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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 9 de marzo de 2017

El expolio de las Cajas (XXXIII): Es lo que pasa con los cadáveres mal enterrados...

 Se sabía perfectamente que, salvo contadas excepciones, las extintas Cajas de ahorro han sido unos cadáveres mal enterrados a los que se dio sepultura sin realizar su imprescindible autopsia. Dada la corresponsabilidad de los principales partidos, políticamente se echó tierra sobre el expolio y ha habido que esperar a que el PP pierda la mayoría absoluta, para que el Congreso de los Diputados haya aprobado la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación.


 En el plano judicial, aunque se han abierto paso algunos de los escándalos más sonados, como la salida a Bolsa de Bankia y sus “tarjetas black”, muchas de las fechorías perpetradas por los consejeros y directivos han quedado impunes, sencillamente porque ni siquiera han sido denunciadas. Quien podía y debía hacerlo ha preferido en muchos casos mirar para otro lado y meter en un cajón cerrado con siete llaves dictámenes jurídicos que tendrían que haber acabado en la fiscalía. Ello explica que de todo el saqueo de que fueron objeto Caja España y Caja Duero el único asunto que siga vivo en los tribunales -gracias a la denuncia y perseverancia de Izquierda Unida y Ecologistas en acción- sea el llamado “caso Santos Llamas”.

Atilano Soto y Manuel Escribano
  Pero para perseverancia la de los denunciantes de otro de los casos judicializados en Castilla y León, el de las escandalosas indemnizaciones (en total más 17 millones de euros) con las que se despidieron de Caja Segovia el ex director general, Manuel Escribano, y otros siete antiguos ejecutivos de la entidad. Un caso denunciado en noviembre de 2011 por UPyD, al que después se incorporó IU como acusación popular, que ha tenido que superar dos archivos judiciales por parte del Juzgado de Instrucción. Archivos revocados, primero en mayo de 2012 y después en enero de 2017, por la Audiencia Provincial, que ha ido obligando a proseguir las actuaciones, dando lugar al auto conocido esta semana que transforma las diligencias instruidas en un procedimiento abreviado, lo que, a expensas de los recursos de rigor, constituye el paso previo a la apertura del correspondiente juicio oral.

 El fallo del Tribunal Supremo confirmando la condena a cinco antiguos directivos de las antiguas Cajas gallegas por unas indemnizaciones similares ha resultado determinante para mantener viva la causa por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en Caja Segovia. Los encausados son los tres representantes del Consejo de Administración en la Comisión de Retribuciones (el ex presidente Atilano Soto y los ex vicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gíl) junto a tres de los ocho beneficiarios de las indemnizaciones: el mencionado Escribano (5,6 millones), el ex secretario general,  Antonio Tapias (1,5) y el ex subdirector de medios, Enrique Quintanilla (1,9). No están en la causa los otros cinco “indemnizados” -algunos tan generosamente como el ex director general adjunto Miguel Ángel Sánchez Plaza (3,1) y el exdirector de Riesgos Óscar Varas (2,5)- aunque una eventual sentencia desfavorable podía obligarles a devolver una parte sustancial de lo cobrado. Junto a las indemnizaciones,  los 8 ex directivos abandonaron la entidad con pólizas de pensiones suscritas con la aseguradora Caser por importe global de otros 16,4 millones.

Santos LLamas, ex presidente de Caja España
 Maillo y el “caso Santos Llamas”.- También sigue vivo, aunque avanzando a paso de tortuga, el llamado “caso Santos Llamas”, en el que se investiga un delito de presunta administración desleal por la refinanciación de la deuda contraída con Caja España (67,9 millones de euros) por el grupo empresarial del entonces presidente de la entidad. Tras la denuncia presentada por la fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 5 de León se hizo cargo del caso en junio de 2013, acordando casi dos años después, en abril de 2015, imputar en bloque a los 14 miembros del Consejo de Administración que en su día (8 de enero de 2009) acordaron dicha refinanciación.

 Dichos ex consejeros, en su mayor parte políticos y ex políticos vinculados al PSOE y el PP, llegaron a ser citados para prestar declaración a finales de 2015. Entre ellos figuraba el entonces presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, el actual coordinador general del PP. Sin embargo, dicha citación se pospuso a causa de un problema en la transcripción en los testimonios prestados por los peritos del Banco de España, que habían declarado en enero de ese mismo año.

 Ello ha obligado al Juzgado a repetir dicho testimonio pericial, que está previsto precisamente para el próximo día 17. Pero al margen de la dilación, lo sustancial es que la Audiencia Provincial de León desestimó el recurso interpuesto por los 14 investigados por presuntos vicios procesales, entre otros, la falta de legitimación de la fiscalía y la posible prescripción.
En consecuencia, el caso sigue adelante. Otra cosa es lo que ocurra con las declaraciones aplazadas desde mayo de 2015 y en particular con la de Martínez Maillo, quién al ostentar la condición de diputado del Congreso, y por tanto aforado, solo puede ser encausado por el Tribunal Supremo.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos
Investigación parlamentaria en ciernes.- Paralelamente, se anuncian novedades en el ámbito parlamentario. Desde que llegó a las Cortes de Castilla y León, Podemos anunció su propósito de promover  una comisión de investigación sobre el proceso de expolio y liquidación en almoneda de las Cajas de la comunidad. Sin embargo, la iniciativa quedó aparcada ante la puesta en marcha, prácticamente simultánea, de las comisiones de investigación sobre el Hospital de Burgos y la "trama eólica". Pero como quiera que está última lleva más de un año completamente bloqueada por decisión unilateral del grupo popular, Podemos ha decidido impulsar de las Cajas.

Basta con que otro grupo parlamentario, previsiblemente el mixto, suscriba la iniciativa para que la comisión se cree automáticamente siempre y cuando no se opongan a ella 43 de los 84 procuradores. El PP tiene 42 y en esto no va a encontrar la complicidad de Ciudadanos, que se ha manifestado plenamente de acuerdo con la creación de esta nueva comisión de investigación.