Aunque hay cantidd donde elegir, si hubiera que decantarse por un ejemplo que refleje la forma de gestionar de Juan Vicente Herrera, me quedaría sin duda con el Hospital de Burgos, una actuación de la Junta que reune todos los ingredientes de su estilo de gobierno. Refresquemos la historia.
El 26 de enero de 2006, día de san Timoteo obispo, el consejo de gobierno de la Junta resolvió el concurso convocado sobre el nuevo hospital burgalés, adjudicando su concesión en un importe de 242,8 millones de euros. De acuerdo con el pliego de condiciones, dicha adjudicación incluía, además de la construcción y equipamiento del centro sanitario, la gestión de un conjunto de 14 servicios no estrictamente hospitalarios (mantenimiento, limpieza, lavandería, restauración, seguridad, etc.) por un periodo de 30 años. La empresa concesionaria financiaría la construcción y el equipamiento y a partir de la puesta en marcha del hospital percibiría un canon de 38 millones anuales hasta el año 2.036. De una simple multiplicación se deduce que la Junta comprometía en la operación más de 900 millones de euros, que a estas alturas serán bastantes más de míl.
En las hemerotecas consta lo que ese mismo de san Timoteo afirmaron sobre dicha adjudicación la entonces vicepresidenta y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, y el consejero de Sanidad, César Antón. La primera aseguró que la obra “saldrá mas barata que si la construyera la Junta” y el segundo que el método permitiría “mayor rapidez en la ejecución de la obra”, aventurando que el hospital entraría en funcionamiento el 30 de junio de 2009. Dicho lo cual ambos se retrataron ante la maqueta. Todo iba a ser estupendo y maravilloso.
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| San Timoteo 2006: Antón y Ruíz ante la maqueta del futuro hospital |
EL LARGO Y TORTUOSO Y CAMINO.- Pero como en la canción de los Beatles, además de largo, el camino ha sido tortuoso desde el principio. El grupo adjudicatario contaba con una notable participación burgalesa y del resto de la comunidad. Estaban en el negocio Caja Burgos y el resto de las cajas de la comunidad, excepto la de Segovia, junto a una sociedad integrada por cinco constructoras burgalesas -entre ellas naturalmente Río Vena (Méndez Pozo) y Arranz Acinas, a las que se sumó para la ocasión Antolín-Irausa-, así como el Grupo Norte, en ese momento participado a su vez por varias cajas. Casi nadie al aparato.
El primer indicio extraño que trascendió apuntaba que el primer informe de la mesa de contratación había sido favorable a otra de las ocho ofertas participantes en el concurso. En una comparecencia parlamentaria solicitada para aclarar el asunto, la entonces procuradora socialista Maite Rodrigo insinuó que el proceso de adjudicación había sido manipulado, ante lo cual el consejero Antón, muy digno él, invitó a dicha parlamentaria a que acudiera a los tribunales si es que tenía indicios de esa presunta irregularidad. Naturalmente, el PSOE no emprendió esa denuncia judicial. De hecho, que yo recuerde, no ha vuelto a acudír a los tribunales desde el famoso “caso de la minería”, en el que por cierto obtuvo la condena por prevaricación continuada del entonces consejero de Economía, Miguel Pérez Villar.
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| Herrrera, en el centro, visitando las obras |
Pasan los años, las obras del faraónico edificio se demoran y el hospital no entra en pleno funcionamiento hasta junio de 2012, casi tres años después de la fecha anunciada por César Antón, hoy feliz director general del Imserso. Como ocurre en estos casos, el retraso conlleva el correspondiente sobrecoste. Según datos de la propia concesionaria recogidos por el PSOE del registro mercantil, la inversión se ha disparado hasta los 432 millones de euros, esto es, 190 millones (un 79 por ciento) por encima de la cuantía inicial. La Junta reduce ese sobrecoste a 118 millones de euros, lo que viene a ser “solo” casi el 50 por ciento por encima de lo adjudicado. Naturalmente, faltaría más, todos los reformados y ampliaciones están justificados. Pero al que suscribe le consta que, por sorprendente que parezca, en ello ha llegado a poner más interés -el mundo al revés- la consejería de Hacienda que la de Sanidad. Y hablando de incrementos, se desconoce el porcentaje en que se ha “revalorizado” el canon anual inicial de 38 millones de euros a abonar por la Junta.
Y para rematar el fiasco, un último episodio, si se quiere menor, pero ilustrativo de como el modelo ensayado en Burgos genera desigualdad entre los ciudadanos de la comunidad. El utillaje y equipamiento del anterior hospital burgalés, el General Yagüe, no ha podido ser utilizado en el nuevo porque ese tipo de dotación forma parte de la gestión privatizada, correspondiendo por tanto ese abastecimiento a la concesionaria. Solución: el SACYL ha decidido enviarlo a otros centros hospitalarios, al menos al complejo asistencial de Salamanca, donde han llegado 30.000 unidades de ropa de cama (sábanas, pijamas almohadas, etc.) y otro equipamiento de segunda mano procedente del viejo hospital de Burgos. Así hace comunidad el gobierno de Juan Vicente Herrera.