Se sabía perfectamente que, salvo contadas excepciones, las extintas Cajas de ahorro han sido unos cadáveres mal
enterrados a los que se dio sepultura sin realizar su imprescindible autopsia.
Dada la corresponsabilidad de los principales partidos, políticamente se echó
tierra sobre el expolio y ha habido que esperar a que el PP pierda la mayoría
absoluta, para que el Congreso de los Diputados haya aprobado la puesta en
marcha de una comisión parlamentaria de investigación.
En el plano judicial, aunque se han abierto
paso algunos de los escándalos más sonados, como la salida a Bolsa de Bankia y
sus “tarjetas black”, muchas de las fechorías perpetradas por los consejeros y
directivos han quedado impunes, sencillamente porque ni siquiera han sido denunciadas. Quien podía
y debía hacerlo ha preferido en muchos casos mirar para otro lado y meter en un
cajón cerrado con siete llaves dictámenes jurídicos que tendrían que haber
acabado en la fiscalía. Ello explica que de todo el saqueo de que fueron objeto
Caja España y Caja Duero el único asunto que siga vivo en los tribunales -gracias
a la denuncia y perseverancia de Izquierda Unida y Ecologistas en acción- sea
el llamado “caso Santos Llamas”.
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| Atilano Soto y Manuel Escribano |
El fallo del Tribunal Supremo confirmando la
condena a cinco antiguos directivos de las antiguas Cajas gallegas por unas
indemnizaciones similares ha resultado determinante para mantener viva la causa
por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en Caja
Segovia. Los encausados son los tres representantes del Consejo de
Administración en la Comisión
de Retribuciones (el ex presidente Atilano
Soto y los ex vicepresidentes Manuel Agudíez
y Elena García Gíl) junto a tres de
los ocho beneficiarios de las indemnizaciones: el mencionado Escribano (5,6
millones), el ex secretario general, Antonio Tapias (1,5) y el ex
subdirector de medios, Enrique
Quintanilla (1,9). No están en la causa los otros cinco “indemnizados”
-algunos tan generosamente como el ex director general adjunto Miguel Ángel Sánchez Plaza (3,1) y el
exdirector de Riesgos Óscar Varas
(2,5)- aunque una eventual sentencia desfavorable podía obligarles a devolver
una parte sustancial de lo cobrado. Junto a las indemnizaciones, los 8 ex directivos abandonaron la entidad con
pólizas de pensiones suscritas con la aseguradora Caser por importe global de
otros 16,4 millones.
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| Santos LLamas, ex presidente de Caja España |
Dichos ex consejeros, en su mayor parte
políticos y ex políticos vinculados al PSOE y el PP, llegaron a ser citados
para prestar declaración a finales de 2015. Entre ellos figuraba el entonces
presidente de la Diputación
de Zamora, Fernando Martínez Maillo,
el actual coordinador general del PP. Sin embargo, dicha citación se pospuso a
causa de un problema en la transcripción en los testimonios prestados por los
peritos del Banco de España, que habían declarado en enero de ese mismo año.
Ello ha obligado al Juzgado a repetir dicho
testimonio pericial, que está previsto precisamente para el próximo día 17.
Pero al margen de la dilación, lo sustancial es que la Audiencia Provincial
En
consecuencia, el caso sigue adelante. Otra cosa es lo que ocurra con las
declaraciones aplazadas desde mayo de 2015 y en particular con la de Martínez
Maillo, quién al ostentar la condición de diputado del Congreso, y por tanto
aforado, solo puede ser encausado por el Tribunal Supremo.
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| Pablo Fernández, portavoz de Podemos |
Basta con
que otro grupo parlamentario, previsiblemente el mixto, suscriba la iniciativa
para que la comisión se cree automáticamente siempre y cuando no se opongan a
ella 43 de los 84 procuradores. El PP tiene 42 y en esto no va a encontrar la
complicidad de Ciudadanos, que se ha manifestado plenamente de acuerdo con la creación de esta
nueva comisión de investigación.