La pretensión del gobierno de Alfonso
Fernández Mañueco de celebrar en poco más de una semana el Debate sobre
el Estado de la Comunidad, que habitualmente se celebra a finales de junio, ha
reavivado los rumores sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas a
celebrar en principio en marzo de 2026. Rumores lógicos toda vez que, desde el
regreso de las vacaciones navideñas, la Junta de Castilla y León viene actuando
con un descarado electoralismo, con profusión de actos institucionales a mayor
gloria del presidente, la vicepresidenta y demás miembros del
Ejecutivo autonómico.
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| Fernández Mañueco y la vicepresidenta Isabel Blanco |
Ya se ha comentado
aquí que, si de Mañueco dependiera, las elecciones se habrían adelantado hace
tiempo, seguramente a raíz de que Vox pegara la espantada y rompiera el pacto con
el PP, dejando al gobierno de la comunidad sin la mayoría absoluta que le
proporcionaba esa alianza con la ultraderecha. El resultado de aquello es que la Junta no ha tenido agallas para
presentar Presupuestos para 2026, incumpliendo el mandato estatutario y el
acuerdo unánime del pleno de las Cortes. Y que desde entonces gobierna sin
capacidad para sacar adelante ninguna agenda legislativa, en una situación de
precariedad parlamentaria cada vez más agudizada a medida de que el
enfrentamiento entre PP y Vox se ha ido enconando hasta extremos
irreconciliables.Ambos partidos se
disputan un mismo segmento electoral y, a diferencia de lo que ocurre en el
ámbito nacional, donde Feijóo procura templar gaitas evitando el cuerpo
a cuerpo con Abascal, aquí Mañueco ha decidido ir a degüello contra sus
antiguos socios. Acabamos de ver cómo se ha lanzado a su yugular restregando a
Vox su complicidad con los aranceles de Trump que van a lastrar las
exportaciones a USA de vino y otros bienes producidos en nuestra comunidad. Ese
vasallaje de los de Abascal al “macho alfa naranja de una manada de gorilas”
(González Pons dixit) que ha asilvestrado la Casa Blanca, constituye una
vía de agua electoral muy difícil de contener por Vox, que puede dejarse en
ella un importante caudal de votos en beneficio prácticamente exclusivo del PP.
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| Procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León |
Supongo que, aunque sean menos, habrá además otros votantes de la ultraderecha espantados ante el espectáculo que viene deparando Vox en Castilla y León, con episodios tan estupefacientes como el de pedir la dimisión del consejero de Cultura que accedió al cargo a propuesta suya, el arribista Gonzalo Santonja, o el de expedientar al edil zamorano que, en cumplimiento de la legalidad, ha apoyado el cambio de denominación de las calles dedicadas a Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma (esto último argumentando que esa decisión vulnera “los principios fundamentales” del partido , que es tanto como reconocer explícitamente que entre dichos postulados está la defensa y apología de la dictadura franquista).
Si Vox anda en serios
problemas, el otro gran competidor electoral del PP, los socialistas, no acaban
de consumar su transición entre la etapa anterior y la que corresponde impulsar
a su nuevo secretario autonómico, Carlos Martínez. Por las razones que
sea (se supone que la recolocación de su antecesor, Luis Tudanca), Martínez
está dilatando el reajuste en la dirección del grupo parlamentario, en el que provisionalmente
continúa como portavoz el amortizado exsecretario autonómico. De forma que si
el Debate sobre el Estado de la Comunidad se celebrara en las fechas propuestas
por la Junta (26 y 27 de marzo) será Tudanca el encargado de debatir con
Mañueco y no quien esté llamado -la cosa está entre Patricia Gómez (Puente)
y Nuria Rubio (Cendón)- a asumir la portavocía.
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| Carlos Martínez y Luis Tudanca |
Martínez, que todavía no se ha reunido con Mañueco, no ha recibido ninguna respuesta de la Junta a su oferta de negociar los Presupuestos de 2026, a los que el gobierno autonómico ha renunciado definitivamente. Lo que sí tendrán que negociar PP y PSOE, si es que no lo están haciendo ya, es la renovación de las llamadas instituciones autonómicas de la comunidad, todas las cuales están funcionando con sus mandatos caducados. Sobre el Procurador del Común y el presidente del Consejo Económico y Social, existe acuerdo para la continuidad. Donde se vislumbran cambios es en el Consejo Consultivo y en el Consejo de Cuentas, cuya renovación requiere mayoría cualificada del pleno de las Cortes. Y también está obligado el PP a alcanzar un consenso con el PSOE en torno a la nueva Ley de Violencia de Género, un compromiso electoral que la Junta ha rescatado del cajón al que había ido a parar por constituir anatema para sus socios de Vox. A estas alturas de la legislatura, esta será previsiblemente la única Ley de calado que saldrá adelante en las Cortes Regionales y ello si no lo impide el adelanto electoral que planea sobre la comunidad autónoma.
Tan pronto como Génova
dé su visto bueno, algo en este momento supeditado a que Feijóo salga del
laberinto en el que anda metido con Mazón, Mañueco volverá a activar el
botón del adelanto electoral. Y todo apunta a que iremos a las urnas el próximo
otoño.
