21
de junio de 2012, jueves para más señas. Mientras el gobierno presidido por el supuestamente impoluto Juan Vicente Herrera celebraba su habitual
reunión semanal, en el Colegio de la Asunción de repente saltaban todas las alarmas.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se personaban en la sede de la consejería de Fomento y recababan documentación sobre determinado contrato licitado por la dirección
general de Carreteras. Los miembros de la UDEF no solo requisaban la
documentación relativa a ese expediente. Además, se llevaban detenida a la funcionaria B.G.G.,
cuyo domicilio fue objeto de registro por los mismos agentes antes de proceder
a su toma de declaración en dependencias policiales.
 |
| Foto de familia del segundo gobierno PP/Vox |
La citada actuación de la UDEF, insignificante punta de un gigantesco iceberg,
se refería al proceso de contratación de la dirección facultativa de la
variante de Guardo (Palencia), adjudicado en algo más de 400.000 euros a una
UTE constituida por dos estudios de ingeniería. Las pesquisas policiales dieron
lugar a la imputación judicial de la mencionada B.G.G., así como a la del jefe de
servicio Jesús Martínez Almeida y a la del propio director general de
Carreteras, Luis Alberto Solís, acusados de presuntos delitos de revelación
de información reservada y fraude a ente público.
Cuatro años después, y pese a las numerosas evidencias aportadas por la UDEF -el intenso flujo de llamadas y mensajes, así como reuniones presenciales entre la susodicha B.B.G. y directivos de las empresas a la postre adjudicatarias del contrato, amén de determinados regalos recibidos por la la funcionaria, encargada de elaborar el pliego de condiciones de la licitación- el Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid absolvió a los procesados al entender que no había quedado probado el tamaño amaño del contrato.
 |
| Silván y Suárez-Quiñones, antiguos consejeros de Fomento |
Solís ha sido uno de los altos cargos de la Junta más longevos en el mismo puesto, ya que ejerció ininterrumpidamente entre 1995 y 2019, 24 años, 24, durante los cuales le renovaron su confianza cuatro consejeros diferentes (todos del PP, claro). (Trayectoria similar y paralela la de su paisano abulense José Manuel “Dumbo” Jiménez Blázquez, quien ya veremos si no acaba batiendo ese récord).
Otra cosa no, pero la instrucción judicial de aquella
microcausa permitió a B.G.G. hacer alarde de un talento creativo que ha devenido
después en una incipiente carrera literaria. En su primera comparecencia en el juzgado,
nuestra heroína trató de evitar la curiosidad pública ocultándose bajo un gorro y una
bufanda (tras lo de Ábalos, podríamos decir que se marcó un Jessica).
Y más lejos llegó en una comparecencia posterior a la que acudió luciendo
peluca negra, gafas del mismo color y cámara de fotos colgada al cuello,
disfraz con el que pretendió ser confundida con una reportera gráfica. Talento creativo, ya digo.
 |
| Luis Alberto Solís |
“Sospechosos
habituales”.- No era la
primera vez que actuaciones perpetradas por el mismo trío eran investigadas por
la Justicia. Un año antes, en 2011, Solís, Almeida y B.G.G., fueron imputados
por su presunta prevaricación en una pieza separada del caso Gürtel, relativa a
la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León). Aquella actuación judicial implicó al ex consejero de Fomento José Manuel “Toti” Fernández
Santiago, en ese momento presidente de las Cortes, razón por la cual hubo
de hacerse cargo de la instrucción el Tribunal Superior de Justicia. Y en
Burgos alguien se ocupó de hacerle al PP un trabajito fino: se dio carpetazo a
la causa, quedaron sobreseídas las acusaciones y se declaró prescrito el
presunto delito de cohecho del que era acusado Fernández Santiago. (Sin embargo,
“Toti” no se fue del todo de rositas, ya que años después, en 2018, su imputación en ese
caso fue el argumento utilizado por el entonces secretario autonómico del PSOE,
Luis Tudanca, para vetar su candidatura -apadrinada por su amigo “Fonsi”-
a la presidencia del Consejo Consultivo. Eso que se encontró el actual presidente de la institución, el salmantino Agustín Sánchez de Vega).
Pero hubo más. Pese al carpetazo del TSJ, una de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la trama Gürtel declaró después literalmente “irregular” tanto la adjudicación de la variante de Olleros de Alba como la de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas, detallando los importes de las comisiones cobradas por los “conseguidores” que mediaron para que dichas obras recayeran en la constructora Teconsa (grupo Martínez Núñez).
 |
| Belén González González |
elblogdepedrovicente@gmail.com