la Cámara, le faculta para deshacer a su favor los empates en las votaciones y para bloquear a su antojo la acción de la oposición.
Máximo ejemplo de esto último es el obsceno bloqueo de la comisión parlamentaria de investigación constituida para esclarecer la “trama eólica” y los pufos multimillonarios perpetrados en torno a la adquisición de la Perla Negra y de los terrenos del fantasmal parque empresarial de Portillo.

 Todo eso es cierto. Pero también lo es que el PP no puede instrumentar, con el descaro que lo venía haciendo, el Parlamento para sus espurios fines  partidistas. Y ahí radica sin duda el choque de trenes entre el ahora vicepresidente de la Junta y mano que mece la cuna-diván presidencial, José Antonio de Santiago-Juárez, y la presidenta de las Cámara, Silvia Clemente, quien ha tenido la “osadía” de poner coto a ese tipo de desmanes antidemocráticos. Por eso y porque la actual correlación de fuerzas obliga a todos los grupos de oposición a retratarse, las Cortes han dejado de ser el “mausoleo” que eran.

Dicho lo cual, la cabra tira al monte y la Junta y el grupo popular siguen haciendo de las suyas en cuanto encuentran la menor ocasión. Ya hemos comentado aquí el morro que le ha echado el gobierno Herrera para prorrogar sin justificación de ningún tipo los Presupuestos de 2016, con la consiguiente parálisis del imprescindible impulso político que requiere una comunidad en un lamentable declive social y económico.

Carlos Martín Tobalina y Pilar del Olmo
 El PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de un pleno extraordinario de las Cortes, a fin de que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se explique sobre dicha prórroga, pero verán ustedes como el grupo popular se ocupa de abortar dicha sesión plenaria. No se espera que Del Olmo ofrezca dichas explicaciones hasta febrero y, si lo hace, no será ante el pleno sino ante la comisión, tal como ella ha solicitado. Y por supuesto transcurrirá el mes de enero sin que Castilla y León apruebe su techo de gasto para 2017, requisito previo para tramitar el correspondiente Proyecto Presupuestario.

 Mientras tanto, a la consejera de Economía y Hacienda le ha estallado la sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarifas de las ITV, un varapalo judicial que, como ha señalado “El topillo”, nos va a salir por un pico. Por descontado que nadie espere que la Junta asuma responsabilidad alguna ante este nuevo fiasco, ello a pesar de que uno de sus máximos responsables, el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, sigue en ese cargo y ejerciendo de viceconsejero desde que Del Olmo asumió las competencias de la antigua consejería de Economía. Por cierto, que la susodicha consejera encabeza, con un total de 22, el ranking de comparecencias parlamentarias solicitadas por la oposición pendientes de atender, la última de ellas precisamente sobre la sentencia de las ITV.

 Y lo que permanece inalterable es el desprecio con el que el gobierno de Juan Vicente Herrera ignora las resoluciones parlamentarias que le son contrarias. Gracias a esa disposición reglamentaria que deshace los empates a su favor, el grupo popular no habría perdido durante este año y medio ninguna votación si no fuera por el voto erróneo emitido en dos ocasiones por sendos procuradores del PP.
 
Ocurrió por primera vez el 26 de octubre, cuando, gracias a la metedura de pata del procurador José Manuel Otero Merayo, a la sazón alcalde de Bembibre, salió adelante una proposición del PSOE instando a la Junta a que en el plazo de un mes presentara en las Cortes el contenido detallado del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2016-2020 anunciado por el presidente Herrera en su discurso de investidura. Dos meses y medio después, el Parlamento sigue sin tener noticia de dicho Plan, que, cuantificado por la Junta en 728 millones de euros, sigue durmiendo el sueño de los justos (y en fase rem continuará mientras no aparezcan los Presupuestos de la Comunidad para 2017).

Manifestación el pasado domingo en Salamanca
 La otra votación perdida ha sido en el último pleno de diciembre, en el que prosperó otra proposición socialista, en esta ocasión gracias a la procuradora salmantina Josefa García Cirac, a la sazón consejera de Cultura, que pulsó el botón equivocado. En esta ocasión se instaba a la Junta a que, en aplicación de la Ley de Protección Ciudadana, cree una red autonómica de Parques provinciales y comarcales de Bomberos, Protección Civil y Salvamento. 

Tras dicha votación, el socialista José Luis Aceves, proponente de la iniciativa, daba palmas con las orejas, pensando, alma de cántaro, que la Junta cumplirá una resolución parlamentaria que en este caso ni siquiera tiene plazo. Las ranas pueden criar pelo antes de que la consejería de Fomento inicie los pasos hacia la creación de esa red,  por otra parte tan necesaria para la comunidad. Como no menos remota es la posibilidad de que el consejero de Sanidad atienda el cese de la gerente del complejo hospitalario salmantino solicitado por la “marea blanca” que ayer volvió a inundar las calles de Salamanca.

 Pero en fin, esto es lo que hay, y con estos bueyes hay que arar. Peor era cuando encima disponían del implacable rodillo de la mayoría absoluta.