La trastienda/ Sobre trasfuguismo y otras malas hierbas

 Si no fuera porque a estas alturas solo un completo sandio ignora que la impostura política no conoce límites, uno mostraría su asombro ante la cacería emprendida por el tándem PP-Vox contra Francisco Igea, el único de los doce antiguos procuradores de Ciudadanos que consiguió salvar el escaño en las últimas elecciones autonómicas.

 Cualquiera que haya seguido mínimamente mi trayectoria difícilmente me tendrá por sospechoso de haberle bailado el agua al ex vicepresidente de la Junta, cuya gestión censuré con toda crudeza durante el matrimonio de conveniencia que mantuvo con el presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien terminó desprendiéndose de él como de un kleenex para disolver las Cortes y adelantar unas elecciones en las que, pese al desplome de Ciudadanos, el PP cosechó menos votos que en los anteriores comicios y terminó postrado de hinojos ante Vox

Francisco Igea y Pablo Fernández

 El primer chirrido es que haya sido precisamente Vox, que no suscribió en su día el Pacto Antitrasfuguismo, quién invoque dicho acuerdo para echar del Grupo Mixto a Igea, considerándole un “trásfuga” al haber sido expulsado de Ciudadanos. Y el segundo es que se sume con fruición a la iniciativa un partido, el PP, que, habiendo suscrito dicho Pacto, se ha negado a atenerse al mismo en las muchas ocasiones en que se ha beneficiado de algún trásfuga de otra formación política.

Valerse de trásfugas para hacerse con instituciones que de otro modo nunca hubiera gobernado es algo de honda tradición en el PP. El caso mas sonado fue la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al célebre “tamayazo” perpetrado tras las elecciones autonómicas de 2003. Un trasfuguismo inducido muy similar a otros registrados en Castilla y León, como el “caso Antorrena”, por el que Alianza Popular, previa compra de un diputado socialista, consiguió tras las elecciones de 1987 mantener la Diputación zamorana, epicentro de una trama de corrupción -el caso Zamora- que salpicó personal y directamente a José María Aznar, aupado por el CDS a la presidencia de la Junta de Castilla y León tras esos mismos comicios municipales y autonómicos.

Para mayor inri, Vox y PP pretenden aplicar a Igea la condición de procurador “no adscrito” -que reduciría su papel a la mera asistencia a las sesiones plenarias y a participar tan solo en una comisión- poniéndose por montera, muy taurinos ellos, el artículo 23 del Reglamento de las Cortes, que dice literalmente que “ningún procurador del Grupo Mixto podrá ser expulsado del mismo”.

Luis Fuentes y Miguel Ángel González Rodrigo

 Sobre el talante democrático de Vox resulta ocioso extenderse, pero en lo que se refiere al PP hace falta tener un rostro de cemento armado para ponerse exquisito con el trasfuguismo de Igea después de haber incorporado a la nómina de la Junta a los que durante años han sido los máximos dirigentes orgánicos de Ciudadanos en Castilla y León.

Por ahí andan sin rubor ninguno el invisible Delegado para el Corredor Atlántico, Luis Fuentes, con un sueldo de 65.604 euros anuales, y el “asesor del Gabinete del Presidente” (así se presenta en Linkedin) Miguel Ángel González Rodrigo, fichado a razón de 44.412 euros anuales. Sin olvidar a la tercera pata del mismo banco, David Castaño, retribuido con 41.000 euros como asesor del grupo popular de la Diputación salmantina.

Y se ve que no había nadie más indicado para cargar las tintas contra Igea que el portavoz del grupo popular, Rául de la Hoz, que ha sido extremadamente duro con el anterior ex vicepresidente de la Junta. “Este señor es procurador de Castilla y León de forma ilegítima, fraudulenta y deshonesta”, ha afirmado De la Hoz, quién, por si fuera poco, le ha dedicado el calificativo de “corrupto”.

La verdad es que al portavoz popular se le podrán achacar otras carencias, pero en materia de corrupción habla con conocimiento de causa. No sólo tras haber representado a su grupo en la fallida comisión de investigación sobre la Perla Negra y demás pufos detectados en la consejería de Economía durante la presidencia de Juan Vicente Herrera. 

Alfonso Fdez. Mañueco y Rául de la Hoz

Fallida, aclaremos, a causa del bochornoso obstruccionismo ejercido por el PP, que, aprovechando que la presidía, tuvo el descaro de negarse a convocarla durante meses, lo que le acabó costando una reprimenda del Tribuna Constitucional, que, atendiendo al amparo solicitado por el grupo socialista, constató que el bloqueo denunciado “paralizó, perturbó o cuando menos dilató y demoró” la finalidad de dicha comisión de investigación, ordenando la reanudación de sus trabajos.

A mayor abundamiento, De la Hoz fue secretario del Consejo de Administración de Emuva, la empresa municipal de suelo y vivienda de Arroyo de la Encomienda creada bajo el mandato del entonces alcalde, José Manuel Méndez, condenado años después por cohecho y prevaricación en el llamado “caso Arroyo”. El juez que investigó dicha trama corrupta (con el tiempo fugacísimo director general del primer gobierno Mañueco adscrito precisamente a la consejería regentada por Igea) llegó a interesarse por las declaraciones de la Renta del actual portavoz parlamentario del PP, pero, a diferencia de lo ocurrido con otro ilustre miembro del antiguo “clan Villanueva, el ex delegado territorial de la Junta Jesús García Galván, el ex secretario de Emuva nunca llegó a ser imputado.

Cecilio Vadillo y Soraya Rodríguez cuando militaban en el PSOE

Veremos en qué queda esta nueva “vendetta” contra Igea, en la actualidad uno de los impulsores de Izquierda Española, la nueva formación política con la que se han alineado, entre otros ex altos cargos socialistas, la todavía eurodiputada vallisoletana Soraya Rodríguez y el ex subdelegado del Gobierno en Valladolid Cecilio Vadillo, la primera electa asimismo por la lista de Ciudadanos y el segundo cabeza de lista de “Contigo Avanzamos”, la candidatura anti Óscar Puente que concurrió sin éxito (¿o con él?) a las pasadas elecciones municipales en Valladolid.

Y digo nueva porque lo primero que hizo el tándem PP/Vox a su llegada a las Cortes fue dejar al grupo mixto sin la portavocía adjunta de la que siempre había dispuesto, obligando con ello a Igea y al superviviente de Podemos, Pablo Fernández, a compartir la única dedicación exclusiva asignada a dicho grupo.

De ahí que quepa calificar la iniciativa contra el procurador-ex vicepresidente como parte de una cacería política emprendida desde el minuto uno de la actual Legislatura. Así se las gastan los que llevan malgobernando esta comunidad desde hace 37 años, récord absoluto de permanencia en un gobierno al que contribuyó decisivamente el propio Igea al servir en bandeja a Fernández Mañueco, perdedor electoral, su primera investidura como presidente de la Junta. En aquel pecado está llevando su actual penitencia.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)