Otra vez la escena del capitán Renault en “Casablanca” ordenando cerrar el café de Rick ante la atónita mirada de éste: “¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega”.
La evoqué el pasado año ante el estupor que muchos simularon al conocerse que el exportavoz del PP en las Cortes, Rául de la Hoz, había complementado su retribución oficial de 100.000 euros anuales como procurador “con dedicación exclusiva” con otros 40.000 euros percibidos como abogado en ejercicio. De paso, se descubrió que, después de 40 años de existencia (están en su XI Legislatura), las actuales Cortes de Castilla y León son el único de los 17 Parlamentos Autonómicos que no tiene regulado ningún régimen de incompatibilidades, lo que permite a las 81 señorías que lo integran compatibilizar su función legislativa y de control parlamentario con cualquier otra actividad privada o pública remunerada. Efectivamente, un escándalo, pero un escándalo conocido por todos sin que nadie haya movido un dedo para denunciarlo.
Mañueco y De la Hoz en el hemiciclo del mausoleo
Recientemente ha vuelto a suceder lo mismo y por partida doble. La
expulsión de dos procuradores de Vox, el salmantino Javier Teira, y la
burgalesa, Ana Rosa Hernando, ha destapado que, al margen de las dietas
y kilometraje percibidas por su asistencia a los plenos y comisiones, los
parlamentarios de la ultraderecha no liberados por cuenta de la Cámara (cinco
de ellos cobran por su supuesta “dedicación exclusiva” entre 95.000 y cien mil
euros anuales), vienen percibiendo una asignación fija de 2.025 euros mensuales
con cargo a la subvención oficial recibida por este grupo parlamentario para
cubrir sus gastos de funcionamiento.
Y paralelamente a lo anterior, se ha aireado que la flotilla de coches oficiales de las Cortes, una partida de BMWs adquirida durante la anterior Legislatura, está a disposición de los miembros de la Mesa de la Cámara para lo que gusten, que en determinados casos es para desplazamientos ajenos a su función parlamentaria, ya sea para asistir a actos o reuniones de partido, ya sea para asuntos absolutamente personales.
Imagen del pleno conmemorativo del aniversario del Estatuto
Ambas cuestiones -la de los estipendios con cargo a las subvenciones de los grupos- y el uso particular de los coches oficiales- eran de dominio público desde el siglo pasado. Lo que ha hecho y defiende Vox de asignar un fijo mensual a sus procuradores no liberados lo vienen haciendo el PP y el PSOE desde que hace varias legislaturas. En febrero de 2013, en pleno “herrerato”, este Blog informó de que los procuradores del PP (y en este caso eran todos, incluidos los liberados oficiales por cuenta de la Cámara y el presidente y consejeros de la Junta con escaño parlamentario) percibían un fijo de 18.00 euros anuales (1.500 mensuales) con cargo a la subvención del grupo.
Se pudo constatar fehacientemente cuando varios de esos procuradores o procuradoras dieron el salto al Senado e hicieron constar dicha remuneración en la declaración de bienes y actividades que cumplimentaron en la Cámara Alta (recuerdo que fue el caso, entre otros, de la que fuera vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruíz, de la que fue vicepresidenta de las Cortes, Carmen Luis Heras, y de la que todavía siendo senadora Paloma Sanz Jerónimo, actual presidenta provincial del PP de Segovia).
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| Procuradores de Vox en las Cortes |
Con el tiempo, y ante la reducción del importe de la subvención a causa de la pérdida de escaños, el grupo popular restringió la asignación exclusivamente a los procuradores no liberados. Eso sí, paralelamente, el presidente y los consejeros de la Junta con escaño de procurador nunca, ni en los peores años de la crisis iniciada en 2008, renunciaron a cobrar las dietas por su asistencia a los plenos de las Cortes, ingresos que siguen percibiendo Fernández Mañueco y los cuatro consejeros de su gobierno que ostentan en la actualidad la condición de procuradores, a saber, Isabel Blanco, Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Alejandro Vázquez.
Dado que las subvenciones de los grupos parlamentarios no están
fiscalizadas por nadie y no se existe obligación de justificar el gasto, los
receptores pueden hacer -y algunos han hecho y siguen haciendo- mangas y
capìrotes, como ilustraré con ejemplos más adelante. Y menos mal que esas
asignaciones fijas a los procuradores no liberados actualmente son objeto de
retención por IRPF y no se abonan en negro en sobres entregados en mano, como
tiempo atrás sucedió.
El grupo socialista también estableció años atrás un fijo mensual para sus procuradores, eso sí, restringido a los procuradores no liberados y con dos niveles salariales, uno ligeramente superior a los mil euros mensuales y otro por debajo de los 900. Cuando recientemente le han preguntado al nuevo secretario autonómico del PSOE sobre este particular, Carlos Martínez se ha ido por las ramas sin contestar la pregunta.
Carlols Martínez y su antecesor Luis Tudanca
Lo primero que hizo la Mesa de las Cortes constituida tras las elecciones
autonómicas de 2019, las que dieron lugar al la coalición de gobierno
PP-Ciudadanos, fue incrementar espectacularmente la cuantía de las subvenciones
teóricamente destinadas al funcionamiento de los grupos parlamentarios (más
adelante comentaremos el uso de estos fondos para asuntos impropios y a veces
inconfesables). En virtud de aquel acuerdo de 2019, que además contemplaba otro
incremento posterior, los cinco grupos se han repartido en 2024 un total de
3.717.048 euros. El grupo popular ha dispuesto de 1.396. 200 (116.350
mensuales), el grupo socialista de 1.264.400 (105.370/mes), Vox de 650.640
(50.470 x 12), y UPL/Soria¡Ya! de 298.220 (24.850/mes) y el Mixto (3
procuradores) de 152.568 (12.714 mensuales).
En la próxima entrega abundaremos sobre la utilización espuria de estas subvenciones, el capítulo de los coches oficiales y la impresentable opacidad que ampara esta auténtica fosa séptica en la que se ha convertido el mausoleo de Villa del Prado.
PERLAS DE LA FACHOSFERA
1.- “Carnaval
en vena”: “
Hay que cuidar el negocio hasta el jarrete. La tentación
carnavalesca del sanchunismo se muestra asediante en estos días.
Tres ejemplos nos bastan para saber que tenemos la carne el techo y
el hambre en el pecho. Hemos visto, en los días previos al carnaval
2025, como el Fiscal General del Estado -con la justicia del antruejo
que ajusta leyes castañeras de pinganillo a una política de
falimiento- se viste con la levita de los delincuentes para
defenderlos mejor. Le pillan, pero se mantiene en la potranca para
perseguir a la delincuencia hasta el lodo del amino en candidez
constitucional.
Con el atraco de la “superquita” -una maniobra mil millonaria a favor del independentismo catalán y en contra del resto de las autonomías-, las cuentas democráticas han entrado en barrena tras el carnaval hacendístico del condone y de los condones, y solo para mantener la carnavalería del tirano hasta 2027.Ladronaje cierta mente ciertamente. Vale hacer de la política una orgía. Lo intolerable es disfrazarse de progresista a tiempo completo cuando en realidad no se es más que un atracador que se monta en el falcón para ir de La Moncloa al Soto -el villorrio donde yo nací entre Ávila y Salamanca- para echar un lagarejo en los majuelos.
La operación Jéssica -y tercer ejemplo del carnavalismo utópico, atención de Ábalos Koldo y asociados- ha sido la gran atención erótica y descarnada de este carnaval en su sentido más frenético del puterío institucional y sanchunero. Servidor se ha quedado de piedra viendo el sufrimiento de la criatura ante el juez a moco tenido como si estuviera en el funeral de Jim Yong King. Magistral la escena de farsa de ese burdel de prostitutas -imagino que sin pasar por el portal de transparencia de La Moncloa- colgando en la perta del negocio este cartel vanguardista: “Aquí encuentras las escorts favoritas de los ministros”. Antonio Piedra, el sempiterno e inmarcesible director de la fundición “Jorge Guillén -en su versión, si cabe, mas rijosa- en “El Mundo de Castilla y León".